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Modo: Corpus Pro

CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO. NO SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA EN LOS JUICIOS DE AMPARO CONTRA ACTOS DE NATURALEZA PRESTACIONAL CONTINUADA QUE GARANTICEN, ENTRE OTROS, EL DERECHO A LA SALUD, A LA VIDA O A LA INTEGRIDAD PERSONAL, CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALICE ACTUACIONES EN CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN OTORGADA, SINO QUE, DE NO ADVERTIR DIVERSA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, EL JUZGADOR DEBERÁ REALIZAR UN PRONUNCIAMIENTO DE FONDO RESPECTO DE LOS DERECHOS ALEGADOS EN LA SENTENCIA DEFINITIVA RESPECTIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2021. · Registro digital (IUS): 30736
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2022-07-01
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN,
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Julio de 2022, Tomo III, Pág.2885.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN MÉRIDA, YUCATÁN, EN APOYO DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 18 DE OCTUBRE DE 2021. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS RAFAEL MARTÍN OCAMPO PIZANO (PRESIDENTE), JULIA RAMÍREZ ALVARADO Y PABLO JESÚS HERNÁNDEZ MORENO. PONENTE: PABLO JESÚS HERNÁNDEZ MORENO. SECRETARIA: GUADALUPE AZCENETH ROMERO MARTÍN.

Mérida, Yucatán. Acuerdo del Pleno del Decimocuarto Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria virtual del día dieciocho de octubre de dos mil veintiuno.

VISTOS, para resolver los autos de la contradicción de tesis 1/2021; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante escrito presentado vía electrónica y recibido el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, en la Oficialía de Partes del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto (sic) Circuito, **********, en su carácter de autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la parte recurrente, en el amparo en revisión 199/2020, resuelto por el tribunal citado denunció la posible contradicción de criterios entre el sustentado por el aludido Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto (sic) Circuito, al resolver el mencionado amparo en revisión 199/2020, y el emitido por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, al dilucidar el amparo en revisión 204/2016 (cuaderno auxiliar 1034/2016),(1) dictado en apoyo del primero de los tribunales referidos.

Asimismo, en dicho ocurso solicitó la remisión de su escrito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes, por lo que mediante acuerdo de once de mayo de dos mil veintiuno, la Magistrada presidenta del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto (sic) Circuito ordenó remitir el escrito de denuncia al Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para lo que tenga a bien determinar.

SEGUNDO.—Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante oficio 2720/2021 suscrito por el secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto (sic) Circuito, recibido por conducto del MINTERSCJN y registrado con el número de folio 008107, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se remitió el escrito suscrito por **********, en su carácter de autorizado en términos amplios de la parte recurrente, en el amparo en revisión 199/2020, por el que denuncia la posible contradicción entre los criterios señalados.

Por acuerdo de primero de junio de dos mil veintiuno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente impreso y electrónico correspondiente a la contradicción de tesis denunciada, al que le recayó el número 127/2021; determinó que carecía de competencia legal para conocer de las contradicciones de criterios suscitadas entre Tribunales Colegiados del mismo Circuito y especialización, lo que ocurre cuando un Tribunal Colegiado de Circuito Auxiliar resuelve en auxilio de otro, al considerar que aquél pertenece al Circuito del Tribunal Colegiado auxiliado, caso en el cual se surte la competencia en favor del Pleno de Circuito de los tribunales correspondientes, por lo que ordenó remitir la versión digitalizada de las constancias, así como del citado proveído por conducto del MINTERSCJN al Pleno del Decimocuarto Circuito por ser el competente para conocer del asunto.

En el mismo acuerdo, se hizo del conocimiento que en el sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver en ese Alto Tribunal, consultable en la dirección electrónica https://www.scjn.gob.mx y/o https://intranet.scjn.pjf.gob.mx apartado Pleno, sección de amparos, contradicciones de tesis y demás asuntos, así como de la revisión de los acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de tesis dictados por el Ministro presidente durante los últimos seis meses, se advertía que no se encuentra radicada en ese Alto Tribunal contradicción de tesis alguna en la que el tema a dilucidar guarde relación con el que se denuncia en la contradicción de tesis, que precisó como: "Determinar si las actuaciones que realice la autoridad responsable con motivo de la suspensión concedida en el amparo interpuesto en contra de prestaciones asistenciales para garantizar el derecho a la vida, salud e integridad personal, son o no suficientes para sobreseer o negar la protección constitucional, al considerar que aquéllas tienen como consecuencia cesar los efectos del acto reclamado."

TERCERO.—Trámite ante el Pleno de Circuito. Por acuerdo de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, el Magistrado presidente de este Pleno del Decimocuarto Circuito, visto el contenido del acuerdo de primero del mismo mes y año, del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente de contradicción de tesis, al que le asignó el número; admitió a trámite la denuncia de posible contradicción de criterios formulada por **********, en su carácter de autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la parte recurrente, en el amparo en revisión 199/2020 del índice del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto (sic) Circuito.

Asimismo, solicitó a la presidencia de los Tribunales Colegiados en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito y del Centro Auxiliar de la Octava Región, remitan copia certificada de las ejecutorias pronunciadas en los asuntos contendientes e informaran si el criterio sustentado en los asuntos con los que se denuncia la presente contradicción se encuentran vigentes o, en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados. Además, se indicó que una vez integrado el expediente, se turnara al Magistrado Pablo Jesús Hernández Moreno, por ser a quien corresponde según el turno que se lleva en la Secretaría de Acuerdos de este Pleno.

Mediante proveídos de veintiocho de junio y nueve de julio de dos mil veintiuno, el Magistrado presidente del Pleno del Decimocuarto Circuito tuvo por cumplidas las solicitudes formuladas al recibir los oficios suscritos por la secretaria del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con sede en esta ciudad y la Magistrada presidenta del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa de este Decimocuarto (sic) Circuito, a través de los cuales enviaron copias certificadas de las resoluciones emitidas en los amparos en revisión 204/2016 (auxiliar 1034/2016) y 199/2020, así como del diverso 178/2020, relacionado con el mismo tema; asimismo, remitieron vía correo electrónico la versión electrónica de las resoluciones de mérito e informaron que el criterio sustentado por sus tribunales seguía vigente.

Una vez integrado el expediente, por acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno se turnó el asunto al Magistrado Pablo Jesús Hernández Moreno para la elaboración del proyecto correspondiente; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Decimocuarto Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225, 226, fracción III y 227, fracción III, de la abrogada Ley de Amparo; 41 Bis, 41 Bis 1 y 2 y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, anterior a la vigente, en relación con el quinto transitorio del decreto por el que se expidió la vigente ley orgánica aludida, y se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones legales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno; así como en los numerales 2, fracción XVI y 9 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, puesto que los asuntos de los que deriva el posible punto de contradicción de materia administrativa, fueron del conocimiento del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito y del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Mérida, Yucatán, quien resolvió en auxilio del primero, por lo que se trata de órganos jurisdiccionales del mismo Circuito, en la medida que el Tribunal Colegiado Auxiliar al actuar en apoyo del tribunal auxiliado se considera que pertenece a su Circuito, esto es, al Décimo Cuarto Circuito.

Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 3/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página mil seiscientos cincuenta y seis, Tomo II, Libro 15, febrero de dos mil quince, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (sic), con número de registro digital: 2008428 y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de febrero de 2015 a las 9:00 horas, que es del contenido siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AUXILIAR, EN APOYO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE AQUÉLLA EL PLENO DE ESE CIRCUITO Y, SI NO EXISTE, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Los Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares tienen jurisdicción en todo el territorio de la República Mexicana y, sin modificar su sede territorial, brindan apoyo a los Tribunales Colegiados de Circuito durante un determinado periodo, concluido el cual pueden auxiliar a otros, por lo que su competencia se modifica en razón del órgano jurisdiccional al que auxilie, así como de los expedientes y el lapso en el que brinden su apoyo. Ahora, aun cuando los Tribunales Auxiliares apoyan a órganos de distintos Circuitos y cuentan con una competencia restringida, limitada al dictado de la sentencia, al prestar su ayuda a determinado Tribunal Colegiado de Circuito asumen la jurisdicción de éste, lo que implica que el Auxiliar tenga que interpretar la normatividad estatal aplicable en dicho Circuito. En ese sentido, ya que el Constituyente, el legislador ordinario y el Consejo de la Judicatura Federal establecieron una regla de competencia para decidir las contradicciones de tesis en las que participen Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, se considera que éstos pertenecen al Circuito del Tribunal Colegiado auxiliado; por tanto, si los Tribunales Colegiados contendientes corresponden a un mismo Circuito y a una misma especialidad, el competente para conocer de las contradicciones de tesis que sustenten será el Pleno de Circuito de los Tribunales correspondientes, en el entendido de que si en el Circuito de que se trate no existe integrado Pleno, en términos del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, abrogado por el diverso Acuerdo General 11/2014 del propio órgano, quien debe conocer de la contradicción es esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues debe asumir la competencia para conocer de las contradicciones de tesis en que se actualice el supuesto de referencia, a fin de resolver la cuestión planteada, porque así se otorga certeza jurídica para resolver los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados únicos en un Circuito que fueron apoyados en el dictado de resoluciones por un Tribunal Colegiado Auxiliar que asumió su jurisdicción."

SEGUNDO.—Legitimación del denunciante. Los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, establecen que podrán denunciar la contradicción de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito en los juicios de amparo de su competencia, el fiscal general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron.

En el caso concreto, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por los preceptos legales invocados, ya que la formuló el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la parte quejosa y recurrente, en uno de los asuntos que motivó la presente contienda, es decir, en el recurso de revisión 199/2020 del índice del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, tal y como se reconoció en el auto de once de mayo de dos mil veintiuno dictado por ese tribunal.

Lo expuesto se apoya, en tanto no se opone a la Ley de Amparo en vigor, en la jurisprudencia 2a./J. 152/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos veintisiete, Tomo XXVIII, noviembre de dos mil ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 168488, cuya sinopsis dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA. El autorizado está legitimado para denunciar la contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo en que se le otorgó tal representación y la sostenida por otro órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, ya que, si bien es cierto que el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, no precisa tal facultad, también lo es que la enumeración de las que establece es enunciativa y no limitativa pues, entre otras, prevé la de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Además, aunque la denuncia referida no es un acto del procedimiento en el juicio de amparo, como del artículo 197-A de la ley citada se advierte que puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis respectivas fueron sustentadas, es indudable que dicha denuncia es un derecho garantizado por el citado precepto, en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros."

TERCERO.—Antecedentes y criterios contendientes. Con el fin de verificar la posible existencia de la contradicción de criterios denunciada, es menester reseñar los antecedentes de los casos concretos, así como las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias respectivas.

I. El Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito resolvió, por mayoría de votos, con el voto en contra de la Magistrada doctora en derecho Julia Ramírez Alvarado, el amparo en revisión 199/2020, en sesión de once de marzo de dos mil veintiuno, cuyos antecedentes se resumen a continuación:

• **********, por propio derecho, promovieron juicio de amparo indirecto, en el que señalaron como autoridad responsable al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, como operadora del Programa de Asistencia de la Comunidad en Vulnerabilidad y Discapacidad, con residencia en esta ciudad de Mérida, a quien reclamaron la omisión de que se les suministren alimentos básicos y leche para poder sobrevivir el aislamiento general derivado de la propagación de la epidemia generada por el SARS-CoV-2 (COVID-19). Acto que consideraron violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 4o. y 22 constitucionales y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En el proemio de la demanda, los peticionarios de amparo dijeron bajo protesta de decir verdad, ser de origen indígena maya y en estado de pobreza alimentaria, guardando el debido aislamiento en sus domicilios ubicados en el Municipio de Chicxulub Pueblo, Yucatán; que a esa fecha, la responsable no les había proporcionado el suministro de alimentos básicos y leche a que estaba obligada de conformidad con los principios del contrato constitucional del Municipio y con motivo del aislamiento obligatorio dictado por la Secretaría de Salud; que debido a la propagación de la epidemia generada por el virus SARS-CoV-2, no tenían ingresos suficientes que les permita adquirir comida para su subsistencia durante el aislamiento y con base en lo anterior solicitaron la suspensión de plano.

• De dicha demanda de amparo tocó conocer al Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, quien la registró con el número 522/2020 de su índice y la admitió a trámite. Asimismo, en el propio auto admisorio sostuvo que debido a la naturaleza del acto reclamado que importaba peligro en la privación de la vida, el estado de emergencia decretado en el país, y de que a juicio del juzgador, los agraviados formaban parte del grupo vulnerable, concedió la suspensión de plano para que la responsable ordenara a quien correspondiera, integrar a los quejosos en los programas de apoyo social a grupos vulnerables y se les proveyera de los recursos de subsistencia necesarios, conforme a los apoyos que dentro de sus correspondientes competencias hubiesen implementado para la emergencia sanitaria del coronavirus, previo el cumplimiento de los requisitos administrativos correspondientes, para el caso de que se hubieren fijado.

Con la indicación para la responsable, de que debía de proveer las diligencias necesarias para vigilar y garantizar que se cumplieran con los lineamientos referidos, con la finalidad de garantizar los derechos humanos de los solicitantes de la tutela constitucional, a través de los programas sociales implementados.

En cumplimiento a lo anterior, mediante oficios DG/314/183/2020 y DG/314/242/2020, de siete de abril y veintisiete de mayo de dos mil veinte, respectivamente, la directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia con residencia en Mérida, hizo saber al juzgador, con el primero, que con el fin de no incurrir en responsabilidad alguna, y con motivo de la implementación del Programa de Asistencia a la Comunidad en Vulnerabilidad y Discapacidad, en el diverso oficio DG/102/182/2020, de la misma data, ordenó a **********, quien tiene a su cargo la ejecución del citado programa, realizara las gestiones correspondientes para que se les otorgara la debida atención a los quejosos, previo el cumplimiento de los requisitos administrativos correspondientes, a fin de que se les incluyera en dicho programa, y una vez que hubiere dado cumplimiento dentro del ámbito de su competencia, le enviara las constancias que así lo acreditaran en un término no mayor a diez días y con el segundo, le hizo saber que en cumplimiento a la suspensión de plano otorgada a los quejosos, dicha autoridad se constituyó en fecha veinticinco del mismo mes y año, en el domicilio de cada agraviado y les entregó el apoyo alimentario, asimismo, adjuntó copias certificadas del acta que personal a su cargo levantó del estudio social que se les practicó a los quejosos en sus domicilios ubicados en el Municipio de Chicxulub Pueblo, Yucatán, atinente con sus circunstancias particulares, como escolaridad, si habitaban casa propia, manera en que obtenían sus ingresos y la entrega de ayuda alimentaria; que en la visita realizada pudo constatar que las familias son de ingresos mínimos, señalando éstas, que a esa fecha habían sido apoyadas con insumos alimenticios para cubrir sus necesidades básicas.

• Una vez integrado el expediente, el referido Juez de Distrito celebró la audiencia constitucional y dictó sentencia, en el sentido de sobreseer en el juicio, por cesación de efectos del acto reclamado, al dejar de subsistir y producir sus consecuencias, lo que daba lugar a la configuración de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; conclusión que se complementó con la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 38, con número de registro digital: 193758, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." • En contra de la referida sentencia, la parte quejosa por conducto de su autorizado en términos amplios, interpuso recurso de revisión, del que por razón de turno tocó conocer al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, quien lo admitió a trámite con el número 199/2020.

• El Tribunal Colegiado, al resolver ese recurso de revisión determinó, por mayoría de votos, con el voto particular de la Magistrada doctora en derecho Julia Ramírez Alvarado, confirmar la sentencia recurrida que sobreseyó en el juicio de amparo, de conformidad con los siguientes argumentos:

- Declaró infundados los agravios de la parte recurrente en los que alegó que no existió cesación de los efectos del acto reclamado porque la entrega de los alimentos no fue de manera espontánea por parte de la autoridad responsable, sino producto de la suspensión de plano que les otorgó el juzgador, pues comulgó con el Juez de Distrito que el juicio de amparo es improcedente por haber cesado los efectos del acto reclamado en términos del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, sin que obstara para efectos de tenerla acreditada, que los actos realizados por encomienda de la autoridad responsable, hayan derivado del cumplimiento a la suspensión de plano, dado que lo relevante para efectos de su actualización, era disipar si con motivo de las actuaciones de la responsable, el acto reclamado, además de haber quedado sin efectos, llevó a que los quejosos tuvieran una restitución plena en el goce de sus derechos, tal y como si hubiesen recibido en su beneficio una sentencia de amparo.

- Para justificar su decisión partió de la base de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, consistente en "cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado", en el sentido de que, para su configuración, no es suficiente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional; ello, porque la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino lo innecesario de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo cual sustentó con la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 38, con número de registro digital: 193758, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL."

- De ahí recordó que la parte quejosa promovió el juicio de amparo contra un acto omiso, que consistía precisamente en la omisión de la autoridad para suministrar alimentos básicos a los disidentes, con motivo de la contingencia sanitaria derivada de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), que se atribuyó al titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Yucatán.

- Así, con base en dichas premisas, el tribunal precisó que aun cuando la parte quejosa no lo plasmó destacadamente en el apartado de actos reclamados de su escrito inicial de demanda, compartía lo determinado por el juzgador federal al momento de admitir la demanda y pronunciarse sobre la suspensión de plano, al advertir acertadamente, que el derecho de los peticionarios de amparo para recibir el suministro de esos alimentos básicos con motivo de la pandemia citada, derivaba del "Programa de Asistencia a la Comunidad en Vulnerabilidad y Discapacidad", contenido en el Decreto 200/2020, publicado en el Diario Oficial del Gobierno de Yucatán el tres de abril de dos mil veinte.

- En ese sentido, sostuvo que aun cuando los solicitantes de la tutela constitucional plantearon la exigibilidad de esa prestación con motivo del deber de respeto y garantía de sus derechos humanos a la vida, salud e integridad personal, entre otros, estimaba que para efectos de ordenar su cumplimiento a la responsable en términos de ese artículo 77 de la Ley de Amparo, debía verificarse si la parte quejosa era titular de derecho público subjetivo (interés jurídico), o bien, si se afectaba su esfera jurídica por la situación peculiar en que se encontraba en relación con el sistema (interés legítimo), en el caso concreto, para hacer exigibles las prestaciones asistenciales, en ser por lo menos los quejosos beneficiarios de ese programa, una vez satisfechas las condiciones para su otorgamiento. Para de ahí, poderle ser reprochable a la responsable su falta de acción y garantía al respeto de ese derecho.

- Sobre esa cuestión, el Tribunal Colegiado señaló que le era un hecho notorio que el citado programa establecía condiciones para el otorgamiento de esas prestaciones asistenciales, pues no se trataba de una contraprestación universal, sino que estaba directamente vinculado su otorgamiento en la salvaguarda de determinados sectores y grupos en situación de vulnerabilidad, especialmente por su precaria situación de pobreza, previo estudio socio-económico que se les practicase al respecto.

- Puntualizó que de las constancias que conforman el expediente de amparo se advertía que, con motivo de la suspensión otorgada en el juicio de amparo, la autoridad responsable encomendó a diversas autoridades subordinadas a ella, la práctica de los estudios socioeconómicos correspondientes; con base en los cuales, una vez realizados consideró que a los quejosos debía otorgárseles la ayuda asistencial alimentaria de ese programa.

- Refirió que ello era así, ya que de las actuaciones que conforman el expediente de amparo se advertía, en específico del informe justificado, que, derivado de la demanda, el personal encargado del programa acudió al domicilio particular de cada uno de los quejosos, levantó un estudio socioeconómico y les otorgó despensas con alimentos básicos propios para su manutención con motivo del citado programa, tal y como consta (sic) el oficio de veintisiete de mayo de dos mil veinte. Además, con las acciones previas que realizó la responsable, avaladas con las copias certificadas de las actas del día veinticinco del mismo mes y año, se advertía que, con excepción de una quejosa, todos los demás manifestaron que ya recibían el apoyo alimentario, que desconocían de la demanda interpuesta en su nombre y que no tenían queja de la ayuda que les daba el gobierno, por lo que debía considerarse que ya recibían los beneficios del artículo 21 del citado programa y que la omisión atribuida a la responsable había cesado.

- En ese sentido, consideró que con motivo de la actuación de la autoridad responsable, los quejosos obtuvieron beneficios como si hubiesen obtenido la concesión del amparo, no sólo el respeto al derecho público subjetivo que derivaría de ser beneficiarios del citado programa asistencial, sino la garantía de su cumplimiento por la autoridad responsable, dado que para esos efectos recibieron las ayudas asistenciales de suministro de alimentos básicos conforme a las pautas y periodicidades que fueran aplicables atento a esa política pública de la autoridad estatal.

- De ahí concluyó que esas actuaciones de la autoridad responsable hicieron cesar los efectos sobre la pasividad reclamada, pues con motivo de la sustanciación del juicio de amparo, esto es, con posterioridad a la promoción del juicio, dicha autoridad actuó en el sentido demandado por la parte quejosa, otorgando para esos efectos no sólo las prestaciones asistenciales reclamadas, sino que fue más allá, pues derivado de la práctica previa de estudios, consideró a los quejosos beneficiarios del citado "Programa de Asistencia a la Comunidad en Vulnerabilidad y Discapacidad".

- Enfatizó que esta última circunstancia fue lo que llevó a concluir que los efectos del acto reclamado quedaron destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, pues era menester tener presente que la parte quejosa no tenía en su esfera jurídica al momento de instar el juicio de amparo, el ser beneficiaria del citado programa por habérsele practicado el estudio socioeconómico y que lo cierto era que con motivo de la suspensión otorgada en el juicio, que obligaba a la responsable a otorgar momentáneamente las ayudas asistenciales reclamadas, la autoridad hizo los estudios correspondientes, los consideró necesitados de los apoyos materia del programa y los benefició con su otorgamiento.

- Finalmente, señaló que resultaba innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, si se tiene presente que con motivo de las acciones de la responsable, se les salvaguardaron sus derechos prestacionales en re

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30736-20f641d9/cesacion-de-efectos-en-el-amparo-no-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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