JUBILACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO DE LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PROCEDE SU OTORGAMIENTO, EN TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA 59 BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CUANDO LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DERIVE DE LA NEGATIVA DEL INSTITUTO A REINSTALAR AL TRABAJADOR QUE FUE DESPEDIDO INJUSTIFICADAMENTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 236/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO, AHORA PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 23 DE FEBRERO DE 2022. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LORETTA ORTIZ AHLF Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. DISIDENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: ISIDRO EMMANUEL MUÑOZ ACEVEDO.
ÍNDICE TEMÁTICO
Ver índice temático
Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día veintitrés de febrero de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de tesis suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, ahora Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito.
El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si, cuando un trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social reclama el pago de la indemnización constitucional –ante el despido injustificado y la negativa de ser reinstalado– y reúne además los requisitos necesarios para tener derecho a ser jubilado, debe cubrírsele el monto relativo a doce días por cada año laborado, en términos de la cláusula 59 Bis del contrato colectivo de trabajo.
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción de tesis.
2. Mediante escrito recibido el dos de septiembre de dos mil veintiuno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con sede en Zapopan, Jalisco, Héctor Pérez Pérez, denunció la posible contradicción de tesis suscitada entre los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 84/2020 y el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 1108/2006.
3. Al efecto, el Magistrado denunciante precisa que el punto de contradicción de tesis estriba en determinar si el pago de la prestación prevista en la cláusula 56 del contrato colectivo de trabajo que rige sus relaciones laborales, consistente en el pago de una prima o reconocimiento por años de servicio, corresponde únicamente para aquellos que se separen con motivo de jubilación por años de servicio, pensión por cesantía en edad avanzada o vejez, o si también tienen tal derecho aquellos separados por una decisión unilateral del Instituto Mexicano del Seguro Social.
4. Admisión y trámite.
5. Por auto de siete de septiembre de dos mil veintiuno, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de posible contradicción de tesis y ordenó su registro con el número de expediente 236/2021, requirió a las presidencias del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, a efecto de que remitieran únicamente por conducto del MINTERSCJN la versión digitalizada del original o, en su caso, de la copia certificada de la demanda de amparo y de las ejecutorias relativas a los amparos directos 84/2020 y 1108/2006, de sus índices, respectivamente, así como copia certificada del proveído en el que se informe si el criterio sustentado en el amparo últimamente citado se encuentra vigente o, en caso de que se tenga por superado o abandonado, además de señalar las razones que sustenten las consideraciones respectivas, deberá remitir la versión digitalizada de la ejecutoria en que se sustente el nuevo criterio. Asimismo, ordenó el turno del asunto al señor Ministro Alberto Pérez Dayán, integrante de la Segunda Sala, y a fin de que su presidenta proveyera respecto a la conclusión del trámite e integración del expediente.
6. Mediante proveído de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, la presidenta de la Segunda Sala ordenó el avocamiento del presente asunto y requirió a los tribunales contendientes para que por conducto de MINTERSCJN informaran si los amparos directos 84/2020 y 1108/2006 de su respectivo índice han causado ejecutoria, si se encuentra pendiente de resolución algún recurso que se hubiera interpuesto en su contra y, en su caso, cuál es el número de registro que tiene asignado en esta Suprema Corte, si las sentencias que se emitieron son susceptibles de impugnación y no ha transcurrido el plazo para interponer medio de defensa en su contra o, si en general, existe alguna condición que afecte la firmeza del criterio respectivo.
7. Por acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, la presidenta de la Segunda Sala de este Alto Tribunal tuvo por integrada la contradicción de tesis, toda vez que se desahogaron los requerimientos descritos en el párrafo precedente mediante las promociones con números de folio 015292 y 49278-MINTER.
I. COMPETENCIA.
8. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal; 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambos preceptos legales vigentes a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de distinto Circuito, cuya materia corresponde a su especialidad.
II. LEGITIMACIÓN.
9. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, al haber sido formulada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito –el cual es uno de los órganos que participan en la presente contradicción–.
III. CRITERIOS DENUNCIADOS.
10. Las consideraciones esenciales de los criterios que se denuncian como opositores, son las siguientes:
11. I. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito al resolver el amparo directo 84/2020 en sesión de doce de mayo de dos mil veintiuno, determinó en lo que interesa, lo siguiente:
• No procede la prestación extralegal de jubilación si la terminación laboral se da ante la negativa de reinstalar al trabajador despedido injustificadamente. El tribunal consideró que la parte quejosa no podía acceder a la prestación de jubilación a que se refiere el artículo 59 Bis del contrato colectivo de trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social –que concede el pago de doce días de salario por cada año de servicios prestados–, pese a que cumplía con todos los requisitos de antigüedad. Ello, toda vez que la interpretación de las prestaciones extralegales es de naturaleza estricta.
Luego, de la citada cláusula se desprende que el derecho a recibir la prestación por jubilación, en los términos ahí establecidos, "se encuentra delimitado exclusivamente para los trabajadores que se separen con motivo de la jubilación por años de servicio, pensión por cesantía en edad avanzada o vejez", es decir, que para que pueda ser aplicada, "el motivo de la separación debe ser el interés en obtener la jubilación o pensión correspondiente".
• De ahí que si en el caso concreto la terminación de la relación de trabajo se debió a la determinación en laudo de darla por concluida, al haber prosperado la defensa de la demandada, en el sentido de oponerse a la reinstalación del trabajador de confianza –en términos de lo dispuesto por el artículo 49, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo–, se concluye que "se incumplió el requisito previsto por la cláusula contractual, para obtener el beneficio ahí contemplado, con independencia de que, cuando se declaró la terminación de la relación de trabajo, la trabajadora ya estuviera en los supuestos para acceder al beneficio de la jubilación por años de servicio".
Además, al considerarlo de esa forma, se atiende a los principios de buena fe y de equidad, pues no debe perderse de vista que, tal como se señaló en la contestación de la demanda, la accionante, al haber procedido en otro juicio la pretensión de que el despido del que fue objeto se declarara injustificado, "recibió indemnizaciones en las que se tuvo en cuenta la antigüedad acumulada, como es precisamente la establecida en la cláusula 56 del contrato colectivo de trabajo, consistente en cincuenta días por cada año de servicios", que para los efectos de equidad, no percibirían los trabajadores cuyo motivo de separación fuera precisamente la decisión de dar por terminada la relación de trabajo con el objeto de obtener la jubilación por años de servicio, pensión por cesantía en edad avanzada o vejez.
• Lo cual, si bien, no puede tener el alcance de cuestionar el derecho a percibir esa prestación (la establecida por la cláusula 56), para quien, siendo separado injustificadamente, el Instituto decide no reincorporarlo en contra de la expresa voluntad del afectado, sí permite en cambio advertir que, "ante la pérdida de derechos como sería el caso del supuesto establecido en la cláusula 59 bis, porque ya no podría ser la voluntad de la trabajadora separada la de dar por concluida la relación para solicitar la jubilación, existen elementos indemnizatorios para reparar el daño que ello le ocasione".
• Consecuentemente, al ser manifiesto que en el caso concreto, "la accionante incumplió con el requisito de haberse separado de la relación con la finalidad de obtener su jubilación por años de servicio; no resulta relevante ya que hubiese cumplido los requisitos de temporalidad"; ello, porque por decisión del Instituto Mexicano del Seguro Social, se dio por terminada la relación de trabajo con una trabajadora de confianza, al oponerse a la reinstalación ante el despido injustificado.
12. II. El Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 1108/2006 en sesión de once de julio de dos mil siete, resolvió, en lo que interesa lo siguiente:
• Procedencia de la prestación extralegal de jubilación, con independencia de si la relación laboral culmina ante la oposición de reinstalar al trabajador. El tribunal consideró que la parte quejosa podía acceder a la prestación de jubilación –que concede el pago de doce días de salario por cada año de servicios prestados–, al cumplir con todos los requisitos a que se refiere el artículo 59 Bis del contrato colectivo de trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Aunado a que "el pago de la indemnización por despido injustificado tiene un origen diverso al derecho de la jubilación y, por ende, son independientes", esto es, el pago de la indemnización establecido en la cláusula 56 del contrato colectivo de trabajo, "deriva como consecuencia de una sanción", precisamente de haber despedido al trabajador injustificadamente, "en cambio, el derecho al pago de la jubilación surge con motivo de los años prestados al patrón".
• Luego, si el actor por los años que prestó al Instituto demandado, tiene derecho a dicha jubilación, es claro que, "con independencia de que con motivo del injustificado despido se le hubiera condenado a la demandada a la indemnización constitucional y a los salarios caídos, procede el pago de la jubilación desde el momento de la ruptura laboral, precisamente, por tratarse de una prestación autónoma que se genera por el sólo transcurso del tiempo".
13. Las anteriores consideraciones dieron lugar a la tesis II.T.333 L:(1)
"TRABAJADORES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. CASO EN QUE PROCEDE TANTO EL PAGO DE CINCUENTA DÍAS DE SALARIO POR CADA AÑO DE SERVICIOS PRESTADOS POR DESPIDO INJUSTIFICADO, COMO EL DE DOCE DÍAS POR JUBILACIÓN POR AÑOS DE SERVICIOS. De las cláusulas 56 y 59 Bis del contrato colectivo de trabajo que rige las relaciones laborales entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y sus trabajadores, se advierte que la indemnización constitucional por despido injustificado tiene un origen diverso al derecho a la jubilación por años de servicios, pues en la primera de las cláusulas citadas se establece que con motivo del despido injustificado el instituto se obliga a pagar al trabajador como indemnización económica la cantidad correspondiente a ciento cincuenta días de salario de la última categoría desempeñada a la fecha de su separación por concepto de indemnización, y cincuenta días por cada año de servicios prestados, o parte proporcional del año como liquidación de antigüedad, pago que se actualiza como sanción cuando el empleado es despedido injustificadamente y opta por la indemnización y no por la reinstalación; en cambio, el derecho al pago de doce días de salario por cada año de servicio previsto en la mencionada cláusula 59 Bis, surge precisamente con motivo de esos años de servicio. En esa tesitura, si un trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social reclama el pago de la indemnización y reúne, además, los requisitos necesarios para tener derecho a ser jubilado, con independencia del importe correspondiente a ésta (50 días), también debe cubrírsele el monto relativo a los doce días señalado en la aludida cláusula 59 Bis, por tratarse de una prestación autónoma que se genera por el solo transcurso del tiempo, cuyo pago no está supeditado a que en el juicio prosperen las acciones ejercidas."
IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS.
14. En principio, resulta oportuno puntualizar que el objeto de resolución de una contradicción de tesis consiste en unificar los criterios contendientes, a fin de abonar en el principio de seguridad jurídica.(2) Así, para determinar si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen–, con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos–.
15. A partir de los diversos criterios que ha emitido esta Suprema Corte, es posible concluir que las siguientes características deben analizarse para poder arribar a una conclusión en torno a la existencia de la contradicción de tesis:
I. No es necesario que los criterios que se estiman discrepantes deriven de elementos de hechos idénticos, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, y que a partir de ésta, arriben a decisiones encontradas.(3)
II. Que los tribunales contendientes hayan resuelto una cuestión litigiosa, en la cual se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un proceso interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que éste fuese y al efecto, arribaron a soluciones distintas.
III. Que entre los ejercicios interpretativos exista al menos una parte del razonamiento en el que la interpretación realizada gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
IV. Que de los anteriores elementos se pueda formular una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
V. Aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, ello no es obstáculo para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer.(4)
16. A partir de los anteriores lineamientos, es dable sostener que en la especie existe la contradicción de tesis denunciada, ya que al resolver los asuntos de sus respectivos índices, los aludidos tribunales se pronunciaron sobre una misma situación jurídica, a saber, si cuando un trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social reclama el pago de la indemnización constitucional –ante el despido injustificado y la negativa del patrón de su reinstalación– y reúne además los requisitos necesarios para tener derecho a ser jubilado, debe cubrírsele el monto relativo a doce días por cada año laborado, conforme a la cláusula 59 Bis del contrato colectivo de trabajo.
17. Siendo que los referidos órganos colegiados arribaron a conclusiones disímiles, ya que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consideró, toralmente, que no resulta procedente el derecho a ser jubilado en tales supuestos, ya que: (I) se trata de una prestación extralegal y, por ende, si el supuesto de separación por negativa de reinstalación no está contemplado en la cláusula 59 Bis del contrato colectivo de trabajo para su procedencia, es evidente que no ha lugar al pago por jubilación; y, (II) la indemnización constitucional, por despido injustificado, ya contempla un pago por los años de servicios prestados por el trabajador; de ahí que atendiendo a los principios de buena fe y equidad, no podría condenarse al patrón al pago adicional de la jubilación.
18. En cambio, el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, determinó que la indemnización constitucional por despido injustificado tiene un origen diverso al derecho a la jubilación por años de servicio y, por ende, si el trabajador reclama el pago de la indemnización y reúne además los requisitos necesarios para tener derecho a ser jubilado, "también debe cubrírsele el monto relativo a los doce días señalado en la cláusula 59 Bis, por tratarse de una prestación autónoma que se genera por el solo transcurso del tiempo".
19. No resulta óbice a lo anterior, que los tribunales contendientes hayan analizado contratos colectivos de trabajo que correspondían a distintas anualidades. Es así pues, con independencia de ello, las cláusulas 56 y 59 Bis examinadas por ambos órganos judiciales presentan el mismo contenido jurídico –pues en ambos fallos se precisó, en lo que interesa, que la cláusula 56 establece el pago de cincuenta días de salario por cada año laborado en caso de despido injustificado,(5) mientras que la diversa 59 Bis prevé el pago de doce días de salario por cada año de servicio prestado–(6) y, por ende, esta diferencia de vigencia contractual en nada afecta la conclusión alcanzada.
20. Sirve de sustento a lo anterior, de manera análoga, la jurisprudencia 2a./J. 87/2000, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE, AUNQUE DIMANE DE LA INTERPRETACIÓN DE PRECEPTOS LEGALES DEROGADOS, SI SU CONTENIDO SE REPITIÓ EN LOS VIGENTES."(7)
21. Conforme a lo anterior, esta Segunda Sala considera que existe la contradicción de tesis denunciada ya que, como se ha razonado, los Tribunales Colegiados se pronunciaron sobre el mismo punto jurídico, arribando a conclusiones disidentes.
22. Atendiendo a lo anterior, el punto de contradicción que debe dilucidar esta Segunda Sala consiste en determinar si, cuando un trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social reclama el pago de la indemnización constitucional –ante el despido injustificado y la negativa de ser reinstalado– y reúne además los requisitos necesarios para tener derecho a ser jubilado, debe cubrírsele el monto relativo a doce días por cada año laborado, en términos de la cláusula 59 Bis del contrato colectivo de trabajo. V. ESTUDIO DE FONDO.
23. A juicio de esta Segunda Sala el hecho de que la terminación laboral no atienda a una decisión voluntaria del trabajador de ser jubilado, sino a la negativa del Instituto Mexicano del Seguro Social de reinstalar al empleado de confianza que fue despedido injustificadamente, no hace improcedente el pago de la prestación extralegal prevista en la cláusula 59 Bis del contrato colectivo de trabajo. Ello, por dos razones fundamentales:
I. Primero, porque si el trabajador cumplió con todos y cada uno de los requisitos para solicitar su jubilación, de manera previa al despido injustificado, tiene derecho a disfrutar de la prestación extralegal respectiva una vez que se da por terminado el vínculo laboral –con independencia de que la separación no haya atendido a una decisión voluntaria de jubilarse, sino a la negativa del Instituto patrón de reinstalarlo– y, por otra, porque el hecho de que la ruptura laboral no derive de una solicitud de jubilación, es una cuestión enteramente imputable y reprochable al patrón, ante su actuar ilegal de separar al trabajador sin causa justificada y oponerse a la reinstalación;
II. Segundo, debido a que la indemnización constitucional por despido injustificado no puede sustituir el derecho contractual del trabajador para acceder a la jubilación cuando cumple con los requisitos necesarios para ello, pues la referida indemnización es una sanción impuesta al patrón ante un despido injustificado que pretende resarcir los daños y perjuicios ocasionados ante ese actuar ilegal, en cambio, la jubilación es una prestación extralegal que se actualiza ante los años laborados por el empleado; de ahí que no resulten asimilables, intercambiables ni, por ende, excluyentes.
24. A fin de explicar tales asertos, la presente ejecutoria procederá a examinar las citadas razones individualmente.
25. I. El otorgamiento de la prestación extralegal de jubilación, en caso de terminación laboral por negativa de reinstalación del trabajador despedido injustificadamente, resulta acorde a los principios de interpretación estricta y buena fe. Al resolver la contradicción de tesis 19/97 esta Sala Constitucional sostuvo que cuando se interpretan cláusulas de contratos colectivos que exceden las prestaciones que establece la Ley Federal del Trabajo, no rige el principio hermenéutico consistente en que, en caso de duda, debe estarse a lo más favorable para el trabajador. Es así, pues "ya asegurados los beneficios o protecciones que la Constitución y las leyes otorgan al trabajador, las convenciones que en dichas cláusulas sobrepasan aquellas prerrogativas, deben interpretarse en forma estricta". Ello, teniendo en cuenta que el objeto del derecho del trabajo "también se traduce en conseguir el equilibrio entre los factores de la producción".
26. En efecto, uno de los principios fundamentales de las normas de trabajo "tiende a conseguir el equilibrio y la justicia social entre los factores de la producción: trabajo y capital", de ahí que la labor de interpretación del juzgador está sujeta a un principio esencial que, al igual, forma parte de la justicia laboral que "no autoriza imponer al patrón cargas superiores a las expresamente convenidas, a las establecidas por la ley o a las que deriven naturalmente del vínculo de trabajo".
27. Las anteriores consideraciones fueron plasmadas en la jurisprudencia 2a./J. 50/98, de rubro: "RETIRO VOLUNTARIO. LA COMPENSACIÓN PACTADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CELEBRADO ENTRE EL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALÚRGICOS Y SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA (SECCIÓN 5) Y LA COMPAÑÍA ‘INDUSTRIAL MINERA MÉXICO’, S.A. DE C.V., DEBE SER CALCULADA SOBRE LA BASE DEL SALARIO TABULADO."(8)
28. Por otra parte, al resolver la contradicción de tesis 21/95 esta Sala reiteró que la interpretación de prestaciones extralegales, generadas en virtud de contratos colectivos, debe ser de carácter estricta, pues de lo contrario podría generarse el riesgo de "implicar la ruptura del equilibrio de los factores de la producción (capital y trabajo) y en algunos casos, la desaparición misma de la fuente laboral". Bajo este entendimiento, la Sala consideró que válidamente se pueden reducir prestaciones en la revisión de la contratación colectiva, siempre y cuando sean éstas de carácter contractual o extralegales.
29. El anterior precedente dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 40/96, intitulada: "CONTRATO COLECTIVO. EN SU REVISIÓN SE PUEDEN REDUCIR LAS PRESTACIONES PACTADAS POR LAS PARTES, SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETEN LOS DERECHOS MÍNIMOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DEL TRABAJADOR."(9)
30. Finalmente, al resolver la contradicción de tesis 32/2000-SS esta Sala Constitucional sostuvo que la interpretación estricta en los casos de las cláusulas de los contratos colectivos de trabajo que amplían los derechos laborales mínimos consagrados en la ley, "requieren de la equidad y la fiducia como elementos que habrán de integrar el criterio para estar a lo expresamente pactado ..."
31. Esto es, si las cláusulas de los contratos colectivos de trabajo son de interpretación estricta, cuando van más allá del texto legal y del mínimo de derechos laborales, "no es lógico que se haga de ellas una exégesis extensiva a hipótesis no aceptadas por la parte patronal, porque ello iría en contra de la buena fe y la equidad que inspiraron la aceptación de esas obligaciones extralegales".
32. Luego, tratándose de prestaciones contractuales que establecen mayores beneficios a los previstos en ley, "debe estarse a lo expresamente pactado no sólo respecto al monto sino a las personas que tienen derecho a esa prestación, lo que corrobora la interpretación estricta que debe realizarse de los pactos contractuales". En el entendido de que, "la buena fe y la equidad son elementos que en la hipótesis que se examina favorecen el equilibrio de los intereses opuestos de patrones y trabajadores y propician la recíproca colaboración de las categorías productivas".
33. Dicho precedente dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 128/2010, de rubro: "CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO. LAS CLÁUSULAS QUE CONTIENEN PRESTACIONES EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES, QUE EXCEDEN LAS ESTABLECIDAS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SON DE INTERPRETACIÓN ESTRICTA."(10)
34. Como se aprecia de los anteriores precedentes, en tratándose de prestaciones contractuales que exceden los beneficios laborales establecidos constitucional y legalmente, se debe estar a lo siguiente:
I. La interpretación es estricta y, por ende, no resulta admisible otorgar las prestaciones extralegales respecto de supuestos distintos a los expresamente previstos en la cláusula contractual respectiva;
II. La justificación de no emplear una interpretación más favorable para el trabajador o poder acudir a la analogía o mayoría de razón, en la determinación del alcance de la cláusula contractual respectiva, radica en la necesidad de no imponer cargas indebidas o superiores al patrón respecto a las expresamente convenidas con sus trabajadores;
III. Esta delimitación interpretativa tiene como finalidad conseguir el equilibrio y la justicia social entre los factores de la producción, a saber: trabajo y capital. Es decir, pretende evitar que una interpretación extensiva o amplia de las cláusulas laborales, por parte del órgano jurisdiccional, provoque la ruptura del equilibrio de tales factores y en algunos casos, la desaparición misma de la fuente laboral;
IV. Los principios que subyacen a esta labor de interpretación contractual, entonces, son los de buena fe y de equidad conforme a los cuales se aceptaron tales derechos y obligaciones extralegales y, por ende, el intérprete cuenta con la obligación de vigilar que sean plenamente respetados al momento de decidir sobre su otorgamiento.
35. Precisado lo anterior, debe tenerse en cuenta que la cláusula 59 Bis del contrato colectivo de trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es motivo de disenso en la presente contradicción de criterios, establece lo siguiente:
"Cláusula 59 Bis. Separación por jubilación por años de servicios. A la separación del trabajador con motivo de su jubilación por años de servicio, pensión de cesantía en edad avanzada o vejez, el Instituto le pagará como prima de antigüedad, el importe de 12 días de salario por cada año efectivo laborado y la parte proporcional correspondiente a la fracción de año, cuando el trabajador tenga una antigüedad mayor de quince años.
"Los trabajadores que se separen por las mismas causas, con menos de quince años de antigüedad en el servicio, recibirán del Instituto doce días de salario por cada año efectivo de servicios, sin que el pago de la antigüedad pueda exceder del importe de tres meses de salario, computados a razón del que disfrute el trabajador en el momento que le sea otorgada la pensión de cesantía en edad avanzada o vejez. Asimismo, les cubrirá todas y cada una de las prestaciones que les adeudare, por concepto de salarios, partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, fondo de ahorro y aquellas a que tuvieren derecho de conformidad a las cláusulas relativas al presente contrato."
36. Como se desprende de la anterior cláusula, el Instituto Mexicano del Seguro Social pactó con sus trabajadores, como prestación extralegal, el derecho al pago de doce días de salario por cada año efectivo de servicios –mismo que está topado hasta tres meses de salario, en el caso de que el trabajador tenga una antigüedad menor a quince años–.
37. Lo relevante en el presente caso, es que la condición indispensable para acceder a esta prestación de antigüedad, consiste en que la separación del trabajador sea con motivo de: (I) jubilación por años de servicio; (II) pensión de cesantía en edad avanzada; o, (III) pensión de cesantía por vejez. De estas hipótesis normativas, en el presente asunto sólo nos interesa la primera de ellas,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30740-487fdd7b/jubilacion-por-anos-de-servicio-de-los-trabajadores · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- TRABAJADORES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. CUANDO GOZAN DE UNA PENSIÓN POR JUBILACIÓN POR AÑOS DE SERVICIOS, CONFORME AL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES INSERTO EN (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- DESCUENTOS AL SALARIO DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL POR CONCEPTO DE FONDO DE AYUDA SINDICAL POR DEFUNCIÓN. SON LEGALES AL HABERSE PACTADO EN EL CONTR (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- JUBILACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO DE LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PROCEDE SU OTORGAMIENTO, EN TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA 59 BIS DEL CONTRATO C (2a./J. 27/2022 (11a.))
- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. APLICACION DE LA CLAUSULA 94 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO A TRABAJADORES JUBILADOS. (s/clave)
- TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL SEPARADOS INJUSTIFICADAMENTE DE SU EMPLEO. SI OPTAN POR LA INDEMNIZACIÓN, O EL INSTITUTO NO CUMPLE CON REINSTALARLOS CUANDO ASÍ LO ORDENA EL LAUDO, O (I.13o.T.340 L)
- CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. EL ESTUDIO DE SUS CLÁUSULAS DEBE REALIZARSE BAJO UNA INTERPRETACIÓN ESTRICTA Y LITERAL SIN SOSLAYAR EL PRINCIPIO DE BUENA FE CONTRACTUAL. (2a./J. 74/2024 (11a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis