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Modo: Corpus Pro

ACTO RECLAMADO, PRUEBA DEL. EFECTOS.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 215/95. · Registro digital (IUS): 3075
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MAURILIO FLORES PEREZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, , Pág. 247.

AMPARO EN REVISION 215/95. MAURILIO FLORES PEREZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Son infundados los agravios antes transcritos.

No le asiste la razón al recurrente, en virtud de que contrario a lo que afirma, el a quo sí analizó la demanda de amparo, así como los informes rendidos por las autoridades responsables, las que si bien admitieron la existencia del acto reclamado, ello no significa que hayan reconocido que el mismo es ilegal, pues al quejoso es a quien corresponde en todo caso demostrar tal hecho, lo que no cumplió, pues como correctamente estimó el juez federal de las constancias adjuntadas por la Junta responsable al rendir su informe justificado se advierte que Maurilio Flores Pérez, fue emplazado al juicio generador el día uno de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, según la cédula correspondiente efectuada por el actuario también señalado como responsable y que obra a foja veintiuno del cuaderno de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía la tesis sustentada por este cuerpo colegiado al resolver los juicios de amparo en revisión números 423/90, 360/91, 159/93 y 499/93, que dice: " El hecho de que un juez de Distrito declare probado el acto reclamado, no quiere decir que haya reconocido ni aceptado, al hacer tal apreciación, la existencia de las violaciones alegadas por la parte quejosa en el juicio, ya que tal declaración sólo se refiere a precisar que se tiene por cierta la existencia de hechos expuestos en la demanda".

Asimismo carece de razón Maurilio Flores Pérez en lo relativo a que en el acta levantada a las diez horas del doce de mayo de mil novecientos noventa y cuatro se hizo constar que por desconocerse el domicilio de Alejandro Lastra Salazar y del recurrente se estimó que no se le había emplazado o notificado como lo ordena el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo; argumentos que son infundados habida cuenta que basta una lectura del acta de referencia (foja 24), para advertir que es falso lo aseverado por el inconforme, pues en la fecha indicada no se especificó lo que él aduce, sino que la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas que en esa fecha se debía celebrar y a la que no compareció el hoy quejoso, fue diferida, a solicitud de la parte actora y de José Cuautle Bautista, compareciente por la negociación demandada, así como el demandado en lo personal Ernesto Herrera García, al señalar tales personas que se encontraban en pláticas conciliatorias, por lo que por esta razón y no por la aducida por el recurrente, se suspendió dicha audiencia, en términos de lo establecido en la fracción IV, del artículo 876 de la Ley Federal del Trabajo, señalándose para la continuación del procedimiento las nueve horas con quince minutos del veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y cuatro.

De igual forma es infundado lo relativo a que la responsable, difirió nuevamente la audiencia de que se trata para el siete de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro a las nueve horas con quince minutos, por considerar que no había sido emplazado el hoy quejoso, pues contrario a lo que él afirma, no existe ninguna certificación en ese sentido; lo que en realidad ocurrió, según se aprecia en el acta levantada con fecha veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, fue que la Junta responsable, advirtió que Maurilio Flores Pérez y Alejandro Lastra Salazar no habían sido notificados del acuerdo que motivó el diferimiento de la mencionada audiencia y por medio del cual se citó a las partes para esta última fecha, mas no que éstos no hubieran sido emplazados, lo que provocó que se señalaran en esa ocasión las nueve horas con quince minutos del siete de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro para el desahogo de la audiencia de que se trata (foja 25), lo cual sí fue dado a conocer al hoy recurrente, según consta en la razón asentada por el actuario adscrito a la Junta responsable de fecha veintitrés de agosto del mismo año, y que obra a foja veinticinco vuelta del cuaderno de amparo, de lo que se colige que no es cierto lo aducido por Maurilio Flores Pérez, en cuanto a que existe un reconocimiento expreso de la multicitada Junta responsable en el sentido de que nunca fue emplazado o notificado legalmente, resultando inatendible el criterio jurisprudencial que invoca, porque al citarlo, el inconforme no cumple con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, es decir no proporcionó los datos de localización de esa tesis, como son el número que le corresponde, la página, Tomo, Parte y Epoca del Semanario Judicial de la Federación, en el que se publicó, por lo que no puede conocerse si efectivamente el mismo es aplicable al caso concreto o no. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número 134, emitida por este Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo tenor literal es el siguiente: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA O DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SU INVOCACION POR LAS PARTES EN EL JUICIO DE AMPARO. Cuando las partes invoquen en el juicio el amparo la jurisprudencia del Pleno o de las Salas de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, lo harán por escrito, expresando el número y órgano jurisprudencial que la integró y el rubro y tesis de aquélla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, por lo que si la quejosa no cumple con dichos requisitos, el Tribunal Colegiado se encuentra legalmente impedido para determinar si se ha violado o no, en su perjuicio, por el a quo el criterio que aquélla sostiene".

Debe dejarse claro que no le asiste la razón al recurrente, porque el hecho de que la autoridad responsable haya diferido la audiencia de ley desde el doce de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, primero para desahogarla el veintitrés de agosto y posteriormente para el siete de septiembre del mismo año, no significa que Maurilio Flores Pérez no haya sido emplazado al juicio generador, porque como ha quedado expuesto con antelación, no existe ninguna certificación a este respecto, además de que dicha persona sí fue notificada de esta última fecha, según se desprende de la razón asentada por el actuario correspondiente, que obra a foja veinticinco vuelta del cuaderno de garantías. Siendo importante destacar que el a quo consideró correctamente que el quejoso sí fue emplazado a la controversia de origen, lo que consta en la cédula respectiva de fecha uno de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, (foja 21), en la que se aprecia que previo el citatorio de ley (foja 20), el que no fue atendido por el hoy peticionario de garantías, se entendió la diligencia con Serafín García Valencia, quien refirió que en ese lugar, Maurilio Flores Pérez tiene el principal asiento de sus negocios, habiéndose cerciorado el funcionario actuante de que el domicilio en el que se constituyó era el señalado para llamar a juicio al hoy quejoso, por el dicho del citado Serafín García Valencia y por la nomenclatura oficial que tuvo a la vista de acuerdo a lo establecido en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, de donde se colige que es inaplicable la tesis jurisprudencial invocada en los agravios y que lo analizado por el juez federal es completamente legal, pues contrario a lo afirmado por el inconforme, sí cumplió con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo, puesto que sí hizo una fijación clara del acto reclamado, mismo que analizó de acuerdo a lo alegado por el quejoso, substancialmente en el sentido de que no fue emplazado al juicio generador, en relación a lo expuesto por las autoridades responsables en sus informes justificados y primordialmente de acuerdo a como aparece probado en las constancias del juicio de origen, de las que advirtió que Maurilio Flores Pérez, contrario a lo que afirmó, sí fue llamado a la controversia de origen, precisamente a través de la diligencia desarrollada el uno de marzo de mil novecientos noventa y cuatro.

Finalmente es importante destacar que contrario a lo razonado por el recurrente el a quo no violó sus derechos fundamentales, porque es un órgano que tiene a su cargo el control constitucional y jurídicamente no puede conculcar garantías individuales; en todo caso los preceptos que dejara de observar al emitir su resolución, serían los relativos a la Ley de Amparo, ordenamiento legal al cual debe sujetar su actuación. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número 17, sustentada por este cuerpo colegiado, que dice: "JUECES DE DISTRITO. NO VIOLAN GARANTIAS CON SUS FALLOS. El juez de Distrito es un órgano que tiene a su cargo el control constitucional y jurídicamente no puede conculcar garantías individuales; en todo caso los preceptos que dejara de observar al emitir su fallo, serían los relativos a la Ley de Amparo, ordenamiento legal al cual debe sujetar su actuación".

Las consideraciones precedentes conducen a confirmar el fallo que se revisa.

Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 83 fracción IV, 85 fracción II, de la Ley de Amparo, 43 y 44 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO. Se confirma la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Maurilio Flores Pérez, en contra de los actos que reclama de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, y actuario de su adscripción, mismos que han quedado precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido.

Así por unanimidad de votos lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados Clementina Ramírez Moguel Goyzueta, Gustavo Calvillo Rangel y María Eugenia Estela Martínez Cardiel, siendo ponente la primera de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3075-7e38c4dd/acto-reclamado-prueba-del-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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