APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. LA FACULTAD DEL JUEZ DE DISTRITO PARA ANALIZARLA, AL PROVEER SOBRE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LA PROVIDENCIA PRECAUTORIA DE RETENCIÓN DE BIENES (CUENTAS BANCARIAS), DEBE LIMITARSE A UN CONOCIMIENTO SUPERFICIAL DIRIGIDO A LOGRAR UNA DECISIÓN DE MERA PROBABILIDAD POR LAS CIRCUNSTANCIAS DE CADA CASO, RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL DERECHO DISCUTIDO EN EL PROCESO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 1/2022. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 17 DE MAYO DE 2022. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JUAN MANUEL ARREDONDO ELÍAS, SAMUEL ALBERTO VILLANUEVA OROZCO, UBALDO GARCÍA ARMAS, ALMA ROSA DÍAZ MORA, PAULINO LÓPEZ MILLÁN Y JESÚS ANTONIO SEPÚLVEDA CASTRO. PONENTE: SAMUEL ALBERTO VILLANUEVA OROZCO. SECRETARIA: LAURA ICAZBALCETA VARGAS.
Zapopan, Jalisco. Resolución del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, emitida en la sesión de diecisiete de mayo de dos mil veintidós.
Vista, para resolver, la contradicción de criterios 1/2022; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de contradicción de criterios. Mediante escrito presentado el diez de febrero del año en curso, **********, en su calidad de apoderado general judicial para pleitos y cobranzas de la empresa **********, denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver la queja 69/2021-I, en sesión de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, y el Sexto Tribunal Colegiado de la misma materia y Circuito, en la queja 29/2022, resuelta en sesión de dieciocho de enero de dos mil veintidós.
SEGUNDO.—Trámite. La denuncia fue registrada con el número de expediente 1/2022 y se admitió por auto de tres de febrero de la anualidad que transcurre, en el que se ordenó recabar la información relativa a la vigencia de los criterios sostenidos por los tribunales contendientes, así como informar la radicación del asunto al director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y al resto de los integrantes del Pleno.
TERCERO.—Recepción de información. Los respectivos presidentes del Quinto y del Sexto Tribunales Colegiados en cita hicieron saber que el criterio objeto de la denuncia no ha sido abandonado (oficios 12/2022-ST y 5/2022, respectivamente). En tanto que el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis comunicó la ausencia de alguna contradicción de criterios en trámite ante el Alto Tribunal, sobre el tema de este asunto (oficio DGCCST/X/47/02/2022).
CUARTO.—Turno. Al integrarse el expediente, en auto de veinticuatro de febrero del año que transcurre, se ordenó turnar al Magistrado Samuel Alberto Villanueva Orozco, representante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia del Pleno. Este Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41-Bis y 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, vigentes hasta el once de marzo y siete de junio de dos mil veintiuno, respectivamente; en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados en Materia Civil del mismo Circuito.
Es importante mencionar que los Plenos de Circuito continúan en sus funciones originales, de conformidad con lo establecido en la circular SECNO/17/2021, signada el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal;(1) así como en observancia del Acuerdo General 1/2021, de ocho del mes y año en cita, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se determina el inicio de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación y se establecen sus bases. El cual, en su artículo quinto transitorio, precisó:
"Quinto. En tanto entran en funciones los Plenos Regionales del Poder Judicial de la Federación, atendiendo a lo previsto en los artículos transitorios segundo, tercero y quinto del decreto mencionado en el considerando primero de este Acuerdo General, la jurisprudencia emitida por aquéllos a la que se refiere en este instrumento normativo será la fijada por los Plenos de Circuito."
Aunado a que en el Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre otras, de la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, prevé el comienzo del funcionamiento de los Plenos Regionales en un plazo no mayor a dieciocho meses, de acuerdo con lo estatuido en su artículo primero transitorio que, en lo conducente, dice:
"Primero. ...
"I. ...
"II. Las disposiciones relativas a los Plenos Regionales en sustitución de los Plenos de Circuito, entrarán en vigor en un plazo no mayor a 18 meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, de conformidad con los acuerdos generales que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal."
SEGUNDO.—Legitimación del denunciante. La denuncia proviene de parte legítima,(2) como lo es el apoderado general para pleitos y cobranzas de la sociedad recurrente en la queja 29/2022, del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, según se demuestra con la sentencia autorizada con firma electrónica que se anexa al escrito de cuenta.
TERCERO.—Criterios contendientes.
A. Ejecutoria del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.
Antecedentes:
Demanda de amparo indirecto:
La sociedad anónima de capital variable demandada en el juicio mercantil ordinario de origen, por conducto de su apoderado, promovió demanda de amparo indirecto en la que reclamó del Juez Quinto Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, entre otros, los siguientes actos:
• La resolución de fecha ocho de marzo de dos mil veintiuno, dictada en un juicio mercantil ordinario, que accedió a la petición de la actora de admitir el incidente innominado de cumplimiento sustituto de la sentencia y, con el fin de asegurar su cumplimiento, decretó como medida cautelar la retención de cuentas bancarias, con sustento en el artículo 1175 del Código de Comercio, así como la emisión de los oficios tendentes a su ejecución.
Actos respecto de los cuales, solicitó al Juez de Distrito decretara la suspensión provisional y, posteriormente, definitiva, a efecto de que las cosas se restablezcan al modo en el que se encontraban antes de la ejecución de los actos reclamados y, por lo tanto, se dejara sin efectos la medida de retención de cuentas, permitiendo al quejoso disponer libremente del numerario existente en cualesquiera de sus cuentas.
Suspensión provisional:
En auto de siete de abril de dos mil veintiuno, el Juez Decimosegundo (sic) de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, negó la suspensión provisional solicitada, por las siguientes razones preponderantes:
1) No se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, ya que de accederse a lo solicitado, la suspensión tendría efectos restitutorios, propios de la sentencia de amparo. Medida que sólo puede otorgarse de manera excepcional, en aras de proteger al interés social, lo que en el caso no se actualiza, pues se está ante un interés particular.
2) La providencia precautoria otorgada en el juicio natural no puede ser materia de suspensión, por tratarse de una medida cautelar.
3) La retención de bienes reclamada sólo puede analizarse desde el punto de vista de la legalidad y, por lo tanto, de analizarse al resolver sobre la procedencia de su suspensión, si reúnen o no los requisitos establecidos para su otorgamiento, o si se da o no el supuesto establecido en el artículo 1175 del Código de Comercio, se resolverían cuestiones propias de la sentencia de amparo.
4) De otorgarse la suspensión solicitada, se trastocaría el orden público y el interés social, pues ello equivaldría a suspender la resolución del incidente de cumplimiento sustituto interpuesto para lograr la ejecución de la sentencia que condenó a la quejosa, pues la sociedad tiene interés en que no se entorpezca la ejecución de las sentencias.
Recurso de queja:
Inconforme con esa determinación, el apoderado de la parte quejosa interpuso recurso de queja, el cual amplió en escrito posterior, en el que hizo valer como agravios, medularmente, que sí procedía el otorgamiento de la suspensión en los términos solicitados, con base en lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley de Amparo, que permite darle efectos restitutorios de derechos; que el acto reclamado sí puede ser objeto de suspensión, aun cuando se trate de una medida cautelar, y que erróneamente se consideró que, al resolverse sobre la suspensión, no puede analizarse si previo a concederse la medida cautelar controvertida –de retención de bienes–, se reunieron los requisitos establecidos para su otorgamiento, o si se da el supuesto establecido en el artículo 1175 del Código de Comercio, puesto que se resolverían cuestiones propias de la sentencia.
Resolución del recurso:
El referido Quinto Tribunal Colegiado estimó fundados los agravios expuestos, con base en las consideraciones que enseguida se sintetizan:
a. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia 1a./J. 21/2016 (10a.)(3) de la Primera Sala del Alto Tribunal, es jurídica y materialmente posible dar efectos restitutorios a la suspensión, puesto que la suspensión anticipa los efectos protectores del amparo, constituyéndose en un amparo provisional o provisorio, en tanto se dicta la sentencia correspondiente.
b. Opuesto a lo sostenido en la resolución recurrida, conforme a la diversa jurisprudencia 1a./J. 53/2017 (10a.), de la propia Primera Sala del Alto Tribunal, sí es posible otorgar la suspensión contra medidas cautelares dictadas en procesos civiles o mercantiles, ya que la Ley de Amparo privilegia la libertad judicial para que, en el caso concreto, se analicen todas las particularidades y se evalúe si procede concederla, mediante la ponderación del buen derecho y la no afectación al interés social.
c. Acierta la inconforme cuando arguye que en el auto recurrido erróneamente se consideró que, al resolverse sobre la suspensión, no puede analizarse si previo a concederse la medida cautelar controvertida (retención de bienes), se reunieron los requisitos establecidos para su otorgamiento, o si se da el supuesto establecido en el artículo 1175 del Código de Comercio, puesto que se resolverían cuestiones propias de la sentencia de amparo.
Contrario a lo sostenido en el auto impugnado, el órgano jurisdiccional, al resolver sobre la suspensión, está obligado a realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, mediante el examen preliminar que se hace del fondo del asunto, a fin de determinar la probabilidad de la inconstitucionalidad del acto reclamado, pero sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, ya que eso sólo puede determinarse en la sentencia de amparo, con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, estudio que ineludiblemente implicaría analizar si se reunieron o no, los requisitos establecidos para el otorgamiento de la providencia precautoria controvertida y si se configura el supuesto previsto en el artículo 1175 del Código de Comercio, para su concesión.
d. Estimó fundado el agravio relativo a que equivocadamente se consideró que de otorgarse la suspensión solicitada se trastocaría el orden público y se causaría perjuicio al interés social.
Así, al haber considerado fundados los agravios sometidos a su consideración, el Quinto Tribunal Colegiado en cita analizó los requisitos para proveer sobre la suspensión provisional solicitada, los cuales estimó colmados; empero, sin plasmar un estudio de la apariencia del buen derecho, concluyó que no era procedente conceder la suspensión para los efectos solicitados (a fin de levantar la orden de retención de cuentas bancarias), en virtud de que se estarían dando efectos restitutorios plenos, propios de la sentencia de amparo, ya que de proceder de esa manera se permitiría a la recurrente disponer libremente del dinero depositado en las cuentas bancarias objeto de la retención, con lo cual, incluso, se dejaría sin materia el juicio de amparo en lo principal.
Por consiguiente, declaró fundado el recurso de queja y concedió la suspensión provisional para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban, precisando que ello implicaba que los fondos de las cuentas aseguradas debían permanecer en depósito de las instituciones crediticias hasta tanto se resolviera sobre la suspensión definitiva.
B. Criterio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.
Antecedentes:
Demanda de amparo:
Por medio de demanda de amparo biinstancial presentada en línea, la sociedad demandada en el juicio oral mercantil de origen, a través de su apoderado, reclamó del Juez Décimo Primero en Materia Oral Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, entre otros, los siguientes actos:
• La resolución de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio oral mercantil incoado en contra de la quejosa, a través de la cual se decretó la medida cautelar de retención de cuentas bancarias, así como su ejecución y la aplicación del artículo 118 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.
Actos respecto de los cuales solicitó la suspensión provisional, para el efecto de que se permitiera a la quejosa disponer de los fondos de sus cuentas bancarias congeladas.
Suspensión provisional:
En auto de siete de enero de dos mil veintidós, el Juez Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, concedió la suspensión solicitada, para el efecto de que se efectúe el desbloqueo para la libre disposición de las cuentas bancarias congeladas, únicamente por la cantidad que excede del monto necesario para garantizar el pago de las prestaciones demandadas.
Lo anterior, con base en las siguientes razones preponderantes:
1) Con fundamento en los artículos 125, 128, 133 y 147 de la Ley de Amparo, se satisfacen los requisitos para otorgar la suspensión del acto reclamado, al haberlo solicitado la parte agraviada y por ser necesario para conservar la materia del cuaderno principal. Aunado a que con su otorgamiento no se contravienen disposiciones de orden público, ni se sigue perjuicio al interés social y, en caso de ejecutarse los actos reclamados, serían de difícil reparación los daños y perjuicios que se ocasionarían a la peticionaria de amparo.
2) La inconstitucionalidad que se aduzca bajo la apariencia del buen derecho, debe ser considerando que la pretensión que constituye el objeto de la medida cautelar, no puede depender de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un conocimiento periférico o superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad, respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso.
3) La afectación que resultaría a la parte quejosa sería mayor a la que se pudiera ocasionar al interés social, pues al retener las cuentas bancarias que defiende, se concreta en un perjuicio para aquélla, respecto del derecho que indiciariamente podría tener respecto de las mismas, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en defensa de sus derechos.
4) De concederse la suspensión para el efecto de que se descongelen las cuentas de inmediato, por un lado implica el riesgo de dejar sin materia el juicio mercantil de origen, pues las medidas cautelares están dirigidas, precisamente, a preservarla, hasta tanto se resuelve en definitiva; y, por otro, porque otorgar la suspensión para que se permita la inaplicación temporal de aquella medida precautoria, no sería restablecer provisionalmente a la parte quejosa en los derechos que aduce violentados, sino que equivaldría a una restitución definitiva, propia de la sentencia que en su caso conceda el amparo.
Recurso de queja:
Inconforme con esa determinación, el apoderado de la quejosa interpuso recurso de queja, en el que hizo valer como agravios, en lo que a esta ejecutoria interesa:
Que el resolutor federal, al momento de resolver sobre la procedencia de la suspensión solicitada, realizó un deficiente análisis de la apariencia del buen derecho, al no haber hecho un examen exhaustivo del material probatorio exhibido, del que se advierte la naturaleza de la relación existente entre la recurrente y la parte tercera interesada; la forma en la que ésta se desarrollaba, así como la falsedad de los hechos que motivaron la demanda natural.
Que la peticionaria de amparo no tiene responsabilidad en los reclamos que le atribuyen en el juicio de origen.
Que la demanda de origen no se basa en un crédito líquido y exigible que pueda ser sustento de la medida cautelar reclamada; sino que deriva de una acción de rescisión de contrato de prestación de servicios, así como de daños y perjuicios; por lo que aquélla se constituirá sólo en caso de que sea condenada la demandada y hasta la etapa de ejecución de sentencia, previo desahogo del incidente de liquidación correspondiente.
Que el Juez de Distrito omitió realizar un estudio de los fundamentos y motivos de los actos reclamados, así como de la demanda de derechos fundamentales, para definir su ilegalidad. En otras palabras: que es necesario que el Juez de amparo analice si la medida cautelar fue emitida ilegalmente o no, y decidir sobre «la» probabilidad de éxito de la demanda constitucional, para lo cual debió analizar el origen, naturaleza y alcances de la providencia reclamada.
Que el resolutor federal debió observar que la medida reclamada haya sido emitida en términos de los artículos 1168 y 1175 del Código de Comercio, los cuales establecen los requisitos para su procedencia, entre los que se encuentra la existencia de un crédito líquido y exigible en favor del solicitante. De ahí que, si se demostró que no existe tal crédito, debe entenderse que la providencia precautoria es ilegal y, por ello, resulta procedente la suspensión en los términos pretendidos.
Resolución del recurso:
El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Tercer Circuito desestimó los agravios reseñados, con base en los siguientes argumentos jurídicos:
a. En el caso en particular, no asiste razón a la parte disconforme, en virtud de que, atendiendo a la etapa procesal en la que se ubica el juicio constitucional, el juzgador federal no estaba vinculado a realizar un análisis exhaustivo de lo expuesto en el escrito inicial de demanda de amparo, en relación con el material probatorio aportado, pues el estudio de la apariencia del buen derecho, únicamente parte de un conocimiento periférico o superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad, respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, pero de ninguna manera en los términos pretendidos por el disidente, dado que será en la sentencia cuando el juzgador, atendiendo al material probatorio propuesto por las partes, resuelva en definitiva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la medida cautelar reclamada.
b. En la jurisprudencia P./J. 15/96,(4) proveniente de la contradicción de tesis 3/95, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que para resolver sobre la suspensión, el operador jurídico debe obtener un conocimiento periférico o superficial del acto reclamado, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso; por lo que su concesión no puede depender de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el procedimiento principal. c. La Segunda Sala del Alto Tribunal reiteró lo anterior, al resolver la contradicción de tesis 31/2007-PL, que generó la jurisprudencia 2a./J. 204/2009(5) y, posteriormente, la Primera Sala del propio Alto Tribunal también lo hizo al decidir la contradicción de tesis 139/2016, de la que emanó la diversa jurisprudencia 1a./J. 53/2017 (10a.).(6)
d. De acuerdo con la doctrina jurisprudencial, el estudio de la apariencia del buen derecho únicamente consiste en un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho alegado por el interesado, pero de ninguna manera puede implicar el análisis de la constitucionalidad de los actos que se reclaman, el cual sólo está reservado para la sentencia que se emita en el juicio de amparo, con base en las pruebas que se hubieran aportado.
e. De manera que, si en el caso específico que se estudia, la pretensión de la parte recurrente consiste, esencialmente, en que para obtener la suspensión de los actos reclamados deben analizarse las actuaciones del juicio de origen, así como las pruebas que aportó con su demanda y, con base en esto, determinar, incluso preliminarmente, que no se reunieron los requisitos previstos en los artículos 1168 y 1175 del Código de Comercio, para emitir el acto reclamado; sin embargo, la valoración de esos puntos excede el estudio preliminar y superficial que debe realizarse sobre la verosimilitud del derecho que se defiende.
f. Para la concesión de la medida suspensional debe ponderarse la apariencia del buen derecho y, en el supuesto sometido a escrutinio en ese recurso, dicho elemento no se puede construir a partir de argumentos tendentes a combatir la constitucionalidad de los actos reclamados.
g. En tanto que, en el caso específico, los aspectos que invoca la parte quejosa como sustento de su petición de suspensión provisional involucran cuestiones de fondo y no un mero asomo a la constitucionalidad de los actos reclamados; de ahí lo infundado de sus argumentos y lo inaplicable de los criterios que cita.
h. Aunado a que si la retención de cuentas bancarias materia del acto reclamado ya se materializó, es jurídicamente inviable pretender mediante la suspensión, dejar sin efectos dicha determinación y, por ende, la libre disposición del numerario contenido en las cuentas correspondientes, pues equivaldría a darle efectos restitutorios a la suspensión, dejando sin materia el juicio de origen, cuando esto es propio de la sentencia que se dicte en el juicio de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo.
Razonamientos con base en los cuales, el Sexto Tribunal Colegiado declaró infundado el recurso de queja a que se viene haciendo referencia.
CUARTO.—Existencia de la contradicción de criterios. En el caso se satisfacen los requisitos de existencia de la contradicción de criterios precisados en la jurisprudencia 1a./J. 22/2010,(7) por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; a saber:
a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta acerca de si la manera de abordar la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Precisados los requisitos en cuestión, enseguida se detalla porqué se estiman colmados cada uno de ellos.
Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial.
Los órganos colegiados contendientes, al resolver los asuntos que les fueron presentados, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada.
El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en la ejecutoria relativa al recurso de queja 69/2021-I, otorgó la razón a la parte recurrente, en cuanto a que al resolverse sobre la suspensión, puede analizarse si previo a concederse la medida cautelar controvertida (retención de bienes), se reunieron los requisitos establecidos para su otorgamiento, o si se da el supuesto establecido en el artículo 1175 del Código de Comercio.
Así, el órgano jurisdiccional, al resolver sobre la suspensión, está obligado a realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, mediante el examen preliminar que se hace del fondo del asunto, a fin de determinar la probabilidad de la inconstitucionalidad del acto reclamado, pero sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, ya que eso sólo puede determinarse en la sentencia de amparo, con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, estudio que ineludiblemente implicaría analizar si se reunieron o no los requisitos establecidos para el otorgamiento de la providencia precautoria controvertida y si se configura el supuesto previsto en el artículo 1175 del Código de Comercio, para su concesión.
Por su parte, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo Tercer Circuito expuso que aun cuando para la concesión de la suspensión del acto reclamado, consistente en la retención de cuentas bancarias de la quejosa, debe ponderarse la apariencia del buen derecho, la pretensión del recurso sometido a estudio, más bien consistía en que se analizara la materia del juicio de amparo principal, a la luz de los hechos y pruebas hechos valer en el mismo, y no un mero asomo a la constitucionalidad de los actos reclamados, puesto que la recurrente insistía en que debía realizarse un análisis exhaustivo de los requisitos previstos en los artículos 1168 y 1175 del Código de Comercio, relativos a la procedencia de la medida cautelar tachada de inconstitucional.
Lo que demuestra que los indicados tribunales, al resolver las cuestiones litigiosas sometidas a su potestad, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial para establecer los alcances de la figura jurídica de la apariencia del buen derecho, al resolver sobre la suspensión provisional de los actos reclamados que se hicieron consistir, en los casos específicos analizados, en la medida cautelar de retención de bienes (cuentas bancarias), dictada en juicios mercantiles.
Segundo requisito: Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos.
En ilación con lo anterior, es dable concluir que los indicados Tribunales Colegiados de Circuito emitieron consideraciones opuestas respecto de un punto jurídico específico: la medida del análisis de la apariencia del buen derecho, al revisar la procedencia de la suspensión provisional del acto reclamado que, en ambos supuestos, se hizo consistir en la providencia precautoria de retención de bienes (cuentas bancarias), dictada en juicios mercantiles.
Es así, porque el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito considera que la medida ese (sic) análisis de la apariencia de la constitucionalidad del mencionado acto reclamado, implica analizar si se reunieron o no los requisitos establecidos para el otorgamiento de la providencia precautoria reclamada o si se da o no, el supuesto establecido en el artículo 1175 del Código de Comercio.
En tanto que el Sexto Tribunal Colegiado de la misma materia y Circuito estimó que el estándar valorativo del acto reclamado, bajo el análisis de hechos y valoración de pruebas solicitado por la sociedad inconforme en el recurso de queja sometido a su consideración, en los términos específicamente propuestos, rebasaba la medida del examen de la apariencia del buen derecho, al pretender el estudio exhaustivo de la materia de los conceptos de violación esgrimidos en la demanda de amparo, sobre la falta de satisfacción de los requisitos establecidos para el otorgamiento de la providencia precautoria reclamada.
Lo que pone de manifiesto el diferendo de criterios sobre un mismo punto jurídico: si en observancia de la figura jurídica de la apariencia del buen derecho, al resolver si procede la suspensión provisional, debe hacerse el escrutinio de los preceptos legales que prevén los supuestos y requisitos para que proceda la medida cautelar de retención de bienes en un juicio mercantil.
Sin que sea obstáculo para arribar a la conclusión anterior, la circunstancia de que el Sexto Tribunal Colegiado precisó que "en el presente caso", no era jurídicamente viable analizar si el acto reclamado satisfacía los requisitos previstos en los artículos 1168 y 1175 del Código de Comercio, como lo pretendía la empresa recurrente a través de sus agravios; pues lo trascendente para determinar la existencia de la contradicción de criterios es que se configure un punto de toque que revele las posturas antagónicas de los órganos jurisdiccionales, respecto de un mismo tema o figura jurídica.
Punto de toque que, como se sostuvo previamente, en los criterios contendientes se actualiza, respecto de la consideración del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en el siguiente sentido:
"Acierta la inconforme cuando arguye que, en el auto recurrido, erróneamente se consideró que, al resolverse sobre la suspensión, no puede analizarse si previo a concederse la medida cautelar controvertida (retención de bienes), se reunieron los requisitos establecidos para su otorgamiento, o si se da el supuesto establecido en el artículo 1175 del Código de Comercio, puesto que se resolverían cuestiones propias de la sentencia de amparo. ...
"... estudio que ineludiblemente implicaría analizar si se reunieron o no, los requisitos establ
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30753-7d91210e/apariencia-del-buen-derecho-la-facultad-del-juez · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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