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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA PROVIDENCIA CAUTELAR DE RETENCIÓN DE CUENTAS BANCARIAS DECRETADA EN UN PROCEDIMIENTO MERCANTIL EN EL CUAL SE DEMANDÓ A UNA PERSONA MORAL Y A SU SOCIO, PARTE QUEJOSA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 88/2023. · Registro digital (IUS): 32546
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-06-28
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Junio de 2024, Tomo III, Pág.3461.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 88/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 24 DE NOVIEMBRE DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA MARTHA LETICIA MURO ARELLANO Y DE LOS MAGISTRADOS HÉCTOR MARTÍNEZ FLORES Y CUAUHTÉMOC CUÉLLAR DE LUNA, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE. PONENTE: MAGISTRADA MARTHA LETICIA MURO ARELLANO. SECRETARIA: ALMA ELIZABETH HERNÁNDEZ LÓPEZ.

PRESUPUESTOS PROCESALES

10. PRIMERO.—Competencia del Pleno. Este Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios. El fundamento es lo previsto en los artículos: 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 2 del Acuerdo General 108/2022; 8 y 14 fracción I, del Acuerdo General 67/2022 [Anexo 1].

Ver legislación

Su motivación se da en razón de que se trata de una contradicción de criterios entre tribunales colegiados en materia civil, que es la especialidad del órgano resolutor y pertenecen a la región en la que este Pleno Regional ejerce jurisdicción [Anexo 2].

Ver mapa

11. SEGUNDO.—Legitimación del denunciante. La denuncia proviene de parte legítima. Fue planteada por el apoderado del recurrente(3) en la queja 341/2023 del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que participa en esta contienda, carácter reconocido en la resolución respectiva.(4) Facultad que le confieren los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo [Anexo 3].

Ver legitimación

12. TERCERO.—Requisitos de existencia de la contradicción de criterios. Para determinar si el caso a resolver cumple con los presupuestos de existencia de la contradicción de criterios, debe precisarse la doctrina jurisprudencial del Máximo Tribunal. A ese respecto destacan los siguientes requisitos y/o lineamientos:

a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Que en esos ejercicios interpretativos se encuentre algún punto de conexión, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea sobre el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; habiéndose resuelto en forma discrepante.

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.(5)

d) Que no es necesario que las cuestiones fácticas que rodean los casos de los que emanan los criterios contendientes sean exactamente iguales, ya que las particularidades de cada asunto no siempre resultan relevantes y pueden ser sólo adyacentes, debiéndose privilegiar en tal supuesto, la función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.(6)

e) Que para el análisis de las ejecutorias y la consecuente determinación sobre la existencia de la contradicción, no es indispensable ni exigible que los criterios sustentados por los órganos jurisdiccionales contendientes constituyan jurisprudencia debidamente integrada. (7)

13. CUARTO.—Criterios denunciados. Contexto.

14. Los asuntos que participan en esta contradicción, todos derivan del mismo juicio de origen, se trata de amparos promovidos por tres de los codemandados en el juicio natural, tienen en común los antecedentes que enseguida se narran:

15. Antecedentes.

15. 1. Una sociedad mercantil, en la vía mercantil ejecutiva, por medio de su endosatario en procuración, ejerció acción cambiaria directa en contra de una persona moral como deudora principal y tres personas físicas como accionistas. En la propia demanda se solicitó como medida precautoria la retención de dinero depositado en cuentas bancarias de la persona moral y de los socios codemandados.

15.2. La demanda fue turnada al Juez natural, en el acuerdo de radicación decretó medida cautelar de aseguramiento de cuentas bancarias en contra de los accionistas, entre otros.

15.3. Ese acto y más, se reclamó en amparo indirecto por cada uno de los codemandados personas físicas, socios de la moral enjuiciada, de forma independiente, lo que dio lugar a la radicación de juicios de amparo, todos ante el mismo órgano Federal (expedientes 2332/2022, 2338/2022 y 2339/2022).(8)

15.4. En el juicio natural, a petición de uno de los codemandados, el Juez responsable levantó el embargo precautorio y ordenó girar oficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a diversas instituciones bancarias, para el levantamiento del aseguramiento sobre las cuentas bancarias de los codemandados personas físicas, excepto de la sociedad mercantil. También decidió que el juicio debía continuarse únicamente en contra de la persona jurídica y de una accionista, no así en contra del quejoso y sus codemandados señalados en la demanda mercantil, por no contar éstos con la calidad de accionistas de la persona jurídica.

15.5. Contra esa determinación la parte actora interpuso recurso de apelación y el Tribunal de alzada reformó el acuerdo recurrido y, en su lugar pronunció otro, en el cual, en lo que interesa ordenó que continuaran vigentes los efectos de las providencias precautorias, así como el embargo precautorio, hasta que se resolviera en definitiva la petición de uno de los diversos codemandados con relación a la modificación de dichas medidas.

16. Los solicitantes de amparo ampliaron la demanda y señalaron como acto reclamado esa decisión. El juez de Distrito por una parte concedió la suspensión provisional para los siguientes efectos:

"A. Respecto del aseguramiento de cuentas bancarias: • Para que, derivado de la resolución de la Cuarta Sala, el Juez que conoce del juicio natural ordene se levante la medida cautelar de aseguramiento de la cuenta, únicamente por el importe que exceda a la cantidad materia de las medidas, para lo cual debe girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. • El Juez deberá supervisar, que de las cuentas del quejoso únicamente se asegure la cantidad que garantiza la medida cautelar, debiendo liberar el excedente.

"B. Respecto de la orden de requerimiento y embargo (auto de exequendo): • Para el efecto de que, pudiendo continuarse con la secuela procesal, no se ejecute el embargo sobre bienes propiedad del quejoso, si es que ello aún no se verifica. • Para el caso de que ya se haya ejecutado el secuestro judicial, el efecto de la suspensión será que no se lleve a cabo la orden de escrituración o la entrega del bien al adjudicatario, tratándose de inmuebles; y de ser bienes muebles, éstos no se transmitan o facturen a terceras personas, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva."

17. Por otra, denegó la pretensión de otorgar la suspensión para que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban, consideró que de hacerlo, implicaría que no se continúe con el trámite del juicio de origen, lo que afectaría no sólo al interés general, sino que se contravendría además, lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal. Asimismo, de concederse para el efecto de que la parte quejosa disponga libremente de sus cuentas, implicaría correr el riesgo de dejar sin materia el juicio de origen, siendo que la legalidad de las medidas constituye un estudio propio del fondo.

18. Esa determinación se recurrió en las tres resoluciones de queja que aquí contienden.

Primer postura

19. Del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, al resolver el recurso de queja 328/2023,(9) derivado del incidente de suspensión del juicio de amparo indirecto 2332/2022 del índice del Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan.

20. Razonamientos.

20.1. Los argumentos esenciales se sintetizan:

20.2. El Juez de Distrito no omitió decidir la suspensión provisional respecto del acto reclamado en ampliación. Declaró improcedente la medida, por implicar a detención del procedimiento y contravenir disposiciones de orden público, a más de dejar sin materia las providencias precautorias. Consideraciones que se advierten correctas.

20.3. En el caso, no es posible el otorgamiento de la suspensión para que las cosas se mantengan en el estado que guardan, porque se afectaría el interés general, ya que implica paralizar el procedimiento que es de orden público.

20.4. Su pretensión conlleva un efecto restitutorio, propio de una sentencia protectora en el amparo. Implica, por sus efectos, el levantamiento de la medida precautoria, que es lo que se busca con el amparo. Si este se negara no sería posible restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la suspensión. No sería factible a esas fechas, liberar sus efectos y que para entonces se aseguren las cuentas bancarias, porque todo el tiempo que permaneciesen libres puede ser dilapidado el numerario asegurado y dejar sin materia tales medidas cautelares cuya naturaleza es proteger que no se quede sin materia el juicio de origen.

20.5. En la suspensión provisional debe considerarse que no se deje sin materia el fondo del asunto, pero no efectos constitutivos de derechos. En el caso particular se reclama la declaratoria de subsistencia de medidas cautelares, pues el fondo del juicio constitucional es, precisamente, determinar si esa decisión es o no correcta. Restringir o prohibir los derechos declarados en la resolución reclamada no es propio de la suspensión, con independencia de lo que arroje el análisis de fondo del amparo.

20.6. El análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho no alcanza para los efectos suspensorios que pretende la parte quejosa porque implica que se deban atender a las consideraciones que sustentan la de primera instancia que fue objeto del recurso de apelación; lo cual no tiene asidero jurídico. En la sentencia de amparo se habrá de examinar si esas consideraciones de la Sala responsable son o no apegadas a derecho.

20.7. Sin que sea óbice a lo anterior, lo resuelto por el Pleno Civil de este Tercer Circuito, en la jurisprudencia que invoca el recurrente, porque el ejercicio ponderativo tiene como eje rector que las ilegalidades de los actos reclamados salten a la vista al imponerse de la demanda y de sus pruebas, con base en una mera probabilidad y no certeza. Sin que amerite una valoración propia del fondo del asunto. Además de que las circunstancias de cada caso son las que determinarán si es posible analizar si se reúnen o no los requisitos legales para la subsistencia de las medidas cautelares.

Segunda postura

21. Del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con sede en Zapopan, Jalisco, al resolver los recursos de queja 341/2023 y 345/2023,(10) que surgen de los incidentes de suspensión 2338/2022-8(11) y 2339/2022-9,(12) ambos de la estadística del Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan.(13)

21. 1. Las consideraciones substanciales se resumen:

Asiste razón al quejoso ahora recurrente, cuando manifiesta que el juez de Distrito omitió pronunciarse respecto de los efectos de la resolución reclamada, soslayando realizar el análisis de la apariencia del buen derecho; de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad realiza el quejoso en la demanda de amparo, se aprecia que le asiste el carácter de demandado, en términos de lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La concesión de la suspensión provisional solicitada debe efectuarse para diversos efectos a los señalados en el auto combatido en queja.

21.2. En la especie se satisfacen los requisitos establecidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo; además no se contravienen disposiciones de orden público ni el interés social, que dispone el artículo 129 de la ley de la materia; de igual forma existe apariencia de buen derecho para ello.(14)

21.3. Del artículo 24 de la Ley General de Sociedades Mercantiles se advierte que la ejecución deberá realizarse primero en bienes de la sociedad y, para el caso de que éstos resulten insuficientes, se efectuará aquella en bienes de los socios demandados hasta el límite de sus aportaciones.(15)

21.4. Se consideran incorrectos los efectos de la suspensión provisional, en la forma fijada en el auto recurrido; no es dable que se inmovilicen sus cuentas bancarias para garantizar la totalidad del adeudo de origen; sino que, dicha retención debe realizarse sobre el numerario que reste de aquel que hubiere sido garantizado con los bienes de la persona jurídica deudora y suscriptora del pagaré basal; además, la referida retención debe efectuarse hasta el monto de las aportaciones del impetrante en la sociedad enjuiciada, debidamente formalizadas a la fecha de suscripción del pagaré fundatorio de la acción; sin perjuicio de que de aportarse mayores elementos en cuanto al monto de las aportaciones, su quantum podrá ajustarse al resolverse la suspensión definitiva.

21.5. En esas condiciones, se concede la suspensión provisional, para efecto de que se retenga de las cuentas a nombre del quejoso, el numerario que, en relación al adeudo reclamado en el sumario natural reste de aquel que hubiere sido garantizado con los bienes de la persona moral deudora y suscriptora del pagaré basal; en el entendido, que la referida retención debe efectuarse hasta el monto de las aportaciones del impetrante en la sociedad enjuiciada, debidamente formalizadas a la fecha de suscripción del pagaré fundatorio de la acción; sin perjuicio de que de aportarse mayores elementos en cuanto al monto de las aportaciones, su quantum podrá ajustarse al resolverse la suspensión definitiva.

22. QUINTO.—Existencia de la contradicción de tesis. En este apartado se realiza un examen comparativo de los datos que informan el caso con los requisitos de existencia de la contradicción de criterios a fin de verificar si se configuran en su totalidad. Se explica.

23. Primer requisito. Ejercicio interpretativo de la norma o de una figura jurídica.

24. Este requisito se cumple, porque los dos tribunales Colegiados discrepantes se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial para determinar sobre la suspensión del acto reclamado y la apariencia del buen derecho, a la luz del orden público e interés social.

25. Segundo requisito. Punto de toque y diferendo de criterios.

26. Resulta necesario realizar un contraste del desarrollo argumentativo efectuado por parte de los Tribunales Colegiados contendientes:

Ver argumentos

27. De los antecedentes y datos que preceden se advierte que ambos Tribunales partieron de la misma problemática: procede o no conceder, con efectos restitutorios, la suspensión provisional de la medida cautelar de retención de bienes (cuentas bancarias) decretada contra los socios, demandados en un juicio mercantil junto con la persona moral, en términos del artículo 24 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

28. Y sostuvieron criterios divergentes al considerar, el Primer Colegiado, que resultaba improcedente conceder la suspensión con efectos restitutorios, por ser ello constitutivo de derechos y propio de la sentencia de fondo, que la apariencia del buen derecho no alcanza para el efecto solicitado; mientras que el Quinto Colegiado, concedió la medida cautelar con fundamento en el citado numeral 24, para que la retención de bienes (cuentas bancarias) reclamada, solo afectara el numerario restante al garantizado con bienes de la persona jurídica deudora y hasta el monto de las aportaciones del socio quejoso.

29. Así, puede establecerse dos posturas opuestas.

Ver posturas

30. De lo reseñado se deduce que los órganos contendientes conforman dos bloques de conclusiones encontradas. Una de ellas, afirma que la suspensión del amparo instado por el socio codemandado junto la persona moral en un juicio mercantil, es procedente con los efectos restitutorios consistentes en que, la retención de bienes se levante por el excedente garantizado con bienes de la persona moral deudora y hasta el monto de las aportaciones del socio quejoso. La otra sostiene lo opuesto, que es improcedente la medida suspensional con efectos restitutorios.

31. Tercer requisito. Pregunta que detona la existencia de la contradicción de criterios. Ante la divergencia precisada, el tema a dilucidar en la presente contradicción de criterios parte del siguiente cuestionamiento: ¿Es posible conceder la suspensión provisional, con efectos restitutorios, cuando se reclama la medida cautelar de retención de bienes (cuentas bancarias) decretada en un procedimiento mercantil, en el cual se demandó a una persona moral y a su socio quejoso?

32. Cuarto requisito. Las cuestiones fácticas, no es necesario que sean exactamente iguales, como se anticipó, en el caso existe identidad entre los hechos que conforman el problema jurídico a resolver, se trató del mismo planteamiento en el amparo indirecto y en los recursos de queja que participan en esta contienda, de modo que converge un punto de toque.

33. Quinto requisito. La existencia de la contradicción, no se encuentra supeditada a que los criterios sustentados por los tribunales colegiados contendientes constituyan jurisprudencia debidamente integrada.

34. De las ejecutorias denunciadas se advierte, que las ejecutorias contendientes no dieron lugar a la emisión de jurisprudencia y/o tesis, lo que resulta irrelevante para determinar que existen dos posicionamientos divergentes en su criterio, porque subsiste una problemática que resolver.

35. SEXTO.—Observación previa. Constatada la existencia de la contradicción es necesario hacer una primera precisión: la presente contradicción no queda sin materia, ni resulta improcedente por la existencia de las siguientes jurisprudencias:

Ver jurisprudencias

36. Como puede apreciarse, tanto la Suprema Corte, como el Pleno del Tercer Circuito abordaron problemas jurídicos estrechamente relacionados con el que se plantea en la presente contradicción. La interpretación de esos criterios que establecen pautas generales dieron lugar a las posturas encontradas. Se toman como guía para resolver la materia de la presente controversia, que tiene que ver, exclusivamente, con la medida suspensional provisional cuando se reclama por parte del socio codemandado, la retención de bienes (cuentas bancarias) en su contra. Es indudable que el ámbito de aplicación de esos precedentes vinculantes no constituye un criterio decisorio para el problema que ahora nos ocupa, tan es así, que los Colegiados resolvieron en sentido opuesto, basándose en ellos. Todo lo cual conlleva a emitir una resolución de fondo en el presente caso.

37. SÉPTIMO.—Decisión. Este Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur determina que debe prevalecer el criterio sustentado en esta resolución.

38. Para arribar a la decisión se seguirá la siguiente metodología: I. Efectos restitutorios. II. Suspensión de medidas cautelares y III. Decisión. Es procedente conceder la suspensión provisional, con efectos restitutorios, en el supuesto que se reclame la medida cautelar de retención de bienes (cuentas bancarias) decretada en un procedimiento mercantil, en el cual se demandó a una persona moral y al socio quejoso. 39. El análisis se realiza a partir de la línea jurisprudencial establecida sobre los dos primeros temas.

I. Efectos restitutorios.

40. El artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal(16) prevé que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y forma previstos en la ley, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la buena apariencia del derecho y del interés social; así como a la observancia de los demás requisitos legales.

41. Por su parte, el precepto 147 de la Ley de Amparo(17) establece la posibilidad de dar efectos restitutorios a la suspensión, puesto que ésta anticipa la protección constitucional, restableciendo provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo.

42. Se advierte que los alcances de la suspensión en el ámbito jurídico actual no se limitan a la mera paralización del acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado precedentes con relación a este tópico de los "efectos restitutorios" o "amparo provisional". Entre los criterios paradigmáticos destacan:

- Las contradicciones de tesis 12/90 y 3/95, del Pleno del Alto Tribunal, en la primera sostuvo en esencia:

• El juzgador debe realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, que podrá cambiar al dictar la sentencia definitiva, pues el hecho de que anticipe la probable solución de fondo del juicio principal, es un adelanto provisional, sólo para efectos de la suspensión.

• Tal anticipación es posible porque la suspensión se asemeja, en el género próximo, a las medidas cautelares y le son aplicables las reglas de tales medidas, en lo que no se opongan a su específica naturaleza.

- Al resolver la diversa contradicción de tesis 3/95, añadió:

• La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora.

• El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado.

• En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información.

• Debe sopesarse con el perjuicio al interés social o al orden público, si es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión.(18)

43. La posibilidad de dotar de efectos totales o restitutorios a la suspensión en amparo, ha sido definida recientemente por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 338/2022, en sesión de doce de abril de dos mil veintitrés, estableció en lo conducente:

• El entendimiento del enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio" debe contextualizarse en que la concesión de la suspensión significa que su finalidad es que el órgano jurisdiccional esté en aptitud de proteger el derecho que la quejosa considera afectado. Es incorrecto considerar que el entendimiento del enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio" implica que el órgano jurisdiccional evite, a toda costa, que exista identidad entre los efectos de la suspensión y el de una sentencia favorable a los intereses de la quejosa.

• La importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora, por lo que por regla general será incorrecto sostener que se deberá negar la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal.

• La regla general es que la suspensión del acto reclamado es un beneficio transitorio, aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la quejosa, pues ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria.

• La excepción a esa regla se presenta cuando el beneficio de la medida cautelar sea definitivo y los efectos de la suspensión no se pueden retrotraer.

• Los parámetros que debe tomar en cuenta el juzgador para analizar la posibilidad de conceder la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, ante la eventualidad de que con su concesión se deje sin materia el juicio en lo principal, son los consistentes en que la restitución provisional de los derechos será transitoria en la medida que, en caso resolver de forma adversa a la quejosa, se esté en posibilidad de retrotraer los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo.(19)

44. Lo expresado hasta ahora conforma una línea jurisprudencial de la Corte –ver esquema 1– y una primera premisa que sirve de base para la solución de esta contradicción de criterios: es posible conceder la suspensión en amparo con efectos restitutorios, para ello debe considerarse que dicha restitución provisional de los derechos será transitoria en la medida que, en caso de resolver de forma adversa a la quejosa, se esté en posibilidad de retrotraer los efectos de la suspensión. Constituye la regla general, dada la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora.

Ver esquema

II. Suspensión de medidas cautelares.

45. Este planteamiento a dado lugar a múltiples pronunciamientos dentro del Circuito en controversia –Tercer– y por parte de la Suprema Corte, veamos el desarrollo de los precedentes:

46. En la contradicción de tesis 3/2016 –vinculante– el Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito definió:

• El sistema normativo en vigor plantea lograr que la suspensión sea eficaz, de modo que aun cuando el acto reclamado verse sobre una medida precautoria, siempre que ésta no vulnera el interés social, resulta válido su otorgamiento.

• Las medidas cautelares, atendiendo a los datos que informan un caso en particular y el contexto en que surgieron, pueden generar efectos que impacten la relación entre los particulares en ellas involucrados, y ocasionen a la parte quejosa, daños y perjuicios de difícil reparación, haciendo procedente el otorgamiento de la suspensión, sin que exista alguna disposición que lo prohíba.

• El ejercicio judicial respecto del otorgamiento de la suspensión, acorde con las circunstancias de un caso concreto, constituye una tarea obligada y compleja, de consiguiente, no puede fijarse una regla general de improcedencia de la medida suspensional respecto de determinados actos –providencia precautoria– esto coartaría la función decisoria del Juez, en contravención de la normativa constitucional y de la materia, en tanto se busca maximizar la efectividad de la medida suspensional en el juicio de amparo, sin dejar de lado el interés social.

• La naturaleza de acto reclamado, medida cautelar, es insuficiente para que el juzgador excluya de manera automática la posibilidad de hacer un análisis ponderado entre la apariencia del buen derecho y el interés social.

• El que se exija una caución para otorgar la providencia precautoria reclamada, no impide que ésta genere perjuicios de difícil reparación al ejecutado, pues:

a) Se fija con base en datos precarios que aporta el solicitante de la medida.

b) La caución se ocupa, únicamente, de los probables daños y perjuicios que se generen con el otorgamiento de la medida, sin tener en cuenta el derecho fundamental que se alega violado en el amparo.

c) El monto de la garantía puede ser motivo de disenso en la controversia constitucional.

d) El establecimiento de la fianza por parte de la autoridad responsable, no equivale al otorgamiento de la misma, el solicitante de la medida puede ser omiso en exhibirla, presentarla de forma incompleta, tardía o defectuosa.

• Tampoco es óbice el que la normativa común prevea la posibilidad de presentar una contrafianza para levantar la medida cautelar, porque:

a) La providencia precautoria puede afectar derechos fundamentales no estimables en dinero.

b) La posibilidad de un mecanismo que levante la providencia cautelar reclamada, en todo supuesto, puede dejar sin materia el juicio de amparo principal, tornándolo improcedente, pero no es un motivo para negar la suspensión.

• Uno de los criterios en controversia parte de considerar que no puede llevarse a cabo el análisis de la apariencia del buen derecho, pues ese examen es propio de la sentencia de amparo, argumento que cae por su base, e conforme al texto constitucional y la ley reglamentaria, la ponderación de ese aspecto con el interés social y el orden público, no sólo es posible, sino obligado, por su fuente.(20)

47. El mismo Pleno de Circuito resolvió la contradicción de tesis 7/2016 vinculante, retomó el estudio de la contradicción de tesis 3/2016 y determinó, en esencia:

• Cuando se solicita la suspensión provisional de la inminente ejecución de la orden de embargo o del auto de exequendo dictada en un juicio mercantil, para la certidumbre del acto reclamado debe atenderse a las manifestaciones de la quejosa que reclama la orden de embargo y/o auto de exequendo dirigida en su contra, sin especificar el bien sobre el que recae tal

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32546-c8d254a6/suspension-provisional-en-el-juicio-de-amparo-procede · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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