PROVIDENCIA PRECAUTORIA DE RETENCIÓN DE BIENES EN EL JUICIO MERCANTIL. LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO NO ESTÁN OBLIGADAS A GARANTIZAR LOS POSIBLES DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SU OTORGAMIENTO PUDIERA OCASIONAR.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 46/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO, EL PRIMERO, EL SEGUNDO, EL CUARTO, EL SÉPTIMO, EL NOVENO, EL DÉCIMO Y EL DÉCIMO QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y DE LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIA: ILEANA ZARINA GARCÍA MARTÍNEZ.
III. Competencia
22. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero, del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este Tribunal; y el artículo 86, segundo párrafo, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tratarse de una contradicción entre diversos Tribunales Colegiados y el Pleno de un Circuito y un Tribunal Colegiado de distinto Circuito, ambos especializados en materia civil.
IV. Legitimación
23. La denuncia de la presente contradicción de tesis proviene de parte legitimada, porque fue presentada por los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, cuyo criterio es uno de los contendientes, lo que actualiza el supuesto de legitimación previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal; y 227, fracción II, de la Ley de Amparo.
V. Inexistencia de la contradicción de criterios
24. Esta Primera Sala concluye que es inexistente la contradicción de tesis denunciada entre el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y los Tribunales Colegiados Primero, Segundo, Cuarto, Séptimo, Noveno, Décimo y Décimo Quinto, todos en Materia Civil del Primer Circuito, porque los criterios que sustentaron en las ejecutorias fueron superados por la determinación del Pleno de Circuito de la misma especialidad y Circuito.
25. Las Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación han sustentado que una contradicción de tesis es inexistente cuando los criterios en confronta no se encuentran vigentes, esto es, cuando fueron interrumpidos, modificados o superados.(7)
26. Lo anterior es congruente con lo resuelto por esta Primera Sala en el sentido de que la "contradicción" debe entenderse no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica, lo que está más ligado con el fin que con el medio y, por tanto, su esencia radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de esa seguridad jurídica que en comprobar se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los contendientes.(8)
27. El artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(9) estatuye la competencia exclusiva de los Plenos de Circuito para conocer y resolver sobre contradicciones de tesis suscitadas entre Tribunales Colegiados de un mismo Circuito (no especializados o especializados en una misma materia) a fin de que decida la tesis que debe prevalecer, con la finalidad de homogenizar criterios hacia el interior de los Circuitos y evitar que se decidan cuestiones distintas para casos iguales.
28. Por su parte, el artículo 41-Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que tales órganos se componen por los Magistrados adscritos a los Tribunales Colegiados del Circuito respectivo o, en su caso, por sus presidentes, en términos que establezcan los acuerdos generales que emita el Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a las circunstancias particulares de cada Circuito Judicial.(10)
29. Además, en términos del artículo 217, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito resulta obligatoria, entre otros, para los Tribunales Colegiados que se ubiquen dentro del Circuito correspondiente.(11)
30. Ahora, en sus respectivas ejecutorias, los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito sustentaron como criterio fundamental que las instituciones de crédito sí están obligadas a exhibir la garantía de los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionar a su contraparte cuando soliciten –como acto prejudicial o en juicio mercantil– la autorización de una medida precautoria de retención de bienes, de conformidad con el artículo 1175, fracción V, del Código de Comercio, al margen de lo previsto en el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito.
31. Dichos fallos fueron dictados en fechas previas a que el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito resolviera la contradicción de tesis 9/2019 y, al rendir los informes que les fueron requeridos, algunos tribunales informaron que el criterio sustentado en esas ejecutorias seguía vigente y, otros, que no se habían apartado del mismo. Lo anterior, conforme al recuadro siguiente:
Ver recuadro
32. En consecuencia, la contradicción de tesis denunciada es inexistente respecto de los criterios sustentados entre el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y los Tribunales Colegiados Primero, Segundo, Cuarto, Séptimo, Noveno, Décimo y Décimo Quinto, todos en Materia Civil del Primer Circuito al ser superados por la jurisprudencia del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito al cual pertenecen, ya que se refieren a la misma problemática que se abordó en ella.
VI. Existencia de la contradicción de criterios
33. En cambio, la contradicción de criterios sí existe entre el sustentado por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito al resolver la contradicción de tesis 9/2019 y el sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito en la ejecutoria del amparo en revisión 311/2019.
34. El Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el requisito que debe cumplirse para considerar que existe la contradicción de criterios es que se presente oposición entre las posturas jurídicas que expresa o tácitamente se sustentaron sobre un mismo punto de derecho aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.
35. El criterio de referencia se encuentra previsto en la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(12)
36. En ese mismo sentido, esta Primera Sala al emitir la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."(13), reiteró que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos en aras de salvaguardar la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas no sean exactamente iguales y, estableció como condiciones para su existencia, las siguientes:
• Los tribunales contendientes deben haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
• Entre los ejercicios interpretativos respectivos debe existir algún punto de toque, es decir, un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
• Lo anterior debe dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
37. Con base en lo anterior, esta Primera Sala debe verificar si los criterios contendientes cumplen los requisitos para la existencia de una contradicción de tesis.
38. En el caso, se cumple el primer requisito para la existencia de la contradicción de tesis pues los órganos colegiados contendientes abordaron el mismo tema: si las instituciones de crédito están obligadas o no a garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudiera ocasionar a su contraria con la imposición de la providencia precautoria de retención de bienes en los juicios mercantiles y llegaron a conclusiones jurídicas diferentes.
39. Asimismo, se satisface el segundo requisito porque hay un punto de toque entre dichos criterios ya que el Tribunal Colegiado y el Pleno de Circuito adoptaron conclusiones distintas. Esto, porque el primero determinó que en términos de los artículos 168 de la Ley de Instituciones de Crédito y 1175, fracción V, del Código de Comercio, en los juicios mercantiles, los integrantes del Sistema Bancario Mexicano, cuando no se encuentren en liquidación o en procedimiento de quiebra, no están obligados a garantizar los daños y perjuicios que puedan ocasionar al deudor con la imposición de medidas precautorias; mientras que el segundo resolvió en sentido contrario sobre el mismo punto, es decir, que sí deben garantizarlos.
40. No es obstáculo que el criterio del Tribunal Colegiado del Quinto Circuito tuviera como antecedente un juicio oral mercantil y los criterios analizados por el Pleno de Circuito tuvieran como origen unos medios preparatorios a juicio, porque las disposiciones que regulan las medidas precautorias en ambos casos son las mismas y, por ende, constituyen el mismo problema jurídico.(14)
41. Por último, se actualiza el tercer requisito para la existencia de la contradicción de tesis porque, de la confrontación de tales criterios, surge la formulación de la siguiente pregunta: ¿Las instituciones de crédito, en los juicios mercantiles, están obligadas a garantizar los posibles daños y perjuicios que puedan ocasionar con la imposición de providencias precautorias conforme al artículo 1175, fracción V, del Código de Comercio o se encuentran eximidas de ello por lo dispuesto en el numeral 86 de la Ley de Instituciones de Crédito?, la cual constituye la materia de la presente contradicción de tesis.
42. Lo expuesto permite establecer que sí existe la contradicción de criterios entre el sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 311/2019 y el adoptado por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 9/2019.
VII. Estudio de fondo
43. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las consideraciones que enseguida se expresan.
44. Al resolver la contradicción de tesis 415/2012,(15) esta Primera Sala explicó que, en la doctrina, las medidas cautelares suelen ser calificadas también como providencias o medidas precautorias, y se definen como los instrumentos que puede decretar el juzgador a solicitud de las partes o de oficio para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las mismas partes o a la sociedad con motivo de la tramitación de un proceso.
45. Dichas medidas tienden, por un lado, a evitar que resulte inútil la sentencia de fondo de un juicio con motivo del plazo inevitable por el cual se prolonga el procedimiento hasta la resolución definitiva de la controversia y, por otro lado, a lograr que la sentencia de fondo tenga eficacia práctica.
46. Además, pueden tomarse antes del inicio del proceso o durante la tramitación del mismo, mientras no se dicte sentencia firme u ocurra otra circunstancia que le ponga fin. Una característica general del procedimiento para decretar esas providencias consiste en que se dictan sin audiencia de la contraparte y se ejecutan sin notificación previa, aun cuando el afectado puede impugnar posteriormente la medida.
47. En el libro Quinto, Título Primero, Capítulo Once, del Código de Comercio, el legislador reguló y denominó las providencias precautorias, las cuales tienden a garantizar:
• Que no se ausente u oculte la persona contra quien deba entablarse o se haya entablado una demanda (retención de persona).
• Que no se oculten o dilapiden los bienes en que debe ejercitarse una acción real (retención de bienes).
• Que no se oculten o enajenen los bienes en que se ha de practicar la diligencia cuando la acción sea personal y el deudor no tuviere otros bienes (retención de bienes).
48. Es decir, tales providencias se traducen en medidas de garantía que tienden a evitar que resulte inútil la sentencia de fondo y a lograr que la misma tenga eficacia práctica.
49. Ahora, las exigencias que se deben satisfacer para que el Juez decrete la medida precautoria consistente en la retención de bienes, como acto prejudicial o en juicio mercantil, son las siguientes:
"Artículo 1175. El Juez deberá decretar de plano la retención de bienes, cuando el que lo pide cumpla con los siguientes requisitos:
"I. Pruebe la existencia de un crédito líquido y exigible a su favor;
"II. Exprese el valor de las prestaciones o el de la cosa que se reclama, designando ésta con toda precisión;
"III. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales tenga temor fundado de que los bienes consignados como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar la acción real serán ocultados, dilapidados, dispuestos o enajenados. En caso de que dichos bienes sean insuficientes para garantizar el adeudo, deberá acreditarlo con el avalúo o las constancias respectivas;
"IV. Tratándose de acciones personales, manifieste bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos que aquellos en que se ha de practicar la diligencia. Asimismo, deberá expresar las razones por las que exista temor fundado de que el deudor oculte, dilapide o enajene dichos bienes, salvo que se trate de dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, o de otros bienes fungibles, y
"V. Garantice los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida precautoria al deudor, en el caso de que no se presente la demanda dentro del plazo previsto en este Código o bien porque promovida la demanda, sea absuelta su contraparte.
"El monto de la garantía deberá ser determinado por el juez prudentemente, con base en la información que se le proporcione y cuidando que la misma sea asequible para el solicitante."
Énfasis añadido.
50. Esta última fracción, la cual exige garantizar los posibles daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida al deudor ante la omisión de ejercer la acción de forma oportuna –tratándose de actos prejudiciales– o frente a una eventual absolución en el juicio, es la relevante para esta contradicción.
51. Por su parte, en el título cuarto, de rubro "De las disposiciones generales y de la contabilidad", capítulo I, titulado "De las disposiciones generales", el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito establece:
"Artículo 86. Mientras los integrantes del Sistema Bancario Mexicano, no se encuentren en liquidación o en procedimiento de quiebra, se considerarán de acreditada solvencia y no estarán obligados a constituir depósitos o fianzas legales, ni aun tratándose de obtener la suspensión de los actos reclamados en los juicios de amparo o de garantizar el interés fiscal en los procedimientos respectivos."
Énfasis añadido.
52. Lo anterior pone de manifiesto, que en el presente asunto se presenta una aparente contradicción entre el artículo 1175, fracción V, del Código de Comercio y el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito. Ello es así, pues mientras el primero exige, para el otorgamiento de una medida precautoria de retención de bienes en un juicio mercantil, garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a la contraparte del solicitante; la Ley de Instituciones de Crédito en su artículo 86 excluye de esa obligación a ese tipo de personas morales.
53. En ese orden de ideas, partiendo de la coherencia y consistencia del orden jurídico nacional como un sistema normativo en el cual no cabe la posibilidad de normas contradictorias, debe acudirse a los criterios de solución de antinomias que son:
• Cronológico (ley posterior deroga la anterior),
• Jerárquico (ley superior deroga la inferior) y
• De especialidad (ley especial, deroga la general).
54. De inicio conviene destacar que el criterio de jerarquía resulta inaplicable para solucionar el problema jurídico, pues tanto el Código de Comercio, como la Ley de Instituciones de Crédito poseen el carácter de ley secundaria y se ubican en un mismo rango de jerarquía dentro del sistema normativo.
55. Sin embargo, el criterio cronológico resulta eficiente para el propósito requerido, pues la prelación temporal entre ambas normas permite establecer un cambio en la voluntad legislativa sobre el aspecto materia de la contradicción, orientado hacia la inexigibilidad de la garantía de los daños y perjuicios respecto de las instituciones de crédito.
56. Lo que se estima de esta manera porque la disposición del Código de Comercio desde su origen en mil ochocientos ochenta y siete(16) ya exigía del solicitante de una medida precautoria: garantizar los daños y perjuicios que con la misma se pudiera ocasionar a su contraparte.
57. Mientras que desde su expedición (el dieciocho de julio de mil novecientos setenta) la Ley de Instituciones de Crédito preveía la exclusión de las citadas instituciones de la obligación de constituir depósitos o fianzas legales;(17) incluso, en la derogada Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares de mil novecientos cuarenta y uno(18) y en la abrogada Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito de mil novecientos ochenta y cinco,(19) también se preveía esta exclusión.
58. Lo que revela que la eximente para las instituciones de crédito de constituir depósitos o finanzas (sic) en algún procedimiento es posterior a la norma que exige garantizar los daños y perjuicios derivados de una medida precautoria de retención de bienes y, por ende, es aquella la que debe prevalecer.
59. De igual forma, la aparente antinomia es resuelta mediante el criterio de especialidad normativa. Empero, contrario a lo resuelto por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, el carácter de norma especial recae en la Ley de Instituciones de Crédito y no en el Código de Comercio, que es la general.
60. Antes de la reforma publicada el diez de enero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, en torno a las instituciones de crédito, el Código de Comercio disponía lo siguiente:
"Artículo 640. Las instituciones de crédito se regirán por una ley especial, y mientras ésta se expide, ninguna de dichas instituciones podrá establecerse en la República sin previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sin el contrato respectivo aprobado en cada caso, por el Congreso de la Unión."
Énfasis añadido.
61. En efecto, desde su regulación inicial en el código mercantil, el legislador reconoció que las instituciones de crédito se rigen por su propia ley especial: la Ley de Instituciones de Crédito, la cual tiene por objeto regular el servicio de banca y crédito, la organización y funcionamiento de las instituciones de crédito, las actividades y operaciones que las mismas podrán realizar, su sano y equilibrado desarrollo, la protección de los intereses del público y los términos en que el Estado ejercerá la rectoría financiera del Sistema Bancario Mexicano.
62. Además, lo anterior se corrobora porque precisamente la especialidad normativa de dicho ordenamiento está en función de dos aspectos que regula:
• Los entes o sujetos, quienes al formar parte del sistema financiero, conforman un sector de relevancia para la economía y el desarrollo nacional.(20)
• El objeto, que es liberación a dichos sujetos de la obligación de constituir depósitos o fianzas legales o de garantizar el interés fiscal, inclusive dentro de los juicios o procedimientos seguidos en forma similar (por lo cual esta norma tiene incidencia procesal).
63. Sin que sea obstáculo para arribar a esta conclusión el razonamiento del Pleno de Circuito en el sentido de que es el Código de Comercio la norma especial, porque como norma adjetiva, es el que regula las exigencias de autorización de las medidas precautorias en los juicios mercantiles; porque parte de una asimilación incorrecta de la jurisprudencia 79/99 de esta Primera Sala.(21)
64. Ello, pues en dicha ejecutoria también se resolvió sobre cuál era la norma especial que debía prevalecer: la estatal que establece la procedencia de la vía especial hipotecaria o el artículo 72 de la Ley de Instituciones de Crédito(22) (actualmente derogado). Al respecto, esta Sala concluyó que la norma especial era la estatal pero bajo las razones fundamentales siguientes:
• En los contratos refaccionarios y de habilitación o avío una cosa es la obligación principal y otra la garantía hipotecaria, pues ésta tiene carácter accesorio.
• La celebración de ese tipo de contratos se rige por la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pero en ellos no se exige la garantía real, por lo que ésta es potestativa.
• Si se llega a establecer dicha garantía real, se debe atender a los requisitos que prevé la legislación adjetiva civil, dado su carácter accesorio del contrato de crédito.
• El artículo 72 de la legislación bancaria nada decía sobre ese aspecto, pues se refería únicamente al derecho del acreedor a ejercitar la acción en la vía de su preferencia, pero sin que le eximiera de cumplir los requisitos para su procedencia.
65. Aspectos que son distintos a los que son materia de esta contradicción, porque aunque en el caso también es necesario dilucidar cuál es la norma especial y si se debe satisfacer o no un requisito de naturaleza adjetiva, se actualizan las diferencias siguientes:
• En este caso no existe una discrepancia en los aspectos que son materia de reglamentación en ambas normas, porque tanto el Código de Comercio como la Ley de Instituciones de Crédito se refieren a la obligación de constituir depósitos o fianzas (garantía); una como norma imperativa y la otra como supuesto de exclusión. En cambio, en la ejecutoria de aquella jurisprudencia, unas normas se referían a la procedencia de la vía y la otra a la posibilidad del acreedor de ejercer la acción que le pareciera conveniente.
• La antinomia analizada en aquella ejecutoria no derivó del contenido normativo, sino de la interpretación que las partes y los tribunales le dieron al artículo 72 de la Ley de Instituciones de Crédito. La presente deriva de la expresa exclusión que una norma prevé respecto de la obligación que establece otra.
• En aquella ejecutoria el pronunciamiento se basó en aspectos sustantivos vinculados con la forma de celebración del contrato (obligación principal y contrato accesorio potestativo); en el caso, la confronta de las normas se circunscribe a dilucidar si se actualiza la exclusión del imperativo previsto en una de ellas, al margen de la relación subyacente entre las partes.
66. Sobre esas bases, el artículo 1175, fracción V, del Código de Comercio constituye la norma general ya que resulta aplicable para todo el universo de sujetos que, en un juicio mercantil, vía prejudicial o en instancia, pretendan la obtención de una medida precautoria de retención de bienes.
67. A diferencia del artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito el cual, atendiendo precisamente a los sujetos para quienes fue creada (banca múltiple y banca de desarrollo) y el objeto que regula (la liberación de constituir depósitos, fianzas y garantías dentro o fuera de juicios o procedimientos) establece una norma especial que los excluye del universo de los destinatarios de la norma general, es decir, de garantizar los posibles daños y perjuicios que con una medida precautoria de retención de bienes se pudiera ocasionar a la persona contra quien se decreta en un juicio mercantil.
68. Además, no puede soslayarse que el servicio de banca y crédito que desarrollan las instituciones de crédito constituye una actividad sumamente regulada y controlada, pues desde su constitución es necesaria una autorización intransmisible por el Gobierno Federal, cuya solvencia está sustentada no solo en la disposición legal que se analiza, sino precisamente en las exigencias de capital mínimo y regulado que la propia ley les exige.
69. El Estado ejerce una vigilancia pormenorizada en múltiples aspectos de dichas instituciones (organización, administración, contabilidad y desarrollo de su actividad) por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. En particular, se le imponen exigencias pormenorizadas para garantizar su solvencia y sano desarrollo, a través de:
• La inspección y vigilancia de su liquidez;(23)
• La constitución de reserva de capital;(24)
• La obligación de poner a disposición del público en general la información corporativa, financiera, administrativa, operacional, económica y jurídica que determine la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, precisamente para transparentar su solvencia, liquidez y seguridad operativa;(25)
• Contar con un plan de contingencia ante escenarios adversos que pudieran afectar su solvencia o liquidez(26)
• Las instituciones de banca múltiple están sujetas a evaluaciones de desempeño periódicas;(27)
• Están obligadas a calificar sus carteras de créditos, realizar la estimación de riesgos crediticios y constituir reservas preventivas para ese fin.(28)
70. Tampoco puede considerarse que el artículo 86 de la legislación bancaria transgreda el equilibrio de las partes en el proceso, como manifestación del derecho a la igualdad. Esto, en razón de que esta Primera Sala ha sustentado que la primera etapa del análisis de los casos de discriminación como consecuencia de un tratamiento normativo diferenciado implica una revisión con base en la cual se determine si las situaciones a comparar en efecto pueden contrastarse o si, por el contrario, revisten divergencias importantes que impidan una confrontación entre ambas por no entrañar realmente un tratamiento diferenciado.(29)
71. De modo que, las diferencias relevantes que existen entre las instituciones de crédito y el resto de los sujetos que pueden solicitar una providencia precautoria de retención de bienes en los juicios mercantiles, son las que impiden su contraste. Sobre todo, porque a diferencia de lo que sucedería con aquellos, la eventual realización de los posibles daños y perjuicios que se pudieran generar, se encuentran garantizados precisamente por la reconocida solvencia que su propia regulación impone a las instituciones de crédito; máxime, que se excluye de dicha prerrogativa a aquellas que se encuentren en liquidación o en procedimiento de quiebra.
72. Un motivo adicional para resolver la presente controversia en tal sentido, es porque la interpretación contraria privaría de contenido y eficacia al artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito pues condicionaría su aplicabilidad, en cualquier juicio o procedimiento, a que se encontrase contenida en la propia normatividad adjetiva. En otras palabras, exigiría que el legislador incorporara en cada una de las diversas legislaciones procesales (consideradas como leyes especiales) esa prerrogativa a favor de tales instituciones.
73. Por el contrario, la interpretación que se determina en esta sentencia permite la subsistencia de ambas disposiciones, pues la exigencia del artículo 1175, fracción V, del Código de Comercio subsiste para todos aquellos sujetos que soliciten dicha providencia precautoria y no sean una institución de crédito; mientras que la diversa contemplada en el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito tendrá aplicación de forma exclusiva a favor de las citadas instituciones.
74. Finalmente, no se contrapone a esta determinación la jurisprudencia P./J. 6/92. del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración,(30) porque dicho criterio únicamente es aplicable tratándose de la obligación de exhibir garantía para que siga surtiendo efectos la suspensión del acto reclamado en los juicios de amparo, no así para el caso que nos ocupa.
75. Lo anterior, pues basta su lectura para advertir que el motivo por el cual se determinó que tratándose del juicio de amparo las instituciones de crédito sí están obligadas a exhibir la garantía al margen de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito –de similar redacción al 86 de la Ley de Instituciones de Crédito–, fue porque la antinomia se suscitó con el artículo 173, primer párrafo, de la Ley de Amparo abrogada,(31) el cual constituye una reproducción de la exigencia contenida en el artículo 107, fracción X, segundo párrafo, constitucional(32) y por ende, la solución de dicha antinomia se resolvió con base en el criterio de jerarquía y no por el de especialidad, pues la ley secundaria no puede excluir un imperativo de rango constitucional.
VIII. Decisión
76. Bajo las consideraciones anteriores, de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29840-6ad786d5/providencia-precautoria-de-retencion-de-bienes-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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