RETENCIÓN DE BIENES. LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA BANCARIO MEXICANO DEBEN OTORGAR GARANTÍA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1175, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, PARA RESPONDER DE LOS POSIBLES DAÑOS Y PERJUICIOS QUE DICHA MEDIDA PRECAUTORIA PUEDA OCASIONAR AL DEUDOR.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO CUARTO Y DÉCIMO QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 5 DE NOVIEMBRE DE 2019. MAYORÍA DE TRECE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARÍA DEL CARMEN AURORA ARROYO MORENO, JAIME AURELIO SERRET ÁLVAREZ, ETHEL LIZETTE DEL CARMEN RODRÍGUEZ ARCOVEDO, ELISEO PUGA CERVANTES, FORTUNATA FLORENTINA SILVA VÁSQUEZ, ROBERTO RAMÍREZ RUIZ, MARÍA DEL REFUGIO GONZÁLEZ TAMAYO, MARCO POLO ROSAS BAQUEIRO, MARTHA GABRIELA SÁNCHEZ ALONSO, FERNANDO RANGEL RAMÍREZ, GONZALO ARREDONDO JIMÉNEZ, MANUEL ERNESTO SALOMA VERA Y ALEJANDRO SÁNCHEZ LÓPEZ. AUSENTE: PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO. DISIDENTE Y PONENTE: JOSÉ RIGOBERTO DUEÑAS CALDERÓN. SECRETARIO: MAURICIO OMAR SANABRIA CONTRERAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados en Materia Civil de este Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al haberse realizado por el Juez Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, con motivo de la sentencia recaída en el amparo indirecto 227/2019-I del índice de ese juzgado.
TERCERO.—Posturas contendientes. Los posicionamientos de los tribunales se describirán en relación con el otorgamiento de la garantía o caución tratándose de medidas precautorias en materia mercantil solicitadas por un banco (por cuanto hace a su contexto normativo y no particular o circunstancial), al carecer de relevancia los demás aspectos abordados en sus resoluciones.(2)
1. Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo en revisión RC. 336/2017,(3) que informa lo siguiente:
1.1. Acto reclamado. Toca 826/2017. Apelación relativa a las providencias precautorias prejudiciales. La Sala responsable revocó el auto apelado y, en su lugar, admitió a trámite la providencia precautoria (retención de bienes) solicitada por un banco, para lo cual exigió el otorgamiento de una garantía para responder de los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a su contraria, en caso de no presentarse la demanda en el plazo legal o que fuera absuelta la posible enjuiciada.
1.2. En el amparo indirecto 793/2017-III, promovido en su contra, se negó el amparo solicitado respecto del referido acto reclamado.(4)
1.3. Amparo en revisión 336/2017. Revoca y ampara para efectos, con base en los argumentos esenciales siguientes:
1.3.1. El artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito resulta aplicable para todas las hipótesis legales que dispongan la constitución de depósitos o fianzas, incluso, cuando se trate de la suspensión de los juicios de amparo y en aquellos en que deba garantizarse el interés fiscal, por lo que no queda acotada a estos dos últimos casos, como interpretó el Juez de amparo.
1.3.2. El artículo 1075, fracción V, del Código de Comercio exige que cuando se solicite la medida precautoria consistente en la retención de bienes, el solicitante debe otorgar garantía para responder de los posibles daños y perjuicios al deudor con motivo de dicha medida, en caso de que no se presente la demanda dentro del plazo legal o si resulta absuelta la contraparte, sin distinguir a los integrantes del sistema bancario mexicano.
1.3.3. Existe una antinomia entre lo dispuesto por el artículo 1075, fracción V, del Código de Comercio y el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, que se disipa con el criterio de especialidad, por la que debe prevalecer esta última, que tiene el carácter especial al sustraer una parte de la materia regida por la de mayor amplitud (garantizar el pago de daños y perjuicios) para someterla a una normatividad diversa (no están obligados a otorgar garantía los integrantes del sistema bancario mexicano, al presumirse su solvencia, salvo que se encuentren en procedimiento de quiebra o en liquidación).
1.3.4. La regla que prevalece es que cuando una institución bancaria solicita una providencia precautoria, se considerará acreditada su solvencia, por lo que debe decretarse de plano sin fijar garantía, salvo que se encuentre en procedimiento de quiebra o en liquidación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito.
1.3.5. No resulta aplicable el criterio de rubro: "INSTITUCIONES QUE INTEGRAN EL SISTEMA BANCARIO MEXICANO. SU SOLVENCIA NO ES MOTIVO SUFICIENTE PARA QUE SUS BIENES NO PUEDAN EMBARGARSE EN UN JUICIO EJECUTIVO CIVIL.",(5) en el cual se sustentó el fallo del Juez de amparo, porque el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito no puede aplicarse a casos distintos a la no exhibición de garantías por la presunción de solvencia.
2. Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo en revisión 49/2019,(6) que informa lo siguiente:
2.1. Acto reclamado. Providencias precautorias prejudiciales 2130/2018 (en materia mercantil). Resolución dictada por el Juez ordinario que confirma su auto por el que admitió a trámite las providencias precautorias solicitadas por un banco, decretó la retención de bienes y fijó garantía por los daños y perjuicios que con motivo de la medida pudieran ocasionarse al futuro demandado.
2.2. Amparo indirecto 1329/2018-III. El promovente reclamó la anterior decisión en amparo indirecto, el que fue negado por el Juez de Distrito.
2.3. Amparo en revisión 49/20198 (sic). Se confirmó la negativa de amparo, en lo conducente, con los razonamientos que siguen:
2.3.1. El artículo 17 constitucional regula la garantía de tutela judicial, por medio del cual, el derecho subjetivo público de acceso a la justicia se encuentra sujeto a los plazos y términos que establezca el legislador, los cuales no deben ser innecesarios, excesivos o carentes de razonabilidad o proporcionalidad para los fines que lícitamente se pretendan alcanzar.
2.3.2. El artículo 1175 del Código de Comercio establece los requisitos para que una persona pueda solicitar la retención de bienes, entre ellos, que el solicitante garantice los daños y perjuicios que la medida pueda ocasionar al deudor, en caso de que no se presente la demanda oportunamente o porque se le absuelva en el juicio.
2.3.3. La garantía exigida constituye un requisito de eficacia de la medida precautoria, que debe cumplirse para que surta efectos, que se justifica: (i) por la grave afectación que se genera sobre el derecho del deudor de disponer materialmente de sus bienes o recursos económicos, pues la retención restringe su utilización para realizar sus fines y puede impactar su desarrollo económico, "al provocar el incumplimiento de sus obligaciones"; (ii) porque el Juez no escucha previamente al afectado, pues la audiencia se le concede una vez materializada la medida, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1179 del Código de Comercio; (iii) el solicitante debe otorgar una garantía, personal o real, suficiente para asegurar los daños y perjuicios que la medida pueda provocar en el deudor, cuando no se presente la demanda en el plazo legal o resulte absuelto, con lo cual se asegura la inmediata reparación con la ejecución de la garantía; (iv) la exigencia del otorgamiento de la garantía no constituye un formalismo carente de razonabilidad ni resulta excesivo, ocioso o inútil, ya que permite "reparar sin obstáculos la afectación que se produciría por la indisponibilidad de los bienes del deudor", esto es, facilita la ejecución para reparar los daños y perjuicios, a quien no se le otorga audiencia previa para no frustar la finalidad de la medida.
2.3.4. El artículo 1175 del Código de Comercio, no establece salvedad para el otorgamiento de la garantía, la cual es exigible a todo aquel que solicite la medida precautoria.
2.3.5. El artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito establece un ámbito jurídico privilegiado a los integrantes del sistema bancario mexicano, porque les reconoce acreditada solvencia, razón por la que no están obligados a constituir depósitos ni fianzas legales, con especial énfasis en la suspensión en el juicio de amparo y en materia fiscal, salvo que se encuentren en liquidación o en procedimiento de quiebra. Así, quedarían exentas de presentar materialmente garantías para responder de los daños y perjuicios en los procedimientos en que intervengan, porque esa garantía quedaría satisfecha con la presunción legal de capacidad patrimonial para indemnizar a la contraparte.
2.3.6. Entre el artículo 1175 del Código de Comercio y el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito existe una aparente antinomia que se resuelve con el criterio de especialidad de la ley, como sigue: (i) las "medidas de aseguramiento" en materia mercantil se encuentran reguladas específicamente en la parte adjetiva del Código de Comercio y no en la ley sustantiva que regula el servicio de banca y crédito, así como el funcionamiento de las instituciones de crédito; (ii) los preceptos de la codificación mercantil a la luz de lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, no pueden quedar subordinados a una disposición prevista en otra ley federal que los contradice, porque no deben hacerse nugatorias las disposiciones y finalidades de la regulación de las medidas cautelares en materia mercantil, que garantizan el acceso a la justicia, mediante el derecho cautelar tendiente a evitar que la tutela judicial se vea frustrada; (iii) la interpretación gramatical y funcional de ambas disposiciones excluye la antinomia, con apego a una interpretación más favorable a la persona acorde con el artículo 1o. constitucional. De un lado, gramaticalmente al considerar que el artículo 1175 del Código de Comercio, no establece excepción a los particulares para el otorgamiento de la garantía; de otro, funcionalmente, porque esa norma resulta congruente con la finalidad de reparar de manera íntegra y expedita los daños y perjuicios, mediante la exigencia de una garantía adicional al patrimonio del solicitante, con lo que se permitiría su fácil realización, sin trabas, para indemnizar a quien le fueron indebidamente retenidos sus bienes. De ahí que la acreditada solvencia no exima de otorgar materialmente la garantía que exige el artículo 1175.
2.3.7. El artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, no es una norma aplicable a todos los procedimientos en los que el banco sea parte, incluido el juicio de amparo, pues esto último además quedó descartado por el Tribunal Pleno, en la jurisprudencia de rubro: "INSTITUCIONES DE CRÉDITO. SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A OTORGAR GARANTÍA O CONTRAGARANTÍA EN MATERIA DE SUSPENSIÓN, TRATÁNDOSE DE AMPARO DIRECTO."(7)
CUARTO.—Presupuestos para determinar la existencia o inexistencia de la contradicción.
Precisado lo anterior, lo procedente es determinar si el presente asunto cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis, fijados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales exigen que:
a) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Tales requisitos se encuentran en las jurisprudencias de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO."(8) y "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."(9)
Asimismo, debe destacarse que el Tribunal Pleno reconoce que la actualización de una contradicción de tesis, puede derivarse de la oposición respecto a un mismo punto de derecho, aunque las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, siempre que el diferendo sea secundario o accidental, porque no constituyen un elemento de relevancia que influya en la construcción del criterio jurídico a partir de los aspectos particulares o la legislación aplicable a los distintos casos.
El Alto Tribunal, por ende, sostiene que el análisis no debe enfocarse en los diferendos de las particularidades de los casos, que impida resolver las discrepancias jurídicas que deban disiparse mediante la unificación de criterios.
Lo anterior de acuerdo con la jurisprudencia P./J. 72/2010, intitulada: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(10)
De las ejecutorias referidas en líneas que anteceden, se advierte que los tribunales contendientes abordaron un problema común, consistente en el requisito de efectividad en la providencia precautoria de retención de bienes solicitada por una institución bancaria.
Así, el Tribunal Décimo Cuarto identifica una aparente antinomia entre lo dispuesto por los artículos 1175 del Código de Comercio y 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, que disipa mediante la aplicación del criterio de especialidad que opera en favor del artículo 86 frente a la regla general contenida en el precepto 1175, para considerar que las instituciones de crédito, por su acreditada solvencia (salvo que se encuentren en liquidación o sujetas a procedimiento de quiebra), no están obligadas a garantizar los posibles daños y perjuicios que puedan ocasionarse a la persona afectada con la retención de bienes.
En cambio, el Tribunal Décimo Quinto también identificó esa aparente antinomia, sin embargo, con la aplicación del mismo criterio de especialidad optó por la prevalencia de las normas que regulan las providencias precautorias y no las que rigen el servicio de banca y crédito; por lo que la exigencia de la garantía para el otorgamiento de la retención de bienes no exceptúa a persona alguna, lo cual justifica porque mediante dicha garantía se equilibran los intereses entre el solicitante y el afectado, a quien no se le otorga audiencia previa; asimismo, se facilita sin trabas la ejecución inmediata de la garantía en caso de que deba indemnizarse al deudor, y se da congruencia y funcionalidad al sistema de la tutela cautelar para que se satisfaga su fin en aras de evitar la frustración de la efectividad de la sentencia.
De lo expresado, la cuestión a resolver es la siguiente: ¿las instituciones de crédito deben o no otorgar garantía para la providencia precautoria de retención de bienes?
QUINTO.—Estudio. Debe prevalecer el criterio que sustenta este Pleno de Circuito, conforme a los razonamientos siguientes:
En principio, los artículos 1168, párrafo primero(11) y 1177(12) del Código de Comercio, reconocen que en los juicios mercantiles pueden dictarse medidas cautelares o providencias precautorias, como actos prejudiciales o después de iniciado el juicio.
Entre las providencias precautorias, el artículo 1168, fracción II,(13) del Código de Comercio reconoce la retención de bienes, en el caso de que exista temor fundado de que el deudor disponga, dilapide, oculte o enajene bienes (i) que se han consignado como garantía o respecto de los cuales se vaya ejercitar una acción real; o (ii) si se ha de entablar acción personal, no tenga otros bienes que aquellos en los que se pide trabar la diligencia.
El artículo 1175 del código mercantil(14) dispone que la retención de bienes se decretará de plano, cuando se satisfagan los requisitos siguientes: i) acreditación de la existencia de un crédito líquido y exigible en favor del solicitante (fracción I); ii) expresión del valor de las prestaciones o de la cosa reclamada, con precisión en su designación (fracción II); iii) manifestación bajo protesta de decir verdad, de las razones que configuren el temor fundado de que los bienes consignados en garantía o respecto de los cuales se vaya ejercer una acción real, serán ocultados, dilapidados, dispuestos o enajenados; y, en caso de insuficiencia de la garantía, debe acreditarse mediante avalúo o constancias correspondientes (fracción III); iv) manifestación bajo protesta de decir verdad, tratándose de acción personal, de que el deudor no tiene otros bienes conocidos sobre los cuales se pretende realizar la diligencia y porqué existe temor fundado de que el deudor oculte, dilapide o enajene esos bienes, salvo cuando se trate de dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito u otros bienes fungibles(15) (fracción IV); y, v) otorgamiento de garantía de los daños y perjuicios que la medida pueda ocasionar al deudor, si la demanda no se presenta en tiempo legal o resulta absuelto (fracción V).
El aseguramiento del resarcimiento de los daños y perjuicios que se persigue con la exigencia de la garantía, de acuerdo con la doctrina, tiende a equilibrar los intereses involucrados entre el solicitante de la medida y quien va a resentir sus efectos, lo cual se funda en el principio de igualdad que reemplaza, de alguna manera, el principio de bilatelaridad o contradicción, pues implica que la medida cautelar debe ser doble, asegurando al actor un derecho aún no actuado, y al demandado la efectividad del resarcimiento de los daños y perjuicios si aquel derecho no existiera o no llegara actualizarse,(16) ante la falta de presentación de la demanda en tiempo oportuno o porque sea desestimado el derecho alegado como fundamento de la pretensión cautelar.
Sin embargo, cuando la pretensión cautelar de retención de bienes es solicitada por un integrante del Sistema Bancario Mexicano, el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito(17) dispone que las instituciones de crédito no estarán obligadas a constituir depósitos o fianzas que exijan las leyes, por considerarse de acreditada solvencia, salvo que se encuentren en procedimiento de liquidación o quiebra.
Así, entre los artículos 1175, fracción V, del Código de Comercio y el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito existe una antinomia, porque mientras que la primera porción normativa exige el otorgamiento de garantías, sin excepción alguna; la segunda norma excluye a las instituciones de crédito de otorgar depósitos y fianzas legales.
La antinomia entre las porciones normativas únicamente concurren en el ámbito personal de validez, esto es, frente al solicitante de la retención de bienes, pues mientras que cualquier particular se encuentra constreñido a otorgar garantías, las instituciones de crédito, en cambio, no lo están por lo dispuesto en el mencionado artículo 86.
La solución de la presente antinomia se disipa mediante la aplicación del criterio de especialidad que, en convergencia con lo sostenido por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado contendiente, debe decantarse por lo dispuesto por el artículo 1175, fracción V, del Código de Comercio, al tratarse de una normatividad adjetiva que específicamente regula los supuestos de procedencia y procedimiento de las medidas precautorias; frente a la normatividad sustantiva y general que regula el servicio de banca y crédito, así como el funcionamiento de las instituciones de crédito.
La Suprema Corte ha dado la misma solución ante la convergencia de la Ley de Instituciones de Crédito y la regulación procedimental para determinar los requisitos para acceder a una vía en ejercicio de las acciones derivadas de los contratos o negocios bancarios, a razón de lo cual, ha reconocido que tiene el carácter de ley especial, aquella que contiene los requisitos que norman el procedimiento, los cuales, la Ley de Instituciones de Crédito no contiene.(18)
De esa manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha destacado que, aun cuando la Ley de Instituciones de Crédito establece determinados requisitos que deben colmar los contratos de crédito, si se pretende acceder a una vía especial regulada en una normatividad adjetiva, entonces, debe atenderse a esta última, ya que lo que disponga la ley bancaria, no implica dejar de observar las disposiciones adjetivas de acuerdo al procedimiento intentado.(19)
En tales condiciones, si se pretende la obtención de la providencia precautoria de retención de bienes, cuyo artículo 1175 del Código de Comercio establece los requisitos para su otorgamiento, entre ellos, el otorgamiento de la garantía, como lo dispone la fracción V de ese precepto legal, es inconcuso que debe atenderse a dicha exigencia normativa, porque se trata de la ley especial adjetiva que regula dicha providencia, la cual no se encuentra prevista ni regulada por la Ley de Instituciones de Crédito.
Conclusión anterior que además encuentra justificación constitucional, por una parte, en el marco de evitar la acentuación o agravación de una relación asimétrica entre las instituciones de crédito y los usuarios de los servicios financieros; y por otra, en la observancia de los principios rectores de la tutela cautelar.
En efecto, para comprender la relación asimétrica apuntada, previamente debe tenerse en consideración que la Suprema Corte ha afirmado que la igualdad no tiene únicamente una dimensión formal, sino también una sustantiva. Mientras que la dimensión formal o de derecho protege a los individuos de tratos diferenciados injustificados, la dimensión sustantiva tiene como objetivo que las personas alcancen una paridad de oportunidades en el goce y ejercicio de sus derechos humanos, y que se reconozcan las diversas circunstancias en las que se encuentran inmersas las personas.(20)
En ese sentido, la igualdad jurídica ha sido comprendida por la Corte, en que todas las personas que participen de situaciones sustancialmente similares o análogas, tengan la posibilidad y capacidad de ser titulares cualitativamente de los mismos derechos y obligaciones que emanan de la ley, para evitar situaciones de discriminación ante situaciones análogas cuyos efectos deben ser similares o no distinguir las consecuencias iguales a personas en situaciones dispares.(21)
En el marco anterior, la Suprema Corte ha sido consistente en establecer que las instituciones de crédito y los usuarios de sus servicios no se encuentran en las mismas circunstancias ni su posición es análoga entre ellos, por lo cual el trato diferenciado que se les otorga no es violatorio del derecho de igualdad jurídica; cuya diferencia de trato por la que únicamente las instituciones de crédito gozan de facultades o prerrogativas para confeccionar títulos o documentos que propician el acceso a vías ejecutivas o privilegiadas, así como para determinar los saldos resultantes de las operaciones crediticias, frente a sus usuarios; ha encontrado asidero en una doctrina constitucional sentada consistentemente por la Suprema Corte,(22) al reconocer que esa distinción tiene una razón objetiva y razonable, que tiene origen en las funciones que realizan las intermediarias financieras en la dinámica mercantil a su cargo y la necesidad de dar seguridad, celeridad y firmeza a la circulación de la riqueza a través de las operaciones de crédito,(23) así como el volumen de dichas operaciones que pueden celebrar los bancos y los montos que los constituyen, por lo que la actividad bancaria tiende directamente al crecimiento y desarrollo de toda la sociedad, al resultar inconcebible un sistema económico sin el crédito suficiente para dar movimiento al capital en que está sostenido.
En ese orden de ideas, es evidente la relación asimétrica existente entre las instituciones de crédito y los usuarios de los servicios financieros que, aun cuando su trato diferenciado encuentra justificación, para que las intermediarias financieras gocen de facultades o prerrogativas que permitan acceder en forma privilegiada y ejecutiva a las vías legales que deriven de los negocios de crédito, no significa que, fuera de los supuestos que el legislador ya ha instituido para esos fines, puedan establecerse otro tipo de beneficios o exenciones que la ley especial no contempla en favor de los bancos.
Luego, si el artículo 1175, fracción V, del Código de Comercio dispone que toda persona que pretenda obtener la providencia precautoria de retención de bienes debe otorgar garantía para resarcir los posibles daños y perjuicios que con la medida pueda resentir la persona que deba soportarla, en caso de que no se presente la demanda oportunamente o que la pretensión en juicio sea desestimada, al tratarse de la ley especial adjetiva que regula dicha medida, debe indefectiblemente exigírsele la garantía a las instituciones de crédito, porque el propio legislador no las eximió de este requisito y, de no hacerlo, se acentuaría la asimetría entre los bancos y los usuarios de los servicios financieros, al constituir una prerrogativa adicional a las que ya goza la institución de crédito que atienden la prioridad y relevancia de la actividad bancaria, que ya fue motivo de ponderación por parte del legislador al diseñar tales privilegios que revisten al crédito.
Por otra parte, la observancia de los principios rectores de la tutela cautelar también quedan satisfechos con la exigencia de la garantía a las instituciones de crédito.
Efectivamente, el derecho a la tutela judicial se ha configurado, esencialmente, en tres etapas: i) previa al juicio, al que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que tiene su base en el derecho de acción como una especie del derecho de petición en sede jurisdiccional; ii) una judicial, del inicio del procedimiento hasta la última actuación del mismo; y, iii) una posterior del juicio, que se identifica con la efectividad de las sentencias.(24)
En la última etapa de la tutela judicial se encuentra la relevancia de las providencias precautorias, porque tienden a garantizar que la sentencia que llegue a dictarse pueda materializarse ante los eventuales obstáculos o impedimentos fácticos o jurídicos que puedan presentarse.(25)
Así, el Tribunal Pleno(26) ya sostuvo que entre los presupuestos de las medidas cautelares se encuentra la verosimilitud del derecho fumus boni iuri, requisito que parte de la base de que el proceso cautelar tiene la finalidad de asegurar la eficacia práctica de la sentencia o resolución definitiva, por lo que la fundabilidad de la pretensión materia del objeto cautelar no puede condicionarse al examen exhaustivo y profundo de la materia de la controversia principal, sino en un conocimiento periférico o superficial para lograr una decisión de mera probabilidad de la existencia del derecho, por lo cual resulta suficiente la comprobación de la apariencia o verosimilitud del derecho invocado, para que acorde a un cálculo de probabilidades sea posible anticipar que en el proceso principal se declarará la certeza del derecho.
De esa manera, el Alto Tribunal dijo que la apariencia del buen derecho o verosimilitud del derecho constituye un presupuesto que condiciona la admisibilidad de la medida cautelar, sustentada en una credibilidad objetiva y seria, que excluye toda pretensión manifiestamente infundada, temeraria o muy cuestionable; que reafirma que las medidas cautelares están destinadas a dar tiempo a la justicia para cumplir eficazmente con su obra.
Asimismo, el Tribunal Pleno identificó que otro requisito de la pretensión cautelar es el peligro en la demora periculum in mora, que consiste en que por el transcurso del tiempo los efectos de la decisión final resulten ineficaces, ante el temor fundado de que se configure un daño en el derecho cuya protección se pretende y que, de no hacerlo de forma inmediata, se corra el riesgo de que la sentencia favorable que pudiera dictarse permanezca incumplida.
En ese tenor, el otorgamiento de la medida cautelar coloca en una situación privilegiada al solicitante, con lo que se genera un desequilibrio en relación con la persona que debe soportar la medida; lo que constituye la justificación de exigir al solicitante que otorgue una caución que garantice la indemnización por daños y perjuicios para resarcir al afectado con la medida, si no se presenta la demanda o no se obtiene una sentencia favorable al actor.
Luego, si a pesar de que las operaciones bancarias se encuentran revestidas de un cúmulo de facultades o privilegios a los bancos, éstos optan por acceder adicionalmente a la obtención de providencia precautoria, para actuar anticipada y presuntivamente el derecho que aducen detentar para dar efectividad a la sentencia que se llegue a pronunciar, con la molestia que dicho acto produzca en la esfera jurídica del que debe soportar la medida, sin previa audiencia, es inconcuso que debe otorgar garantía, porque de no hacerlo, se trastocarían los principios de las providencias precautorias, en donde quedan equilibrados los derechos del acreedor y del deudor, ante la asunción del riesgo del primero y la posible afectación del segundo, con motivo de la retención de bienes.
A mayor a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29258-db997fb6/retencion-de-bienes-los-integrantes-del-sistema-bancario · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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