COBRANZA ILEGÍTIMA. CUANDO SE IMPUGNA EN AMPARO, POR SU SOLA VIGENCIA, EL ARTÍCULO 209 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL QUE PREVÉ ESE DELITO, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE LA MATERIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO, PRIMERO Y SÉPTIMO, TODOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 9 DE JUNIO DE 2015. MAYORÍA DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS LUIS NÚÑEZ SANDOVAL, MARIO ARIEL ACEVEDO CEDILLO, HÉCTOR LARA GONZÁLEZ, HORACIO ARMANDO HERNÁNDEZ OROZCO, TAISSIA CRUZ PARCERO Y GUADALUPE OLGA MEJÍA SÁNCHEZ. DISIDENTES: RICARDO OJEDA BOHÓRQUEZ, LILIA MÓNICA LÓPEZ BENÍTEZ Y TERESO RAMOS HERNÁNDEZ. PONENTE: TAISSIA CRUZ PARCERO. SECRETARIA: REBECA CASTILLO NEGRETE.
México, Distrito Federal; acuerdo del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la sesión pública de nueve de junio de dos mil quince.
Vistos para resolver los autos de la contradicción de tesis 1/2015.
ANTECEDENTES:
I. El catorce de enero de dos mil quince, los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito denunciaron la posible contradicción de criterios, entre el sustentado por dicho órgano colegiado, al resolver el recurso de queja 98/2014, el sostenido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver la queja penal 82/2014, y el que sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el recurso de queja 93/2014.
II. Por acuerdo de veintiuno de enero de dos mil quince, el Magistrado presidente del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios.
Con copia certificada de la resolución dictada por el tribunal denunciante en el recurso de queja 98/2014, ordenó formar y registrar el expediente de contradicción de tesis con el número 1/2015; requirió a los Tribunales Colegiados Séptimo y Primero en Materia Penal del Primer Circuito, el envío por medios electrónicos de la copia certificada de las ejecutorias relativas a los recursos de queja 82/2014 y 93/2014, de sus respectivos índices, y que informaran si el criterio sustentado en los asuntos denunciados se encontraba vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado.
III. El nueve de febrero de la misma anualidad, el presidente del Pleno tuvo por recibido el oficio CCST-X-3302-2015 y anexos, remitidos por la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el que comunicó que la Secretaría General de Acuerdos de ese Máximo Tribunal hizo de su conocimiento que en los archivos no existe radicada alguna contradicción de tesis que tuviera como punto a dilucidar la materia a que se refiere este expediente.
IV. Al encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en el mismo proveído, ordenó que se turnaran los autos al Magistrado José Pablo Pérez Villalba, presidente del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
V. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.
Conforme a las disposiciones de dicho acuerdo, en sesión pública de veinticuatro de marzo de dos mil quince, se tuvo por instalado el nuevo Pleno en Materia Penal del Primer Circuito.
VI. El siete de abril siguiente se turnó de nueva cuenta, el asunto a la Magistrada Taissia Cruz Parcero, en su carácter de integrante del Pleno de Circuito, a fin de que, en el término que establece el artículo 28 del acuerdo en cita, formulara el proyecto de resolución respectivo.
CONSIDERACIONES:
PRIMERA.-Competencia.
Este Pleno de Circuito es legalmente competente para resolver la presente contradicción de criterios, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis suscitada entre Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito.
SEGUNDA.-Legitimación de la denuncia.
La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue formulada por los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quienes están facultados para denunciar las tesis contradictorias sostenidas entre los Tribunales Colegiados del circuito al que pertenecen, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERA.-Consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados.
Con el fin de verificar si existe la contradicción de criterios denunciada, es necesario transcribir, en lo que interesa, las consideraciones expresadas por los Tribunales Colegiados Cuarto, Séptimo y Primero en Materia Penal de este circuito.
I. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en sesión de once de diciembre de dos mil catorce, resolvió el recurso de queja 98/2014, en los siguientes términos:
"Una vez precisado lo anterior, cabe ahora destacar que la Juez de amparo desechó de plano la demanda, por improcedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 17, 18 y 113 de la Ley de Amparo; ello, al estimar que los actos reclamados por la parte quejosa -consistentes en la elaboración y expedición del decreto de treinta de abril de dos mil catorce, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el veintidós de agosto siguiente, por el que se adicionó al Código Penal para el Distrito Federal, el artículo 209 Bis, así como la elaboración y expedición del artículo tercero transitorio del citado decreto por el que se promulgó la referida norma; y, todos sus efectos y consecuencias-, no tenían una naturaleza autoaplicativa, ello pues su objeto era tipificar una conducta penalmente relevante; de ahí que, en atención a su propia naturaleza, resultaba evidente que se trataba de una norma heteroaplicativa, por ende, para estimar lesionada la esfera jurídica de la parte quejosa y así estar en aptitud de combatirla, se requería de un acto concreto de autoridad y contra personas perfectamente determinadas que se hubieren colocado en el supuesto de hecho, lo cual, no acontecía en el caso, pues de la demanda no se advertía la existencia de acto de autoridad alguno dirigido contra la parte quejosa, que la haya ubicado en el supuesto normativo combatido, esto es, que haya determinado que, al haber desplegado la conducta tipificada se hiciera acreedor a las sanciones ahí determinadas; en esa tesitura, dado que la sola vigencia del precepto normativo tildado de inconstitucional no modificaba ni alteraba en modo alguno la esfera de la parte quejosa, se estimó procedente desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia, la demanda de amparo.-Para controvertir tales consideraciones, la parte quejosa, en síntesis, esgrimió los agravios siguientes: 1. No se realizó un análisis integral de la demanda de garantías, dado que no se efectuó una fijación clara y precisa de los actos reclamados y la litis constitucional, lo cual implica una vulneración a lo previsto por el artículo 74, fracción I, del precitado ordenamiento, así como a los dispositivos 219, 222 y 349 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues no se analizó lo relativo al artículo tercero transitorio del decreto por el que se promulgó el artículo 209 Bis del Código Penal del Distrito Federal, en el cual se ordena la derogación de normas que regulan la prestación del servicio de banca y crédito que lleva a cabo la institución bancaria quejosa, en la medida en que éstas son contrarias a la prohibición de la cobranza administrativa.-Aunado a que el auto recurrido no cuenta con la debida fundamentación y motivación que exigen los artículos 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, 219, 222 y 349 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria.-2. Con relación a la causa manifiesta e indudable de improcedencia, se aduce que fue incorrecto el desechamiento de la demanda, pues la conclusión referente a que la norma era de naturaleza heteroaplicativa, requirió de una extensa y errada justificación efectuada por la a quo de amparo, quien, a partir de la mala interpretación de algunos criterios jurisprudenciales, intentó fundar el desechamiento de la demanda de garantías.-En efecto, la Juez de Distrito realizó un estudio exhaustivo, en el que analizó e interpretó el artículo impugnado, orientó su determinación a partir de la interpretación de diversas jurisprudencias emitidas por el Alto Tribunal, proceso que pone en evidencia que la causa de improcedencia no era manifiesta ni indudable, por ende, resulta incorrecto el desechamiento de plano de la demanda, pues para determinar la causa de improcedencia, requirió un análisis profundo, lo cual es propio de una sentencia definitiva y no de un acuerdo inicial en el juicio de amparo indirecto, en el cual, no pueden realizarse estudios exhaustivos, por no ser el momento idóneo para ello.-Tales consideraciones tienen sustento en los argumentos contenidos en la contradicción de tesis 24/2005, de la cual surgió la jurisprudencia 1a./J. 32/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 47 del Tomo XXI, mayo de 2005, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro siguiente: ‘AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA, SI PARA ESTABLECER LA NATURALEZA HETEROAPLICATIVA O AUTOAPLICATIVA DE AQUÉLLAS EL JUEZ DE DISTRITO REQUIERE HACER CONSIDERACIONES INTERPRETATIVAS, PROPIAS DE LA SENTENCIA DEFINITIVA.’.-3. Por lo que hace a la naturaleza de las normas impugnadas, la Juez de Amparo no advirtió que desde su entrada en vigor, las normas han causado perjuicio a la institución bancaria, pues regulan la forma en que debe prestarse el servicio de banca y crédito en el Distrito Federal, ello al imponer al banco, sus empleados y prestadores de servicios externos, una prohibición consistente en no realizar actos de recuperación de créditos vencidos y no pagados en la vía extrajudicial de forma insistente.-De ahí que, contrario a lo que se estimó en el auto recurrido, las normas impugnadas poseen un principio de ejecución que se ha materializado desde que entraron en vigor, lo que significa que no dependen de que se verifique un acto concreto de aplicación para que su contenido trastoque la esfera de derechos de la institución bancaria.-Aunado a ello, el incurrir en las conductas previstas en la norma, constituye un incumplimiento de la misma y no una sujeción a la obligación ahí establecida, siendo esa sujeción inmediata, lo cual pone en evidencia su naturaleza autoaplicativa.-4. En cuanto a la falta de interés para promover el juicio de amparo, ya sea jurídico o legítimo, no es motivo manifiesto indudable para desechar de plano una demanda de amparo, pues los gobernados cuentan hasta el momento en que se celebre la audiencia constitucional para demostrar el interés con el que ocurren al juicio constitucional.-Por lo que resulta incorrecta la determinación de la Juez de amparo al considerar que se requería de la aplicación de un acto concreto que individualizara la norma impugnada, para que el juicio de amparo fuera procedente y, al no ser así, emitió el errado auto impugnado.-Tales planteamientos resultan infundados.-En principio, este tribunal de amparo advierte que, contrario a lo argumentado por la parte inconforme en el agravio 1, la resolución impugnada se ajustó al contenido de las fracciones I y IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, así como a los dispositivos del Código Federal de Procedimientos Civiles citados por la parte recurrente; ello, pues de la simple lectura del auto recurrido se observa que la Juez Federal puntualizó los actos reclamados, en los siguientes términos: ‘... La parte quejosa reclama como autoaplicativa, la elaboración y expedición del decreto de treinta de abril de dos mil catorce, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el veintidós de agosto de dos mil catorce, por el que se adicionó al Código Penal del Distrito Federal, el artículo 209 Bis, y la elaboración y expedición del artículo tercero transitorio del decreto por el que se promulgó la referida norma; así como todos los efectos y consecuencias. ...’.-Ahora bien, respecto de los actos impugnados, la Juez de Distrito concluyó que tales normas son heteroaplicativas, por lo que su simple entrada en vigor no agravia a la parte quejosa, puesto que para incidir en su esfera jurídica, se requiere de un acto concreto de aplicación, del cual no existe constancia sobre su existencia.-Atento a ello, determinó desechar la demanda, en términos del artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 113, 17 y 18 de la Ley de Amparo; de ahí que, contrario a lo argumentado por el recurrente, al contrastar la fijación que de los actos reclamados realizó la a quo de amparo con la demanda de garantías, se desprende que, contrario a lo que aduce el inconforme, la determinación de la Juez de Distrito sí resulta congruente y, con relación a lo que aduce la parte inconforme, en el sentido de que no se atendió lo dispuesto por la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, cabe destacar que dicho numeral es aplicable tratándose de sentencias.-De la misma forma, en relación con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, se insiste, tal numeral regula el contenido de las sentencias y, en el caso, se trata de un auto, no obstante, en éste, contrario a lo que adujo la parte recurrente, la Juez de Distrito citó los preceptos legales aplicables, así como expuso las razones por las cuales estimó actualizados los supuestos normativos a los que aludió, por ende, sí fundo y motivó su determinación.-En consecuencia, es claro que resulta infundado lo que aduce el inconforme en el agravio 1. Ahora bien, a través del agravio 2, esencialmente, alude la parte recurrente que fue incorrecto el desechamiento de la demanda, pues la conclusión referente a que la norma era de naturaleza heteroaplicativa requirió de un estudio exhaustivo, el cual es propio de una sentencia definitiva y no de un acuerdo inicial en el juicio de amparo indirecto y, sobre el particular, destacó que la Juez de Distrito inatendió las consideraciones de la ejecutoria de la que deriva la jurisprudencia de rubro: ‘AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA, SI PARA ESTABLECER LA NATURALEZA HETEROAPLICATIVA O AUTOAPLICATIVA DE AQUÉLLAS, EL JUEZ DE DISTRITO REQUIERE HACER CONSIDERACIONES INTERPRETATIVAS, PROPIAS DE LA SENTENCIA DEFINITIVA.’.-Agravio que es infundado, pues este órgano colegiado estima legal que la Juez de amparo desechara la demanda de garantías, pues contrario a lo que aduce la parte recurrente, no hay prohibición legal o jurisprudencial de desechar la demanda de amparo, en todos los casos, por la naturaleza heteroaplicativa de la norma reclamada; antes bien, si tal cualidad es clara o evidente, advertida de su sola lectura y sustentada en argumentos igualmente nítidos y se tiene plena convicción de que no hay acto de aplicación; de modo que nada de lo que se arguya o pruebe cambie tal situación, como bien lo estimó la Juez de Distrito, debe desecharse la propia demanda, por actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo.-Ahora bien, la jurisprudencia que cita la parte quejosa, partiendo de la premisa de que para desechar la demanda por una causa de improcedencia, ésta debe ser manifiesta e indudable o estar plenamente demostrada, establece: a) En general, que no debe desecharse la demanda de garantías cuando para determinar la improcedencia se requiera un análisis más profundo propio de la sentencia definitiva, estudios exhaustivos o hacer consideraciones interpretativas; y, b) En particular, que si para establecer la naturaleza heteroaplicativa de una norma impugnada se hace ese tipo de análisis, el motivo de improcedencia no es manifiesto e indudable y, por ende, no debe desecharse.-Así, del criterio jurisprudencial se desprende que si bien no debe desecharse la demanda de garantías cuando se requiere la realización de un estudio profundo, lo cierto es que cuando no se requiere un análisis exhaustivo para determinar la naturaleza de la norma como heteroaplicativa, como es el caso, entonces, sí es permitido desechar la demanda de amparo, pues es manifiesto e indudable que en atención a su propia naturaleza penal, la norma es heteroaplicativa y, al no existir acto de aplicación, se colige que la sola vigencia del precepto infundado, no genera, en automático, un perjuicio, ni directo ni indirecto, a la parte quejosa, pues la norma penal en modo alguno coarta el derecho de la institución bancaria de cobrar las deudas contraídas por sus clientes, pues como se precisará en el apartado correspondiente de esta ejecutoria, no es tal acto el que se prohíbe.-En consecuencia, contrario a lo que pretende la parte recurrente, no por el simple hecho de ser la naturaleza de la norma -heteroaplicativa o autoaplicativa-, el quid de la improcedencia, la Juez de Distrito automáticamente debe admitir la demanda constitucional y abstenerse de desecharla por la causa prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, sino que aun en esos casos debe atender a lo dispuesto en el numeral 113 del precitado ordenamiento legal, y solamente en el caso de que la causa de improcedencia no resulte manifiesta e indudable por derivar de un estudio exhaustivo a efecto de determinar la naturaleza de la norma, es que se debe admitir la demanda de amparo.-Más aún, de la propia ejecutoria que originó la jurisprudencia citada, misma que también fue aludida por la parte recurrente en su escrito de agravios, se advierte que cuando la improcedencia deriva de lo manifestado en la propia demanda o de las pruebas que se adjunten a la misma, entonces, sí es manifiesta e indudable, pues resulta evidente, claro y fehaciente, no así cuando tal improcedencia es producto de un estudio más profundo, el cual es propio de la sentencia definitiva; de lo que se colige que sí existen casos en que, el Juez de Distrito debe desechar la demanda, cuando encuentra un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el cual está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido, en forma patente y absolutamente clara del escrito de demanda y de los documentos que se anexan, por lo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa; al efecto, se transcribe la parte conducente de la ejecutoria en comento: ‘... Y es que no toda causa de improcedencia por el solo hecho de estar prevista en el artículo 73 de la Ley de Amparo puede justificar que, al proveer sobre la demanda el Juez de Distrito la deseche de plano con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo, como es el caso de la prevista en la fracción VI de aquel numeral, esto es, la falta de interés jurídico, pues no es en todos los casos un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías, en tanto que puede acreditarse durante el procedimiento del juicio de amparo y hasta la audiencia constitucional, mediante las pruebas que al efecto se aporten. Estimar lo contrario implicaría dejar al promovente en estado de indefensión, dado que a priori se le privaría de la oportunidad de allegar pruebas al juicio que justificaran dicho requisito de procedibilidad; consecuentemente, ante esta hipótesis, debe admitirse la demanda de garantías, porque el motivo aparente que en principio se advirtiera aún no es claro y evidente como para desechar de plano la demanda de amparo, por ser susceptible de desvirtuarse durante el lapso procesal que culmina con la audiencia constitucional. ... Lo señalado trae como resultado que la improcedencia no derive de lo manifestado en la propia demanda o de las pruebas que se adjunten a la misma, sino del estudio e interpretación que se hace de la naturaleza de las normas autoaplicativas y heteroaplicativas, conforme al criterio jurisprudencial de esta Suprema Corte, del estudio e interpretación de las propias normas generales reclamadas y del estudio de los conceptos de violación en que se plantea la afectación inmediata de tales normas generales por efecto de su sola vigencia; por lo que el motivo de improcedencia no es manifiesto e indudable, ya que no es evidente, claro y fehaciente, toda vez que para determinar su actualización se requirió de un análisis más profundo, propio de la sentencia definitiva, consecuentemente, los motivos de improcedencia aludidos no reúnen los requisitos formales necesarios que justifiquen el desechamiento de la demanda desde su inicio y, por ende, en casos como el que se analiza se debe admitir a trámite. ...’.-Cabe destacar que los asuntos que motivaron la contradicción de tesis 24/2005-PS, son de materia administrativa, particularmente, la impugnación de los artículos 25 Bis, 97 Quáter, 98 Bis, 98 Ter, 113, 126, 127, 128, 128 Bis y 129 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (adicionados por decreto de veintisiete de enero de dos mil cuatro), que facultan a la Procuraduría Federal del Consumidor para imponer a los prestadores de servicios diversas medidas precautorias, para que realicen determinados informes a los consumidores, para asegurar bienes o productos que se comercialicen fuera del establecimiento e imponer diversas sanciones administrativas; al analizar los asuntos materia de la contradicción, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que la improcedencia no derivó de lo manifestado en la propia demanda o de las pruebas, sino que requirió de un estudio amplio y profundo, pues se transcribieron los artículos reclamados, se analizó la clasificación de las leyes como autoaplicativas y heteroaplicativas, acorde a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se definieron tales conceptos, así como los distintos momentos en que a través del juicio de amparo podían ser impugnadas, se destacó la necesidad de que se acreditara la afectación a la esfera jurídica de quien solicitaba la protección constitucional, se analizaron los motivos que las ahí quejosas hicieron valer para considerar que, con su sola vigencia, se actualizaban en su perjuicio las hipótesis contenidas en las normas que tildaban de inconstitucionales e interpretaron cada uno de esos preceptos para arribar así a la conclusión de que se trataba de normas heteroaplicativas que con su simple entrada en vigor no acusaban perjuicios a las ahí quejosas y desecharon sus respectivas demandas.-Sin embargo, en el caso concreto, basta remitirse al acto recurrido para advertir que la Juez de amparo no realizó tal estudio exhaustivo para arribar a la correcta determinación de desechar de plano la demanda de garantías.-En efecto, la Juez de amparo, para determinar la naturaleza heteroaplicativa de la norma y el hecho de que no existe acto de aplicación, no hizo un estudio profundo y exhaustivo, propio de la sentencia definitiva, ni emitió consideraciones interpretativas, pues estableció lo que debe entenderse como causa manifiesta e indudable para el desechamiento de la demanda, después señaló cuál era la causal de improcedencia que se actualizaba, fijó de manera clara y precisa los actos reclamados, estableció lo que debe entenderse por leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, lo cual, no se compone más que de la transcripción y paráfrasis de lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido por unas y otras; de modo que ello no puede verse como un estudio profundo, pues sólo acogió conceptos jurídicos ya establecidos, es decir, la Juez no destacó una ambigüedad entre tales conceptos para dar pauta a una interpretación propia de normas en un sentido o en otro, para así fijarlos o explicarlos, sino sólo plasmó lo que se entiende por ello.-A lo anterior, le siguió una transcripción del artículo 209 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, mismo que no interpretó, pues indicó que, en atención a su naturaleza penal, evidentemente se trataba de una norma heteroaplicativa, por lo que requería un acto mediado individualizado hacia el sujeto destinatario y eventual acreedor de la sanción, pues las sanciones ahí establecidas no se aplicaban automáticamente con la sola entrada en vigor de la ley, sino que requería de un acto posterior de aplicación que vincula el presupuesto jurídico en el supuesto de hecho.-Por lo anterior, se concluye que resulta infundado el agravio 2, pues contrario a lo que adujo la parte recurrente, no sólo es correcto el desechamiento de demanda de garantías, sino que la Juez de Distrito no inatendió las consideraciones de la ejecutoria de la que deriva la jurisprudencia de rubro: ‘AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA, SI PARA ESTABLECER LA NATURALEZA HETEROAPLICATIVA O AUTOAPLICATIVA DE AQUÉLLAS, EL JUEZ DE DISTRITO REQUIERE HACER CONSIDERACIONES INTERPRETATIVAS, PROPIAS DE LA SENTENCIA DEFINITIVA.’.-Ello, pues como se indicó previamente, es posible desechar la demanda de garantías con base en la naturaleza de la norma, cuando es heteroaplicativa y no existe acto de aplicación, pero sólo en los casos en que ello sea manifiesto e indudable, es decir, que, como en el caso concreto, tal naturaleza se advierta de forma patente, notoria y absolutamente clara y que se tenga certeza y plena convicción de que no hay acto de aplicación, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos y argumentos que pudieran allegar o hacer valer las partes.-Lo anterior es congruente con la tesis 2a. LXXI/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 4/2002-PL, publicada en página 448 del Tomo XVI, julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, misma que no se contrapone a la actual Ley de Amparo, y cuyos rubro y texto son: ‘DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.’ (la transcribe).-Así como la tesis P. LXXI/2004, sostenida por el Pleno del Máximo Tribunal de Justicia del País, visible en la página mil ciento veintidós, Tomo XX, diciembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, la cual tampoco resulta contraria a las disposiciones de la Ley de Amparo vigente y señala: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTRIBA EN UNA CUESTIÓN DE DERECHO NO DESVIRTUABLE CON LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO.’ (la transcribe).-Ahora bien, se dará contestación en forma conjunta a los agravios 3 y 4 realizados por la parte recurrente, en atención a que están vinculados a sustentar que los preceptos impugnados son de carácter autoaplicativo; tales motivos de inconformidad resultan infundados.-Lo infundado de tales planteamientos deriva de que, como correctamente lo determinó la a quo de amparo, los preceptos combatidos son heteroaplicativos, y para arribar a tal determinación no es necesario realizar una interpretación de aquéllos, sino atender a su propia naturaleza, es decir, que es penal, pues tipifica conductas y, consecuentemente, para hacer efectiva las consecuencias en contra de quien las realice, se requiere, indefectiblemente, de un pronunciamiento regido por el debido proceso, por ende, aun de actualizarse tales conductas, no se impondrá sanción hasta en tanto no se cumpla con tal procedimiento.-Ahora bien, de la propia demanda de amparo y sus anexos, en particular, del testimonio de la escritura pública 71,700, pasada ante la fe del notario uno del Distrito Federal, en la cual, según se advierte de la cláusula segunda de los estatutos en vigor del **********, descritos en el antecedente identificado como LVIII, dicha sociedad, como institución de banca múltiple, tiene por objeto la prestación del servicio de banca y crédito y puede realizar, entre otras operaciones, el otorgamiento de créditos.-También se indicó en la demanda de amparo que la institución bancaria contaba con una cartera de crédito vencida y, en atención al monto de ésta, le resultaba inviable el cobro de todos y cada uno de los créditos a través de procedimiento judiciales; de ahí que parte de dicho cobro se intentaba a través de gestiones de recuperación administrativa judicial, la cual se realizaba por funcionarios del propio banco, así como por prestadores de servicios externos contratados por el mismo; se indicó que la realización de tales acciones resultaba no sólo necesaria, sino obligatoria, y se efectuaba en términos de lo previsto en la Ley de Instituciones de Crédito y las disposiciones de carácter general aplicables a instituciones de crédito.-En el propio libelo de garantías, después de aludir a la parte inicial del procedimiento legislativo correspondiente, se transcribió el artículo 209 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, adicionado mediante decreto publicado el veintidós de agosto de dos mil catorce en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, y también se destacó el contenido del artículo tercero transitorio de tal decreto; dispositivos que son del tenor literal siguiente: ‘Artículo 209 Bis. Al que con la intención de requerir el pago de una deuda, ya sea propia del deudor o
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25775-28ba4e9e/cobranza-ilegitima-cuando-se-impugna-en-amparo-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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