PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL CONSTITUIR UN SISTEMA NORMATIVO COMPLEJO, RESULTA IMPUGNABLE EN AMPARO DESDE SU ENTRADA EN VIGOR.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 272/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL, CUARTO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO, Y SEXTO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN MORELIA, MICHOACÁN, ASÍ COMO SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 18 DE NOVIEMBRE DE 2015. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JUAN N. SILVA MEZA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN; EN SU AUSENCIA HIZO SUYO EL ASUNTO MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: GEORGINA LASO DE LA VEGA ROMERO.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Criterios contendientes. Para estar en aptitud de establecer si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, es preciso tener en cuenta los principales antecedentes de los asuntos de donde emanan los criterios que se denuncian como opositores y las consideraciones esenciales que los sustentan.
Al respecto, resulta oportuno señalar que la totalidad de los asuntos de donde emanan los criterios que se denuncian como opositores, tienen su origen en juicios de amparo indirecto en los que se reclamó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, específicamente:
• Los artículos 2 y 32, primer párrafo, fracciones II y VII, los cuales establecen la prohibición de dar cumplimiento a obligaciones -y, en general, liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago, de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y metales preciosos- relativas, respectivamente, a las "transmisiones de propiedad o constitución de derechos reales sobre vehículos nuevos o usados"; así como a la "constitución de derechos personales de uso o goce de bienes."
• Los artículos 17, fracción XV, 18 y 21, entre otros, que prevén diversas obligaciones a cargo de los sujetos que realizan la "actividad vulnerables", como lo es la "constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles", concretamente, el dar aviso a la Secretaría de Hacienda "cuando el monto del acto u operación mensual sea igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal."
En dichos asuntos, los Jueces de Distrito respectivos determinaron que lo procedente era sobreseer en el juicio de amparo, por estimar que las normas impugnadas eran de naturaleza heteroaplicativa, pues el solo hecho de realizar una actividad considerada por ley como "vulnerable", era insuficiente para tener por demostrada la afectación a la esfera jurídica de los quejosos.
Al resolver los amparos en revisión hechos valer contra tales sobreseimientos, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, se pronunciaron en los siguientes términos:
I. Amparo en revisión **********. Cuarto Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Tercera Región. Al dictar la sentencia respectiva el referido órgano jurisdiccional, en apoyo a las labores del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, revocó el sobreseimiento y negó el amparo solicitado contra los artículos reclamados, por las razones siguientes:
"Ahora bien, la quejosa, aquí recurrente, en el juicio de amparo reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 32, primer párrafo, fracción II, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
"...
"Una vez establecido lo anterior, en el caso particular que nos ocupa, la normatividad reclamada es de naturaleza autoaplicativa, toda vez que, desde su entrada en vigor incide en la esfera jurídica de los sujetos a los que se dirige.
"...
"Ello es así, pues en dicha legislación, se contempla una serie de actividades que se consideran vulnerables, entre las cuales, se encuentra la relativa a la comercialización o distribución habitual profesional de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres con un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal (artículo 17, fracción VIII); asimismo, se prevé la obligación de presentar en la forma y plazos fijados, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los avisos respecto del acontecimiento de algún acto comercial de esa naturaleza (artículos 17, fracción VII, párrafo segundo, y penúltimo párrafo del indicado numeral 18, fracción VI, y 23), así como la correlativa facultad de dicha dependencia del Ejecutivo Federal de recibir la información (artículo 6, fracción I); la posibilidad de que las entidades financieras informen ante la aludida secretaría de Estado, sobre dichas operaciones mercantiles (artículo 15, fracciones II y III); y la facultad, a su vez, de la secretaría de referencia, de realizar procedimientos de revisión del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ley que nos ocupa (artículo 34); la obligación de las personas morales que realicen actividades vulnerables, de designar un representante encargado del cumplimiento de las obligaciones de la ley (artículo 20); así como la prohibición -disposición reclamada- de cumplir obligaciones de pago (o recibir el mismo), derivadas de transacciones comerciales sobre vehículos nuevos o usados, sean aéreos, marítimos o terrestres, mediante el uso de monedas, billetes, tanto en moneda nacional como en divisas, metales preciosos, por un valor igual o superior equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación (artículo 32).
"...
"De lo antes referido, se colige que la normatividad en comento es de naturaleza autoaplicativa, es decir, de individualización incondicionada, ya que desde la entrada en vigor vincula al gobernado a desplegar ciertas conductas, así como a estar sujeto a actos de fiscalización; como por ejemplo, a dar aviso ante la secretaría al momento de realizar la comercialización o distribución habitual profesional de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres con un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, cuando el monto del acto u operación sea igual o superior al equivalente a seis mil cuatrocientas veinte veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal; asimismo, se encuentra sujeto a la verificación del cumplimiento de las obligaciones, por parte de la secretaría aludida, tanto a través de un ejercicio directo de sus facultades de comprobación, como a través de la información que pueda obtener, procedente de las entidades financieras.
"...
"De modo que, desde la entrada en vigor de la norma cuestionada como inconstitucional, obliga a ciertas personas a un hacer, puesto que la obligación de dar aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de las actividades previstas en la fracción VIII del artículo 17 de la ley en comento. Por tanto, la norma en estudio tiene la naturaleza de ser autoaplicativa, porque obliga desde su entrada en vigor, ya que desde ese momento crea situaciones concretas de derechos (obligación de dar aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto de la comercialización o distribución habitual profesional de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres con un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, cuando el monto del acto u operación sea igual o superior al equivalente a seis mil cuatrocientas veinte veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal), es decir, con ella nace la obligación sin necesidad de un acto posterior de aplicación.
"Así como la prohibición contenida en el artículo 32, fracción II, que se tilda de inconstitucional, de realizar dichas transacciones en efectivo; porción normativa que, ciertamente, como afirma la recurrente, es de naturaleza autoaplicativa, pues no resulta jurídicamente válido exigir a la quejosa que se ubique en tal supuesto legislativo, cuando el mismo contiene un acto prohibitivo; de ahí que le asista razón a la recurrente cuando afirma que, considerar que tiene que llevar a cabo tal conducta, a fin de estar en aptitud de controvertirla de inconstitucional, sería tanto como obligarla a que cometa la falta o prohibición ahí prevista."
II. Amparo en revisión **********. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Al dictar la sentencia respectiva, el Tribunal Colegiado revocó el sobreseimiento y negó el amparo solicitado contra los preceptos reclamados -2 y 32, primer párrafo, fracción II, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita-, acorde a las siguientes consideraciones esenciales:
"Establecido lo anterior, se tiene que, en el caso a estudio, la normatividad reclamada es de naturaleza autoaplicativa, toda vez que, desde su entrada en vigor, incide en la esfera jurídica de los sujetos a los que se dirige.
"...
"Ello es así, pues en dicha legislación se contemplan una serie de actividades que se consideran vulnerables, entre las cuales, se encuentra la relativa a la comercialización o distribución habitual profesional de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres con un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal (artículo 17, fracción VIII); asimismo, se prevé la obligación de presentar en la forma y plazos fijados, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los avisos respecto del acontecimiento de algún acto comercial de esa naturaleza (artículos 17, fracción VIII, párrafo segundo, y penúltimo párrafo del indicado numeral; 18, fracción VI, y 23), así como la correlativa facultad de dicha dependencia del Ejecutivo Federal, de recibir tal información (artículo 6o., fracción I); la posibilidad de que las entidades financieras informen ante la aludida secretaría de Estado, sobre dichas operaciones mercantiles (artículo 15, fracciones II y III); y la facultad, a su vez, de la secretaría de referencia, de realizar procedimientos de revisión del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ley que nos ocupa (artículo 34); la obligación de las personas morales que realicen actividades vulnerables, de designar un representante encargado del cumplimiento de las obligaciones de la ley (artículo 20); así como la prohibición -disposición reclamada- de cumplir obligaciones de pago (o recibir el mismo), derivadas de transacciones comerciales sobre vehículos nuevos o usados, sean aéreos, marítimos o terrestres, mediante el uso de monedas y billetes, tanto en moneda nacional, como en divisas y metales preciosos, por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación.
"...
"De lo previamente referido, se observa que la norma en comento, es de naturaleza autoaplicativa, es decir, de individualización incondicionada, ya que desde la entrada en vigor vincula al gobernado a desplegar ciertas conductas, así como a estar sujeto a actos de fiscalización; como por ejemplo, a dar aviso ante la secretaría al momento de realizar la comercialización o distribución habitual profesional de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres con un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, cuando el monto del acto u operación sea igual o superior al equivalente a seis mil cuatrocientas veinte veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal; asimismo, se encuentra sujeto a la verificación del cumplimiento de las obligaciones, por parte de la secretaría aludida, tanto a través de un ejercicio directo de sus facultades de comprobación, como a través de la información que pueda obtener, procedente de las entidades financieras.
"...
"De modo que, desde la entrada en vigor de la norma cuestionada como inconstitucional, obliga a ciertas personas a un hacer, puesto que la obligación de dar aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de las actividades previstas en la fracción VIII del artículo 17 de la ley en comento. Por tanto, la norma en estudio tiene la naturaleza de ser autoaplicativa, porque obliga desde su entrada en vigor, ya que desde ese momento crean situaciones concretas de derechos (obligación de dar aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto de la comercialización o distribución habitual profesional de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres con un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, cuando el monto del acto u operación sea igual o superior al equivalente a seis mil cuatrocientas veinte veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal), es decir, con ella nace la obligación sin necesidad de un acto posterior de aplicación.
"Así como la prohibición contenida en el artículo 32, fracción II, tildado de inconstitucional, de realizar dichas transacciones en efectivo; porción normativa que, ciertamente, como afirma el recurrente, es de naturaleza autoaplicativa, pues no resulta jurídicamente válido exigir a la quejosa que se ubique en tal supuesto legislativo, cuando el mismo contiene un acto prohibitivo; de ahí que le asista razón cuando afirma que, considerar que tiene que llevar a cabo tal conducta, a fin de estar en aptitud de controvertirla de inconstitucional, sería tanto como obligarla a que cometa la falta o prohibición ahí prevista.
"En ese sentido, para considerar que el ordenamiento reclamado causa agravio a la parte quejosa por su sola vigencia, basta que acredite que es uno de los sujetos obligados a observarlo, esto es, que realiza la actividad a que dice dedicarse, y que es de las vulnerables descritas en el artículo 17 de la ley reclamada."
III. Amparo en revisión **********. Cuarto Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Primera Región. Al dictar la sentencia respectiva, el referido tribunal, en apoyo a las labores del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, confirmó el sobreseimiento impugnado, por las razones siguientes:
"Puntualizado lo anterior, este Tribunal Colegiado conviene con lo sostenido por la Juez de Distrito en la sentencia que se revisa, debido a que, tal como lo consideró, las normas legales citadas revisten una naturaleza jurídica heteroaplicativa, o de individualización condicionada, ya que no por el solo hecho de realizar dentro de las actividades de su objeto social la comercialización o distribución habitual o profesionalmente de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres (actividades vulnerables), deberán sujetarse a una serie de obligaciones y restricciones; sino que, precisamente, respecto de las actividades de que se trate, se condiciona para que las citadas disposiciones les resulten aplicables en su esfera jurídica, derivado de que, al concretarse las operaciones ahí descritas, se colme un requisito adicional que, precisamente, condiciona su aplicación; esto es, el monto que para cada tipo de operaciones se refiere en los numerales indicados.
"En ese tenor, se sigue que resulta insuficiente sustentar, como lo quiere el quejoso, que el gobernado se ubica dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica sin ningún acto ulterior de autoridad, pues, en el caso de la ley cuestionada, se condiciona su individualización, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo.
"Ahora bien, según se dijo antes, los dispositivos legales en estudio evidencian que en la legislación tildada de inconstitucional, se impone expresamente una prohibición que no necesariamente se encuentra dirigida a los individuos que desarrollen alguna de las actividades identificadas específicamente como ‘vulnerables’, en específico, la transmisión de la propiedad o constitución de derechos reales sobre vehículos de cualquier tipo y estado.
"Es así, porque de la lectura a las hipótesis y prohibiciones establecidas en el artículo 32, fracción II, se advierte que su observancia está condicionada a la actualización de supuestos adicionales en particular.
"Lo anterior, en virtud de que a diferencia del artículo 17, fracción VIII, del propio ordenamiento jurídico, el precepto reclamado no establece la condición de que la realización del hecho prohibido deba tener el carácter de habitual, sino que lo que proscribe de manera clara es la liquidación o pago, así como la aceptación de esa liquidación o pago, mediante el uso de billetes, monedas, divisas y metales preciosos, en operaciones que involucren la transmisión de la propiedad o constitución de derechos reales sobre vehículos con un valor superior a las tres mil doscientas diez veces el salario mínimo, vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice precisamente el pago o se cumpla la obligación.
"En ese tenor, es irrelevante para la prohibición el que las operaciones que realicen los gobernados sean o no de aquellas que efectivamente se califican como ‘vulnerables’, de acuerdo a las actividades comerciales que pudiesen realizar; o que algún gobernado realice compraventas de vehículos (sea o no de forma habitual), para estimar que la prohibición específica le es aplicable; sino que, precisamente, no limita la realización de las conductas, a menos que se cumplan los requisitos adicionales, a efecto de que se colmen los extremos de la fracción II del artículo 32 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; esto es, en el caso de transmisiones de propiedad o constitución de derechos reales sobre vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres:
"- Que la operación se liquide o pague y, en contrapartida, se acepte esa liquidación, mediante efectivo (monedas y billetes en moneda nacional o divisas, así como metales preciosos).
"- Deberá ser por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla con la obligación.
"- Tan debe estimarse de esa manera, como requisitos adicionales al supuesto genérico de que se realicen ese tipo de operaciones comerciales, que la propia ley en ningún momento prohíbe realizar esas operaciones mediante diversos métodos de pago, e incluso, no prohíbe pactar una compraventa superior al monto referido mediante el uso de efectivo, sino que la acción que se pretende eliminar es que se liquide o pague, o bien, la aceptación de la liquidación o pago (por parte del comprador y el vendedor, respectivamente).
"...
"De ahí que se estima que en el caso de la ley cuestionada, el solo inicio de su vigencia no produce efectos vinculantes o genera obligaciones concretas incondicionadas para los individuos que tengan o no actividades vulnerables, o que conforme su objeto social o comercial se dediquen habitualmente o no a la transmisión de la propiedad o a la constitución de derechos reales sobre vehículos nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres, pues no se prohíbe la actividad en sí misma, sino el hecho de liquidar o aceptar la liquidación de esas operaciones mediante el uso de monedas, billetes o metales preciosos; de ahí que su individualización queda supeditada a que se ubiquen en los supuestos antes mencionados.
"Por todo lo anterior, es que se considera que las disposiciones regulatorias de las obligaciones descritas generarán una afectación a la esfera jurídica de los particulares, sólo hasta que se actualicen las condicionantes aludidas.
"Es decir, si la impugnación de las normas cuestionadas se encuentra condicionada a que el gobernado demuestre la existencia de un acto de aplicación en su perjuicio en los términos señalados, ello conduce a determinar que el artículo 32, primer párrafo, fracción II, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, tiene la naturaleza de norma heteroaplicativa, pues sus destinatarios sólo serán afectados por cuanto realicen las operaciones comerciales ahí descritas y bajo los requisitos mencionados.
"Lo anterior, sin perjuicio de considerar que en el caso concreto pudiera estimarse que se trata de un sistema normativo, pero que el mismo se encuentra condicionado, de inicio, a colmar una condición posterior a su expedición para crear obligaciones hacia los gobernados a quienes están dirigidos los supuestos de regulación ya identificados.
"De ahí que deba estimarse que los preceptos reclamados deben considerarse normas de individualización condicionada que, por ese hecho, no son susceptibles de afectar la esfera jurídica de los gobernados a quienes van dirigidas a partir de que inciden en la esfera jurídica de los gobernados y que, por tanto, no pueden ser impugnadas en la vía constitucional con motivo del inicio de su vigencia, sino que para ello, es menester demostrar un acto concreto de aplicación en su perjuicio."
IV. Amparo en revisión 291/2014. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Al dictar la sentencia respectiva, el referido órgano colegiado, en apoyo a las labores del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, revocó el sobreseimiento y negó el amparo solicitado contra los preceptos impugnados -2 y 32, primer párrafo, fracción VII, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita-, estableciendo, en lo que interesa, lo siguiente:
"De lo anterior, se tiene que en el caso a estudio, las normas reclamadas son de naturaleza autoaplicativa, toda vez que, desde su entrada en vigor, incide en la esfera jurídica de los sujetos a los que se dirige; además, de esa manera es que fue reclamada por la quejosa -como autoaplicativa-, al presentar su demanda de amparo el trece de diciembre de dos mil trece, toda vez que partió de la circunstancia de que el artículo quinto transitorio de la aludida Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, establece que las disposiciones relativas a la obligación de presentar avisos, así como las restricciones al efectivo, entrarán en vigor a los sesenta días siguientes a la entrada en vigor del reglamento de dicha ley; reglamento que entró en vigor el uno de septiembre de dos mil trece, conforme a su artículo primero transitorio; de ahí que la demanda se presentó dentro de los treinta días contados a partir de la entrada en vigor de tales disposiciones, a saber, el treinta y uno de octubre de dos mil trece, entre las que se encuentran las reclamadas en el juicio de amparo sujeto a revisión, en tanto que lo que se cuestiona, trata sobre una restricción al efectivo, establecida en el artículo 32, primer párrafo, fracción VII, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
"...
"Como puede verse en los citados numerales, se contempla una serie de actividades que se consideran vulnerables, entre las cuales, se encuentra la relativa al arrendar y dar en arrendamiento o en comodato por cualquier medio jurídico, toda clase de bienes inmuebles, así como construir en ellos toda clase de obras y el aprovechamiento y explotación de las mismas, con un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal; asimismo, se prevé la obligación de presentar en la forma y plazos fijados, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los avisos respecto del acontecimiento de algún acto comercial de esa naturaleza, así como la correlativa facultad de dicha dependencia del Ejecutivo Federal, de recibir tal información; la posibilidad de que las entidades financieras informen ante la aludida secretaría de Estado, sobre dichas operaciones mercantiles; y la facultad, a su vez, de la secretaría de referencia, de realizar procedimientos de revisión del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ley que nos ocupa; la obligación de las personas morales que realicen actividades vulnerables, de designar un representante encargado del cumplimiento de las obligaciones de la ley; así como la prohibición -disposición reclamada- de cumplir obligaciones de pago (o recibir el mismo), derivadas de transacciones comerciales sobre arrendar y dar en arrendamiento o en comodato por cualquier medio jurídico, toda clase de bienes inmuebles, así como construir en ellos toda clase de obras y el aprovechamiento y explotación de las mismas, por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación.
"De lo anterior se puede concluir, que la norma impugnada es de naturaleza autoaplicativa, es decir, de individualización incondicionada, ya que desde la entrada en vigor vincula al gobernado a desplegar ciertas conductas, así como a estar sujeto a actos de fiscalización; como por ejemplo, a dar aviso ante la secretaría al momento de adquirir, fraccionar, enajenar, arrendar y dar en arrendamiento o en comodato por cualquier medio jurídico, toda clase de bienes inmuebles, así como construir en ellos toda clase de obras y el aprovechamiento y explotación de las mismas, con un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, cuando el monto del acto u operación sea igual o superior al equivalente a seis mil cuatrocientas veinte veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal; asimismo, se encuentra sujeto a la verificación del cumplimiento de las obligaciones, por parte de la secretaría aludida, tanto a través de un ejercicio directo de sus facultades de comprobación, como a través de la información que pueda obtener, procedente de las entidades financieras; asimismo, se encuentra obligada a designar a una persona que la represente ante la secretaría, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ley en cita.
"...
"Por ende, la determinación de dar aviso ante la secretaría sobre la actividad relativa a adquirir, fraccionar, enajenar, arrendar y dar en arrendamiento o en comodato por cualquier medio jurídico, toda clase de bienes inmuebles, así como construir en ellos toda clase de obras y el aprovechamiento y explotación de las mismas, con un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, cuando el monto del acto u operación sea igual o superior o equivalente a mil seiscientos cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en el entendido que el aviso establece términos para su cumplimiento, cuya inobservancia puede ser sancionada por la autoridad fiscal.
"De modo que, desde la entrada en vigor de la norma cuestionada como inconstitucional, obliga a ciertas personas a un hacer, ya que la obligación de dar aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de las actividades previstas en la fracción XV del citado artículo 17, por lo que debe concluirse que la norma cuestionada tiene la naturaleza de ser autoaplicativa, porque obliga desde su entrada en vigor, ya que desde ese momento crean situaciones concretas de derechos (obligación de dar aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto de la actividad que realiza la quejosa, consistente en al arrendar y dar en arrendamiento o en comodato por cualquier medio jurídico, toda clase de bienes inmuebles, así como construir en ellos toda clase de obras y el aprovechamiento y explotación de las mismas, con un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, cuando el monto del acto u operación sea igual o superior al equivalente a mil seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal), es decir, con ella nace la obligación sin necesidad de un acto posterior de aplicación.
"Así como la prohibición contenida en el artículo 32, fracción II, impugnado, de realizar dichas transacciones en efectivo, el cual, como lo sostiene la inconforme, es de naturaleza autoaplicativa, pues no resulta jurídicamente válido exigir a la quejosa que se ubique en tal supuesto legislativo, cuando el mismo contiene un acto prohibitivo; de ahí que le asista razón cuando afirma que, considerar que tiene que llevar a cabo tal conducta, a fin de estar en aptitud de controvertirla de inconstitucional, sería tanto como obligarla a que cometa la falta o prohibición ahí prevista.
"De ahí que, para considerar que el ordenamiento reclamado causa agravio a la parte quejosa por su sola vigencia, basta que acredite que es uno de los sujetos obligados a observarlo, esto es, que realiza la actividad a que dice dedicarse, y que es de las vulnerables descritas en el artículo 17 de la ley reclamada."
V. Amparo en revisión **********. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Al dictar la sentencia respectiva, el Tribunal Colegiado confirmó el sobreseimiento combatido, acorde a las siguientes consideraciones esenciales:
"En efecto, a fin de ilustrar el aserto anterior es necesario tener e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26117-9ebb4b58/prevencion-e-identificacion-de-operaciones-con-recursos-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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