IGUALDAD. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN LOS QUE SE ALEGUE VIOLACIÓN A DICHO PRINCIPIO, SI EL QUEJOSO NO PROPORCIONA EL PARÁMETRO O TÉRMINO DE COMPARACIÓN PARA DEMOSTRAR QUE LA NORMA IMPUGNADA OTORGA UN TRATO DIFERENCIADO.
AMPARO EN REVISIÓN 394/2014. 7 DE OCTUBRE DE 2015. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: GABRIELA ELEONORA CORTÉS ARAUJO.
V. Competencia
14. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal; 83 de la Ley de Amparo; 11, fracción V y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado el veintiuno de mayo de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación; lo anterior, en atención a que se interpuso contra una resolución dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto en el que se reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 17, 18, 20, 21, 24, 32, 53, 54 y séptimo transitorio de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Además, se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
VI. Oportunidad y legitimación de los recursos de revisión principal y adhesivo
15. Es innecesario el pronunciamiento de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto, toda vez que los aspectos de oportunidad y legitimación fueron examinados por el Tribunal Colegiado que previno del presente asunto.
VII. Cuestiones necesarias para resolver el asunto
16. Para una mejor exposición del asunto conviene precisar que en el escrito inicial de demanda, materia del juicio de amparo de origen, se formularon conceptos de violación dirigidos a demostrar la inconstitucionalidad del decreto por el cual se crea la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de octubre de dos mil doce, especialmente por lo que hace a los artículos 17, 18, 20, 21, 32, 33, 53, 54 y séptimo transitorio.
VII.1. Demanda de amparo
17. En el escrito de demanda de amparo, el quejoso planteó cinco conceptos de violación, a través de los cuales argumentó, básicamente, lo siguiente:
Primer concepto de violación
18. La quejosa planteó la inconstitucionalidad del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, al estimar que transgrede el principio de no discriminación y pro homine previstos en los artículos 1o. de la Constitución Federal y, 2 y 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; así como el principio de seguridad pública que establece el diverso numeral 21 constitucional, al estimar que:
a) El objeto de la ley es la protección del sistema financiero y la economía nacional, conforme a lo señalado en su artículo 2; por lo que se establecen medidas y procedimientos que prevengan y detecten actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita a través de una coordinación interinstitucional.
b) El artículo 17 que se impugna establece como actividades vulnerables y objeto de identificación, diversas actividades lícitas que se desarrollan en el país, todas ellas ejercidas por los gobernados quienes gozan del derecho fundamental a la libertad de trabajo previsto en el artículo 5o. constitucional. Sin embargo, el numeral impugnado no señala todos las profesiones, industrias y comercios que se desarrollan a nivel nacional y que no se incluyen dentro de dicha ley y que debieron haberse previsto; por tanto, se propicia un trato discriminatorio a gobernados como la quejosa, al desarrollar actividades de las que hace mención el artículo 17, fracción VIII, de la ley relativa.
c) El hecho que se hayan incluido algunas actividades identificadas como vulnerables dentro de las que se encuentran obligadas a aplicar la ley reclamada; es decir, haber incluido sólo a algunos gobernados a su observancia, no implica que con certeza no se realicen operaciones o actividades con recursos de procedencia ilícita en las diversas actividades que no se encuentran obligadas a aplicar la ley reclamada, transgrediendo el derecho a la no discriminación.
d) El legislador debió buscar una medida menos lesiva al derecho fundamental a la no discriminación, porque el Estado es quien está obligado a investigar hechos que puedan ser constitutivos de delito y no los gobernados; por lo que resulta inconstitucional que so pretexto de cumplir con las finalidades de la ley, se discrimine al gobernado, cuya actividad laboral se ubique en alguno de los supuestos que dispone el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
e) La ley reclamada es discriminatoria porque en su artículo 18 dispone que quienes realicen las actividades a que hace referencia el diverso numeral 17, se encontrarán obligadas a realizar diversas actividades de investigación a sus clientes, como es recabar datos atinentes a su identidad, ocupación, información del beneficiario del acto u operación, por lo que esa medida implementada por el legislador no resulta la menos lesiva a los derechos humanos de la quejosa. Sobre todo porque el legislador pudo establecer otras medidas para cumplir con los fines de la ley, sin privar a los gobernados de realizar operaciones en efectivo que excedan ciertos montos ni obligarlos a ser ellos quienes tengan las facultades de investigación; siendo que ello corresponde al Estado como lo dispone el artículo 21 constitucional.
f) Se obliga a la quejosa a presentar los avisos respectivos ante la autoridad responsable sobre sus clientes y, de no hacerlo, se le sancionará a pesar de que su actividad no sea ilícita.
Segundo concepto de violación
19. La accionante manifiesta que la ley impugnada contraviene los derechos humanos protegidos por la Constitución Federal y por los instrumentos internacionales como son el principio pro homine, igualdad y no discriminación que establece el artículo 1o. constitucional y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertados fundamentales universalmente reconocidos y las Directrices de la Organización de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, porque:
a) Los artículos 21 y 32 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita transgreden los derechos de los gobernados al obligarlos a realizar un acto discriminatorio a los consumidores por su situación económica o cualquier otra condición; principio que, en términos del artículo 1o. constitucional, debe estimarse que la protección de los derechos humanos de los gobernados debe ser, también en efecto horizontal, es decir, entre particulares.
b) En relación con el artículo 28, párrafos primero, segundo y tercero, constitucional y las Directrices de la Organización de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor de nueve de abril de mil novecientos ochenta y cinco, en el artículo 5 se reconoció, implícitamente, los derechos que pretenden lograr una adecuada protección a los consumidores, dentro de los cuales destaca el derecho a no ser discriminado al comprar un producto o contratar un servicio por la condición económica, elegir un producto o servicio sin que se presione al consumidor o se condicione la venta del bien o servicio. Sin embargo, la ley impugnada obliga al gobernado a violar los derechos humanos de otros gobernados, al propiciar la discriminación de unos hacia otros.
c) El artículo 32 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita prohíbe a quienes realicen las actividades a que se refiere el artículo 17, aceptar la liquidación o el pago de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes en moneda nacional o divisas y metales preciosos, lo cual constituye un acto discriminatorio en contra del consumidor del bien o servicio que se trate.
Tercer concepto de violación
20. A través de este motivo de disenso, la quejosa argumenta que el artículo séptimo transitorio, en relación con los diversos numerales 18, 20, 21 y 32 todos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, violan los principios de legalidad y seguridad jurídicas que tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, al considerar lo siguiente:
a) En términos del artículo 72, apartado F, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la derogación de todos los preceptos legales que se opongan a la ley reclamada, el legislador debió seguir los mismos trámites establecidos en su formación, por lo que si a través del artículo séptimo transitorio el legislador derogó todos los preceptos legales que se opusieran a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, sin tomar en consideración la afectación que pudieran sufrir los sujetos obligados a acatar el contenido de esa norma, por tener obligaciones establecidas en leyes diversas, lo cual genera que el gobernado incumpla con estas últimas y transgreda derechos humanos de otros gobernados.
b) Los artículos 18, 20, 21 y 32 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita generan incertidumbre jurídica en los gobernados, al obligar a quienes realizan actividades vulnerables a discriminar a los consumidores que protege la Constitución Federal y la Ley Federal de Protección al Consumidor.
c) Los artículos 4, 7 y 9 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos permiten la liberación de obligaciones hasta por el monto de su valor facial (sic), por lo que es obligatorio para todos los proveedores y/o acreedores recibirlas en pago dentro de los límites de dicho poder liberatorio; lo cual, relacionado con el artículo 635 del Código de Comercio, lleva a la conclusión que la base de la moneda mercantil es el peso mexicano y sobre el cual se llevarán a cabo todas las operaciones de comercio. Por tanto, el artículo 32 es inconstitucional al impedir que se liquiden las obligaciones o el pago de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y metales preciosos, ya que con ello se violan las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, al discriminar a los consumidores por su situación económica.
Además, dicha disposición provoca que se sancione con multa al proveedor del bien o servicio conforme al artículo 127 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, al tratar discriminatoriamente a sus consumidores.
d) El artículo 32 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita se opone a lo previsto en el artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, generando incertidumbre jurídica al gobernado; pues existen dos normas federales a las que se encuentra sujeta y que son oponibles una con la otra. Máxime que el artículo séptimo transitorio no puede derogar lo previsto en la Ley Federal de Protección al Consumidor en relación con las obligaciones que debe observar respecto de los consumidores del bien o servicio relativo.
Cuarto concepto de violación
21. Finalmente, la quejosa estima que los artículos 53 y 54 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita violan lo establecido en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer sanciones excesivas para los sujetos que realicen alguna actividad denominada por la propia ley como vulnerable, al estimar lo siguiente:
a) Los artículos 53 y 54 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita impone sanciones administrativas que rebasan las aplicables para el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo cual afecta a la quejosa al ser sujeto pasivo de la ley relativa, debido a las obligaciones que se le imponen. Por ende, si incumple con alguna de las observaciones ahí establecidas, genera la aplicación de sanciones que propasan la gravedad de la infracción, pues en el caso se está frente a conductas de carácter formal.
b) El legislador pasó por alto que el hecho de incumplir con la presentación de un aviso de los que señala el artículo 17 de la misma o incumplir con las obligaciones a que se refiere el artículo 18 no conlleva a que la conducta sancionada sea realmente tan grave como para sancionarla con una multa que, incluso, propasa a la que se impone por la comisión de un delito.
c) El artículo 22 constitucional prohíbe la imposición de cualquier clase de multas de carácter excesivo, sin importar si son en materia penal o administrativa. En este sentido, si el artículo 400 Bis del Código Penal Federal dispone que la pena aplicable al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita es la imposición de multa a mil a cinco mil días de multa, mientras que los numerales 53 y 54 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, cuyos montos alcanzan hasta los sesenta y cinco mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal o hasta el cien por ciento del valor de la operación, lo que resulta excesivo a la multa de cinco mil días de salario mínimo impuesta a quien cometa el delito antes mencionado.
Quinto concepto de violación
22. La parte quejosa argumenta la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 17, fracción VIII, 18, 21, 32, fracción II, y 33, último párrafo, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, al establecer una serie de limitaciones o restricciones para llevar a cabo las actividades que realiza la quejosa, limitando el principio de igualdad como la libertad de trabajo que tutelan los artículos 1o. y 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 y 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 5 y 6 del Protocolo de San Salvador, en relación con el numeral 133 de la Norma Fundamental.
23. Lo anterior, conforme a los razonamientos que se narran enseguida:
a) El legislador olvidó observar lo establecido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales suscritos por México, para restringir o limitar los derechos humanos de igualdad y de libertad de ejercicio o de trabajo reconocidos por los mismos; toda vez que se condiciona a la quejosa el ejercicio de la actividad lícita a la cual se dedica, al grado de llegar a anularle los derechos humanos de igualdad, no discriminación y trabajo, pues las actividades no incluidas en el catálogo del artículo 17 de la ley cuestionada no enfrentan tal restricción absoluta.
b) El legislador debió efectuar una ponderación a fin de concluir si las limitantes, prohibiciones o distinciones legislativas son las medidas menos restrictivas para conseguir la finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional, por lo que, en términos de la teoría de los principios, cuando dos derechos fundamentales o principios entran en pugna, los juzgadores deben resolver el problema atendiendo a las características del caso concreto, ponderando cuál debe prevalecer con base en la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad.
Así, en relación con la necesidad, el legislador no escogió la alternativa menos lesiva a los intereses de los gobernados, pues se prohíbe llevar a cabo la actividad vulnerable prevista en el artículo 17, fracción VIII, de la ley reclamada, sin que se demuestre que dicha restricción era la alternativa menos lesiva, a fin de que se logren los objetivos de dicho ordenamiento legal.
Por tanto, los artículos 21 y 32 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita no superan esa fase de ponderación, en razón de que existen otras medidas que no hacen nugatorios los derechos de igualdad, no discriminación y libertad de trabajo, las cuales serán advertidas por el Juez de la lectura del informe que solicite a la autoridad que brinde todos los detalles de la operación llevada a cabo sin identificación del sujeto o de aquélla, cuyo cumplimiento a la obligación que haya realizado en efectivo excediendo los límites previstos para determinada operación, correspondiendo a la autoridad identificar e investigar a la persona que se hubiere negado a identificar o utilizado efectivo en los términos mencionados.
VII.2. Sentencia del Juez de Distrito
24. De la demanda conoció el Juez Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, quien, a través de la sentencia de trece de noviembre de dos mil trece, sobreseyó en el juicio de amparo, al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la parte quejosa no acreditó la afectación que sufrió en su esfera jurídica con la entrada en vigor de los preceptos legales reclamados.
25. Al respecto, el juzgador tuvo en cuenta que los artículos 17, 18, 61, fracciones XII y XIV, y 107, fracción I, todos de la Ley de Amparo vigente establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general de acuerdo con su naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio o si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida.
26. En relación con lo anterior, el Juez de Distrito estimó que los artículos 17, 18, 20, 21, 32, 33, 53, 54 y séptimo transitorio de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita establecen, a grandes rasgos, lo siguiente:
a) Describen actividades vulnerables objeto de identificación.
b) Se imponen obligaciones a quienes realicen actividades vulnerables, tales como identificación de clientes y usuarios y la presentación de avisos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
c) Se impone a los clientes o usuarios de quienes realicen actividades vulnerables la obligación de proporcionar la información que les sea requerida y abstenerse de llevar a cabo actos u operaciones con clientes o usuarios que se nieguen a proporcionar la información o documentación requerida.
d) Prohibición de dar cumplimiento a obligaciones, liquidar o pagar, así como aceptar liquidación o pago de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes en moneda nacional o divisas, y metales preciosos, cuando se trate de la constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes tanto muebles como inmuebles.
27. Con base en esto, la quejosa manifestó dedicarse a actividades señaladas como vulnerables por el artículo 17, fracción VIII, de la ley impugnada, al dedicarse a la comercialización o distribución habitual profesional de vehículos nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres, con base en lo cual, la accionante estima que los artículos reclamados le imponen obligaciones relativas a la identificación de clientes y usuarios, verificar su identidad o presentar avisos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; sin embargo, el Juez de Distrito estimó que la accionante no acreditó tener interés jurídico, al no exhibir medio de prueba con el cual acreditara que se ubica en los supuestos establecidos en los artículos impugnados.
28. Lo anterior, porque no fue suficiente que la quejosa exhibiera los instrumentos notariales y el aviso de inscripción en el registro federal de contribuyentes, a través de los cuales demuestra su objeto social, pues con ello no demuestra el perjuicio que le causan los artículos 17, 18, 20, 21, 32, 33, 53, 54 y séptimo transitorio de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
29. De igual manera, la quejosa no demuestra interés jurídico en el asunto con la factura expedida en favor de **********, respecto del vehículo marca **********, versión **********, modelo 2014, con número de serie **********, pues con dicha documental se acredita que la accionante vendió un vehículo automotor, pero que la misma resulta insuficiente para acreditar que lleva a cabo de forma habitual las actividades a las que se refieren las normas impugnadas.
30. Razones las antes expuestas por las cuales el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo.
VII.3. Recurso de revisión principal
31. Inconforme con la resolución del Juez de Distrito, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, a través del cual formuló cuatro agravios en los que adujo, esencialmente:
Primer agravio
32. La sentencia del Juez de Distrito viola lo dispuesto en los artículos 74, fracciones III y IV, y 75 de la Ley de Amparo, en virtud que declara el sobreseimiento en el juicio con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XII, de esa ley, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al emitir un fallo incongruente e ilegal que carece de la debida fundamentación, motivación y valoración de las pruebas, por las razones siguientes:
a) La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita constituye una norma que, por su sola entrada en vigor crea y transforma situaciones jurídicas, por lo que desde ese momento perjudica la esfera jurídica de la quejosa, ya que los preceptos reclamados generan a su cargo obligaciones al situarse en el supuesto de una actividad denominada por la ley como vulnerable, en términos del artículo 17, fracción VIII, por lo que resulta innecesario que se demuestre un acto de aplicación posterior para reclamar la inconstitucionalidad de la ley.
b) La quejosa demostró de manera indudable y específica que se ubica en los supuestos de la ley, al ser una persona moral, residente en territorio nacional, que se dedica a la comercialización o distribución habitual profesional de vehículos nuevos o usados, aéreos, marítimos o terrestres con un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y, que con ello, se le causa un perjuicio en la esfera de sus derechos.
c) La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita impone obligaciones a quienes realicen las actividades "vulnerables" que especifica el artículo 17, tales como identificar a clientes y usuarios, verificar su identidad y presentar avisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, abstenerse de llevar a cabo actos u operaciones con quienes se nieguen a proporcionarles información o documentación, se prohíbe dar cumplimiento a obligaciones y, en general, a liquidar o pagar o aceptar la liquidación o pago de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes en moneda nacional o divisas y metales preciosos, cuando se trate de la constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes muebles o inmuebles. De ahí que las obligaciones a cargo de la gobernada resultan exigibles desde el momento de la entrada en vigor de la normatividad combatida y, por ende, que ésta sea de naturaleza autoaplicativa.
d) En razón de lo anterior, era suficiente con que la quejosa presentara su acta constitutiva para demostrar, a través de su objeto social, las actividades a las cuales se dedica y que, por ende, se ubica dentro de aquellas calificadas como vulnerables por la ley respectiva; evidenciando así que con la sola entrada en vigor de la ley se le genera un perjuicio.
Segundo agravio
33. A través de este motivo de disenso, la recurrente manifiesta que la sentencia recurrida viola en su perjuicio los principios de acceso a la justicia, legalidad, exhaustividad y congruencia que deben cumplir las resoluciones judiciales, transgrediendo lo que señalan los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, así como lo señalado en los artículos 74, fracción III, y 75 de la Ley de Amparo.
34. Lo anterior porque:
a) La quejosa acreditó su interés jurídico con la presentación de las copias certificadas de las escrituras públicas números ********** y **********, pasados ante la fe del notario público número ********** en el Distrito Federal, así como el aviso en el Registro Federal de Contribuyentes, relativo al cambio de domicilio fiscal; así como la copia certificada de la factura expedida a favor de **********, respecto del vehículo marca **********, versión **********, modelo **********, número de serie **********, con la cual se acredita que realiza de manera habitual y profesional operaciones de comercialización o distribución de vehículos terrestres con un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
b) De la adminiculación de las actas constitutivas, el registro federal de contribuyentes y la factura exhibida, se advierte una presunción iuris tantum de que la actividad que lleva a cabo la quejosa, de manera habitual, se encuentra en la hipótesis que señala el artículo 17, fracción VIII, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y, por tanto, su interés legítimo para actuar en el juicio, así como la afectación en su esfera jurídica.
Tercer agravio
35. La recurrente argumenta que la sentencia emitida por el Juez Federal viola los principios de legalidad, seguridad jurídica y exhaustividad que deben cumplir las sentencias, transgrediendo lo dispuesto en los artículos 14 y 16 constitucionales, así como lo previsto en los numerales 74, fracciones II y III, y 75 de la Ley de Amparo, toda vez que el juzgador no recabó oficiosamente las pruebas que estimara necesarias para resolver el asunto.
36. Por tanto, estima que si el Juez de Distrito estimó insuficientes las pruebas exhibidas por la quejosa, entonces debió requerirle aquellas que considerara pertinentes para demostrar su acción en el juicio de amparo.
Cuarto agravio
37. A juicio de la quejosa, la sentencia recurrida transgrede lo dispuesto en los artículos 74, fracción II, y 76 de la Ley de Amparo, en virtud de que no atiende, integralmente, los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo, al haber sido omisa en analizar que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita violenta las garantías de legalidad y seguridad jurídica que tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, porque:
a) El Juez partió de un análisis incorrecto de las pruebas y de una carencia de análisis de los conceptos de violación planteados para sobreseer en el juicio de amparo, sin llevar a cabo el análisis de constitucionalidad formulado por la quejosa, toda vez que demostró tener interés jurídico en el asunto, al ubicarse en el supuesto de sujetos que llevan a cabo actividades vulnerables como se prevé en el artículo 17, fracción VIII, de la ley relativa.
b) El órgano colegiado deberá aplicar el principio pro personae para revocar la sentencia y llevar a cabo el estudio de constitucionalidad, pues en términos del artículo 1o. constitucional, todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes, favoreciendo en todo tiempo a las personas para lograr su protección más amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar la incompatibilidad de las mismas, el cual constituye el control de convencionalidad o ex officio en materia de derechos humanos. Por tanto, deben estudiarse los conceptos de violación de inconstitucionalidad propuestos por la quejosa en su escrito inicial de demanda.
VII.4. Recurso de revisión adhesivo
38. En relación con la sentencia dictada por el Juez de Distrito, el presidente de la República se adhirió al recurso de revisión principal.
39. Dicha autoridad manifestó, esencialmente, que debía confirmarse el sobreseimiento decretado por el Juez Federal, al estimar que las normas que impugna son de naturaleza autoaplicativa pero que no proporcionó los medios probatorios idóneos para demostrar que la sola vigencia de la ley le causó perjuicio, ni que realiza alguna de las actividades vulnerables que señala el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
40. Además, la recurrente adhesiva manifiesta que debe confirmarse el sobreseimiento toda vez que la resolución no es contraria a lo que señala el artículo 75 de la Ley de Amparo ni impide el acceso efectivo a la justicia, al haberse omitido el estudio de los conceptos de violación.
VII.5. Acuerdo del Tribunal Colegiado
41. En sesión de nueve de mayo de dos mil catorce, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito analizó los agravios vertidos por la parte quejosa para desvirtuar el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo, así como las manifestaciones de la autoridad recurrente vía adhesiva; y concluyó que debía revocarse el sobreseimiento.
42. Lo anterior, con base en los razonamientos que se narran a continuación:
a) El tercer agravio vertido por la recurrente es inoperante, porque a través del recurso de revisión no pueden analizarse cuestiones relativas a que el Juez de Distrito violó derechos humanos, al tramitar o resolver el juicio de amparo, debido a la naturaleza del recurso y la función de control constitucional que desempeña. Sin embargo, ello no imp
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26655-acb2843b/igualdad-son-inoperantes-los-conceptos-de-violacion-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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