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Modo: Corpus Pro

PENSIÓN JUBILATORIA OTORGADA CON BASE EN LA LEY DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. LA REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE ENERO DE 2016 EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO NO PUEDE APLICARSE AL PAGO DE INCREMENTOS DE LAS PENSIONES PARA LOS JUBILADOS QUE LA OBTUVIERON CON ANTERIORIDAD A SU ENTRADA EN VIGOR.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2022. · Registro digital (IUS): 30761
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2022-07-08
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Julio de 2022, Tomo IV, Pág.3640.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2022. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 7 DE JUNIO DE 2022. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS PATRICIA MÚJICA LÓPEZ, SILVERIO RODRÍGUEZ CARRILLO Y DOCTOR ROBERTO LARA HERNÁNDEZ. DISIDENTE: DAVID PÉREZ CHÁVEZ (PRESIDENTE), QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: SILVERIO RODRÍGUEZ CARRILLO. SECRETARIO: DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ.

Aguascalientes, Aguascalientes. Sentencia del Pleno del Trigésimo Circuito, dictada en la sesión ordinaria virtual correspondiente al siete de junio de dos mil veintidós.

VISTA para resolver la denuncia de contradicción de tesis 2/2022; y,

RESULTANDO

I. DENUNCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS.

1. Benjamín Andrade Esparza, por su propio derecho y en su calidad de quejoso en el amparo en revisión administrativo 153/2021, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, mediante escrito presentado el quince de marzo de dos mil veintidós en la Oficialía de Partes Común del Poder Judicial de la Federación, con sede en Aguascalientes, recibido el dieciséis siguiente en el citado órgano colegiado, informó que el Tribunal Colegiado, al resolver el amparo en revisión administrativo 153/2021, emitió un criterio que probablemente sea contradictorio con lo sostenido en los amparos en revisión administrativos 114/2021 y 166/2021, ambos del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito.

II. TRÁMITE DE LA DENUNCIA DE CONTRADICCIÓN DE TESIS.

2. El presidente del Pleno del Trigésimo Circuito, por auto de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente contradicción de tesis con el número 2/2022; no obstante la falta de legitimación de quien denunció (pues en realidad no era parte en alguno de los expedientes en que se emitieron los criterios contendientes),(1) la admitió a trámite, precisó el tema de la contradicción de tesis, solicitó a ambos Tribunales Colegiados de este Circuito que informaran si el criterio en el asunto materia de la denuncia de contradicción de tesis se encontraba o no vigente, o bien, de ser el caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado y ordenó dar aviso de ello a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme al artículo 6, fracción VI, del Acuerdo General Número 17/2019, de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, del Pleno del Alto Tribunal.

3. En proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, el Pleno de Circuito tuvo al Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado de este Circuito informando lo relativo a la prevalencia del criterio sustentado en los amparos en revisión administrativos 114/2021 y 166/2021.

4. Mediante acuerdo de seis de abril de dos mil veintidós, el presidente de este Pleno de Circuito tuvo por recibido el oficio DGCCST/X/101/03/2022, mediante el cual el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis informó que no se encuentra radicada en el Máximo Tribunal del País alguna contradicción de tesis en la que el tema a dilucidar guarde relación con el que es objeto de estudio en el presente asunto; asimismo, tuvo a la Secretaría de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito informando que el criterio sustentado en el amparo en revisión administrativo 153/2021 continúa vigente; por lo que al encontrarse debidamente integrado el toca de la denuncia de contradicción de tesis, se turnó a la ponencia del Magistrado Silverio Rodríguez Carrillo para la formulación del proyecto de resolución correspondiente, dentro de los quince días hábiles siguientes a que se refiere el artículo 28 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.(2)

CONSIDERANDOS

III. PRESUPUESTOS PROCESALES.

5. Competencia. Este Pleno del Trigésimo Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) 226, fracción III, de la Ley de Amparo,(4) 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(5) así como en el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, toda vez que se trata de una contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos de este Trigésimo Circuito, pertenecientes a la circunscripción territorial en que este Pleno ejerce jurisdicción.

6. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, puesto que la formuló el Magistrado David Pérez Chávez, integrante del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS.

7. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de contradicción de tesis, son del tenor siguiente:

–Tercer Tribunal Colegiado–

a) En las resoluciones emitidas en los amparos en revisión administrativos 114/2021 y 166/2021 del Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, aprobadas por unanimidad de votos, respectivamente, en las sesiones ordinarias de veintiocho de octubre y treinta de diciembre de dos mil veintiuno –que se analizan de manera conjunta en virtud de la identidad de sus argumentos– se resolvió, esencialmente, en lo que interesa, lo siguiente:

• Que las demandas de amparo indirecto(6) se admitieron únicamente por lo que ve al acto consistente en la aplicación por parte de la autoridad responsable del artículo 66, párrafo primero, de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho,(7) al incrementar la pensión de los quejosos a partir de la primera quincena de febrero de dos mil veinte, con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización y no conforme al salario mínimo, contemplado en el artículo 81 de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes (abrogada),(8) publicada el veintinueve de enero de dos mil uno, cuya norma estaba vigente cuando les fue otorgada su pensión por jubilación.

• Que para el cálculo del incremento de la pensión de los quejosos no resulta aplicable el artículo 66 de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, vigente a partir de los noventa días siguientes a su publicación realizada el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, sino el diverso numeral 81 de la ley de la materia publicada el veintinueve de enero de dos mil uno.

• Que lo anterior, porque los quejosos poseen el carácter de pensionados por antigüedad ante el instituto responsable desde el uno de octubre de dos mil cuatro y uno de septiembre de dos mil ocho; por tanto, en tal data adquirieron los derechos correspondientes al esquema de pensiones previsto en la norma vigente en ese entonces.

• Que así, la fórmula de incremento en la pensión prevista en el artículo 81 de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, publicada el veintinueve de enero de dos mil uno, constituye un derecho adquirido desde el momento en que se cumplieron los requisitos previstos en la norma vigente y se les reconoció el carácter de pensionados por antigüedad, es decir, desde el uno de octubre de dos mil cuatro y uno de septiembre de dos mil ocho.

• Que por tal razón, el aumento correspondiente debe calcularse conforme a la citada norma, ya que atendiendo a la teoría de los derechos adquiridos que vigila y protege el momento en que el derecho a la pensión ingresa al patrimonio de un jubilado, es válido considerar que le resulta aplicable la legislación en comento, no obstante que dicha ley haya sido modificada indirectamente con posterioridad, a través de la reforma por la que se desindexó el salario mínimo y lo sustituyó por la Unidad de Medida y Actualización, pues esta modificación no le es aplicable retroactivamente.

• Que, además, el derecho adquirido por el pensionado previsto en el artículo 81 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, no puede traducirse en una unidad de referencia que pueda llamarse salario mínimo o Unidad de Medida y Actualización (UMA) pues, en el caso, la legislación es específica en la forma en que deberán llevarse a cabo los incrementos, que es conforme al salario mínimo general vigente en el Estado, por lo que esa forma de cálculo constituye un derecho sustantivo adquirido por el pensionado para que los incrementos de la pensión atiendan al aumento del salario mínimo general como unidad de medida aplicable, pues los componentes de la norma en cuestión, es decir, el supuesto y la consecuencia jurídica, se realizaron durante su vigencia, esto es, antes de la nueva disposición que ordenó la desindexación del salario mínimo sustituyéndolo por la Unidad de Medida y Actualización.

• Que, por tanto, como el incremento de la pensión atendiendo al salario mínimo es un derecho adquirido para el pensionado, no es posible aplicar el nuevo sistema por el que se desindexó el salario mínimo, que establece que las pensiones aumentarán al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumente la UMA, a fin de respetar los derechos adquiridos con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema de incrementos, pues la incorporación de éste no puede estar por encima del derecho adquirido por los quejosos al momento de jubilarse, que la propia autoridad demandada les reconoció.

• Que robustece lo anterior el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 200/2020,(9) en la que si bien se sostuvo que el monto máximo de la pensión jubilatoria prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada y en el régimen del artículo décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente, debe cuantificarse con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no en el salario mínimo.

• En la ejecutoria también se consideró, en su párrafo ochenta y nueve,(10) que aquellos pensionados que obtuvieron su pensión después de la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, a los cuales se les haya calculado el incremento con base en el salario mínimo y no en la Unidad de Medida y Actualización, porque así lo haya determinado el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se les deberá reconocer la existencia de un derecho adquirido, porque es inaplicable retroactivamente la Unidad de Medida y Actualización.

• Que, por tanto, por mayoría de razón, aquellos pensionados que obtuvieron su pensión antes de la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, a los cuales se les haya calculado el incremento con base en el salario mínimo, porque así lo haya determinado el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se les deberá reconocer la existencia de un derecho adquirido, porque es inaplicable retroactivamente la Unidad de Medida y Actualización.

• Que, consecuentemente, en el acto combatido existió una aplicación retroactiva de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por la que se desindexó el salario mínimo y se sustituyó por la Unidad de Medida y Actualización, pues se estableció en el artículo tercero transitorio que a partir de la entrada en vigor del decreto toda las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para cuantificar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales y estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de ellas, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

–Primer Tribunal Colegiado–

b) En la resolución emitida en el amparo en revisión administrativo 153/2021 del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, aprobada por unanimidad de votos en sesión de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, en lo relativo a la materia de la contradicción, se consideró, esencialmente, lo siguiente:

• Que lo alegado por la quejosa-recurrente es ineficaz para evidenciar:

(a) Que se debió decretar la inconstitucionalidad del artículo 66 de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, por transgredir los numerales 26, apartado B y 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución General.

(b) Que se llevó a cabo su aplicación retroactiva en su perjuicio, pues los aumentos a su pensión debieron cuantificarse con base en los incrementos al salario mínimo general vigente y no con apoyo en la Unidad de Medida y Actualización, por constituir una prestación de seguridad social y de naturaleza laboral.

• Que es así, porque sobre el tema de fondo que se plantea existe jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 200/2020,(11) cuya cuestión central consistió en dilucidar la pregunta: "¿El monto límite de la pensión jubilatoria debe cuantificarse con base en el salario mínimo o con la Unidad de Medida y Actualización?"; criterio que es aplicable al caso analógicamente y resulta de observancia obligatoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo.(12)

• Que es cierto que la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País interpretó diversos preceptos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para esclarecer si el monto límite de la pensión jubilatoria debe cuantificarse con base en el salario mínimo, o bien, con la Unidad de Medida y Actualización; mientras que la pretensión de la solicitante del amparo –que consiste en el incremento de su pensión conforme al salario mínimo– se apoya en la inconstitucionalidad y aplicación retroactiva del artículo 66 de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA), que no establece un tope para el pago de pensiones.

• Que, sin embargo, existen ciertos puntos en común que deben tratarse en forma semejante, debido a que en ambos casos se alegó la indebida cuantificación de la cuota pensionaria; de ahí que la jurisprudencia 2a./J. 30/2021 (10a.) sea aplicable para resolver la controversia, esto es, respecto a la temática del factor que debe utilizarse como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia en materia de pensiones, resulta aplicable el citado criterio, en el que se concluyó que es la Unidad de Medida y Actualización y no el salario mínimo el que debe utilizarse.

• Que además de que la Segunda Sala del Máximo Tribunal otorgó una respuesta integral a la temática central planteada por la parte recurrente, pues en la ejecutoria correspondiente estableció que aunque la pensión –que se constituye del salario obtenido por el trabajador en el último año en que estuvo activo– y el salario mínimo pertenecen al ámbito laboral, lo relevante es que después de obtenida la pensión le es aplicable la reforma constitucional en materia de desindexación, pues los aspectos relativos a su cuantificación, al no referirse a alguno de los requisitos que condicionan el otorgamiento del beneficio jubilatorio, corresponde a la materia administrativa y no a la laboral, por lo que es una medida o referencia ajena a la naturaleza de lo que es el salario mínimo y, por tanto, debe cuantificarse conforme al valor de la Unidad de Medida y Actualización.

• Que, además, se señaló que el hecho de que cuando el legislador diseñó el esquema actuarial de los sistemas de seguridad social, si bien tomó al salario mínimo como parámetro para determinar el monto máximo de las pensiones y del salario de cotización, lo cierto es que aquel salario, además de que no cumplía la finalidad constitucional que le fue encomendada de satisfacer las necesidades básicas de un jefe de familia, constituía un índice económico que tenía crecimiento menor que el de la inflación.

• Que aun cuando el sistema actuarial bajo el cual fueron configurados los regímenes tanto de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, como el del artículo décimo transitorio de la ley vigente del propio instituto, establecía que el monto máximo de la pensión jubilatoria debía determinarse con el equivalente a diez salarios mínimos, lo cierto es que hasta antes de la mencionada reforma constitucional el multicitado salario constituía un índice económico cuyo crecimiento era menor al de la inflación.

• Que lo anterior permite concluir que el artículo 66 de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes no contraviene los derechos fundamentales previstos en los artículos 26, apartado B, penúltimo párrafo y 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Federal.

• Que en relación con el acto de aplicación y si se llevó a cabo una aplicación retroactiva del artículo 66 de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, resultó correcto que en la sentencia impugnada se haya establecido que la cuantificación del incremento a la pensión debe realizarse con base en la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con la reforma constitucional, en especial, de su artículo tercero transitorio.

• Que es así, pues aun cuando el artículo 66 de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes vigente –contrariamente a lo actuado por la autoridad responsable ejecutora– no resulta aplicable para dicho cálculo, sino el diverso artículo 81 de la ley abrogada publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintinueve de enero de dos mil uno, lo cierto es que el concepto de salario mínimo establecido en éste ahora debe entenderse referido a la nueva unidad de cuenta.

• Que de las probanzas que se valoraron se advierte que la quejosa se encuentra pensionada a partir de la primera quincena del mes de abril del dos mil once, es decir, cuando se encontraba vigente la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintinueve de enero de dos mil uno, concretamente, su numeral 81, que disponía que la cuantía de las pensiones se incrementará al mismo tiempo y en la misma proporción que el aumento sufrido por el salario mínimo general vigente en esta entidad federativa.

• Que, por ende, no puede sostenerse que –en los términos del fallo impugnado– aún existe una aplicación en forma retroactiva y en perjuicio del promovente respecto del artículo 66 de la ley vigente, pues si en el caso se probó que la quejosa se encuentra pensionada a partir de la primera quincena del mes de abril de dos mil once, cuando se encontraba vigente la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, publicada el veintinueve de enero de dos mil uno, concretamente, su numeral 81, los incrementos de la cuantía de su pensión se rigen en términos de lo previsto en este ordenamiento legal y no conforme al numeral 66 de la nueva ley relativa, opuestamente a lo efectuado por la autoridad responsable ejecutora. • Que no obstante, la parte recurrente se duele de que el Juez Federal haya vinculado el texto del artículo 81 de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes abrogada, con el artículo tercero transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que señala lo siguiente: "Tercero. A la fecha de entrada en vigor del presente decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización."; lo que, a su parecer, conduce a una aplicación retroactiva de este precepto transitorio.

• Que, sin embargo, en el caso no existió una aplicación retroactiva en su perjuicio respecto de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, particularmente, del mencionado artículo tercero transitorio.

• Que es así, debido a que la interpretación realizada tanto por el Juez de Distrito como por el tribunal, en cuanto a la aplicabilidad del indicado decreto, resulta congruente con la jurisprudencia 2a./J. 30/2021 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo relevante que no existía un criterio previo emitido por el Máximo Tribunal del País que estableciera algo en contrario, respecto al tema abordado que, por tanto, el atender a la citada jurisprudencia tampoco configura una aplicación retroactiva en perjuicio de la pensionada, en términos del último párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo.

• Que, además, en el caso, no se cumplen las condiciones establecidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 200/2020, a fin de que a la quejosa se le reconozca la existencia del derecho adquirido, relativo a que su pensión jubilatoria sea calculada con base en el monto máximo de diez veces el salario mínimo y, consecuentemente, la jurisprudencia 2a./J. 30/2021 (10a.) le sea inaplicable retroactivamente.

• Que esto se sostiene, ya que el Alto Tribunal determinó en el párrafo ochenta y nueve de su resolución lo siguiente:

"89. En el entendido de que aquellos asegurados a los que, con posterioridad a la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se les otorgó una pensión jubilatoria calculada con base en el monto máximo de diez veces el salario mínimo y no con base en la Unidad de Medida y Actualización, ya sea porque así lo determinó el propio ISSSTE o como consecuencia de una sentencia ejecutoria, se les debe reconocer la existencia de un derecho adquirido y, por consecuencia, el criterio jurisprudencial que aquí se sostiene les es inaplicable retroactivamente."

• Que de las constancias que conforman el juicio de amparo indirecto de origen no se encuentra acreditado que a la pensionada, con posterioridad a la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo –que entró en vigor el veintiocho de enero de dos mil dieciséis–, se le haya otorgado una pensión jubilatoria calculada con base en el monto máximo de diez veces el salario mínimo, ya sea porque así lo determinó el propio ISSSSPEA o como consecuencia de una sentencia ejecutoria.

• Que, por tanto, el criterio jurisprudencial antes invocado de la Segunda Sala del Alto Tribunal del País es aplicable al caso, y los incrementos a su pensión deben darse con base en la Unidad de Medida y Actualización, y no conforme a los aumentos al salario mínimo general de la entidad.

V. BASES PARA LA EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS.

8. La existencia de una contradicción deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas.

9. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de la Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien: a) sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por tesis el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y, b) que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.

10. La finalidad de dicha determinación es definir puntos jurídicos que den seguridad jurídica a los gobernados, pues para ello fue creada, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la figura jurídica de la contradicción de tesis.

11. Para que exista una contradicción de tesis es necesario pues, que se cumplan las condiciones siguientes:

a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

12. Así también lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(13) en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."

13. El Alto Tribunal del País también ha establecido que el hecho de que los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, no es un obstáculo para definir si existe la contradicción de tesis planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

14. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(14) con el rubro y texto que dicen:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."

VI. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS.

15. En el caso concreto sí existe la contradicción de criterios denunciada, toda vez que en los tres asuntos contendientes se planteó, entre otras cuestiones, la aplicación retroactiva de la reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por la que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30761-0dec60eb/pension-jubilatoria-otorgada-con-base-en-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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