PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE). LAS OTORGADAS CON ANTERIORIDAD AL INICIO DE LA VIGENCIA DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARAN REFORMADAS Y ADICIONADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE ENERO DE 2016, DEBEN CUANTIFICARSE CON BASE EN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) Y NO EN EL SALARIO MÍNIMO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 67/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEXTO Y EL VIGÉSIMO PRIMER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 24 DE AGOSTO DE 2023. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LA MAGISTRADA ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y DEL MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA. DISIDENTE: MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADA ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO. SECRETARIO: IVANN ALVAREZ HERNÁNDEZ.
CONSIDERACIONES:
PRIMERO.—Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México es legalmente competente para conocer y resolver de la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 6, fracción I, 7 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1, fracción I, punto 2, 2 y 4 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales, en virtud de que la contradicción se suscitó entre Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, territorio y materia en las que este Pleno Regional ejerce jurisdicción.
SEGUNDO.—De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, la contradicción de criterios fue denunciada por parte legitimada, pues se trata del Magistrado integrante del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, órgano jurisdiccional que conoció de uno de los criterios denunciados en la contradicción.
TERCERO.—Para una mejor comprensión del asunto, a continuación, se realiza una síntesis de los criterios emitidos por los Tribunales Colegiados.
A. Amparo directo 531/2022 del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Antecedentes.
Juicio contencioso administrativo. Mediante escrito presentado el veintiséis de agosto de dos veintiuno, en la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, una persona pensionada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado promovió juicio de nulidad en contra de la resolución contenida en el oficio número **********, de once de agosto de dos mil veintiuno, mediante la cual la jefa de Servicios de Asignación de Derechos de la Subdirección de Pensiones de la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del referido instituto determinó improcedente la solicitud de ajuste e incremento de la pensión respectiva.
Correspondió conocer de la demanda a la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuyo Magistrado presidente ordenó su registro con el número de expediente **********, se admitió a trámite y, seguida la secuela procesal respectiva, el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, la Sala del conocimiento resolvió:
"PRIMERO.—El actor acreditó parcialmente los hechos constitutivos de su pretensión; en consecuencia.—SEGUNDO.—Se declara la nulidad de la resolución impugnada, para los efectos precisados en la parte final del último considerando del presente fallo."
Juicio de amparo directo. En contra de la determinación precisada en el punto anterior, la parte actora promovió juicio de amparo directo, del cual correspondió conocer, por razón de turno, al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo Magistrado presidente lo registró como DA. 531/2022, lo admitió a trámite y, en sesión de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, el órgano colegiado resolvió:
"ÚNICO.—La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **********, contra de la sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, emitida por la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio contencioso administrativo **********."
En lo que es de interés para este asunto, la sentencia del Tribunal Colegido tuvo como base, las consideraciones siguientes:
"OCTAVO.—Análisis. La Sala declaró la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado emita una nueva resolución en la que aplique a la pensión del accionante los incrementos respectivos conforme al salario mínimo general vigente en dos mil diecisiete y hasta la fecha en que dé cumplimiento a esa determinación, de conformidad con las siguientes consideraciones:
"El derecho del promovente del juicio de nulidad, para que se incremente su pensión, se actualizó precisamente el día en que ésta se le concedió, esto es, el dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y cuatro.
"La norma que rige el otorgamiento de dicha pensión, incluida su cuantificación y, con ello, su incremento durante la vida del pensionado, es la vigente en el momento de su otorgamiento, esto es, el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres, de acuerdo con el que, la cuantía de las pensiones se incrementará conforme aumente el salario mínimo general para el Distrito Federal, de modo que todo incremento porcentual a dicho salario se refleje simultáneamente en las pensiones que paga el Instituto.
"De la revisión practicada a la impresión de los talones de pago de pensión se advierte que se concedió al promovente una pensión a partir del dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, sin que la autoridad acreditara en el juicio que desde dos mil diecisiete dicha cuota hubiese sido incrementada conforme a los aumentos que han sido autorizados al salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México).
"La determinación se sustenta en lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J. 93/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: ‘PENSIÓN DEL ISSSTE. CARGA DE LA PRUEBA DE SUS INCREMENTOS EN EL JUICIO DE NULIDAD.’
"La autoridad estaba obligada a exhibir las constancias, instrumentos o probanzas necesarias con las que demostrara que ha incrementado la pensión del demandante, desde dos mil diecisiete.
"La jurisprudencia 2a./J. 30/2021 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘PENSIÓN JUBILATORIA. EL MONTO MÁXIMO PREVISTO EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS ARTÍCULOS DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISSSTE VIGENTE, DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y INSTITUTO DE SEGURIDAD TRABAJADORES DEL ESTADO ABROGADA Y EN EL RÉGIMEN DEL ACTUALIZACIÓN (UMA) Y NO EN EL SALARIO MÍNIMO.’ (sic); únicamente se refiere al monto máximo de la pensión jubilatoria y no a los incrementos y/o actualizaciones de las pensiones.
"Por tanto, resultó fundado el argumento del accionante en el que sostiene que es ilegal que la autoridad aplique a partir del año dos mil diecisiete los aumentos que ha tenido la Unidad de Medida y Actualización.
"La autoridad aplicó a la pensión del promovente los porcentajes de aumento correspondientes a la Unidad de Medida y Actualización en los años de dos mil diecisiete a dos mil veintiuno, los cuales no son aplicables a los incrementos anuales de la pensión de aquél.
"Respecto de dos mil diecisiete la autoridad aplicó y pagó a la pensión del accionante un porcentaje menor (3.50 %) a los aumentos que corresponden en dicha anualidad.
"Asimismo, en dos mil diecinueve, dos mil veinte y dos mil veintiuno aplicó porcentajes menores a los que le corresponden conforme al aumento del salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México).
"Para dos mil dieciocho la autoridad otorgó el porcentaje de incremento a la pensión del accionante de 6.77 %, es decir, un porcentaje de aumento mayor al que le corresponde conforme al salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México).
"Resultó infundado el argumento aducido por el demandante en el sentido de que no deben desconocerse los porcentajes de aumentos que la autoridad le hubiese reconocido a su cuota diaria pensionaria, superiores a los que efectivamente le corresponden, ya que la pensión debe aumentarse exclusivamente con el régimen de incrementos que le corresponde. Esto, toda vez que al momento en que se otorgó la pensión fue cuando dicho derecho pensionario empezó a formar parte de su esfera jurídica, razón por la cual, no sería válido que la pensión fuera incrementada con base en una normativa y parámetro distintos a los que legalmente corresponden.
"Lo anterior no significa que la autoridad pueda descontar o cobrar al promovente el excedente de las cantidades que le hubiese enterado por concepto de pensión, como consecuencia de la aplicación de un porcentaje de incremento incorrecto o distinto al que le corresponde, puesto que no existe fundamento legal que la autorice para realizar tal descuento o cobro.
"Le asistió la razón al accionante respecto al pago de las diferencias que se han generado por concepto de gratificaciones anuales (aguinaldo).
"Resultó innecesario realizar pronunciamiento respecto a la imprescriptibilidad de los montos vencidos, toda vez que no se actualizó la figura de la prescripción establecida en el artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres.
"En el juicio de nulidad, el primer año del periodo respecto del cual, el (antes) actor controvirtió el indebido incremento de su cuota pensionaria, fue dos mil diecisiete.
"Además, el Instituto deberá pagar debidamente actualizadas las diferencias resultantes de la aplicación de los incrementos por concepto de pensión y las correspondientes al concepto de gratificación anual (aguinaldo).
"La autoridad deberá realizar lo anterior sin exceder el tope máximo que establece el artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres, esto es, de conformidad con la Unidad de Medida y Actualización, en términos de lo previsto en la jurisprudencia 2a./J. 30/2021 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘PENSIÓN JUBILATORIA. EL MONTO MÁXIMO PREVISTO EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ABROGADA Y EN EL RÉGIMEN DEL ARTICULO DECIMO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISSSTE VIGENTE, DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) Y NO EN EL SALARIO MÍNIMO.’
"Por su parte, el quejoso aduce sustancialmente que:
"a) No debió aplicarse para el tope de la pensión, la Unidad de Medida y Actualización, sino el salario mínimo, como referente, atendiendo a que se constituyó un derecho en su favor (derecho adquirido), tomando en cuenta la fecha en que se pensionó (dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y cuatro), en la que aún no existía dicha Unidad. Que es inaplicable en el caso la jurisprudencia 2a./J. 30/2021 (10a.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, en tanto que ese quejoso se ubicó en un supuesto de excepción previsto en la ejecutoria relativa (párrafo 89 de la ejecutoria), en cuanto a que, tal criterio solamente cobra vigor en relación con pensionados que con posterioridad a la fecha en que se emitió la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se les otorgó el derecho social calculado con base en el monto máximo de diez veces dicho salario y no con base en la Unidad de Medida y Actualización.
"b) No controvierte la parte de la sentencia en que la Sala estableció que su pensión debe aumentarse con base en los aumentos que ha tenido el salario mínimo ‘general’ ni el pago de las diferencias resultantes, por lo que las consideraciones relativas deben declararse firmes.
"Al respecto, se tiene en cuenta lo siguiente:
"La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 200/2020 analizó el decreto de reformas relativo a la desindexación del salario mínimo, dejando sentado lo siguiente:
"• En la legislación reglamentaria de la reforma constitucional se determinó que, a la fecha de su entrada en vigor, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en leyes federales, estatales y del entonces Distrito Federal, así como cualquier disposición jurídica que emane de ellas, se entenderían referidas a la Unidad de Medida y Actualización.
"• La fijación del monto máximo o tope máximo de la pensión es una medida de cuenta o una referencia, en tanto que, del régimen legal respectivo se advierte que, primero, se procede a fijar el monto de la pensión, es decir, la cantidad mensual que por concepto de jubilación el asegurado empezará a percibir de manera vitalicia a partir del día siguiente al en que causó baja, tomando en cuenta el cien por ciento del sueldo básico disfrutado durante el año previo a la fecha de baja; y una vez establecida la cantidad mensual mencionada, la propia ley señala que aquél tendrá un monto o tope máximo.
"• En consecuencia, por un lado, el salario mínimo es un concepto de remuneración mínima para la subsistencia digna, concebido como un derecho constitucional conforme al cual nadie puede ganar por su trabajo una cantidad inferior a éste y, por otro, el monto de la pensión lo constituye el del salario obtenido por el trabajador en el último año en que estuvo activo, por lo que no existe duda que esas dos premisas forman parte del ámbito laboral.
"• Sin embargo, el monto máximo que puede recibir un asegurado una vez calculado el monto de su pensión no tiene relación ni con la definición de lo que es un salario mínimo ni con el citado monto de su pensión y, por tanto, se trata de una medida de referencia, en consecuencia, le es totalmente aplicable la reforma constitucional en materia de desindexación; particularmente, el régimen transitorio conforme al cual, a la entrada en vigor de la reforma constitucional, los conceptos de salario mínimo establecidos en el artículo 57 de la ley (sic) y 7 del reglamento deben entenderse referidos a la nueva Unidad de Cuenta.
"• Esa conclusión se reafirma si se toma en cuenta que, debido a la recuperación progresiva que ha tenido el salario mínimo, volver a considerarlo como medida para el tope del monto máximo de la pensión se incrementarían en la misma proporción las obligaciones a cargo de los fondos de pensiones del sistema solidario, aumentando el déficit del sistema con cada incremento, lo cual obligaría a contener o detener la recuperación del salario mínimo.
"• El monto máximo de las pensiones únicamente es aplicable a los asegurados con los salarios de cotización más altos, es decir, aquellos que cotizan al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con un salario superior a diez veces la Unidad de Medida y Actualización.
"• Ese Alto Tribunal ha sostenido que si bien las pensiones tienen como fuente la relación de trabajo establecida entre el derechohabiente y la dependencia pública o la fuente de trabajo en la que ha laborado, el aspecto relativo a la indebida cuantificación de una pensión pertenece a la materia administrativa, en tanto que no se cuestiona el derecho a obtenerla ni está en juego su revocación, por ende, la determinación de su monto límite debe cuantificarse con base en la unidad de medida y actualización y no con base en el salario mínimo.
"• Por ello, la cuantificación conforme a ese indicador no genera una afectación a los asegurados, puesto que, tanto el salario de cotización, como el monto máximo de las pensiones, tienen un límite máximo que es equivalente.
"Las consideraciones indicadas dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 30/2021 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, que establece:
"‘PENSIÓN JUBILATORIA. EL MONTO MÁXIMO PREVISTO EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ABROGADA Y EN EL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISSSTE VIGENTE, DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) Y NO EN EL SALARIO MÍNIMO.’ (se transcribe)
"En estos términos, la jurisprudencia al resolver el punto controvertido conduce a determinar la inoperancia de los conceptos de violación y, asimismo, descarta la aplicación al caso de los diversos criterios jurisdiccionales que el quejoso cita en su demanda de amparo, máxime que estos abordan tópicos diferentes, por el contrario, la jurisprudencia 2a./J. 30/2021 (10a.) toca de manera frontal, el punto controvertido.
"Sin que la aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 30/2021 (10a.) se efectúe retroactivamente, inobservando el artículo 217 de la Ley de Amparo, puesto que no es resultado de un cambio de criterio, ya que, antes de su emisión no existía un criterio vinculante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que definiera concretamente cuál es el indicador a tomarse en cuenta para efectos del tope de la cuota pensionaria.
"No escapa a la atención que el quejoso pretende que no se aplique en el caso la jurisprudencia indicada, remitiéndose a la parte final de la ejecutoria que dio lugar a la jurisprudencia transcrita, en la que se hace una salvedad en relación con la aplicación de dicho criterio.
"En el caso, se tiene presente que el accionante fue quien instó la intervención del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a efecto de que se le realicen los incrementos de la pensión conforme a la normativa vigente al momento en que se generó ese derecho, petición a la que recayó la resolución impugnada en el juicio de origen; por ende, si desde la instancia administrativa y en dicho juicio, el Instituto no estuvo de acuerdo con las pretensiones de ese demandante, ello elimina la posibilidad de que se aplique la excepción establecida en la última parte de la ejecutoria en comento.
"Sin que sea obstáculo que el accionante se hubiera pensionado el dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, y que en esa fecha el tope de la pensión se fijara en salarios mínimos, dado que, como lo especificó el Alto Tribunal, si bien la pensión jubilatoria constituye un derecho de seguridad social que deriva de la existencia de un vínculo laboral, en términos del artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal, al que los trabajadores del Estado tienen derecho una vez que cumplen con los requisitos de edad y años de servicio previstos legalmente, el aspecto relativo a su cuantificación, al no referirse a alguno de los requisitos que condicionan el otorgamiento del beneficio jubilatorio, corresponde a la materia administrativa y no a la laboral; de ahí que el monto máximo de la pensión jubilatoria establecido en los artículos 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, abrogada y 7 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es una medida o referencia ajena a la naturaleza de lo que es el salario mínimo y, por tanto, debe cuantificarse a razón de diez veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. ..." B. Juicio de amparo directo 344/2022 del índice del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Antecedentes.
Juicio de nulidad. Una persona pensionada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado demandó ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la nulidad de la resolución contenida en el oficio número **********, de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, en el que la jefa de Servicios de Asignación de Derechos de la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del referido instituto, resolvió en sentido negativo la solicitud de incremento de su cuota diaria de pensión y del concepto bono de despensa, conforme al parámetro que le resultó aplicable, así como el pago de las diferencias resultantes.
Correspondió conocer del asunto a la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuyo Magistrado presidente ordenó su registro con el número de expediente ********** y, seguidos los trámites de ley, el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, la Sala del conocimiento resolvió:
"I. Ha resultado procedente el presente juicio de nulidad, en el que la parte actora acreditó los extremos de su pretensión, en consecuencia:—II. Se declara la nulidad de la resolución impugnada, misma que quedó precisada en el Resultando 1 de este fallo, para los efectos señalados en la parte final del Considerando CUARTO del mismo."
Juicio de amparo directo. Inconforme con la sentencia precisada en el punto anterior, el actor promovió juicio de amparo directo, el cual se turnó al Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo Magistrado presidente, lo registró con el número DA. 344/2022 y, en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, por mayoría de votos del Pleno de ese órgano colegiado, se resolvió:
"PRIMERO.—La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a **********, contra la sentencia de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, dictada por la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio de nulidad **********.—SEGUNDO.—Se denuncia la contradicción de tesis, en términos del último considerando de esta ejecutoria."
Entre los motivos que sustentaron dicha decisión, se encuentran los siguientes:
"SEXTO.—Estudio. A fin de dar solución a los conceptos de violación, es conveniente informar los antecedentes relevantes del asunto, así como las consideraciones en que se sustenta el fallo combatido.
"En la instancia contenciosa administrativa, el actor demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio **********, de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, en que la jefa de Servicios de Asignación de Derechos de la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, resolvió en sentido negativo la solicitud de incremento de su cuota diaria de pensión, y del concepto bono de despensa, conforme al parámetro que le resultó aplicable, así como el pago de las diferencias resultantes.
"En el considerando cuarto, luego de precisar que, atendiendo a la normatividad aplicable, la pensión se debe acrecentar conforme al incremento del salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, y de precisar que la carga de la prueba corresponde a la demandada, la juzgadora concluyó que, en el caso, la enjuiciada no logró demostrar ese extremo.
"Explicó que la demandada no ofreció prueba demostrativa del debido ajuste a la pensión del actor, sin que sea suficiente que en su oficio de contestación haya manifestado lo contrario, ya que, al corresponderle la carga de la prueba, debió aportar los medios de convicción que así lo evidenciaran.
"Expuso que no obstaba a lo anterior, el hecho de que en su oficio de contestación hubiese insertado diversa tabla en que detalla (sic) los porcentajes de incremento que ha sufrido el salario mínimo general en la Ciudad de México, a partir de 2000 a 2016, ya que debió exhibir prueba demostrativa de ese aspecto, sin que así sucediera.
"Para corroborar la conclusión alcanzada, analizó la información contenida en los comprobantes de pago que se desprende de la página electrónica del instituto enjuiciado, así como la que se contiene en la página de la CONASAMI (sic) y, luego de diversas operaciones aritméticas, la juzgadora estimó que en 2006, 2008, 2010, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 y 2022, la autoridad no aplicó el incremento que registró el salario mínimo, en esas anualidades, ya que se desprende que aplicó porcentajes menores.
"Por otro lado, destacó que en 2001 a 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2014 y 2018 el porcentaje aplicado a la pensión del actor fue mayor al que legalmente le correspondía.
"Desde diversa perspectiva, determinó que, contrario a lo que sostuvo la enjuiciada, a partir de 2017, el salario mínimo no puede ser utilizado como unidad, base, factor o referencia, para fines ajenos a su naturaleza, dado que es de carácter laboral, puesto que reconoce un derecho en favor de los trabajadores mientras que la Unidad de Medida y Actualización será utilizada para determinar la cuantía del pago de obligaciones, entre la que no se encuentran las pensiones, al tratarse de un derecho humano a la seguridad social.
"Explicó que, por lo anterior, contrario a lo que sostuvo la enjuiciada, la Unidad de Medida y Actualización es inaplicable para el cálculo de los incrementos de la cuota diaria de pensión, en virtud de que su naturaleza es diversa al salario mínimo, ya que la primera constituye un indicador económico que sirve de base para determinar la cuantía del pago de obligaciones y los supuestos previstos en las leyes federales, mientras que el salario mínimo es de carácter laboral, puesto que reconoce un derecho en favor de los trabajadores.
"Por lo anterior, concluyó que, en el caso, los incrementos a la pensión del accionante deben efectuarse conforme al salario mínimo, y no atendiendo a la Unidad de Medida y Actualización.
"Agregó que, en el caso, no resulta aplicable el criterio fijado en la jurisprudencia 2a./J. 30/2021 (10a.), ya que en ella el Alto Tribunal analizó el tópico relativo a cuál debe ser el indicador económico para establecer el límite o monto máximo de la pensión –tope legal–, mientras que, en el caso, la litis consistió en determinar cuál es el indicador económico para establecer, a partir de 2017, el incremento porcentual que debe aplicarse a la pensión del actor.
"Con base en esas explicaciones, la sala declaró la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la demandada aplique el aumento que legalmente corresponde al actor, conforme al salario mínimo, desde la fecha en que se concedió el citado beneficio hasta que se dé cumplimiento al fallo, sin exceder el tope máximo previsto en la ley que rige al instituto, es decir, diez veces el salario mínimo del 2000 hasta 2016, y de 2017 en adelante, de diez veces la Unidad de Medida y Actualización, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 30/2021 (10a.), debiendo pagar las diferencias resultantes, así como las de la gratificación anual, salvo las que estén prescritas, debidamente actualizadas.
"Precisó que, en el supuesto en que al incrementar correctamente la pensión del actor, conforme a la mecánica aplicable, se obtenga una diferencia a favor del instituto, éste no podrá efectuar cobro alguno al pensionado, pero sí deberá establecer los porcentajes de aumento que legalmente le correspondan, aun cuando éstos sean menores a los que ya le había reconocido, previo al juicio de nulidad, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 10/2021 (10a.).
"En el considerando quinto, declaró inoperantes los argumentos relativos al ajuste del concepto bono de despensa, con la explicación de que no fue solicitado por el accionante, tal como se advierte de su escrito de petición.
"En contra de esa decisión, en su único agravio, la quejosa refiere esencialmente que, al otorgarse la pensión el 1o. de enero de 2000, adquirió el derecho para que su cuantía se acreciente conforme al salario mínimo general vigente para Ciudad de México, ya que así se establece en la normatividad que rige al instituto de seguridad social.
"Expone que en la jurisprudencia 2a./J. 30/2021 (10a.) se estableció un supuesto de excepción consistente en que, en aquellos casos en los que con posterioridad a la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo se otorgó una pensión jubilatoria a los asegurados, calculada con base en el monto máximo de diez veces el Salario Mínimo y no con base en la Unidad de Medida y Actualización, ya sea porque así lo determinó el propio instituto o como consecuencia de una sentencia ejecutoria, se les debe reconocer la existencia de un derecho adquirido; de ahí que ese criterio no puede ser aplicado retroactivamente.
"Argumenta que, por lo anterior, si a los asegurados se les concedió una pensión jubilatoria con posterioridad a la reforma constitucional, a efecto de nos trastocar derechos adquiridos, no les resulta aplicable dicha jurisprudencia, por lo que, por mayoría de razón debe considerarse en el mismo supuesto a las personas que obtuvieron la cuota diaria de pensión antes de la citada reforma, a las que se les calculo el tope máximo con base en el salario mínimo general.
"Aduce que lo anterior ha sido definido de ese modo por el Alto Tribunal, por lo que si los derechos que derivan de la jubilación constituyen derechos adquiridos, que no pueden verse afectados por una norma posterior que los limite o modifique negativamente, el tope de la cuota máxima de la cuota diari
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31972-2fe1fe10/pensiones-del-instituto-de-seguridad-y-servicios-sociales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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