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Modo: Corpus Pro

MONTO MÁXIMO DE LAS PENSIONES OTORGADAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE). DEBE CUANTIFICARSE TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL ÚLTIMO AÑO DE COTIZACIÓN DEL TRABAJADOR.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 9/2023. · Registro digital (IUS): 31771
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2023-09-22
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Septiembre de 2023, Tomo IV, Pág.3870.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 9/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 8 DE JUNIO DE 2023. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y DEL MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA. PONENTE: MAGISTRADA ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO. SECRETARIO: ALEJANDRO CASTRUITA FLORES.

II. COMPETENCIA

Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver de la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 6 fracción I, 7 y 14 fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1, fracción I, punto 2, 2 y 4 del diverso Acuerdo General 108/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales, en virtud de que la contradicción se suscitó entre Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, es decir, pertenecientes a la Región Centro-Norte.

III. LEGITIMACIÓN

De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo –en su redacción anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de siete de junio de dos mil veintiuno–, la contradicción de criterios fue denunciada por parte legitimada, Magistrado ********** ********** **********, entonces integrante del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo **********, que constituye uno de los criterios contendientes.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

Para una mejor comprensión del asunto, a continuación se precisa cuáles fueron los asuntos denunciados como probables contendientes de los criterios.

A) Amparo directo ********** del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Antecedentes.

a) En la vía contenciosa administrativa, una persona promovió juicio de nulidad en el que reclamó la resolución negativa ficta recaída al escrito en el que solicitó el aumento de su pensión, conforme al tope máximo diario previsto en el artículo 7 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como el pago de las diferencias correspondientes para nivelar la referida cuota diaria.

b) La Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dentro del juicio de nulidad **********, tuvo por configurada la negativa ficta. Posteriormente, analizó los conceptos de invalidez, y entre otros aspectos, calificó de infundados los argumentos tendentes a impugnar el tema relativo a que procede el pago de diferencias de pensión.

c) Lo anterior, esencialmente porque dicha Sala estimó que en la fecha en que se otorgó la pensión al asegurado (uno de enero de dos mil diecisiete), a efecto de fijar el monto máximo de la pensión, se debe tomar en consideración la Unidad de Medida y Actualización (UMA), de conformidad con el Decreto por el que se reformó la Constitución, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, factor que en el caso, al multiplicarse por diez, equivale a la cuota máxima asignada al asegurado.

d) Asimismo, declaró fundado el argumento relativo a que la autoridad no precisó cómo determinó la cuota diaria de pensión, ya que no demostró fehacientemente el ejercicio para obtener el sueldo básico disfrutado en el año inmediato anterior, conforme al Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto del Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

e) En consecuencia, declaró la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: "... emita una resolución debidamente fundada y motivada en la que precise lo siguiente: 1) cuáles fueron las prestaciones que se tomaron en cuenta para el cálculo de la pensión; 2) los datos que permitan establecer con certeza cuál fue el tabulador regional y el sueldo tabular aplicados, el manual de percepciones vigente en el último año anterior a la fecha de baja del trabajador; y, 3) los descuentos relativos al componente del salario, prima de antigüedad o los quinquenios y todo aquello que hubiere sido materia de cotización al instituto."

f) Inconforme, el asegurado promovió juicio de amparo directo.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a quien le correspondió conocer del juicio de amparo en comento, dentro del amparo directo **********, en esencia precisó:

a) El quejoso aduce que es ilegal que la Sala responsable aplicara la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente para dos mil diecisiete, a efecto de establecer el tope máximo de su cuota de pensión, siendo que ese indicador no se debe considerar en relación con las prestaciones de seguridad social, pues para ello el salario mínimo sigue siendo el parámetro (indicador económico) que se debe tomar en cuenta.

b) El órgano colegiado señaló necesario interpretar el artículo 7 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, además que la Sala responsable estableció que la cuota diaria de pensión no debe exceder de diez veces el salario mínimo, pero en términos del artículo tercero transitorio del decreto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, toda referencia a ese indicador se debe entender hecha a la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

c) Asimismo, que la Sala responsable estableció que a la fecha en que se otorgó la pensión al actor, es decir, el uno de enero de dos mil diecisiete, la UMA era de $ ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** por lo que el actor no tenía derecho a que se le aplicara el monto de $********** ********** ********** ********** ********** que corresponde al salario mínimo para dos mil diecisiete.

d) Puntualizó el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que la problemática a resolver en el amparo directo **********, consistía en determinar si la UMA debía servir como indicador económico para establecer el tope máximo de la cuota diaria de pensión, en términos del artículo 7 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, o bien si se debía utilizar el salario mínimo para fijar el monto máximo de la cuota de pensión, atendiendo a la fecha en que se otorgó la pensión.

e) Que el asunto resultaba necesario tener presente que de la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se sostuvo que el salario mínimo no sólo se utilizaba como unidad mínima de remuneración que deben recibir los trabajadores, sino también como unidad de cuenta para indexar ciertos supuestos y montos, que incluyen el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, supuestos para elevar un acto jurídico a escritura pública, así como algunas cuotas y los topes de las aportaciones al sistema de seguridad social. Así, al aumentar el salario mínimo no solamente se ajusta la contraprestación que deben recibir los empleados, sino además todos los montos vinculados a éste.

f) Que la íntima relación del salario mínimo con ciertos supuestos y montos generaba distorsiones, era necesaria la creación de una unidad de cuenta que sirviera como índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones que emanen de las mismas, aumentando en función de la inflación.

g) La Unidad de Medida y Actualización fue creada para dejar de utilizar el salario mínimo como instrumento de indexación y actualización de los montos de las obligaciones previstas en diversos ordenamientos, permitiendo que los incrementos que se determinen al valor del salario mínimo ya no generen aumentos a todos los rubros que estaban indexados, logrando que éste pueda funcionar como instrumento de política pública independiente, prohibiendo que sea manejado como base para fines ajenos a su naturaleza.

h) Se partió de la idea de que el salario mínimo solamente debía ser utilizado atendiendo a su naturaleza, esto es, como la remuneración básica que legalmente pueden recibir los trabajadores, más no como indicador económico de actualización ajeno a su creación, por lo que sigue siendo aplicable como indicador económico relacionado con los aumentos propios de la contraprestación por el trabajo realizado o las prestaciones de seguridad social que surgen del mismo, como las pensiones, cuyo monto máximo se fija con base en este parámetro.

i) Que tal como alegó el quejoso, la Unidad de Medida y Actualización no era aplicable para efectos de determinar el monto máximo de la cuota diaria de pensión.

j) Esta afirmación –aseveró el Tribunal Colegiado– se robustece con la exposición de motivos que dio origen al Decreto por el que se expide la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), ordenamiento que se creó en cumplimiento al artículo quinto transitorio del Decreto por el que se reformó la Constitución en materia de desindexación del salario mínimo.

k) El Tribunal Colegiado precisó que a efecto de determinar el monto máximo de la cuota diaria de pensión, no se debía considerar la unidad de medida y actualización, sino las cantidades del salario mínimo que excedieran de diez veces ese indicador económico, en términos del numeral 7 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto del Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y, que era menester definir una cuestión:

- Si se debía aplicar el salario mínimo vigente en dos mil diecisiete, fecha en que otorgó la pensión o, el de dos mil dieciséis, que corresponde al año inmediato anterior que se tomó en consideración para fijar el sueldo básico promedio, como sostuvo la autoridad en la contestación de demanda.

Que de conformidad con el citado artículo 7 del reglamento de referencia, el monto máximo de la pensión no podía ser mayor del cien por ciento del sueldo básico promedio que recibió el trabajador en el año inmediato anterior a que causó baja y, por otro, limita a un máximo de diez salarios mínimos para el caso de que ese sueldo promedio sea superior. Que en otras palabras, establece cómo se debe calcular el monto máximo de la pensión, pero también el límite de diez veces el salario mínimo si la cuantía de la pensión rebasa esta última suma.

l) Afirmó que de la interpretación literal de la norma no prevé expresamente si los diez salarios mínimos, como monto máximo de la pensión, son los vigentes en la fecha en que se otorga la pensión, o bien, los aplicables en el año inmediato anterior que se toma como referencia para obtener el salario básico promedio, lo cierto es que, la mencionada disposición admite ambas intelecciones.

Además, que la interpretación que debe prevalecer del artículo 7 del mencionado reglamento, en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del principio pro persona, es la más favorable al quejoso, en el sentido de que el monto máximo de la pensión debe ser calculado considerando diez veces el salario mínimo vigente en la fecha en que se otorgó el beneficio de seguridad social, más no el aplicable en el año inmediato que sirve para determinar el salario básico promedio.

m) En consecuencia, el monto máximo de cuota diaria de pensión, atendiendo a los diez salarios mínimos vigentes al uno de enero de dos mil diecisiete, debía ser por la suma de $ ********** ********** ********** ********** **********.

n) Por tanto, determinó fundada la pretensión del quejoso en el sentido de que el instituto demandado fijó incorrectamente su cuota diaria de pensión, al calcularla por la cantidad de $ ********** ********** ********** ********** ********** **********, siendo que tiene derecho a la diversa de $ ********** ********** ********** ********** **********, que corresponde a diez veces el salario mínimo vigente para dos mil diecisiete, en términos del mencionado precepto reglamentario.

Dichas consideraciones expuestas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, dieron lugar al criterio I.1o.A.213 A (10a.), publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 66, mayo de 2019, Tomo III, página 2710, con registro digital: 2019880, que en su rubro y texto establecen:

"PENSIONES OTORGADAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR SU MONTO MÁXIMO ES APLICABLE EL SALARIO MÍNIMO VIGENTE EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO Y NO EL DEL AÑO INMEDIATO QUE SIRVE DE BASE PARA OBTENER EL SALARIO BÁSICO PROMEDIO. El artículo 7 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado dispone, por un lado, que el monto máximo de la pensión no puede ser más del cien por ciento del sueldo básico promedio que recibió el trabajador en el año inmediato anterior a que causó baja y, por el otro, lo limita a un máximo de diez salarios mínimos para el caso de que ese sueldo sea superior. Ahora, aun cuando la norma no prevé expresamente si los diez salarios mínimos, como monto máximo de la pensión, son los vigentes en la fecha en que se otorga la pensión, o bien, los aplicables en el año inmediato anterior que se toma como referencia para obtener el salario básico promedio, como la disposición admite ambas intelecciones, en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme al principio pro persona, debe prevalecer la interpretación más favorable a los derechos del pensionado, por lo que si existe variación entre las cantidades que resultan de multiplicar diez veces ese indicador económico, por ejemplo, en 2016 y en 2017, dado que en el primero da como resultado la suma de $730.40 (setecientos treinta pesos 40/100 M.N.), mientras que el segundo la diversa de $800.40 (ochocientos pesos 40/100 M.N.), se colige que el monto máximo de la pensión debe calcularse considerando diez veces el salario mínimo vigente en la fecha en que se otorgó el beneficio de seguridad social y no el del año inmediato anterior."

B) Amparo directo ********** del índice del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Antecedentes.

a) En la vía contenciosa administrativa, una persona promovió juicio de nulidad en el que reclamó la resolución negativa ficta recaída al escrito en el que solicitó el incremento y pago de las diferencias de pensión, conforme al tope máximo diario previsto en los artículos 7 y 8 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

b) La Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana dentro del juicio de nulidad **********, tuvo configurada la negativa ficta atribuida a la Subdirección de Pensiones de la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, así como a la citada Dirección General, todas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Posteriormente, analizó los conceptos de invalidez, y entre otros aspectos, calificó de infundados los argumentos y consideró en lo esencial, que el salario mínimo general que debía tomarse en cuenta para el tope máximo, era el vigente en el año dos mil dieciséis y no el dos mil diecisiete, en el que se concedió la pensión al accionante.

Asimismo, examinó los conceptos de nulidad relativos al incremento de la cuota diaria de pensión, los que calificó de infundados, pues afirmó que no podía aplicarse un incremento a la cuota diaria de pensión del actor en el mismo año en que ésta le fue otorgada.

Inconforme con ello, se promovió juicio de amparo directo, del cual en la parte conducente, entre otras cosas se destaca lo siguiente:

c) Al analizar los conceptos de violación, el Décimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, estimó en principio, precisar que la aplicación del principio pro persona o pro homine no significaba que los órganos jurisdiccionales nacionales dejaran de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia –como lo venían desempeñando antes de la reforma constitucional del diez de junio del dos mil once–, sino que se traducía en la aplicación de los instrumentos internacionales cuando exista una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice.

Que esto no implicaba la inobservancia de los diversos principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional –legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia– ya que de hacerlo provocaría un estado de incertidumbre a los destinatarios de tal función.

En apoyo a ese argumento transcribió el contenido de la tesis 2a. LXXXII/2012 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, noviembre de 2012, Tomo 2, página 1587, con registro digital: 2002179, de la voz: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011."

d) Señaló que no se vulneran los derechos humanos del peticionario de amparo, porque la protección de éstos no puede llegar al extremo de soslayar la legislación aplicable en cada caso particular, pues tal proceder equivaldría a que los tribunales dejen de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con esto un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, al desconocerse la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.

En soporte de lo anterior, precisó el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 98/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario

Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, octubre de 2014, Tomo I, página 909, que dice en su rubro: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL." e) El Tribunal Colegiado precisó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que el principio pro persona es un criterio hermenéutico por virtud del cual los operadores jurídicos –ante dos o más normas aplicables– deben atender a aquella que otorgue la protección más amplia a la persona;

O bien, ante una norma aplicable, elegir la interpretación más extensiva de la misma, si ésta reconoce derechos protegidos y, por el contrario, si prevé restricciones al ejercicio de derechos, su interpretación ha de ser restringida, ello conforme al contenido de la tesis 2a. LVI/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de texto: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. PRESUPUESTOS PARA SU APLICACIÓN."

f) Que el derecho a la seguridad social está reconocido como uno de los derechos humanos de eficacia internacional, que participa con los demás de las características de universalidad, inalienabilidad, indivisibilidad e interdependencia, en cuanto contribuye a asegurar que las personas alcancen una vida plena y digna.

Asimismo, que el Estado Mexicano ha sentado las bases conforme a las cuales se desarrolla el derecho a la seguridad social en el rubro de jubilación, reglas que establecen el derecho de los trabajadores a recibir una pensión jubilatoria de acuerdo con las aportaciones realizadas al régimen de seguridad social.

g) El Tribunal Colegiado puntualizó que el quejoso pretendía el cálculo del tope máximo de su cuota pensionaria conforme a un salario mínimo vigente con posterioridad a la fecha de su baja.

Posteriormente, el órgano colegiado relató las particularidades de la forma y los parámetros que tomó la Sala responsable, para efectuar el tope máximo de los diez salarios mínimos a que se refiere el artículo 7 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto del Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

h) Luego, precisó que la litis a dilucidar era determinar el monto máximo de pensión previsto en el artículo 7 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debía ser aplicado con base en el salario mínimo general vigente en el año inmediato anterior a su baja como trabajador o bien, tomando en consideración la fecha a partir de la cual se le otorgó la pensión.

Es decir, que debía determinarse si el salario mínimo general aplicable para determinar el tope máximo de la pensión, era el vigente en el año inmediato anterior a la fecha de la baja del trabajador, entendido éste como el último año en que estuvo cotizando ante el instituto demandado (el cual bien puede corresponder a un año calendario, o estar comprendido por los meses relativos a dos anualidades), o el vigente a partir de que se otorga ese derecho pensionario.

El Tribunal Colegiado explicó que del contenido de los artículos 18 y 19 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se derivaban las siguientes premisas:

1. Para que se pueda obtener dicha pensión, es necesario reunir los años de cotización descritos en la normativa aplicable.

2. La pensión por jubilación da derecho al pago de una cantidad equivalente al cien por ciento del promedio del sueldo básico disfrutado en el año inmediato anterior a la fecha de la baja del trabajador.

3. El disfrute al pago de la pensión comenzará a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador hubiese percibido el último sueldo antes de causar baja.

Que del artículo 17 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como del 6 y 7 del reglamento antes citado, se desprende que las cuotas y aportaciones efectuadas al instituto se harán sobre el sueldo básico disfrutado por el trabajador durante el último año que estuvo en activo (cotizando), estableciéndose como límite inferior un salario mínimo general vigente en la Ciudad de México y como límite superior el equivalente a diez veces dicho salario mínimo.

Lo anterior –afirmó el mencionado Tribunal Colegiado– porque el citado tope máximo debe tener correspondencia con las aportaciones y cuotas de seguridad social efectuadas por la parte trabajadora, ya que de éstas se obtienen los recursos para cubrirlas, por lo que, si en el mismo numeral 7 también se estipula que el monto de las pensiones no podrá exceder del cien por ciento del promedio del sueldo básico disfrutado en el año inmediato anterior a la fecha de baja del trabajador, por ende, el aplicable era el salario mínimo vigente en el año inmediato anterior a la fecha de baja.

V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

De acuerdo con el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una contradicción de tesis existe cuando concurren los siguientes supuestos:

A) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes.

B) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.

Además, ha determinado que la contradicción de tesis es existente, independientemente de que las resoluciones contendientes partan de aspectos fácticos distintos, siempre y cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, esto se refleja en la jurisprudencia P./J. 72/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XXXII, agosto de 2010, Página 7, con registro digital: 164120, establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

Asimismo, para que exista la contradicción es indispensable que lo afirmado en una sentencia se niegue en la otra o viceversa y que, además, la cuestión jurídica estudiada en los criterios antagónicos goce de generalidad y no de individualidad, de manera que con la jurisprudencia que deri

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31771-f0a39981/monto-maximo-de-las-pensiones-otorgadas-por-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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