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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LA SEGUNDA HIPÓTESIS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO Y POR EL CONSEJERO JURÍDICO, EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU ACTUAR POR VICIOS PROPIOS RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, AL HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE SU CREACIÓN (ARTÍCULO 2o. DEL DECRETO MIL QUINCE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO). IV. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. V. AUTONOMÍA DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. CONSTITUYE UNA CONDICIÓN PARA QUE EJERZAN SUS FUNCIONES CON PLENA INDEPENDENCIA. VI. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. VII. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO [INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO MIL QUINCE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2o. EN DONDE SE INDICA "... A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DEL FALLECIMIENTO DE LA PENSIONADA, POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, DEPENDENCIA QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA DESTINADA PARA PENSIONES, SEGÚN LO ESTABLECEN LOS NUMERALES 55, 57, 64 Y 65, FRACCIÓN II, INCISO C), Y PÁRRAFO SEGUNDO, INCISO C), DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS."]. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL PODER JUDICIAL LOCAL, NO PUEDE CAUSAR AFECTACIÓN ALGUNA A LOS DERECHOS QUE YA SE HABÍAN OTORGADO AL TRABAJADOR PENSIONADO Y QUE NO FUERON MATERIA DE LA INVALIDEZ DECRETADA [INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO MIL QUINCE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2o. EN DONDE SE INDICA "... A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DEL FALLECIMIENTO DE LA PENSIONADA, POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, DEPENDENCIA QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA DESTINADA PARA PENSIONES, SEGÚN LO ESTABLECEN LOS NUMERALES 55, 57, 64 Y 65, FRACCIÓN II, INCISO C), Y PÁRRAFO SEGUNDO, INCISO C), DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS."]. IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL QUE VINCULA AL CONGRESO LOCAL PARA QUE ESTABLEZCA SI SERÁ EL PROPIO CONGRESO QUIEN HARÁ EL PAGO DE LA PENSIÓN RESPECTIVA CON CARGO AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO O, EN CASO DE CONSIDERAR QUE DEBE SER ALGÚN OTRO PODER O ENTIDAD QUIEN DEBA REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LA PENSIÓN, DEBERÁ OTORGAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE DICHO ENTE PUEDA SATISFACER ESA OBLIGACIÓN [INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO MIL QUINCE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2o. EN DONDE SE INDICA: "... A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DEL FALLECIMIENTO DE LA PENSIONADA, POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, DEPENDENCIA QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA DESTINADA PARA PENSIONES, SEGÚN LO ESTABLECEN LOS NUMERALES 55, 57, 64 Y 65, FRACCIÓN II, INCISO C), Y PÁRRAFO SEGUNDO, INCISO C), DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS."].

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 60/2021. · Registro digital (IUS): 30866
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-08-26
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Agosto de 2022, Tomo III, Pág.2982.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 60/2021. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 2 DE MARZO DE 2022. CINCO VOTOS DE LA MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, Y DE LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y MINISTRA PRESIDENTA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, QUIEN SE APARTA DEL PÁRRAFO CINCUENTA Y CUATRO. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: OMAR CRUZ CAMACHO.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: El Poder Judicial del Estado de Morelos impugna el Decreto Mil Quince, por medio del cual el Poder Legislativo del mismo Estado dispuso del presupuesto del Poder Judicial para el pago de una pensión por viudez.

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día dos de marzo de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 60/2021, promovida el trece de mayo de dos mil veintiuno por Rubén Jasso Díaz, Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y del secretario de Gobierno del mismo Estado, demandando la invalidez del siguiente acto:

"Se reclama la invalidez por sí y por vicios propios de los artículos 1o., 2o. y 3o. del Decreto Número Mil Quince (1015), publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ 5929, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, a través del cual el Poder Legislativo de Morelos, determinó otorgar pensión por viudez al C. Héctor González Popoca, cónyuge supérstite de la finada Ana Bertha Flores Preciado, con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin transferir efectivamente los recursos necesarios para cumplir con la carga económica que implica el decreto pensionario."

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. En el escrito de demanda se narran los siguientes antecedentes:

a) El treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos el Decreto Mil Quince, mediante el cual el Poder Legislativo otorgó una pensión por viudez al C. Héctor González Popoca, con cargo al presupuesto del Poder Judicial actor. Con anterioridad a este acto, el Poder actor manifiesta que han sucedido los siguientes hechos:

b) El Poder actor ha promovido controversias constitucionales donde ha combatido la invalidez de los decretos emitidos por el Congreso Local, pues con su emisión invade su esfera de competencias, en específico su autonomía financiera. Estas controversias han sido resueltas en su mayoría a favor del actor, declarándose la invalidez de los decretos jubilatorios impugnados.

c) En cada ejercicio fiscal el Poder actor ha remitido al titular del Poder Ejecutivo su anteproyecto de Presupuesto de Egresos, contemplando una partida para el pago de los decretos de las personas pensionadas o jubiladas por el Congreso Local. No obstante, los anteproyectos no han sido respetados, pues la autoridad demandada sólo ha autorizado un porcentaje mínimo para el rubro de pago de las pensiones.

d) Como ha sido manifestado en diversas controversias constitucionales, el presupuesto otorgado al Poder actor se mantuvo intocado del ejercicio fiscal de dos mil trece al de dos mil diecisiete, a razón de $451,559,000.00, soslayando con ello el aumento de precios de los insumos y del salario del personal y el exponencial número de jubilados por el Congreso Local, sin que exista una partida presupuestal de pensiones para sufragarlas.

e) El treinta de agosto de dos mil diecinueve, el Poder actor remitió al titular del Poder Ejecutivo su anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal dos mil veinte, conforme a los artículos 92-A, fracción VI, de la Constitución Local y 25, párrafo cuarto, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado. En dicho anteproyecto se planteó un presupuesto de $897,908,000.00, tomando como base el presupuesto del año dos mil diecinueve, en la lógica de que pudiera ser el mismo y pudiera aumentar el presupuesto del Poder actor por ser un porcentaje fijo sobre el referido gasto.

f) En dicho anteproyecto se previó una partida presupuestal para el pago de las pensiones y jubilaciones por un monto de $264,903,242.00, de los cuales $106,804,144.00 se previeron para el pago de los decretos jubilatorios que emitiera el Congreso demandado. Sin embargo, ni siquiera se aprobaron los recursos necesarios para cubrir los decretos existentes. Por tanto, no se puede considerar que los recursos emitidos para este ejercicio fiscal sean suficientes si ya han sido insuficientes para los ejercicios fiscales anteriores a dos mil veinte.

g) El primero de octubre del mismo año, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso Local el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veinte. En dicho presupuesto no se respetó el importe proyectado por el Poder actor, establecido con base en el porcentaje señalado en los artículos 32, párrafo segundo y 40, fracción V, de la Constitución Local. Además, la reducción de los recursos se hizo sin motivarse o fundarse.

h) El veintiocho de enero de dos mil veinte, el Congreso Local aprobó el Decreto 661, que contenía el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte. En este presupuesto se asignó al Poder actor una cantidad de $549,034,000.00, que incluía las partidas denominadas como "Pago de decretos pensionarios del Tribunal Superior de Justicia" y "Apoyo Extraordinario a sindicalizados del Poder Judicial". Con la emisión de este decreto se violó el proceso legislativo y el mandato establecido en la Constitución Local de otorgar al actor el equivalente al 4.7% del gasto programable.

i) Se precisa que, del total de los recursos autorizados para el actor, debía descontarse la cantidad asignada para el Tribunal de Justicia para Adolescentes, por lo que la cantidad final disponible descendía a $524,034,000.00. En consecuencia, la cantidad destinada al pago de los decretos de pensiones fue muy inferior a la solicitada inicialmente por el actor.

j) Posteriormente, el veintiocho de agosto de dos mil veinte, mediante oficio RJD/JUNTA ADMON 787/2020, el Poder Judicial actor remitió al Poder Ejecutivo su anteproyecto de Presupuesto de Egresos y programa operativo anual para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con el objeto de que lo remitiera al Poder Legislativo. El Poder actor solicitó por lo menos la cantidad de $916,832,428.00, tomando como base el presupuesto del año dos mil veinte, en la lógica de que pudiera ser el mismo y si éste llegara a aumentar de igual manera aumentaría el presupuesto del actor, por ser un porcentaje fijo sobre el referido gasto.

k) Se enfatizó que la cantidad solicitada sólo correspondía al presupuesto del actor, con independencia del presupuesto que se destinara al pago de los decretos pensionarios y para la implementación del sistema de justicia laboral, pues con ellos la cantidad ascendería a $1,480,051,000.00.

l) El primero de octubre del mismo año, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado. No obstante, nuevamente no respetó el importe proyectado por el actor y que había establecido con base en el porcentaje referido en los artículos 32, párrafo segundo y 40, fracción V, de la Constitución Local. Con esta reducción el Ejecutivo vulneró el artículo 70, fracción XVIII, inciso c), de la propia Constitución Local, así como los principios de autonomía e independencia judicial reconocidos en el artículo 116 de la Constitución Federal.

m) El quince de diciembre del mismo año, el Congreso Local aprobó el Decreto Número Mil Ciento Cinco, en el que se autoriza el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno. Con la emisión de este decreto violó el proceso legislativo y la obligación impuesta por los artículos 32, párrafo segundo y 40, fracción V, de la Constitución Local.

n) En lo que atañe al Poder actor, en dicho presupuesto se le asignó la cantidad de $549,034,000.00, desglosado entre el "Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos", para el "Pago de pensiones, jubilaciones, controversias constitucionales y amparos del Tribunal Superior de Justicia" y para el "Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes". No obstante, en el presupuesto no se contempló una partida específica denominada "Apoyo extraordinario a sindicalizados", como sí se hacía en ejercicios fiscales previos. Además, la cantidad aprobada tampoco correspondió al 4.7% del gasto programable.

2. Concepto de invalidez. El Poder Judicial del Estado de Morelos señala en su único concepto de invalidez lo siguiente:

a) El Decreto Mil Quince impugnado invade su autonomía en la gestión presupuestal, porque el Poder Legislativo determinó unilateralmente conceder una pensión por viudez al C. Héctor González Popoca con cargo al presupuesto del Poder Judicial actor.

b) El Poder actor considera que el Poder demandado lesiona su independencia en el grado más grave que es la subordinación y, en consecuencia, su autonomía en la gestión presupuestal, pues mediante el artículo 2o. del decreto impugnado se dispuso de sus recursos financieros.

c) El Poder actor señala que tiene la facultad de disponer de sus propios recursos y, sin embargo, no tuvo intervención en la emisión del Decreto Mil Quince impugnado. Además, en el decreto no se determinó una partida presupuestal específica del presupuesto para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno con la que debe de realizarlo.

d) Agrega que la afectación a su presupuesto es mayor, porque el Poder Legislativo impuso la obligación de pagar la pensión por viudez a partir del día siguiente al del fallecimiento de la pensionada. No obstante, ese presupuesto está agotado, pues aplica el principio de anualidad y la pensionada no se separó de sus labores en el ejercicio fiscal dos mil veintiuno vigente. En consecuencia, considera que también en este supuesto se vulnera el artículo 116 de la Constitución Federal, ya que el Poder Legislativo pretende someter a sus decisiones al Poder Judicial actor.

e) El Poder actor reconoce que la muerte de un trabajador genera el derecho a una pensión por viudez, siempre que se encuentre asignada en una ley, un decreto legislativo, un contrato colectivo o por las condiciones generales de trabajo, conforme al artículo 123 de la Constitución Federal. No obstante, expresa que en el caso no se asignó una partida presupuestal específica para el pago de este derecho, por lo que tiene un impedimento legal y constitucional para realizarlo. Específicamente, señala que el artículo 131 de la Constitución Local impide realizar pagos que no estén comprendidos en el presupuesto respectivo.

f) En suma, el Poder actor reitera que el Decreto Mil Quince impugnado vulnera en su perjuicio los mandatos constitucionales referidos, porque –subraya– en el decreto no se establece con cargo a qué partida presupuestal se debe sufragar la pensión y sobre todo porque no se transfirieron los recursos necesarios para cubrirla desde el día siguiente del fallecimiento de la pensionada.

g) Asimismo, señala que la atribución del Congreso Local de emitir decretos jubilatorios a favor de los trabajadores de otros poderes se aparta del principio de autonomía de la gestión presupuestal. En específico, el Poder actor no se explica por qué si los trabajadores mantuvieron una relación de trabajo con dicho poder, entonces le corresponde a una autoridad ajena como al Congreso Local evaluar el cumplimiento de los requisitos para otorgar las pensiones.

h) Ante la situación descrita, el Poder actor precisa que solicitó formalmente del Congreso Local un aumento de su presupuesto para cubrir el pago de las pensiones; no obstante, el Poder Legislativo hizo caso omiso de tal solicitud.

i) El Poder actor destaca, a manera de guisa, que en el artículo 3o. del Decreto Mil Quince impugnado se ordena, incluso, la forma del cálculo para pagar la pensión; sin embargo, señala que desde los ejercicios fiscales de dos mil quince al dos mil veintiuno no se ha incrementado el presupuesto para el pago de los aumentos salariales de los decretos pensionarios, aunque así ha sido solicitado en los anteproyectos de presupuesto.

j) Al respecto, el Poder actor considera aplicable la tesis P./J. 101/2000, de rubro: "PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. MARCO JURÍDICO DE GARANTÍAS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

k) El Poder actor concluye que la Suprema Corte debe declarar la invalidez del Decreto Mil Quince impugnado. Asimismo, considera que dada la situación de subordinación y dependencia en que se encuentra, se debe ordenar al Poder Legislativo que incremente o dote de recursos suficientes la partida de pensiones, con el fin de no vulnerar los derechos de los trabajadores.

l) Añade que el pasado quince de diciembre de dos mil veinte, el Congreso Local aprobó el Decreto Número Mil Ciento Cinco, que contiene el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, asignando al Poder Judicial actor una cantidad que no corresponde al 4.7% del gasto programable y, sobre todo, sin contemplar un pago específico para cubrir la pensión contenida en el Decreto Mil Quince combatido, lo que es contrario a lo estipulado en la Constitución Local.

m) Que con ello, se pasó por alto que el Poder actor estableció en su anteproyecto de presupuesto una cantidad específica para el rubro de los pagos de los decretos pensionarios; no obstante, la cantidad asignada en el Decreto Número Mil Ciento Cinco no representa ni la mitad de lo que se requiere para pagar los decretos existentes ni los incrementos de los salarios de las pensiones.

3. Artículos constitucionales violados. El Poder Judicial del Estado de Morelos señaló como violados en su perjuicio los artículos 14, 16, 17, 116 en sus fracciones II y III; 123 en su apartado B, 126, 127 y 134 de la Constitución Federal.

4. Admisión y trámite. Mediante acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, y lo turnó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que fungiera como instructor del procedimiento.

5. Mediante acuerdo de veintidós de junio siguiente, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda y ordenó dar vista a los Poderes Ejecutivo y Legislativo y al secretario de gobierno del Estado de Morelos para que rindieran su informe, así como a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo correspondiente.

6. Contestación del Poder Ejecutivo. Por escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, el consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos rindió su contestación de demanda, donde en resumen señaló lo siguiente:

a) En el decreto que contiene el Presupuesto de Egresos del gobierno local para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, específicamente en el artículo décimo octavo, el Poder Legislativo autorizó una partida de $549’034,000.00 (quinientos cuarenta y nueve millones treinta cuatro mil pesos 00/100 M.N.) a favor del Poder Judicial, distribuidos conforme al Anexo 2 del mismo decreto.

b) Subraya que dicha cantidad se integra por los recursos necesarios para todas las obligaciones financieras, laborales y de seguridad social, las derivadas de pensiones y jubilaciones, controversias constitucionales, amparos, cambios organizacionales, construcción y operación de infraestructura, capacitación de recursos humanos y demás obligaciones.

c) Por consiguiente, considera que el Poder Judicial cuenta con los recursos para hacer frente a los pagos que por concepto de pensiones le corresponde realizar en este ejercicio fiscal, por lo que no debería quedar supeditado a los recursos aprobados por otros Poderes del Estado.

d) Añade que toda vez que el actor cuenta con la certeza de un presupuesto que equivale a un porcentaje fijo del Presupuesto de Egresos anual, será entonces la capacidad de reestructura y reingeniería financiera la que le podrá permitir cumplir con los compromisos adquiridos y venideros, conforme a la ley en materia de disciplina financiera.

e) Considera que, en tal virtud, el Poder Judicial actor tiene la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto autorizado, conforme a la tesis P./J. 5/2011.(1)

f) Por otra parte, señala que se debe considerar la problemática financiera que atraviesa el erario estatal y municipal, pues, a diferencia del IMSS, que financia su sistema de pensiones a través de cuentas individuales, en el caso de los trabajadores locales las pensiones tienen como única fuente el erario. Por esta razón, agrega que de los presupuestos de egresos de los Poderes y los Municipios de la entidad debe destinarse una partida para el pago de las pensiones a sus ex-trabajadores. Así, estima que existen dos nóminas paralelas: una para pagar los salarios de los trabajadores y otra para los pensionados.

g) Por último, señala que no es patrón solidario o sustituto de las obligaciones del Poder actor con sus jubilados, razón por la cual debe responder solamente de sus obligaciones y no de las que incumple el Poder actor.

7. Contestación del Poder Legislativo. El veinte de agosto de dos mil veintiuno, el vicepresidente de la Mesa Directiva rindió la contestación de demanda en representación del Congreso del Estado de Morelos, donde en resumen señaló lo siguiente:

a) Señala que no es cierto lo afirmado por el Poder actor, porque el presupuesto de dos mil trece a dos mil dieciséis sí ha variado:

i. En el dos mil trece se le asignaron $585,365,000.00 para la implementación de las reformas al sistema judicial penal y para las obligaciones financieras y laborales, cambios organizacionales, construcción y operación de infraestructura y la capacitación de recursos humanos.

ii. En el dos mil catorce se le asignaron $565,198,000.00, lo que implicó un incremento de $5’833,000.00, (sic) con el fin de fortalecer los presupuestos destinados a los Tribunales Locales Electoral y contencioso administrativo, con una partida específica para infraestructura y equipamiento.

iii. En el dos mil quince se le asignaron $570,679,000.00.

iv. En el dos mil dieciséis se le asignaron $554,679,000.00.

v. En el dos mil diecinueve se le otorgaron $80,000,000.00 para el pago de las pensiones, y en cumplimiento del acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte –de veinticinco de febrero del mismo año, relativo al cumplimiento de las ejecutorias de las controversias constitucionales relacionadas con el pago de las pensiones de los servidores públicos adscritos al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos– se otorgaron $127,024,563.11 para el pago de todas las pensiones, incluso las de ejercicios fiscales previos.

b) Respecto de los conceptos de invalidez, el Poder Legislativo inicia transcribiendo algunas consideraciones que sustentaron la publicación de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el seis de septiembre de dos mil veinte en el medio oficial local.

c) Señala que los trabajadores del Estado tienen el derecho a las pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez o muerte, mismas que se otorgan por los Poderes del Estado, y respecto de las cuales los trabajadores tienen la obligación de enterar a la institución respectiva las aportaciones fijadas en la ley.

d) Asimismo, los trabajadores del Estado tienen derecho también a otras pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez o muerte, otorgadas por el Congreso Local. Por ello, a la Legislatura le corresponde otorgar los decretos de pensión en favor de los trabajadores que prestaron sus servicios en el Estado, incluyendo a los trabajadores del Poder Judicial, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley referida. e) Por otra parte, considera que son infundadas e inoperantes las afirmaciones del actor, porque en el Decreto Número Mil Ciento Cinco, que contiene el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, en el artículo décimo octavo consta que se asignaron $549,034,000.00 a favor del Tribunal Superior de Justicia, de los cuales $75,000,000.00 son para el pago de las pensiones, tal como se aprecia en el Anexo 2 que se transcribe:

Ver Anexo 2

f) Subraya que la cantidad autorizada se integra por los recursos necesarios para todas las obligaciones, sean financieras, laborales y de seguridad social, así como las que se derivan de las pensiones y jubilaciones, controversias constitucionales, amparos, cambios organizacionales, construcción y operación de infraestructura, capacitación de recursos humanos y demás obligaciones.

g) Considera que por lo tanto el Poder actor cuenta con los recursos suficientes para realizar el pago de la pensión por viudez. Argumenta que la antigua presidenta del Tribunal Superior de Justicia remitió oficios en el año de dos mil dieciocho y dos mil diecinueve para solicitar un monto total de $39,659,073.44 para el pago de las pensiones en el año de dos mil diecinueve. Así, y tomando en cuenta los aumentos salariales y todas las obligaciones que debiera cumplir el actor, en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de dos mil veinte se le asignaron $70,000,000.00. Aclara que, con ello, existe un excedente de $30,340,926.56, lo que se estima bastante y suficiente para que el tribunal cumpla con el pago de la pensión por viudez.

h) En ese sentido, estima que no se violentaron los principios de autonomía entre los poderes y en la gestión de los recursos consagrados en la Constitución Federal, porque mediante la aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de dos mil veinte se otorgaron los recursos suficientes para el pago de las pensiones, especialmente para el pago de la pensión por viudez.

i) Finaliza reiterando que el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte se publicó en el medio oficial local el Decreto Número Mil Ciento Cinco, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, en el que se asignó al Poder Judicial actor una cantidad de $549,034,000.00, de los cuales $75,000,000.00 son para el pago de las pensiones, jubilaciones, controversias constitucionales y amparos.

8. Contestación del secretario de Gobierno. El secretario de Gobierno del Estado de Morelos no rindió su contestación de demanda.

9. Opinión del fiscal general de la República y del consejero jurídico del Gobierno Federal. El fiscal general de la República y el consejero jurídico del Gobierno Federal no emitieron opinión.

10. Audiencia. Substanciado el procedimiento, el catorce de enero de dos mil veintidós se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

11. Radicación. Previo dictamen del Ministro instructor el asunto quedó radicado en la Primera Sala.

I. COMPETENCIA

12. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada –vigente al momento de la promoción de la demanda–,(3) en relación con lo dispuesto en los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno,(4) pues el Poder Judicial del Estado de Morelos no impugna una norma de carácter general, por lo que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

II. PRECISIÓN DE LA LITIS

13. Es requisito indispensable fijar de manera breve y precisa las normas generales o actos que sean objeto de la controversia, conforme a lo dispuesto en el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(5)

14. Al respecto, esta Primera Sala advierte que en su escrito de demanda el Poder Judicial del Estado de Morelos señala como "Norma general o acto cuya invalidez se reclame..." lo siguiente:

"Se reclama la invalidez por sí y por vicios propios de los artículos 1o., 2o. y 3o. del Decreto Número MIL QUINCE (1015), publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ 5929, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, a través del cual el Poder Legislativo de Morelos, determinó otorgar pensión por viudez al C. Héctor González Popoca, cónyuge supérstite de la finada Ana Bertha Flores Preciado, con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin transferir efectivamente los recursos necesarios para cumplir con la carga económica que implica el decreto pensionario."

15. De lo transcrito se aprecia que el Poder Judicial combate los artículos 1o., 2o. y 3o. del Decreto Mil Quince, en tanto contienen una pensión por viudez otorgada por el Congreso Local con cargo al presupuesto de dicho poder, sin que se le hayan transferido los recursos para cubrirla.

16. Asimismo, de una lectura integral de la demanda se observa que el actor también impugna que en el mismo decreto no se especificó una partida del Presupuesto de Egresos local para el año dos mil veintiuno con la cual realizar el pago de la pensión y se le impuso la obligación de pagarla a partir del día siguiente al fallecimiento de la pensionada, disponiendo así de un presupuesto agotado.

17. En ese contexto, de la lectura del Decreto Mil Quince se aprecia que la materia de la litis se encuentra únicamente en la porción normativa del artículo 2o., como se observa a continuación:

"DECRETO NÚMERO MIL QUINCE

"Por el que se concede pensión por viudez al C. Héctor González Popoca

"Artículo 1o. Se concede pensión por viudez al C. Héctor González Popoca, cónyuge supérstite de la finada Ana Bertha Flores Preciado, que en vida prestó sus servicios para el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: pensionada por el Poder Judicial del Estado de Morelos, Mediante Decreto Número 244 de fecha 16 de mayo del 2019, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ 5707 de fecha 22 de mayo de 2019."

"Artículo 2o. La cuota mensual decretada, deberá cubrirse a razón de la última de que hubiere gozado la pensionada, debiendo ser pagada a partir del día siguiente al del fallecimiento de la pensionada por el Poder Judicial del Estado de Morelos, dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida destinada para pensiones, según lo establecen los numerales 55, 57, 64 y 65, fracción II, inciso c), y párrafo segundo, inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos."

"Artículo 3o. La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo aludido."

"Artículos transitorios

"Artículo Primero. Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos correspondientes."

"Artículo Segundo. El decreto que se expide entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ órgano del Gobierno del Estado."

18. En consecuencia, esta Primera Sala considera como acto impugnado la porción normativa del artículo 2o. del Decreto Mil Quince, donde la Legislatura de Morelos (i) otorgó una pensión por viudez con cargo al presupuesto del Poder Judicial, (ii) impuso la obligación de pagarla a partir del día siguiente al fallecimiento de la pensionada, (iii) no señaló una partida específica del presupuesto local para el dos mil veintiuno con la cual cumplirla y (iv) no transfirió los recursos para cubrirla.

19. Ahora bien, en su escrito de demanda, el Poder Judicial alude de manera reiterada al Presupuesto de Egresos local para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno; no obstante, esto no implica que lo señale como norma general o acto impugnado. En efecto, el actor afirma en su concepto de invalidez que se refiere a dicho presupuesto porque no contempla un "pago específico y especial para cubrir la pensión (por viudez) del decreto que por esta vía se combate",(6) por lo que se concluye que no pretende combatir el presupuesto propiamente.

20. En este sentido, al resolver la controversia constitucional 62/2021,(7) esta Sala sostuvo que las referencias a dicho presupuesto son sólo parte de la compleja argumentación para demostrar la invalidez del decreto de pensión impugnado.

21. En todo caso, aun suponiendo que el actor impugnara el presupuesto en esta controversia, lo conducente sería sobreseerla por extemporánea, porque entre la publicación del Decreto Número Mil Ciento Cinco, que contiene el presupuesto referido [es un hecho notorio(8) que se publicó el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte] y su posible impugnación en esta vía (el trece de mayo de dos mil veintiuno) transcurrieron más de seis meses, excediendo el plazo legal de treinta días para promover la demanda.

22. Finalmente, es un hecho notorio(9) que en sesión pública de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30866-70ac9443/i-controversia-constitucional-el-presidente-del-tribunal-superior · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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