COMPENSACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. PUEDE RECLAMARSE CUANDO TERMINA EL MATRIMONIO POR LA MUERTE DE ALGUNO DE LOS CÓNYUGES, A PARTIR DE UNA INTERPRETACIÓN A LA LUZ DEL DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3908/2021. 25 DE MAYO DE 2022. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE. DISIDENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: FERNANDO SOSA PASTRANA.
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día veinticinco de mayo de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve el amparo directo en revisión 3908/2021, interpuesto por ********** por su propio derecho, en contra de la sentencia dictada el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el juicio de amparo directo **********.
I. ANTECEDENTES
1. Juicio de origen. ********** señaló que el siete de enero de dos mil dieciséis falleció su esposo ********** y que el primero de abril del mismo año, se denunció la sucesión testamentaria. Asimismo, indicó que el de cujus otorgó testamento público abierto ante un notario de la Ciudad de México en el que estableció cuatro legados sobre bienes inmuebles en favor de su hijo ********** y otro más en favor de su esposa, además de haberlos instituido como únicos y universales herederos de todos los demás bienes, derechos y acciones. Durante la etapa de inventario y avalúo del juicio testamentario, el albacea señaló que no existían otros bienes fuera de los inmuebles y que sólo existen antecedentes registrales respecto de dos de ellos que son objeto de legados en favor de **********. En consecuencia, ********** promovió el trece de febrero de dos mil dieciocho un juicio ordinario civil en contra de la sucesión referida para el pago de compensación hasta por el 50 % del valor de los bienes adquiridos durante el matrimonio, mismo que se radicó ante el Juez Vigésimo Noveno de lo Familiar de la Ciudad de México con el número ********** y se acumuló al diverso juicio sucesorio testamentario **********.
2. Seguido el trámite del juicio, el Juzgado Vigésimo Noveno de lo Familiar en la Ciudad de México dictó sentencia el doce de junio de dos mil diecinueve, en la que determinó que la actora no había probado los elementos constitutivos de su acción de compensación ante la sucesión demandada.
3. Recurso de apelación. La actora, inconforme con dicha resolución, interpuso recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió a la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien lo registró con el número de toca **********. Dicha Sala, el dos de septiembre de dos mil veinte, confirmó la resolución dictada en primera instancia, señalando que su reclamo era notoriamente improcedente, ya que no podía existir compensación sin la terminación del matrimonio por divorcio.
4. Demanda de amparo directo. Inconforme con la resolución anterior, **********, por derecho propio, promovió juicio de amparo el cual correspondió conocer al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien admitió la demanda y la registró con el número **********.
5. Sentencia de amparo. En sesión del veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento resolvió negar el amparo a la quejosa **********.
6. Recurso de revisión. En contra de la sentencia anterior, la quejosa interpuso recurso de revisión.
7. Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este Alto Tribunal admitió dicho medio de impugnación, mediante proveído de presidencia de primero de septiembre de dos mil veintiuno y se registró con el número 3908/2021, mismo que se turnó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y se ordenó su radicación a la Primera Sala, porque la materia del asunto corresponde a su especialidad.
8. Avocamiento. Por acuerdo de diez de febrero de dos mil veintidós, la presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ésta se avocaría al conocimiento del recurso y ordenó remitir los autos a la ponencia del Ministro designado como ponente.
II. PRESUPUESTOS PROCESALES
9. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, y fracción III, inciso a) del artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de haberse interpuesto en contra de la sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo en materia civil, donde se alega la subsistencia de un tema de constitucionalidad.
10. Oportunidad. El recurso de revisión fue interpuesto oportunamente, pues la sentencia se notificó a la quejosa por lista el nueve de julio de dos mil veintiuno y surtió efectos al día hábil siguiente, esto es, el doce del mismo mes y año; por lo que el plazo de diez días que el artículo 86 de la Ley de Amparo concede para interponer el recurso de revisión transcurrió del trece de julio al diez de agosto, ambos de dos mil veintiuno, con exclusión de los días del dieciséis al treinta y uno de julio, así como uno, siete y ocho de agosto de dicha anualidad por ser inhábiles de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo, así como 3o. y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, si el recurso de revisión fue presentado el veintidós de julio de dos mil veintiuno su interposición es oportuna.
11. Legitimación. El presente recurso proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 1o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5o., fracción I, de esta última, toda vez que fue interpuesto por la quejosa ********** quien, al ser parte en el juicio de amparo, se encuentra legitimada para intervenir en éste, mediante la interposición de los recursos correspondientes.
III. PROCEDENCIA
A. Cuestiones necesarias para resolver el asunto.
12. Una vez señalado lo anterior, se emprende el estudio sobre la procedencia del medio de impugnación que es materia de esta resolución. Para tal efecto es necesario conocer los planteamientos expresados en la demanda de amparo, en la sentencia del Tribunal Colegiado y en los agravios formulados en revisión, elementos que enseguida se relacionan.
13. Conceptos de violación. La quejosa alegó, sustancialmente, lo siguiente:
14. En el primer concepto de violación, señala que no se realizó una interpretación conforme de acuerdo con el principio pro persona reconocido en el artículo 1o. de la Constitución Federal.
15. Lo anterior pues considera que, en virtud del principio de progresividad de los derechos fundamentales se debió haber reconocido que ella se encontraba en la misma situación fáctica que una persona que ha terminado su concubinato o matrimonio, motivo por el cual se debió haber interpretado los artículos aplicables a la compensación a su situación en virtud de la igualdad sustantiva, ya que ella también contrajo matrimonio bajo el régimen de separación de bienes.
16. En su segundo concepto de violación, señala que se viola en su perjuicio la igualdad sustantiva y la no discriminación, en tanto que ya se ha establecido que la compensación, si bien es una institución prevista expresamente para el caso de divorcio en la legislación sustantiva civil de la Ciudad de México, se ha interpretado que debe ser extensiva a los casos de concubinato. En consecuencia, la quejosa señala que ella obtuvo su soltería por defunción de su cónyuge, motivo por el cual se debe extender la compensación a su situación fáctica.
17. En el tercer concepto de violación, señala que la Sala responsable omitió hacer el análisis de discriminación basada en una categoría sospechosa como lo es el estado civil, ya que considera que el artículo 267, fracción VI, del Código Civil para la Ciudad de México hace una distinción implícita entre la cónyuge que termina su matrimonio por divorcio y los casos que termina el matrimonio por defunción.
18. En el cuarto concepto de violación, señala que el artículo 267, fracción VI, del Código Civil para la Ciudad de México únicamente establece como requisitos para la procedencia de la compensación en los casos de divorcio: (1) que los cónyuges hubieran celebrado matrimonio; (2) bajo el régimen patrimonial de separación de bienes; (3) que un cónyuge se hubiera dedicado preponderantemente al desempeño del hogar; y, (4) que el Juez familiar resolverá atendiendo a las circunstancias de cada caso y dicha compensación no podrá ser superior al 50 % del valor de los bienes que se hubieran adquirido. La quejosa señaló que ella cumple con dichos requisitos y que la única diferencia es que su matrimonio terminó por defunción de su cónyuge, motivo por el cual se debió haber concedido dicha compensación en su favor.
19. En el quinto concepto de violación, señala que la Sala responsable no fundamentó ni motivó por qué la compensación no era aplicable a su caso particular, sin haber analizado la discriminación derivada del estado civil.
20. En el sexto concepto de violación, señala que el hecho que la quejosa hubiera obtenido su soltería por defunción de su esposo es una mera formalidad que no debería afectar la igualdad sustancial para obtener una compensación.
21. En el séptimo concepto de violación, señala que la Sala Familiar no observó los mandatos constitucionales en derechos humanos, especialmente en lo que respecta a la igualdad y la razón en la distinción entre las personas que adquieren su soltería por divorcio de aquellas que la adquieren por defunción de sus cónyuges.
22. En el octavo concepto de violación, señala que en nada afecta que se le haya dejado un legado y designado como heredera universal en el testamento público abierto otorgado por su esposo, ya que considera que el pago de la compensación debe hacerse antes de la adjudicación sucesoria. Elaborando que considera que en todos los casos en que haya existido un matrimonio bajo el régimen de separación de bienes y éste termina –sin importar si es a causa de un divorcio o defunción– se deben generar los mismos derechos, ya que en caso contrario sería discriminación basada en el estado civil.
23. En el noveno concepto de violación, señala que se le dejó en estado de indefensión ya que la Sala responsable no realizó el control de convencionalidad que solicitó del citado artículo del Código Civil aplicable en la Ciudad de México a la luz de los artículos 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que dichos tratados internacionales señalan que los Estados Partes deben tomar las medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio y en caso de disolución; volviendo a destacar que la distinción implica discriminación por su estado civil.
24. En el décimo concepto de violación, la parte quejosa señala que se debió haber aplicado el principio pro persona para hacer extensivo el derecho a la compensación en su favor. Lo anterior porque considera que el artículo 267, fracción VI, del Código Civil para la Ciudad de México hace una distinción para la asignación de la compensación entre aquellas personas que obtienen su soltería por divorcio y aquellas personas que la obtienen por la defunción de su cónyuge.
25. En el décimo primer concepto de violación, reitera que el derecho a la compensación se ha hecho extensivo a los casos de concubinato, motivo por el cual la Sala omitió hacer una nueva extensión de este derecho para su caso concreto.
26. En el décimo segundo concepto de violación, señala que la compensación corrige las desventajas económicas entre los cónyuges que hubieran contraído matrimonio bajo el régimen de separación de bienes cuando uno de ellos asume las cargas domésticas y familiares, motivo por el cual se debe hacer extensiva dicha situación a su persona, ya que el espíritu de dicha institución es proteger al cónyuge que se encuentra en esa situación.
27. En el décimo tercer concepto de violación, argumenta que la Sala de lo Familiar debió haber aplicado el principio de progresividad en la interpretación de los derechos humanos para hacer extensiva la compensación a la quejosa, con el objeto de protegerla de las desventajas patrimoniales derivadas de haberse dedicado al cuidado del hogar y de su esposo.
28. En el décimo cuarto concepto de violación, señala que justificó plenamente su derecho a la compensación al haber estado casada bajo el régimen de separación de bienes y haberse dedicado al cuidado del hogar. Por lo que la Sala responsable omitió el análisis sobre el monto al cual tiene derecho, cuantificación que se debe hacer respecto de todos los bienes que su esposo haya adquirido durante el matrimonio. Reiterando que su derecho a la compensación es anterior a lo que dispuso su finado esposo en su testamento público abierto.
29. En el décimo quinto concepto de violación, señala que la Sala responsable realizó una interpretación restrictiva del mencionado artículo del Código Civil para la Ciudad de México, lo que genera una discriminación basada en su estado civil, contraria a su derecho a la igualdad.
30. En el décimo sexto concepto de violación, solicita que se realice una interpretación de la constitucionalidad del señalado artículo del Código Civil en relación con los artículos 1o. de la Constitución Federal, 23, cuarto párrafo, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 17, cuarto párrafo, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ya que considera que el artículo del Código Civil busca corregir desventajas económicas entre los cónyuges que contrajeron matrimonio bajo el régimen de separación de bienes en donde uno de ellos asume las cargas domésticas en mayor proporción.
31. Consideraciones de la sentencia de amparo. El Tribunal Colegiado estudió de manera conjunta los distintos conceptos de violación de la quejosa alrededor de dos temáticas principales, a saber: (1) si el artículo 267, fracción VI, del Código Civil para la Ciudad de México al no incluir de manera expresa el pago de una compensación derivado de la disolución del vínculo matrimonial por fallecimiento de uno de los cónyuges constituye una omisión legislativa; y, (2) si es posible hacer una interpretación para hacer extensiva a favor de la cónyuge supérstite la compensación prevista en el señalado artículo.
32. En lo que respecta al estudio de la primera temática relacionada con la omisión legislativa, el Tribunal Colegiado comenzó haciendo una relación de los distintos conceptos de violación de la quejosa en los que argumenta que el artículo del Código Civil bajo estudio es discriminatorio al no incluir la compensación para los cónyuges cuyo matrimonio termina por la muerte del otro cónyuge, así como aquellos en los que señala que las desventajas económicas ocasionadas durante un matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, cuando uno de los cónyuges se dedique preponderantemente al hogar, son iguales para los casos de fallecimiento o divorcio, por lo que debe primar la igualdad sustancial.
33. El Tribunal Colegiado consideró dichos conceptos de violación como inoperantes, lo anterior porque estimó que no existe ningún mandato constitucional o convencional que obligue al legislador local a reformar o adicionar el artículo 267, fracción VI, del Código Civil para la Ciudad de México en el sentido de establecer el pago de una compensación al cónyuge que se haya dedicado preponderantemente a actividades del hogar por motivo del fallecimiento del otro cónyuge, refiriendo en su argumentación la tesis de esta Primera Sala de rubro: "OMISIONES LEGISLATIVAS. SU CONCEPTO PARA FINES DEL JUICIO DE AMPARO."(1)
34. En lo que respecta al segundo tema sobre la omisión por parte de la Cuarta Sala de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de analizar la inconstitucionalidad o inconvencionalidad del artículo 267, fracción VI, del Código Civil para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, el Tribunal Colegiado estimó que sus conceptos de violación son infundados.
35. Lo anterior tras considerar que el tribunal de alzada sí dio contestación a dichos agravios, ya que argumentó: (1) que los Jueces deben realizar un control de convencionalidad ex officio del orden jurídico e inaplicar una norma cuando sea contraria a los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el País sea Parte; (2) empero que, en cada caso deben determinar si resulta indispensable hacer una interpretación conforme en sentido amplio, en sentido estricto o una inaplicación de la misma, lo que ocurre cuando se está en presencia de una norma que resulte sospechosa o dudosa de cara a los parámetros de control de los derechos humanos; (3) en el caso que la norma no genere la sospecha de invalidez para el Juez, por no parecer potencialmente violatoria de derechos humanos, no es necesario el análisis de constitucionalidad o convencionalidad, en virtud de que las normas gozan de una presunción de constitucionalidad, apoyándose en los criterios: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. CONDICIONES GENERALES PARA SU EJERCICIO." y "DERECHOS HUMANOS. EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO QUE ESTÁN OBLIGADOS A REALIZAR LOS JUZGADORES, NO LLEGA AL EXTREMO DE ANALIZAR EXPRESAMENTE Y EN ABSTRACTO EN CADA RESOLUCIÓN, TODOS LOS DERECHOS HUMANOS QUE FORMAN PARTE DEL ORDEN JURÍDICO MEXICANO."; (4) que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado en diversos criterios que la figura de la compensación tiene la finalidad de corregir en el divorcio las desventajas económicas entre los cónyuges que contrajeron matrimonio bajo el régimen de separación de bienes y uno de ellos asumió las cargas domésticas y familiares en mayor proporción del otro en detrimento de su desarrollo económico; y, (5) en consecuencia, el mencionado artículo del Código Civil no es inconstitucional o inconvencional porque no vulnera los derechos a la igualdad y no discriminación por el fallecimiento de su esposo como causa de la terminación del matrimonio, ya que derivado de su relación conyugal adquirió derechos hereditarios que se encuentran garantizados por el testamento otorgado por el de cujus.
36. En lo relacionado con la interpretación extensiva que la quejosa señala que se debió haber realizado, el Tribunal Colegiado hace una relación de los conceptos de violación en este sentido, en específico que la Sala responsable no realizó un análisis de igualdad sustantiva para hacer extensivo el pago de la compensación a su caso particular, que no consideró el principio de progresividad, especialmente las consideraciones para extender la compensación al concubinato, razones que considera suficientes para extender esta situación a los casos de muerte de alguno de los cónyuges. Lo anterior porque la quejosa considera que cumple las condiciones para la compensación al haber estado casada bajo el régimen de separación de bienes y haberse dedicado preponderantemente a labores del hogar y familiares, sin que la Sala responsable hubiera fundamentado y motivado porqué se le da un trato diferenciado.
37. El Tribunal Colegiado consideró que los conceptos de violación referidos en el párrafo anterior eran infundados. Lo anterior porque el derecho a la compensación se hace exigible al disolverse el vínculo matrimonial, ya que en aquellos casos en que se acreditara la existencia de una pareja que conviviera de forma constante y estable, fundada en la afectividad, solidaridad y ayuda mutua deben aplicarse las protecciones mínimas previstas en el derecho de familia para el matrimonio y el concubinato, entre las que se destacan las obligaciones alimentarias, refiriendo la tesis de rubro: "PENSIÓN COMPENSATORIA. PROCEDE ANTE EL QUEBRANTAMIENTO DE UNIONES DE HECHO, SIEMPRE Y CUANDO SE ACREDITE QUE SE TRATA DE UNA PAREJA QUE CONVIVIÓ DE FORMA CONSTANTE Y ESTABLE, FUNDANDO SU RELACIÓN EN LA AFECTIVIDAD, LA SOLARIDAD Y LA AYUDA MUTUA." 38. Lo anterior implica que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado hacer extensivo el derecho a la pensión compensatoria a todos aquellos casos en que se acredite dicha convivencia constante y estable fundada en afectividad, solidaridad y ayuda mutua para hacer extensivas las protecciones del derecho de familia. Sin embargo, el Tribunal Colegiado consideró que la figura de la compensación no puede hacerse extensiva a la quejosa, en atención a que se encuentra en una situación fáctica diferente, ya que adquirió derechos hereditarios derivados del testamento público abierto otorgado por su difunto esposo, habiéndose dejado un legado sobre un bien inmueble y se le instituyó como heredera universal.
39. Asimismo, el Tribunal Colegiado señala expresamente que, si bien no se ha encontrado el título de propiedad sobre el inmueble legado a la quejosa, señala que la ley establece mecanismos para impugnar el testamento y declararlo inoficioso para obtener una pensión alimenticia para el cónyuge supérstite cuando exista un impedimento para trabajar y no tenga bienes suficientes, de conformidad con los artículos 1368 y 1374 del Código Civil vigente en la Ciudad de México.
40. En consecuencia, aun cuando existen puntos coincidentes entre la terminación del matrimonio por divorcio o por fallecimiento de alguno de los cónyuges, no es suficiente para hacer extensiva la compensación al caso concreto, especialmente porque en esta institución se ha hecho extensiva la compensación cuando ha estado involucrada la voluntad de las partes de disolver el vínculo que los une sin que surjan o se actualicen otro tipo de derechos que acarrean otro tipo de consecuencias, tales como los derechos hereditarios.
41. Como siguiente punto, el Tribunal Colegiado estudia varios de los conceptos de violación que descansan sobre otros que fueron desestimados, motivo por el que los califica como inoperantes, especialmente aquellos relacionados con que no se hizo la cuantificación sobre la compensación a la cual tenía derecho ni que el pago de ésta debe realizarse con anterioridad a la adjudicación de los bienes y derechos que conforman la masa hereditaria en el diverso proceso sucesorio.
42. Para finalizar, el Tribunal Colegiado se pronunció sobre los conceptos de violación relacionados con la interpretación del señalado artículo del Código Civil a la luz de los artículos 1o. constitucional, 23(4) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 17(4) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el sentido de que existía la misma ratio legis para la compensación por motivo de divorcio y en aquellas situaciones donde el matrimonio termina por el fallecimiento del otro cónyuge.
43. Al respecto, el Tribunal Colegiado consideró que la disposición del Código Civil no implica un trato contrario al derecho a la igualdad o que sea discriminatorio en razón del estado civil, ya que dicha norma no hace una distinción entre situaciones objetivas y fácticas similares sin una justificación razonable y objetiva. Lo anterior porque si bien la quejosa ahora tiene el estado civil de soltera por el fallecimiento de su esposo, esto no implica que el criterio de comparación, tanto en sus aspectos descriptivos como valorativos, de la relación entre la cónyuge ante un divorcio y ante el fallecimiento del otro cónyuge sean equiparables. Asimismo, señaló que las consecuencias de los distintos medios legales establecidos no generan un efecto discriminatorio, ya que la quejosa como cónyuge supérstite adquirió derechos hereditarios en el caso concreto y está en aptitud de ejercerlos.
44. En adición a lo anterior, el Tribunal Colegiado señala que el artículo 1o. constitucional ciertamente prohíbe discriminaciones en razón del estado civil de las personas, aunque esta situación no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios de las vías jurisdiccionales que se establezcan para cada caso en favor de los gobernados.
45. También aclara que el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos es una herramienta de interpretación subsidiaria o complementaria en el sistema jurídico mexicano para aquellos casos en que se busca la maximización de tales derechos cuando el derecho interno no alcanza para este fin. En consecuencia, el Juez ordinario debe analizar cómo está establecido el derecho humano alegado en las normas constitucionales y la legislación ordinaria para que, en el caso que exista una mayor protección a nivel internacional, se lleve a cabo dicho control. Por tanto, en vista de que la quejosa se encuentra protegida a través de los derechos hereditarios y diversas acciones relacionadas con éstos, no existe razón alguna para interpretar el artículo impugnado del Código Civil a la luz de los tratados internacionales señalados. Motivos por los cuales resolvió que lo procedente era negar el amparo y protección de la Justicia Federal.
46. Agravios. La recurrente argumentó, esencialmente, lo siguiente:
47. En su primer agravio la recurrente señala que el Tribunal Colegiado omitió la interpretación de los derechos humanos incluidos en tratados internacionales, incluyendo los establecidos en los artículos 23(4) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 17(4) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo anterior porque señala que dichos artículos establecen que se debe asegurar la igualdad de derechos en cuanto al matrimonio y en caso de disolución de éste, situación que se debe interpretar en el sentido de que la recurrente tiene derecho a la compensación sobre los bienes de su difunto esposo.
48. En su segundo agravio la recurrente señala que sí existe una omisión legislativa ya que la norma impugnada del Código Civil es incompleta, al no incorporar al derecho nacional los derechos reconocidos en los tratados internacionales, señalando que el deber de legislar se establece en el artículo 20 de la Constitución Política de la Ciudad de México, mismo que señala que el Congreso de la Ciudad de México armonizará su legislación con los tratados de derechos humanos celebrados por el Estado Mexicano y la jurisprudencia de los tribunales y órganos internacionales para su cumplimiento. Al respecto señala que la disposición del Código Civil incumple el deber de respetar la igualdad de las personas en el matrimonio en caso de su disolución.
49. En su tercer agravio la recurrente señala que el Tribunal Colegiado no estudió que la disposición del Código Civil hace una distinción basada en una categoría sospechosa, a saber, el estado civil de las personas, mencionando los criterios: "ESTADO CIVIL COMO CATEGORÍA SOSPECHOSA. LA IGUALDAD O DISTINCIONES DE CONDICIONES ENTRE LOS CÓNYUGES Y LOS CONCUBINOS PERTENECEN A LA CATEGORÍA DE ESTADO MARITAL, POR LO QUE LAS NORMAS QUE LAS ESTABLEZCAN DEBEN SER OBJETO DE ESCRUTINIO ESTRICTO PARA DETERMINAR SU CONSTITUCIONALIDAD." y "CATEGORÍAS SOSPECHOSAS. LA INCLUSIÓN DE NUEVAS FORMAS DE ÉSTAS EN LAS CONSTITUCIONES Y EN LA JURISPRUDENCIA ATIENDE AL CARÁCTER EVOLUTIVO DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS."
50. Al respecto señala que, si se ha señalado que no existe razón para diferenciar entre las figuras del matrimonio y concubinato para la compensación, tampoco existe una razón para distinguir su caso, ya que obtuvo su soltería por defunción de su esposo. Por lo que dicha distinción para su exclusión de la compensación carece de razonabilidad y es discriminatoria.
51. Por otro lado, señala que la existencia de un testamento y que tenga derechos hereditarios derivados de éste, no implica que ello excluya o se deba excluir el derecho de compensación de bienes adquiridos durante el matrimonio, ya que la compensación es independiente a dicha situación.
52. En su cuarto agravio, la recurrente señala que el Tribunal Colegiado no realiza un análisis apropiado para explicar por qué no puede ser interpretado de manera extensiva el artículo impugnado del Código Civil, reiterando que la única cuestión relevante es que ésta asumió las cargas del hogar y cumple con las demás condiciones establecidas en dicho artículo del Código Civil.
53. En el quinto agravio, la parte recurrente sostiene que el Tribunal Colegiado nunca se refiere a por qué su situación no es igual a la situación jurídica de quien se divorcia; ya que para ésta el punto relevante para la compensación es que el individuo en cuestión haya asumido preponderantemente las cargas del hogar. Asimismo, considera que debido a que está enteramente justificado que la compensación debe hacerse extensiva a su caso particular, se debe determinar el monto al cual tiene derecho.
B. Estudio sobre la procedencia del recurso.
54. De conformidad con los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(2) y 81, fracción II, de la Ley de Amparo,(3) resulta que el recurso de revisión en amparo directo es procedente cuando se decida sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, cuando se establece la interpretación directa de un precepto constitucional o de los derechos humanos previstos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, o bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de tales cuestiones, a pesar de haber sido planteadas, s
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30904-904df4d9/compensacion-prevista-en-el-articulo-267-fraccion-vi · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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