Corpus
Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. FORMA PARTE DEL PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL AL ESTAR RECONOCIDA EN LA CONVENCIÓN SOBRE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AUNQUE LA CONSTITUCIÓN GENERAL NO HAGA REFERENCIA EXPRESA A AQUÉLLA. IV. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ES UN REQUISITO INELUDIBLE EN LA LEGISLACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONALES PARA ASEGURAR LA PERTINENCIA Y CALIDAD DE TODAS LAS ACCIONES ENCAMINADAS A ASEGURAR EL PLENO GOCE DE SUS DERECHOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES CON LAS DEMÁS PERSONAS. V. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EN LOS CASOS DE LEYES QUE NO SON EXCLUSIVAS O ESPECÍFICAS EN REGULAR LOS INTERESES Y/O DERECHOS DE ESTOS GRUPOS, LA FALTA DE CONSULTA PREVIA NO IMPLICA LA INVALIDEZ DE TODO EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO, SINO ÚNICAMENTE DE LOS PRECEPTOS QUE DEBÍAN SER CONSULTADOS Y RESPECTO DE LOS CUALES EL LEGISLADOR FUE OMISO EN LLEVAR A CABO LA CONSULTA PREVIA CONFORME A LOS ESTÁNDARES ADOPTADOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. VI. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EN EL SUPUESTO DE QUE UNA NORMA O UN ORDENAMIENTO GENERAL NO ESTÉ ESPECÍFICAMENTE RELACIONADO CON LOS GRUPOS VULNERABLES QUE DEBEN SER PRIVILEGIADOS CON UNA CONSULTA, ESTO ES, QUE NO SE REFIERAN ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A ELLOS, SINO QUE, EN EL CONTEXTO GENERAL ESTÉN INMISCUIDOS, LAS NORMAS POR INVALIDAR SON PRECISAMENTE LAS QUE LES AFECTEN, PERO SIN ALCANZAR A INVALIDAR TODA LA NORMA. VII. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CUANDO SE IMPUGNA UN DECRETO DE REFORMAS O ADICIONES A UNA LEY, DIRIGIDO PRINCIPALMENTE A REGULAR O INCIDIR EN LOS DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ES EXIGIBLE LA CONSULTA PREVIA A ESTOS COLECTIVOS Y, EN CASO DE NO HABERSE LLEVADO A CABO EN FORMA ADECUADA, EL RESULTADO SERÁ LA INVALIDEZ DE TODO EL DECRETO. VIII. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LAS MODIFICACIONES A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN SON SUSCEPTIBLES DE AFECTAR A ESE GRUPO VULNERABLE, POR LO QUE DEBEN ESTAR PRECEDIDAS DE AQUÉLLA [INVALIDEZ DEL DECRETO NÚM. 363, POR EL QUE SE REFORMÓ EL INCISO E) DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 4, LAS FRACCIONES XIII, XVI, XIX Y XX DEL ARTÍCULO 16 Y LOS ARTÍCULOS 49, 50, 51, EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 87 Y LAS FRACCIONES VII Y VIII DEL ARTÍCULO 93, Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXI, XXII Y XXIII DEL ARTÍCULO 16 Y LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 93 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN]. IX. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CUANDO LA REGULACIÓN SOBRE EDUCACIÓN ESPECIAL INVOLUCRA, EN FORMA INESCINDIBLE, TANTO LOS DERECHOS Y EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD COMO DE LAS PERSONAS CON APTITUDES SOBRESALIENTES, SUPERDOTADAS Y CON TALENTO EXTRAORDINARIO, EL ANÁLISIS SOBRE EL ACATAMIENTO AL DERECHO A LA CONSULTA DE AQUÉLLAS DEBE REALIZARSE SIN SEGMENTAR O DISTINGUIR LAS PORCIONES RESPECTIVAS. X. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EL HECHO DE QUE EL LEGISLADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN HAYA REALIZADO TRABAJOS CON UN GRUPO DE PADRES DE FAMILIA SOBRE LA NECESIDAD DE REFORMAR LA LEGISLACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA, CUANDO INICIÓ OPERACIONES EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LA ENTIDAD, NO TIENE EL ALCANCE DE SUSTITUIR A LA CONSULTA PREVIA DE ESE GRUPO DE PERSONAS VULNERABLES, PUES NO FUE PRACTICADO CON INTEGRANTES REPRESENTANTES DE ESE SECTOR SOCIAL [INVALIDEZ DEL DECRETO NÚM. 363, POR EL QUE SE REFORMÓ EL INCISO E) DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 4, LAS FRACCIONES XIII, XVI, XIX Y XX DEL ARTÍCULO 16 Y LOS ARTÍCULOS 49, 50, 51, EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 87 Y LAS FRACCIONES VII Y VIII DEL ARTÍCULO 93, Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXI, XXII Y XXIII DEL ARTÍCULO 16 Y LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 93 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN]. XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS, CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE PRIVE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE LOS POSIBLES EFECTOS BENÉFICOS DE LA NORMA INVALIDADA [INVALIDEZ DEL DECRETO NÚM. 363, POR EL QUE SE REFORMÓ EL INCISO E) DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 4, LAS FRACCIONES XIII, XVI, XIX Y XX DEL ARTÍCULO 16 Y LOS ARTÍCULOS 49, 50, 51, EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 87 Y LAS FRACCIONES VII Y VIII DEL ARTÍCULO 93, Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXI, XXII Y XXIII DEL ARTÍCULO 16 Y LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 93 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN]. XII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA QUE VINCULA AL LEGISLADOR A DESARROLLAR LAS CON

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 29/2021. · Registro digital (IUS): 30956
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-09-30
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Septiembre de 2022, Tomo I, Pág.505.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 29/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 30 DE JUNIO DE 2022. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: LUIS ALBERTO TREJO OSORNIO.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al treinta de junio de dos mil veintidós.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Presentación de la acción, autoridades emisora y promulgadora, y norma impugnada. Por escrito depositado a través del buzón judicial el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, y recibido el dos de febrero siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, María del Rosario Piedra Ibarra, quien se ostenta como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Nuevo León, planteando la invalidez del Decreto Número 363, por el que "se reformó el inciso e) de la fracción III del artículo 4, las fracciones XIII, XVI, XIX y XX del artículo 16 y los artículos 49, 50, 51, el primer párrafo del artículo 87 y las fracciones VII y VIII del artículo 93, se adicionan las fracciones XXI, XXII y XXIII del artículo 16 y la fracción IX del artículo 93, todos de la Ley de Educación del Estado de Nuevo León", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de esa entidad federativa el treinta de diciembre de dos mil veinte.

2. SEGUNDO.—Preceptos constitucionales que se estiman violados y conceptos de invalidez. La accionante consideró vulnerados los artículos 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4.3. de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y V de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, por estimar que las normas impugnadas vulneran los derechos a la consulta estrecha y participación activa de las personas con discapacidad.

3. Asimismo, en el apartado de concepto de invalidez, la Comisión accionante hizo valer los siguientes argumentos:

• Sostiene que el decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Nuevo León vulnera el derecho de las personas con discapacidad a ser consultadas, antes de adoptar cualquier medida legislativa que sea susceptible de afectarles.

• En efecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos manifiesta que el Congreso del Estado de Nuevo León emitió un decreto de reformas a la Ley de Educación de esa entidad federativa, con el objeto de incorporar un capítulo de "Educación especial" en el que se establece el deber de las autoridades locales de detectar e identificar a las personas con discapacidad, para brindarles una educación especial.

• Asimismo, sostiene que con las normas impugnadas se busca diseñar cursos y actividades de capacitación para el personal docente encargado de atender a personas con discapacidad, así como un programa integral educativo para ese colectivo.

• Siguiendo esta lógica, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que se trata de medidas legislativas que son susceptibles de incidir directamente en los derechos de las personas con discapacidad, de manera que era indispensable realizar una consulta a este colectivo social, asegurando que se les diera una participación adecuada.

• Sin embargo, concluye la Comisión accionante, del análisis del procedimiento legislativo por el que se emitió el decreto impugnado, se advierte que no se realizó una consulta estrecha a las personas con discapacidad ni a las asociaciones que los representan. En consecuencia, solicita la invalidez del Decreto Número 363 impugnado.

4. TERCERO.—Admisión y trámite. Por acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintiuno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 29/2021 y, por razón de turno, designó al Ministro Luis María Aguilar Morales como instructor del procedimiento.

5. Por diverso auto de nueve de febrero siguiente, el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Nuevo León, para que rindieran sus respectivos informes; dio vista a la Fiscalía General de la República para que formulara pedimento, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

6. CUARTO.—Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León. El subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Nuevo León rindió el informe a cargo del Poder Ejecutivo Local, en el que reconoció que el treinta de diciembre de dos mil veinte –previa promulgación por parte del Gobernador del Estado de Nuevo León– se publicó el Decreto Número 363 ahora impugnado.

7. En este sentido, el Poder Ejecutivo Local manifiesta que la promulgación del decreto se hizo de conformidad con las atribuciones legales del gobernador, cuya intervención se limitó a ese acto, de manera que no hizo alguna manifestación con relación a los conceptos de invalidez planteados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

8. QUINTO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León. La presidenta de la Mesa Directiva de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León rindió el informe a cargo del Poder Legislativo Local y, con relación al concepto de invalidez planteado por la Comisión accionante, manifestó que sus argumentos son incongruentes, inoperantes e infundados.

9. En concreto, el Poder Legislativo Local reconoce que no se llevó a cabo una consulta como tal, pero que desde dos mil catorce se ha estado trabajado con un grupo de padres de familia para adoptar las medidas legislativas para garantizar una educación especial.

10. Por tanto, considera que el decreto impugnado no vulnera el derecho de las personas con discapacidad a ser consultadas previamente a la emisión de un acto legislativo susceptible de afectarles directamente.

11. SEXTO.—Opinión de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. No formularon opinión en el presente asunto.

12. SÉPTIMO.—Cierre de la instrucción y remisión del expediente para formular proyecto de sentencia. Agotado en sus términos el trámite respectivo, por acuerdo de catorce de abril de dos mil veintiuno, se ordenó el cierre de instrucción, por lo que se recibió el expediente en la ponencia del Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

13. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracción I, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación –vigente al momento de la presentación y radicación de la demanda de acción de inconstitucionalidad–, así como en términos del punto segundo del Acuerdo General 5/2013, toda vez que se plantea la posible contradicción entre una norma de carácter estatal y la Constitución General.

14. SEGUNDO.—Oportunidad. En primer lugar, se debe analizar si la acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente.

15. En esta acción se impugna el Decreto Número 363, por el que "se reforma el inciso e) de la fracción III del artículo 4, las fracciones XIII, XVI, XIX y XX del artículo 16 y los artículos 49, 50, 51, el primer párrafo del artículo 87 y las fracciones VII y VIII del artículo 93, se adicionan las fracciones XXI, XXII y XXIII del artículo 16 y la fracción IX del artículo 93, todos de la Ley de Educación del Estado", que fue publicado el treinta de diciembre de dos mil veinte en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.

16. Así, de conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe comenzar a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial, precisando que, como regla general, si el último día del plazo fuera inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

17. De esta forma, el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad transcurrió del jueves treinta y uno de diciembre de dos mil veinte al viernes veintinueve de enero de dos mil veintiuno, por lo que si la demanda fue ingresada a través del buzón judicial el último día del plazo, precisamente, el viernes veintinueve de enero de dos mil veintiuno, su promoción fue oportuna.

18. TERCERO.—Legitimación. Con fundamento en lo previsto en el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está facultada para promover la acción de inconstitucionalidad contra leyes de carácter estatal que vulneren los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales.

19. Por otra parte, el artículo 11, párrafo primero, en relación con el 59, ambos de la ley reglamentaria de la materia,(3) establece que las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

20. En el caso, el escrito inicial fue suscrito por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acreditó con copia del oficio emitido por el presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por el que se le hace saber que en sesión celebrada el siete de noviembre de dos mil diecinueve fue aprobada su designación para ocupar tal cargo por el periodo dos mil diecinueve a dos mil veinticuatro.

21. Dicha funcionaria ostenta la representación de la Comisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 15, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(4) y 18 de su reglamento interno;(5) por lo que cuenta con la facultad expresa para promover acciones de inconstitucionalidad de acuerdo con el diverso 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.(6)

22. Además, en el caso se plantea la inconstitucionalidad del Decreto Número 363, por el que "se reforma el inciso e) de la fracción III del artículo 4, las fracciones XIII, XVI, XIX y XX del artículo 16 y los artículos 49, 50, 51, el primer párrafo del artículo 87 y las fracciones VII y VIII del artículo 93, se adicionan las fracciones XXI, XXII y XXIII del artículo 16 y la fracción IX del artículo 93, todos de la Ley de Educación del Estado", por estimar que no fue respetado el derecho a la consulta estrecha y participación activa de las personas con discapacidad.

23. En consecuencia, al ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un órgano legitimado para ejercer la acción de inconstitucionalidad en este supuesto y habiéndose promovido por quien cuenta con facultades para representar a dicho órgano, debe reconocerse la legitimación activa en este asunto.

24. CUARTO.—Causales de improcedencia. Las partes no hicieron valer alguna causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento, ni este Alto Tribunal advierte de oficio que se haya actualizado alguna.

25. No obstante, este Tribunal Pleno advierte que, con posterioridad a la emisión del decreto impugnado, el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, el Congreso del Estado de Nuevo León emitió el Decreto 484 con el que reformó diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado, entre ellas, el artículo 16, fracciones XXII y XXIII, que fueron impugnadas en esta acción.

26. Sin embargo, como se verá a continuación, las reformas mencionadas no constituyen un nuevo acto legislativo que pudiera generar la cesación de efectos de las normas cuestionadas y el sobreseimiento en la presente acción de inconstitucionalidad, pues únicamente fueron modificaciones de forma y puntuación que se realizaron para hacer coherente la redacción del texto con motivo de la adición de una fracción XXIV al final del artículo 16 de la Ley de Educación del Estado de Nuevo León.

27. Al respecto, debe recordarse que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estudiado la figura de "nuevo acto legislativo" desde dos dimensiones: a) Para constatar la oportunidad de la demanda; y, b) Para constatar si una reforma legal posterior modifica el contenido normativo de un precepto y, por tanto, genera que la acción haya quedado sin materia.

28. En su primera dimensión –desde la óptica de la oportunidad de la demanda–, la Suprema Corte ha analizado si una norma reformada fue modificada en su contenido normativo o si únicamente sufrió alguna modificación formal o de puntuación o numeración.

29. En esos casos, cuando esta Suprema Corte ha advertido la existencia de un nuevo acto legislativo –a partir de una modificación en el contenido normativo–, se ha entendido que esos enunciados jurídicos pueden impugnarse en acción de inconstitucionalidad dentro de los treinta días siguientes a su publicación en el Periódico Oficial. Y, por el contrario, cuando se considere que el precepto reformado no constituye un nuevo acto legislativo, por no haberse modificado su contenido normativo, el Pleno ha entendido que los artículos reformados no pueden volver a impugnarse en la vía abstracta, pues su oportunidad de impugnación se surtió desde que las normas fueron publicadas originalmente –incluso en su redacción anterior–.

30. En su segunda dimensión –desde la óptica de cesación de efectos–, este Alto Tribunal ha estudiado los casos en los que una reforma legal que modifica el contenido de una norma jurídica impugnada en acción de inconstitucionalidad tiene como resultado la cesación de efectos y, por tanto, el sobreseimiento de la acción.

31. En esta acción de inconstitucionalidad nos encontramos ante el segundo supuesto, es decir, se debe analizar si los artículos de la Ley de Educación del Estado de Nuevo León que fueron impugnados –en su reforma que fue publicada el treinta de diciembre de dos mil veinte– continúan vigentes o si, por el contrario, han sufrido modificaciones en su contenido normativo que han dejado sin materia esta acción de inconstitucionalidad.

32. Este Tribunal Constitucional ha considerado, a partir de lo sustentado en la tesis jurisprudencial P./J. 25/2016 (10a.),(7) que existe un nuevo acto legislativo que dejaría sin materia esta impugnación, cuando se actualicen los dos siguientes aspectos:

33. a) Que se haya llevado a cabo un procedimiento legislativo (criterio formal); y,

34. b) Que la modificación normativa sea sustantiva o material.

35. El primer aspecto se refiere a que la norma impugnada haya sido objeto del desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo, tales como: iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación. Este último paso resulta relevante, pues es a partir de la publicación que (sic) puede ejercitarse la acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional por medio de los entes legitimados.

36. El segundo requisito significa que la modificación a la norma debe ser sustantiva o material, es decir, que exista un cambio que modifique la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto. Una modificación al sentido normativo será considerada un nuevo acto legislativo. Esto no acontece, como regla general, por ejemplo, cuando se reproduce un artículo exactamente con el mismo contenido que el reformado. Tampoco cuando solamente se varíen las fracciones o párrafos de un artículo y que por cuestiones de técnica legislativa deban recorrerse, siempre y cuando las nuevas inserciones no impliquen una modificación en el sistema normativo al que fueron adheridas.

37. En este sentido, no basta con la sola publicación de la norma para que se considere un nuevo acto legislativo, ni que se reproduzca íntegramente, sino que la modificación debe impactar el alcance de ésta con elementos novedosos que la hagan distinta a la que se encontraba regulada. Por tanto, la modificación debe producir un efecto normativo en el texto de la disposición al que pertenece el propio sistema. El ajuste de la norma general debe producir un efecto normativo distinto en dicho sistema, aunque sea tenue.

38. Conforme a esta definición de nuevo acto legislativo, no cualquier modificación puede provocar el sobreseimiento de un asunto, por la cesación de efectos de la norma impugnada, sino que una vez agotadas las fases del procedimiento legislativo, la modificación necesariamente debe producir un impacto en el mundo jurídico. De esta forma, también quedarían excluidas aquellas reformas de tipo metodológico que derivan propiamente de la técnica legislativa, en la que, por cuestiones formales, deban ajustarse la ubicación de los textos o en su defecto los cambios de nombres de ciertos entes, dependencias y organismos.

39. Lo que este Tribunal Pleno busca con este entendimiento sobre el nuevo acto legislativo es controlar o verificar cambios normativos reales y no sólo cambios de palabras o cuestiones menores propias de la técnica legislativa, esto es, cambios que afecten la esencia de la institución jurídica que se regula que deriven, precisamente, del producto del Poder Legislativo.

40. Ahora bien, han sido múltiples las reflexiones realizadas en torno al concepto de nuevo acto legislativo, en sus criterios formal y material, como consecuencia de diversos factores. Así, el criterio de este Alto Tribunal se ha venido matizando con el objeto de evidenciar con mayor claridad los casos en que se actualiza un nuevo acto legislativo.

41. El criterio que actualmente rige para este Tribunal Pleno consiste en que, para considerar que se está frente a un nuevo acto legislativo, debe existir un cambio en el sentido normativo del enunciado jurídico impugnado.

42. Es decir, es imperioso que existan verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o alcance del precepto de que se trata.

43. Ahora bien, como se adelantó, las reformas al artículo 16, fracciones XXII y XXIII, de la Ley de Educación del Estado de Nuevo León, que fueron emitidas a través del Decreto 484 publicado el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno –con posterioridad a la publicación del decreto aquí impugnado– únicamente versaron sobre cuestiones de puntuación y técnica legislativa necesarias para dar corrección ortográfica a la redacción del artículo 16, con motivo de la adición de una fracción XXIV al final del precepto, de manera que a juicio de esta Suprema Corte, no constituyen un acto legislativo nuevo que pudiera generar el sobreseimiento de esta acción.

44. En efecto, la reforma del artículo 16, fracciones XXII y XXIII, únicamente tuvo como consecuencia lo siguiente:

• En la fracción XXII, únicamente se suprimió la conjunción copulativa "y" que se encontraba al final de esta fracción, y que servía para anunciar que a continuación se encontraría la última fracción. En este supuesto, dado que se adicionó una fracción XXIV al final del artículo, era necesario suprimir la conjunción copulativa "y".

• En la fracción XXIII, originalmente se terminaba el artículo 16, por lo que el texto concluía con un signo de punto "." que denotaba el fin del artículo. Sin embargo, dado que se adicionó una fracción XXIV al final del artículo, fue necesario cambiar el signo de punto "." por un punto y coma ";" junto con la conjunción copulativa "y" para anunciar que se trata de la penúltima fracción, y que la última sería la fracción XXIV. 45. Como se puede advertir, se trata únicamente de modificaciones de forma y puntuación propias de la técnica legislativa, ya que las modificaciones de las normas impugnadas sólo consistieron en la supresión y adición de signos de puntuación y de una conjunción copulativa "y", como se puede apreciar gráficamente en la siguiente tabla comparativa:

Ver tabla comparativa

46. Asimismo, tampoco pasa inadvertido para este Tribunal Pleno que, con posterioridad a la presentación de la demanda, se han hecho diversas modificaciones a la Ley de Educación del Estado de Nuevo León; sin embargo, ninguno de los decretos de reformas y adiciones ha tenido un impacto en las normas impugnadas en esta acción de inconstitucionalidad, pues en todos los casos se trató de modificaciones a otros preceptos que no se cuestionan en esta vía.

47. En ese orden de ideas, las fracciones materia de impugnación no sufrieron modificaciones en su contenido normativo que lleven a su sobreseimiento por existir un nuevo acto legislativo, por lo que debe seguirse con el estudio del fondo de esta acción de inconstitucionalidad.

48. QUINTO.—Estudio de fondo. Como se adelantó en páginas anteriores, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó el Decreto Número 363, por el que "se reforma el inciso e) de la fracción III del artículo 4, las fracciones XIII, XVI, XIX y XX del artículo 16 y los artículos 49, 50, 51, el primer párrafo del artículo 87 y las fracciones VII y VIII del artículo 93, se adicionan las fracciones XXI, XXII y XXIII del artículo 16 y la fracción IX del artículo 93, todos de la Ley de Educación del Estado", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo León el treinta de diciembre de dos mil veinte.

49. La Comisión accionante sostiene que el decreto impugnado es inconstitucional porque regula aspectos de la educación especial para personas con discapacidad, de manera que era necesario consultarle a este colectivo, en los términos que se disponen en el artículo 4.3. de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante la Convención) y, por tanto, al no haberse realizado la consulta correspondiente, debe declararse la invalidez de los preceptos que contiene ese decreto.

50. El decreto impugnado es del tenor siguiente:

"Decreto

Número 363

"Artículo único. Se reforma el inciso e) de la fracción III del artículo 4, las fracciones XIII, XVI, XIX y XX del artículo 16 y los artículos 49, 50, 51, el primer párrafo del artículo 87 y las fracciones VII y VIII del artículo 93, se adicionan las fracciones XXI, XXII y XXIII del artículo 16 y la fracción IX del artículo 93, todos de la Ley de Educación del Estado, para quedar como sigue:

"Artículo 4. ...

"I. a II. ...

"III. ...

"a) a d) ...

"e) Educación especial: Está destinada a personas con discapacidad, transitoria o definitiva; con aptitudes sobresalientes, personas superdotadas o con talento extraordinario.

"Para los efectos de este inciso se define como:

"Persona con aptitudes sobresalientes: aquella que sin ser superdotado o sin ser de talento extraordinario son capaces de destacar significativamente del grupo social y educativo al que pertenecen en uno o más de los siguientes campos del quehacer humano: científico-tecnológico, humanístico, sociocultural, artístico o acción motriz.

"Persona superdotada: a quien cuente con un coeficiente intelectual superior a 130 y que por sus características requiere una educación diferenciada.

"Talento extraordinario: Es la cualidad de toda persona que muestre un desempeño extraordinario en una determinada área o tema dentro del ámbito educativo que necesita de programa educativo especial para que alcance y favorezca su máximo su (sic) desarrollo profesional.

"f) a h) ...

"IV. a VII.

"Artículo 16. ...

"I. a XII. ...

"XIII. Implementarán acciones encaminadas a la detección e identificación temprana del alumnado con discapacidad, transitoria o definitiva; con aptitudes sobresalientes, superdotadas y talento extraordinario;

"XIV. a XV. ...

"XVI. Fortalecerán la educación especial y la educación inicial, incluyendo a las personas con discapacidad, transitoria o definitiva; con aptitudes sobresalientes, superdotadas y talento extraordinario;

"XVII. a XVIII. ...

"XIX. Aplicar los programas compensatorios implementados por la autoridad educativa federal, a través de los recursos específicos asignados, considerando preferentemente las regiones con mayores rezagos educativos, previa celebración de convenios en los que se establezcan las proporciones de financiamiento y las acciones específicas que la autoridad educativa estatal deba realizar para reducir y superar dichos rezagos;

"XX. Apoyarán y desarrollarán programas, cursos y actividades que fortalezcan la capacitación hacia los maestros y personal de escuelas de educación básica, media superior regulares y especiales en la atención a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, transitoria o definitiva; con aptitudes sobresalientes, superdotadas y talento extraordinario;

"XXI. Desarrollarán un programa integral educativo para personas con discapacidad, transitoria o definitiva; así como uno para quienes poseen aptitudes sobresalientes, superdotadas y talento extraordinario, así mismo se desarrollarán cursos y actividades que potencialicen sus habilidades;

"XXII. La Secretaría, con el apoyo de la Secretaría de Salud del Estado, de acuerdo a sus competencias y sujetándose a los lineamientos establecidos por la autoridad educativa federal realizarán, un protocolo de detección y atención temprana de educación especial que incluya la orientación de los padres o tutores, así como la capacitación a los maestros y personal de escuelas de educación básica, media superior regulares y especiales, para los alumnos con discapacidad, con aptitudes sobresalientes, personas superdotadas o con talento extraordinario; y,

"XXIII. Desarrollarán programas integrales de educación física que fomente en los educandos la importancia de practicar el ejercicio como herramienta para cuidar la salud y el estado físico.

"Artículo 49. La educación especial está destinada a personas con discapacidad, transitoria o definitiva; con aptitudes sobresalientes, superdotadas o con talento extraordinario, atendiendo a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje en un contexto educativo incluyente, basándose en los principios de respeto, equidad, no discriminación, igualdad sustantiva y perspectiva de género.

"Tratándose de niñas, niños y adolescentes con discapacidad propiciará su integración a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos; para quienes no logren esa integración, esta educación procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva, para lo cual se elaborarán programas y materiales de apoyo didácticos necesarios. Las instituciones educativas del Estado promoverán y facilitarán la continuidad de sus estudios en los niveles de educación media superior y superior.

"Para la identificación y atención educativa de las personas con aptitudes sobresalientes, superdotadas o con talento extraordinario, de las instituciones que integran el sistema educativo estatal, contarán con un protocolo que se sujetará a los lineamientos establecidos por la autoridad educativa federal, así mismo establecerán los lineamientos para la evaluación diagnóstica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación necesarios en los tipos de educación básica, media superior y superior, con base en sus facultades y a la disponibilidad presupuestal.

"Las instituciones de educación superior autónomas por ley podrán establecer convenios con la autoridad educativa estatal a fin de homologar criterios para la atención, evaluación, acreditación y certificación, dirigidos a educandos con aptitudes sobresalientes, superdotadas y de talento extraordinario.

"Cuando las instituciones de educación básica, media superior y superior detecten casos de estudiantes con aptitudes sobresalientes, superdotadas o talento extraordinario, deberán informar a la autoridad educativa responsable, a fin de que la educación de estos estudiantes sea impartida de acuerdo con los lineamientos establecidos por la autoridad educativa federal para su atención.

"La educación especial incluirá la capacitación y orientación a los padres o tutores, así como también a los maestros y personal de escuelas de educación básica, media superior regulares y especiales, que integren a los alumnos con necesidades especiales de educación.

"Los profesores de educación preescolar y primaria deberán estar capacitados para poder detectar oportunamente a los alumnos con necesidades educativas especiales como lo son las personas con discapacidad, transitoria o definitiva, con aptitudes sobresalientes, superdotadas o con talento extraordinario.

"La capacitación promoverá la educación inclusiva de personas con discapacidad y desarrollará las competencias necesarias para su adecuada atención la cual estará a cargo de la autoridad educativa estatal en base a su disponibilidad presupuestal, acorde a las disposiciones legales que resulten aplicables.

"En los casos de educación para personas con aptitudes sobresalientes, superdotadas y de talento extraordinario, se capacitará a los maestros en razón a las necesidades y condiciones que estos requieran. Misma que estará a cargo de la autoridad educativa estatal en base a su disponibilidad presupuestal, acorde a las disposiciones legales que resulten aplicables.

"Los planteles educativos, en donde se imparta la educación especial para personas con discapacidad, deberán ser accesibles y contar al menos con un titular y un suplente facultados para la atención de las niñas, niños y adol

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30956-e12dda1b/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.