ACTOS EMITIDOS POR LA COMISIÓN SUBSTANCIADORA DE CONFLICTOS LABORALES DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO, AL DIRIMIR Y SUSTANCIAR LOS CONFLICTOS LABORALES SOMETIDOS A SU CONOCIMIENTO. CONSTITUYEN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES, POR LO QUE CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2022. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y EL CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA DE TRABAJO, AMBOS DEL TERCER CIRCUITO. 31 DE AGOSTO DE 2022. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ LUIS SIERRA LÓPEZ, GABRIELA GUADALUPE HUÍZAR FLORES, ARMIDA BUENROSTRO MARTÍNEZ Y FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ HUEZO. DISIDENTES: HÉCTOR PÉREZ PÉREZ Y GERMÁN RAMÍREZ LUQUÍN, QUIENES FORMULARON VOTO PARTICULAR. PONENTE: ARMIDA BUENROSTRO MARTÍNEZ. SECRETARIO: CARLOS IVÁN BARAJAS CÁRDENAS.
Zapopan, Jalisco, acuerdo del Pleno de Circuito (sic) en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria virtual del treinta y uno de agosto de dos mil veintidós.
Vistos; los autos para resolver la contradicción de criterios 1/2022; y,
RESULTANDO
PRIMERO.—Mediante oficio 4/2022, de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, remitido vía correo electrónico a este Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Magistrado Héctor Pérez Pérez, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, denunció la posible contradicción de criterios entre los sustentados por ese tribunal, al resolver por mayoría de votos el amparo en revisión 81/2021, y por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del mismo Circuito, al resolver el amparo en revisión 198/2017, del cual derivó la tesis aislada III.4o.T.50 L (10a.),(1) de rubro: "COMISIÓN SUBSTANCIADORA DE CONFLICTOS LABORALES DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO. AL DIRIMIR LOS CONFLICTOS LABORALES SOMETIDOS A SU CONOCIMIENTO ACTÚA COMO AUTORIDAD JURISDICCIONAL, POR LO QUE CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO."
SEGUNDO.—El veintisiete de enero de dos mil veintidós, el presidente del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito registró la denuncia bajo el número de expediente 1/2022 y la admitió a trámite. Además, estimó innecesario solicitar copias certificadas de las ejecutorias que motivaron los criterios contendientes, toda vez que dichas sentencias constituyen un hecho notorio para este Pleno, al estar publicadas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; sin embargo, solicitó a los órganos jurisdiccionales contendientes informaran si los criterios que sustentaron en ambos asuntos se encontraban vigentes o si habían sido superados o abandonados.
Finalmente, se ordenó comunicar vía electrónica a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la admisión de la presente denuncia, con el objetivo de que se informara a este Pleno si existe alguna contradicción de criterios radicada en el Alto Tribunal, que guardara relación con la temática planteada.
TERCERO.—En acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, se tuvieron por recibidos los oficios DGCCST/X/35/02/2022, suscrito por el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, y SGA/GVP/075/2022, suscrito por el secretario General de Acuerdos, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante los cuales hicieron del conocimiento de este Pleno de Circuito que no se encontraba radicada en dicho tribunal ninguna contradicción de criterios en la que el tema a dilucidar tuviera relación con el del presente expediente.
CUARTO.—El dieciocho de febrero de dos mil veintidós, se recibió el acuerdo dictado el quince del mismo mes y año, por el que el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito informó que el criterio emitido al fallar el amparo en revisión 81/2021, se encontraba aún vigente. Mientras que, por acuerdo de veinticinco de abril siguiente, se tuvo por recibido el oficio 243/2022, suscrito por el presidente del Cuarto Tribunal Colegiado de la misma materia y Circuito, quien informó que el criterio contendiente y, por ende, la tesis aislada III.4o.T.50 L (10a.), también se encontraba vigente.
QUINTO.—El dos de mayo de dos mil veintidós, se turnaron los autos a la Magistrada Armida Buenrostro Martínez, para el estudio y elaboración del proyecto de sentencia correspondiente.
CONSIDERANDO
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno de Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, anterior a la reforma de uno de junio de dos mil veintiuno; así como con la Circular 17/2021 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, que resuelve la consulta sobre el funcionamiento de los Plenos de Circuito, en relación con la reforma constitucional en materia de justicia federal publicada el once de marzo de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados del mismo Circuito, en un tema que corresponde a la materia laboral, de la especialidad de este Pleno, y no han sido creados los Plenos Regionales.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por un Magistrado integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.
TERCERO.—Criterios contendientes. Con el fin de verificar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es menester señalar los antecedentes de los casos concretos, así como las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias respectivas.
I. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito (amparo en revisión 81/2021).
Antecedentes. Un servidor público promovió demanda de amparo indirecto en contra de actos del Pleno y de la Comisión Substanciadora de Conflictos Laborales de Personal de Confianza, ambos del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, consistentes en la dilación injustificada en ejecutar un convenio elevado a la categoría de sentencia ejecutoriada derivada de un juicio laboral burocrático.
Sustanciado el procedimiento constitucional, el Juez de Distrito del conocimiento determinó conceder la protección federal solicitada para el efecto de que las autoridades responsables prescindieran de ordenar el archivo del asunto y proveyeran la eficaz e inmediata ejecución del convenio.
Inconformes, tanto el Pleno como la Comisión Substanciadora responsables, por conducto de su delegada, interpusieron recurso de revisión, el cual, previa declaratoria de incompetencia, fue radicado bajo el número 81/2021 y resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.
En el criterio que ahora contiende, dicho Tribunal Colegiado determinó que tanto el Pleno como la Comisión Substanciadora de Conflictos Laborales de Personal de Confianza, ambos del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, se encontraban legitimados para interponer el referido medio de impugnación, al no tener el carácter de autoridades materialmente jurisdiccionales.
Al efecto estimó, en esencia, que:
"... el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco puede ser considerado como un tribunal, ya que está estructurado para que cumpla con la función de dirimir los conflictos laborales que se susciten con autonomía plena al fallar los asuntos de su conocimiento, siempre y cuando la cuestión a resolver envuelva una pugna entre diversos sujetos con prestaciones contrapuestas donde el Pleno intervenga como un auténtico tercero ajeno al problema, es decir, que reúna las características aludidas atinentes a los actos materialmente jurisdiccionales.
"Por otra parte, cuando la cuestión laboral a resolver planteada por el trabajador no comprenda un conflicto entre diversos sujetos con intereses opuestos, entonces el Pleno actúa como patrón que determina en cada caso sometido a su análisis la situación particular de los empleados.
"Dicho de otro modo, cuando se tenga que ventilar alguna cuestión que no involucre una contienda propiamente dicha, es decir, entre dos sujetos de derecho, entonces el Pleno fungirá en su calidad de empleador con facultades para resolver los planteamientos hechos por los trabajadores.
"Aquí, es importante tener en cuenta una característica esencial que tienen las autoridades para efectos del amparo y de la que carecen los particulares, radica en que para emitir y ejecutar sus actos no requieren acudir a órganos jurisdiccionales ni del consenso de la voluntad del afectado; cualidades que sí tienen los actos del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco al resolver sobre una solicitud planteada por sus trabajadores, es decir, actuando como patrón.
"En el caso, no se aprecia que se esté en presencia de actos materialmente jurisdiccionales, toda vez que, si bien el trabajador reclamó la reinstalación y el pago de diversas prestaciones al Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, lo que se sustanció en el juicio burocrático laboral **********, tramitado por la Comisión Substanciadora de Conflictos Laborales de Personal de Confianza del propio Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, lo cierto es que aquí acude en su carácter de empleador, pues tiene un interés contrario al quejoso, puesto que, aun cuando dichas autoridades son las encargadas, una de sustanciar el procedimiento, y la diversa de aprobar, en su caso, el dictamen propuesto por dicha Comisión, carecen de uno de los principios de los actos jurisdiccionales como lo es el de imparcialidad.
"Ello es así, debido a que, si bien el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco puede ser considerado como un tribunal, ya que está estructurado para que cumpla con la función de dirimir los conflictos laborales que se susciten con autonomía plena al fallar los asuntos de su conocimiento, siempre y cuando la cuestión a resolver envuelva una pugna entre diversos sujetos, con prestaciones contrapuestas donde el Pleno intervenga como un auténtico tercero ajeno al problema, lo cierto es que, en el caso, no se da ese supuesto, pues claramente tiene un interés contrario al peticionario. ..."
De la propia ejecutoria que aquí contiende y de lo antes transcrito se advierte que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito determinó que tanto el Pleno como la Comisión Substanciadora, ambos del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, en su carácter de autoridades responsables, están legitimadas para interponer el recurso de revisión en contra de una sentencia dictada en amparo indirecto, al no ser autoridades materialmente jurisdiccionales:
1. Pues la tarea jurisdiccional es una función que, en términos del artículo 17 constitucional, le corresponde a los tribunales que conforman el Poder Judicial, sin embargo, no le es exclusiva pues otros órganos también pueden realizar funciones materialmente jurisdiccionales.
2. Sin embargo, estableció que resultaba indispensable identificar los actos jurisdiccionales desde un punto de vista material, por lo cual se hacía necesario acudir a parámetros objetivos que permitieran identificarlos con nitidez, pues si bien los ordenamientos legales, la hermenéutica judicial y la doctrina no los han definido, lo cierto es que sí se han establecido notas distintivas.
3. Además, hizo referencia a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordó el tópico relativo a los actos materialmente jurisdiccionales en la tesis 2a. XCIX/99, cuya ejecutoria definió el supuesto de procedencia previsto en el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada, que guarda identidad con el numeral 107 de la ley de la materia vigente, el cual prevé que el juicio de amparo indirecto será procedente contra actos, omisiones o resoluciones emanadas en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio.
4. Agregó que la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País estableció una directriz que permite distinguir los actos emitidos por la autoridad administrativa en su carácter de órgano materialmente administrativo de los que pronuncia en ejercicio de sus facultades materialmente jurisdiccionales, y fue clara y concisa al establecer que se entenderá que hay un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y, en consecuencia, un acto materialmente jurisdiccional, cuando existe una contienda entre partes, sujeta a la decisión jurisdiccional de quien se pide la declaración de un derecho y la correlativa obligación.
5. Asimismo, que cualquier procedimiento de autoridad administrativa que no entrañe un conflicto entre partes que amerite la declaración de un derecho, no puede considerarse como proveniente de un procedimiento seguido en forma de juicio, aun cuando se le otorgue al particular involucrado el derecho de audiencia, dado que ello no conlleva determinar de manera indefectible el despliegue de atribuciones jurisdiccionales.
6. En este contexto, sentó como características de los actos jurisdiccionales: (1) que tienen como peculiaridad solucionar conflictos de derechos subjetivos entre partes, siendo un presupuesto la existencia del conflicto; (2) que están a cargo de diversos órganos del Estado, que son terceros ajenos al dilema y que deben someterse a los procedimientos legales previamente establecidos y resolver conforme a los principios de prontitud, completitud, imparcialidad y gratuidad; (3) que no tienen efectos jurídicos sobre quien los emite, sólo sobre los contendientes; y (4) que su objetivo es resolver la controversia planteada.
7. Plasmó que, sentadas dichas características, era preciso analizar en qué momento los órganos actuaban como tribunales, por lo que tomó en cuenta que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 18/97, de la que emanó la jurisprudencia P./J. 26/98, reiteró que no sólo las autoridades formalmente judiciales podían emitir actos jurisdiccionales, sino que también había ocasiones en que otros poderes podían actuar como tribunal, siendo esto cuando la autoridad: (a) es creada, estructurada y organizada mediante leyes expedidas por el Congreso de la Unión o Legislaturas Locales; (b) el ordenamiento legal respectivo la dota de autonomía plena con el fin de garantizar imparcialidad e independencia; y (c) posea la función de dirimir conflictos.
8. Expuso que de conformidad con lo previsto en el capítulo V del Título Séptimo de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en los artículos 214 al 221, las faltas o conflictos de sus trabajadores deberán de sujetarse a un procedimiento que se llevará a cabo por una Comisión Substanciadora, que culminará en un dictamen y cuya resolución final corresponde al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de Justicia Administrativa o del Consejo de la Judicatura, todos del Estado de Jalisco, según corresponda.
9. De la misma manera, planteó que cuando se trata de una falta o conflicto entre trabajadores, por ejemplo, en el caso de que alguno de ellos solicite el reconocimiento de un derecho laboral al Pleno en su calidad de patrón, se llevará a cabo un procedimiento similar, pero en términos de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con los artículos 57 y 116 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en relación con el diverso 23, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en concatenación con el numeral 123, apartado B, fracción XII, constitucional.
10. Estableció entonces que el Pleno puede actuar en dos modalidades, la primera como autoridad jurisdiccional y la segunda como patrón; además, que cualquier autoridad puede fungir como tribunal jurisdiccional, siempre y cuando reúna los requisitos previstos en la referida jurisprudencia P./J. 26/98, los que sustancialmente van encaminados a asegurar que sea un ente creado por la ley, autónomo, independiente, imparcial, el que resuelva el conflicto entre sujetos, esto es, emitir actos materialmente jurisdiccionales.
11. En ese sentido, sostuvo que el Pleno puede actuar en su calidad de autoridad jurisdiccional, porque: (A) el Consejo de la Judicatura del Estado y los demás órganos pertenecientes al Poder Judicial del Estado de Jalisco fueron creados, estructurados y organizados mediante leyes expedidas por el Congreso de la Unión o por las Legislaturas Locales; (B) goza de autonomía para fallar los asuntos que conoce; y (C) su función es la de dirimir conflictos que se susciten entre el Poder Judicial y sus servidores públicos.
12. Por ello, advirtió, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco puede ser considerado como tribunal, al estar estructurado para cumplir con la función de dirimir los conflictos laborales que se susciten, con plena autonomía, al fallar los asuntos de su conocimiento, siempre y cuando la cuestión a resolver envuelva una pugna entre sujetos con prestaciones contrapuestas, en el que intervenga como un auténtico tercero ajeno.
13. Empero, diferenció que cuando la cuestión laboral a resolver planteada por algún trabajador no comprenda un conflicto entre sujetos con intereses opuestos, entonces actúa como patrón que determina, en cada caso sometido a su análisis, la situación particular de sus empleados, es decir, cuando tenga que ventilar alguna cuestión que no involucre una contienda entre sujetos de derechos, funge en su calidad de empleador con facultades para resolver los planteamientos que le son sometidos.
14. Por tanto, refirió que una de las características esenciales con que cuentan las autoridades para efectos del juicio de amparo y de la que carecen los particulares, es que para emitir y ejecutar sus actos no requiere acudir a órganos jurisdiccionales ni del consenso de la voluntad del afectado, cualidades que sí tienen los actos del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco al resolver sobre una solicitud planteada por sus trabajadores actuando como patrón.
15. Concluyó que en el caso analizado, no se estaba en presencia de actos materialmente jurisdiccionales, debido a que si bien el trabajador reclamó la reinstalación y el pago de diversas prestaciones al Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, lo que se sustanció en el juicio laboral que tramitó la Comisión Substanciadora de Conflictos Laborales de Personal de Confianza y resolvió el Pleno del propio Consejo, lo cierto es que en el asunto acudió en su calidad de empleador, pues tiene interés contrario al quejoso, ya que aun cuando dichas autoridades son las encargadas, una de sustanciar el procedimiento y otra de aprobar, en su caso, el dictamen propuesto por la Comisión, carecen de uno de los principios de los actos jurisdiccionales, como es el de imparcialidad.
16. En este contexto, determinó que no se reunían las características atinentes a los actos materialmente jurisdiccionales, por lo que resultaba inconcuso que el Pleno y la Comisión Substanciadora de Conflictos Laborales de Personal de Confianza, ambos del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, se encontraban legitimadas para interponer el recurso de revisión, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo.
II. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito (Amparo en revisión 198/2017).
Antecedentes. Un servidor público promovió juicio de amparo indirecto reclamando de la Comisión Substanciadora del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, un proveído dictado en el juicio laboral burocrático de origen, en el que al recibir una demanda por incompetencia, ésta admitió el controvertido respecto de los actos de su competencia y dejó a salvo los derechos del actor respecto del reclamo que hacía a diverso ente público. El Juez de Distrito del conocimiento, previa sustanciación del sumario constitucional, concedió la protección federal solicitada para el efecto de que la responsable dejara insubsistente el acuerdo reclamado en la parte que no admitió la demanda laboral y emitiera uno nuevo en el que se declarara formalmente incompetente para conocer de dicho acto y remitiera los autos a la autoridad competente a efecto de dirimir el conflicto competencial suscitado.
En contra de esa determinación, la autoridad responsable Comisión Substanciadora del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, radicándolo bajo el número 198/2017, mismo que fue admitido por auto de presidencia; sin embargo, con posterioridad, el Pleno de dicho tribunal emitió resolución en la que determinó desechar el recurso por improcedente.
Criterio. El Tribunal Colegiado contendiente, al resolver el referido amparo en revisión, determinó que en el caso, la Comisión Substanciadora de Conflictos Laborales de Personal de Confianza del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, carecía de legitimación para interponer dicho recurso.
Para arribar a dicha conclusión, consideró, esencialmente, lo siguiente:
1. Que del artículo 87 de la Ley de Amparo se advierte, en lo que aquí interesa, que las autoridades responsables carecen de legitimación para recurrir las sentencias que declaren la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando se hubiera emitido en ejercicio de su potestad jurisdiccional.
2. Estableció que una autoridad jurisdiccional se identifica por sus funciones, pues cuando son formal y materialmente jurisdiccionales, se les reconoce como un órgano administrador de justicia (juzgado, tribunal o junta), como ocurrió en el caso con la Comisión Substanciadora de Conflictos Laborales de Personal de Confianza del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, en términos de lo dispuesto por los artículos 148, fracción VI, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco.
3. En ese sentido, advirtió que la referida Comisión, en el juicio biinstancial tiene el carácter de autoridad responsable conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, pues compareció como autoridad jurisdiccional en el conflicto de origen y como emisora del acto que se reclamó en el juicio principal, máxime que de la normativa aplicable se advierte que cuenta con la facultad de sustanciar los conflictos suscitados entre el Poder Judicial del Estado y sus servidores públicos y de elaborar dictámenes de resolución que serán sometidos al propio Pleno del Consejo.
4. Señaló que en el caso, la mencionada Comisión Substanciadora actuó en su calidad de autoridad jurisdiccional al tramitar el procedimiento laboral instaurado por el trabajador y, en virtud de su potestad jurisdiccional, emitió el acuerdo en el que, por un lado, admitió a trámite la demanda en contra del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, respecto de unas prestaciones y, por la otra, se declaró incompetente de los reclamos hechos al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco; ejerció sus atribuciones con la finalidad de sustanciar el procedimiento obrero sometido a su arbitrio, para desarrollarlo en todas sus etapas y estar en aptitud de elaborar el dictamen de resolución correspondiente.
5. En este contexto, determinó que la Comisión Substanciadora responsable no tiene legitimación para interponer el recurso de revisión en contra de una sentencia dictada en amparo indirecto debido a que en el controvertido de origen intervino de manera neutral e imparcial como autoridad jurisdiccional encargada de tramitar el conflicto laboral sometido a su conocimiento.
6. Explicó que la circunstancia de que dicha Comisión sea parte en el juicio de amparo indirecto en su calidad de autoridad responsable, no es suficiente para concluir que tiene legitimación para recurrir la sentencia que se dicte, pues para ello se requiere que tenga interés jurídico directo, del que carece por la naturaleza misma de su actuación, por lo que no le es dable contraponerse al interés de la parte quejosa en el juicio constitucional.
7. Consecuentemente, concluyó que la Comisión Substanciadora de Conflictos Laborales de Personal de Confianza del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, carece de legitimación para interponer el recurso de revisión, porque el derecho para hacerlo, no sólo deriva de la calidad de parte en el juicio de amparo indirecto, sino además de que el fallo combatido cause a la recurrente un agravio como titular del derecho disputado en el juicio, lo que no aconteció, ya que al emitir resoluciones respecto de los conflictos laborales sometidos a su jurisdicción, actúa con la finalidad de administrar justicia y garantizar los derechos de las partes con imparcialidad, por no tener interés por alguna de ellas en la contienda.
De la citada ejecutoria, derivó la tesis aislada III.4o.T.50 L (10a.), de rubro y texto siguientes:
"COMISIÓN SUBSTANCIADORA DE CONFLICTOS LABORALES DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO. AL DIRIMIR LOS CONFLICTOS LABORALES SOMETIDOS A SU CONOCIMIENTO ACTÚA COMO AUTORIDAD JURISDICCIONAL, POR LO QUE CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO. Respecto de la legitimación de las autoridades responsables para interponer el recurso de revisión, el artículo 87 de la Ley de Amparo establece dos hipótesis: a) pueden interponerlo solamente cuando el juicio de amparo indirecto verse contra normas generales; y, b) carecen de legitimación para recurrir las sentencias que declaren la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando éste se hubiera emitido en ejercicio de su potestad jurisdiccional. En este sentido, conforme a los artículos 148, fracción VI, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, el Consejo de la Judicatura tiene la facultad de resolver los conflictos de trabajo suscitados entre el Poder Judicial del Estado y sus servidores públicos, por medio de la Comisión Substanciadora de Conflictos Laborales de Personal de Confianza, que tiene las atribuciones para instruir el procedimiento y elaborar los dictámenes de resolución de los asuntos que les sean turnados. Luego, si la Comisión citada acude al amparo con el carácter de autoridad responsable –pues emitió el acto reclamado en el juicio principal– al haber actuado en su calidad de autoridad jurisdiccional, y resolver el conflicto en ejercicio de su función, carece de legitimación para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada por el Juez de Distrito, pues intervino neutral e imparcialmente como autoridad jurisdiccional, al dirimir el conflicto laboral sometido a su conocimiento."
CUARTO.—Existencia de la contradicción. De conformidad con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis, ahora contradicciones de criterios, no necesita cumplir en forma estricta los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA."(2)
De esa forma, el Alto Tribunal señaló que la forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados debe pasar por una serie de reflexiones que abarquen desde la finalidad de la resolución del conflicto hasta la justificación mínima que en cada caso concreto debe acreditarse.
Así, la finalidad que persigue la resolución de una contradicción está contenida en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 225 a 227 de la Ley de Amparo; de los cuales se desprende una facultad para unificar los criterios interpretativos que dos o más Tribunales Colegiados de Circuito llegaren a adoptar al resolver algún conflicto.
Las normas citadas expresan, como condición para la procedencia de la contradicción, que los criterios enfrentados sean contradictorios. El sentido del concepto "contradictorio"; sin embargo, ha de entenderse cuidadosamente en función no tanto del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad antes apuntada: "la unificación de criterios". Es decir, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio.
La esencia de la contradicción, entonces, radica más en la necesidad de unificar criterios que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito. Por ello, para comprobar que una contradicción de criterios es procedente, será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una contradicción de criterios será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen–, con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales.
En ese sentido, las contradicciones que están llamados a resolver los Plenos de Circuito, deben avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.
Es decir, si la finalidad de la contradicción es la unificación de criterios y si el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados– adoptados por los tribunales contendientes, entonces, es posible afirmar que para que un
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31015-6d3f6a77/actos-emitidos-por-la-comision-substanciadora-de-conflictos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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