CONFLICTOS LABORALES SUSCITADOS ENTRE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS TRABAJADORES. PARA RESOLVERLOS ES APLICABLE LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 14/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 17 DE MAYO DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA ROSA MARÍA GALVÁN ZÁRATE Y DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ LUIS CABALLERO RODRÍGUEZ Y EMILIO GONZÁLEZ SANTANDER. PONENTE: MAGISTRADO JOSÉ LUIS CABALLERO RODRÍGUEZ. SECRETARIA: MARTHA IZALIA MIRANDA ARBONA.
II. COMPETENCIA
8. El Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los diversos 6, fracción II, 8, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1, fracción II, inciso 4, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en virtud de que los tribunales contendientes corresponden a la materia y jurisdicción de este Pleno Regional.
III. LEGITIMACIÓN
9. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
10. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 843/2021, determinó:
"ÚNICO.—La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a **********, en contra del acto del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, consistente en el dictamen aprobado el veinte de octubre de dos mil veintiuno, en el conflicto laboral **********. Para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria."
11. Apoyándose, en lo que a este asunto interesa, en las siguientes consideraciones:
"SÉPTIMO.—En sus conceptos de violación, la parte quejosa estima ilegal la determinación de la responsable en decretar la caducidad de instancia y para evidenciar la ilegalidad del acto reclamado, expone en esencia:
"a) Señala que el término de la caducidad que tiene que ser aplicado es el que señala el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, al ser la legislación supletoria en términos del diverso 219, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, sin que resulte aplicable en términos de supletoriedad la Ley para Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, al ser un conflicto que no resuelve el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, por lo que las normas procesales previstas en la ley burocrática local, no pueden ser aplicables a los conflictos laborales resueltos por el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco.
"Lo anterior, deviene infundado, en atención a las siguientes consideraciones.
"La caducidad de la instancia decretada en el juicio de origen, tuvo como fundamento lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, por ende, resulta oportuno para analizar la presente litis constitucional, establecer como premisa a dilucidar la siguiente interrogante: ¿La Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios resulta aplicable de manera supletoria en su aspecto adjetivo para los procedimientos que resuelve el Consejo de la Judicatura de la Judicatura del Estado de Jalisco para dirimir los conflictos laborales con sus trabajadores?
"A manera de preámbulo, resulta atinente mencionar que el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las funciones del Poder Judicial son reguladas en las Constituciones Locales.
"Luego, en acatamiento a dicho precepto consagrado en nuestra Carta Magna, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus artículos 56, primer párrafo y 64 disponen que el Consejo de la Judicatura del Estado es un órgano perteneciente al Poder Judicial y la administración, vigilancia y disciplina del mencionado poder recae en el consejo aludido, con excepción al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.
"Asimismo, el artículo 57 de la Constitución de esta entidad, reconoce la independencia del Poder Judicial del Estado de Jalisco; la cual, entre otras facultades, le otorga a dicho poder la atribución de resolver los conflictos laborales suscitados entre sus trabajadores; lo anterior, conforme a lo señalado en el diverso 72, primer párrafo, de la referida Constitución, el cual establece:
"‘Art. 72. Corresponde al Tribunal de Arbitraje y Escalafón conocer de las controversias que se susciten entre el Estado, los Municipios, los organismos descentralizados y empresas de participación mayoritaria de ambos, con sus servidores, con motivo de las relaciones de trabajo y se regirán por la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, por todas las demás leyes y reglamentos de la materia, con excepción de las controversias relativas a las relaciones de trabajo de los servidores públicos integrantes del Poder Judicial del Estado y del Instituto Electoral del Estado.’
"La disposición transcrita ha sido objeto de reformas y adiciones, en razón de que la misma al nueve de julio de mil novecientos ochenta y tres, estuvo consagrada bajo el numeral 46, reconocía la competencia del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para resolver los conflictos laborales de todos los servidores públicos del Estado de Jalisco, en sus Municipios y los organismos públicos descentralizados, aplicando el procedimiento establecido en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
"Posteriormente, con el fin de otorgar mayor independencia al Poder Judicial del Estado de Jalisco, el entonces Gobernador de la misma Entidad Federativa, en noviembre de mil novecientos ochenta y siete, envió una iniciativa de reformas a la Constitución Política del Estado de Jalisco, en la cual, entre otras cuestiones, se propuso adicionar una fracción al artículo 40 y reformar el artículo 46 de esa Constitución, con la finalidad de que los conflictos del Poder Judicial con sus empleados los resolviera en definitiva éste y no el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, iniciativa en la cual el Gobernador de Jalisco, sobre este particular tema, adujo las siguientes razones:
"‘De especial importancia es la edición propuesta con el objeto de otorgar facultad al propio Pleno para resolver en forma definitiva los conflictos administrativos y los que se susciten con motivo de las relaciones de trabajo, entre los Tribunales pertenecientes al Poder Judicial y sus servidores públicos; así se garantiza y fortalece la independencia de dicho poder, dado que actualmente, por disponer la propia Constitución Política del Estado en sus artículos 39 y 46 y la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, contra las resoluciones pronunciadas en materia laboral por el Pleno del Supremo Tribunal, los servidores públicos pueden impugnarlas ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, circunstancia ésta que no es conveniente dado por encontrarse en la esfera del Poder Judicial, corresponde al propio Supremo Tribunal de Justicia el trámite y resolución de este tipo de controversias.
"‘Finalmente, para dar congruencia a la edición antes señalada, se propone reformar el artículo 46 de la propia Constitución, estableciendo con toda claridad que, en este tipo de asuntos laborales relacionados con los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, deberá estarse a lo que se establezca en la Ley Orgánica correspondiente y en la Ley para los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios. Por separado enviaré a la consideración de esa Soberanía las iniciativas de reforma y adiciones correspondientes a dichos textos legales.’
"Tal iniciativa de reformas propuso, entre otras cosas, adicionar la fracción IX al artículo 40 y reformar el artículo 46 para que quedaran de la siguiente manera:
"‘Art. 40.
"‘I. ...
"‘II. Resolver los conflictos de competencia que se susciten entre los Tribunales a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior.
"‘III a la VIII. ...
"‘IX. Resolver en definitiva los conflictos administrativos y los que se susciten con motivo de las relaciones de trabajo entre los Tribunales a que refiere el primer párrafo del artículo anterior y sus dependencias, con sus servidores públicos.’
"Tal iniciativa de reformas fue acogida en sus términos por el Congreso del Estado de Jalisco, en tanto que su Comisión de Estudios Legislativos, Puntos Constitucionales y Reglamentos, una vez revisada y para ponerla a consideración del Pleno de ese Congreso, puntualizó sobre el tema que nos interesa:
"‘IV. La modificación propuesta al artículo 40, fracción II, se justifica con el objeto de otorgar competencia al Pleno de la Supremo Tribunal de Justicia para resolver los conflictos de competencia que se susciten entre las Salas del propio Tribunal, así como los demás tribunales pertenecientes al propio Poder Judicial. La adición de una fracción IX a este artículo, con el objeto de otorgar facultades al propio Pleno para resolver en forma definitiva los conflictos administrativos y los que se susciten con motivo de las relaciones de trabajo, entre los tribunales pertenecientes al Poder Judicial y sus servidores públicos, garantiza la independencia de dicho poder, que actualmente, por disponerlo la propia Constitución en los artículos 39 y 46 y la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, contra las resoluciones pronunciadas en materia laboral por el Pleno del Supremo Tribunal, los servidores públicos pueden impugnarlas ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, circunstancia que no es conveniente.
"‘...
"‘X. En el artículo 46, y para darle congruencia a la reforma que se propone al artículo 40, en que se libera al Tribunal de Arbitraje y Escalafón de conocer sobre los conflictos laborales, se estará a lo que disponga la Ley Orgánica respectiva y la Ley para los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios. Además, se contempla a los servidores públicos de las empresas de participación mayoritaria tanto del Estado como de los Municipios, cuya controversia no estaba previsto las conociera el Tribunal de Arbitraje y Escalafón.’
"Una vez sometida a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del Estado de Jalisco, la reforma fue aprobada en sus términos, sin adiciones ni modificaciones, y publicada en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’ el doce de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, entrando en vigencia al día siguiente; lo cual, dio paso al artículo 64 –actualmente 72– cuyo contenido rezaba:
"‘Art. 64. Corresponde al Tribunal de Arbitraje y Escalafón conocer de las controversias que se susciten entre el Estado, los Municipios, los organismos descentralizados y empresas de participación mayoritaria de ambos, con sus servidores, con motivo de las relaciones de trabajo y se regirán por la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, por todas las demás leyes y reglamentos de la materia, con excepción de las controversias relativas a las relaciones de trabajo de los servidores públicos que presten sus servicios en los Tribunales a que se refiere el primer párrafo del artículo 55 de esta Constitución.’
"Para adecuarlas a la reforma constitucional local, tanto en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios como en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, se realizaron sendas reformas, mediante las cuales se modificó el artículo 114 de la primera y se adicionó a la segunda un capítulo que estableció un procedimiento especial para dirimir los conflictos laborales originados entre ese Poder y sus trabajadores, previsto en los artículos 214 a 221.
"De lo antes precisado se desprende que la reforma a la Constitución Política del Estado de Jalisco referida, obedeció, entre otras razones, a la intención de darle mayor independencia al Poder Judicial del Estado de Jalisco, utilizando como uno de los mecanismos para lograrlo, el que los conflictos que ese poder tuviera con sus trabajadores, los resolviera el mismo, de manera definitiva y autónoma, sin estar para ello supeditado a otros de los poderes del Estado, excluyéndose, por tanto, al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco del conocimiento y resolución de este tipo de asuntos.
"Que fue intención para consolidar adecuadamente esa reforma, que para resolver esas controversias se aplicaran lo que al respecto establecieran las leyes Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco y para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, lo cual se advierte claramente de las partes conducentes de la exposición de motivos de la propuesta de reforma que en su iniciativa asentó el Gobernador del Estado, que avalaron los Diputados integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos, Puntos Constitucionales y Reglamentos al opinar sobre la misma, al asentar, el primero: ‘Finalmente, para dar congruencia a la adición antes señalada, se propone reformar el artículo 46 de la propia Constitución, estableciendo con toda claridad que en este tipo de asuntos laborales relacionados con los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, deberá estarse a lo que se establezca en la Ley Orgánica correspondiente y en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. Por separado enviaré a la consideración de esa Soberanía las iniciativas de reformas y adiciones correspondientes a dichos textos legales., y los segundos: X. En el artículo 46, y para darle congruencia a la reforma que se propone al artículo 40, en que se libera al Tribunal de Arbitraje y Escalafón de conocer sobre los conflictos que en materia laboral se susciten entre los servidores públicos del Poder Judicial y sus Titulares, se adecúa estableciendo que para este tipo de conflictos laborales, se estará a lo que disponga la Ley Orgánica respectiva y la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. Además se contempla a los servidores públicos de las empresas de participación mayoritaria tanto del Estado como de los Municipios, cuyas controversias no estaba previsto las conociera el Tribunal de Arbitraje y Escalafón.’
"Luego, tal puntualización, relacionada con que para la solución de este tipo de conflictos debería estarse a lo que se estableciera y dispusiera tanto en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco como en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, no se asentó expresamente en las disposiciones adicionadas o reformadas de la Constitución Política del propio Estado, ni en la leyes secundarias relativas, pero ello no conlleva que esa no fuera la intención legislativa, pues, al contrario, es claro que sí lo era, esto es, que para solventar estas controversias se aplicara tanto la parte sustantiva como lo conducente de la adjetiva de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y el procedimiento que, en su caso, se estableciera en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, pero ello de manera complementaria, no excluyente, según fuera necesario para el adecuado desahogo de estos conflictos.
"No se aprecia, de la reforma a la Constitución Política local ni a las de las leyes para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco correlativas, que hubiera sido deseo legislativo que a los conflictos del Poder Judicial de Jalisco con sus servidores públicos, no se aplicara, por lo menos en las partes conducentes y en la medida necesaria, lo relativo al procedimiento general que para resolver conflictos de los titulares con sus trabajadores, se prevé en la ley aludida, sino, en todo caso, sólo era que del conocimiento y solución de las controversias del Poder Judicial Estatal con sus empleados, se exceptuara al Tribunal de Arbitraje y Escalafón, es decir, se trató de una simple cuestión de competencia al respecto, en tanto que los juicios que se iniciaran por existir una pugna legal entre el Poder Judicial y sus trabajadores, seguirían existiendo y tendrían que resolverse, conservando su naturaleza jurídica laboral, solamente que ahora la competencia para hacerlo recaería en el propio Poder Judicial.
"Cabe destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 239/2011, resolvió que las resoluciones de carácter laboral emitidas por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, resultan sentencias definitivas contra las cuales procede el amparo directo y para arribar a dicha conclusión, realizó un análisis del procedimiento substanciado por el mencionado órgano y determinó que constituye un verdadero juicio.
"De la contradicción mencionada, derivó el criterio 2a./J. 177/2011 (9a.), consultable en la página 1520, Tomo 2, febrero de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala:
"‘SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR SU PLENO, AL RESOLVER UN CONFLICTO DE NATURALEZA LABORAL, SON SENTENCIAS DEFINITIVAS CONTRA LAS CUALES PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco sustenta su existencia y funciones en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Estatal y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la indicada entidad federativa; acorde con esa normativa, está legalmente constituido y facultado para llevar a cabo su función jurisdiccional y emitir sus resoluciones con autonomía plena, además de que cuenta con atribuciones especiales concedidas en la legislación estatal para resolver los conflictos laborales suscitados con sus trabajadores, conforme al artículo 72 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en relación con el numeral 23, fracción VII, de la Ley Orgánica citada; por tanto, las resoluciones que emite el Pleno de ese Tribunal en este último supuesto son sentencias definitivas contra las cuales procede el juicio de amparo directo, en términos del artículo 158 de la Ley de Amparo, y como el procedimiento establecido para dirimir ese tipo de conflictos es aplicable a todos los servidores públicos del Tribunal, independientemente de las funciones que realicen o del tipo de nombramiento que ostenten, ello significa que dichas resoluciones son de naturaleza laboral.’
"Sentado lo anterior, en concordancia con lo resuelto por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal en la mencionada ejecutoria, se colige que cuando el Consejo del Estado Jalisco actúa como auténtico Tribunal al resolver los conflictos laborales suscitados entre sus integrantes, lo hace por medio de un ‘procedimiento’, el cual, para que esté dotado de legalidad y, por ende, brinde de seguridad jurídica a las partes, su sustanciación debe estar regulada en un cuerpo normativo.
"Ahora sin que lo anterior, llegue a concluir que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en la parte conducente sobre el procedimiento para resolver los conflictos laborales, no se excluye de manera expresa que al sustanciar tal procedimiento, no se pudieran y debieran aplicar otras disposiciones legales complementarias y necesarias para su adecuado desahogo; lo anterior, con base en que implícitamente los legisladores locales secundarios, aceptaron, como se precisó en el proceso legislativo de la reforma constitucional del Estado de Jalisco señalada, que para resolver estas controversias se aplicaría lo establecido y dispuesto tanto en esa Ley Orgánica como en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. Luego, es evidente que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, no es, por naturaleza jurídica, una ley procesal, sino, como su nombre lo indica, es meramente organizacional, pues su objeto es precisar las bases de organización y funcionamiento de ese poder con el fin de su correcto funcionamiento y en el caso, como se anticipó, el procedimiento que lleva a cabo el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco para resolver sus conflictos laborales, está previsto de manera especial y específica en los artículos 214 al 221 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco. "De la lectura de los mencionados artículos se desprende que el procedimiento para resolver tales conflictos suscitados entre tal órgano y sus trabajadores, depende en un principio de la naturaleza del cargo del trabajador –base o confianza– y que se llevará por la comisión substanciadora correspondiente; la cual, para la resolución del asunto, emitirá un dictamen el cual será propuesto al Pleno para su aprobación.
"A su vez, se observa la forma en que deberá llevarse dicho procedimiento, pues al efecto se señala que:
"1. La Comisión Substanciadora, una vez que tenga conocimiento del conflicto laboral, deberá iniciar el procedimiento, dará un plazo para la contestación de la demanda y ofrecimiento de pruebas.
"2. Concluido el plazo anterior, se celebrará una audiencia para el desahogo de los medios de convicción ofertados, se expresarán alegatos y se citará a las partes para la emisión del dictamen correspondiente, el cual será propuesto al Pleno para su aprobación correspondiente.
"Ahora bien, en esa legislación no se encuentran los elementos jurídicos necesarios y adecuados para la debida y completa instrumentalización de un procedimiento, como serían, ejemplificativamente, los términos y plazos para realizar cada uno de los actos procesales que lo conforman, las notificaciones, la personalidad y representación, las medidas de apremio, los requisitos de forma y validez de las actuaciones, las consecuencias para la autoridad y las partes por la omisión en realizar oportunamente ciertos actos y la forma de exigirlas y sancionarlas, etcétera.
"De ahí que, las normas de tal procedimiento especial establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, por sí solas, resultarían insuficientes para dar certeza a los justiciables de la forma y términos claros y completos en que se debe llevar y concluir el mismo, en tanto que solamente se establece que lo substanciará una comisión con carácter de permanente; la forma en que se integrará esa comisión; los requisitos que deben cumplir sus integrantes, que serán designados por el Pleno correspondiente; la duración en su encargo y la forma de removerlos; que funcionará con una secretario que autoriza y da fe de lo actuado; que cuenta con los actuarios y la planta de servidores públicos que sean necesarios; que una vez que tenga conocimiento del conflicto laboral, la comisión iniciará el procedimiento correspondiente, en el cual, si se trata de servidores públicos de base, se dará intervención a la representación sindical, si la hubiere y quisiere intervenir; procedimiento que se compone de una única audiencia en la que se desahogarán las pruebas ofrecidas y se alegará, para que la Comisión Substanciadora y dentro de los quince días hábiles siguientes, emita un dictamen, por unanimidad o mayoría de votos que pasará al Pleno correspondiente para que éste resuelva lo conducente, con la aclaración de que en procedimiento en que intervengan servidores públicos que presten sus labores en tribunales ubicados fuera del Primer Partido Judicial, serán los titulares de los propios Tribunales quienes llevarán a cabo el desarrollo de las diligencias que les encomiende la Comisión; señalando también las causas de sobreseimiento en el juicio; y si bien se asienta una aplicación legal supletoria, la misma se limita a la Ley Federal del Trabajo y solamente para lo relativo al ofrecimiento, desahogo y valoración de pruebas, lo cual es comprensible, en tanto que ni esa ley orgánica ni la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, prevén lo relativo a las pruebas, por lo que es necesario acudir a la integración legal para suplir esa laguna normativa, pero ello no es indicativo lógico de que fuera voluntad de los legisladores locales, que el procedimiento se ciñera estrictamente a lo previsto en ese capítulo de la ley orgánica, con exclusión de lo previsto procesalmente en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, reconociendo que lo único que faltaba para complementarlo era la cuestión del ofrecimiento, desahogo y valoración de pruebas.
"En tanto que es evidente la deficiencia del procedimiento ahí previsto, todo por lo cual se comprende la intención del reformador de la Constitución Política del Estado de Jalisco, de que para la resolución de este tipo conflictos, se atendiera tanto a lo que se estableciera y dispusiera en la Ley Orgánica del Poder Judicial como en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
"Por otro lado, el artículo 1, primer párrafo, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco sus Municipios, establece:
"‘Artículo 1. La presente ley es de orden público, de observancia general y obligatoria para los titulares y servidores públicos de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, organismos constitucionales autónomos, ayuntamientos y sus dependencias, así como para los organismos públicos descentralizados del Poder Ejecutivo del Estado y de los Municipios, empresas o asociaciones de participación estatal o municipal mayoritaria, en que por leyes, decretos, reglamentos o convenios llegue a establecerse su aplicación.’
"Del artículo transcrito, se advierte que la legislación burocrática local resulta obligatoria para todos los servidores públicos de los tres poderes del Estado de Jalisco, sin hacer distingo si sólo en su parte sustantiva, o también en la procesal.
"Ahora bien, lo establecido en el citado numeral no puede conllevar desconocer el procedimiento que debe substanciar el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, para resolver los conflictos laborales; por ende, que para dirimir dichas controversias, el procedimiento debe ajustarse en un principio al previsto en el Título Quinto, Capítulo Primero, de la Ley de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, en sus artículos a 115 a 139; porque al haber un procedimiento especial contemplado para dirimir dichas controversias, se debe atender al principio de especialidad de la norma; de modo que la ley burocrática local resulta un cuerpo normativo complementario a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, aplicable sólo respecto de las figuras procesales necesarias y que no estén contempladas en el ordenamiento legal especial o de las que se contemplen de manera deficiente o incompleta.
"Sentado lo anterior, se concluye que la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en su aspecto adjetivo, resulta aplicable sólo de manera complementaria al procedimiento substanciado por Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, para resolver los conflictos laborales, que reconoce y regula la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, porque de inicio, éstos deben ajustarse al procedimiento especial contemplado en dicha norma.
"Cabe señalar que conforme a lo considerado, no se inadvierte la existencia del criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito en la tesis III.4o.T.40 L (10a.), consultable en la página 1400, Tomo III, febrero del 2018, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"‘CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO. LEGISLACIÓN APLICABLE PARA SUSTANCIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS DE TRABAJO SUSCITADOS ENTRE ÉL Y SUS SERVIDORES PÚBLICOS. De conformidad con el artículo 148, fracciones VI y XXI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco (fracciones que están redactadas de manera idéntica), son atribuciones del Pleno del Consejo de la Judicatura Estatal, resolver los conflictos de trabajo suscitados entre el Poder Judicial y sus servidores públicos, en términos de la fracción XII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir del dictamen que le presente la Comisión Substanciadora del Consejo indicado, con excepción de los conflictos relativos a los empleados del Supremo Tribunal de Justicia estatal. De ello, se deduce que así como el Consejo de la Judicatura Federal vigila el cumplimiento de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, como se advierte del numeral 81, fracción XXV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la misma manera el Consejo de la Judicatura Estatal, tratándose de la resolución de conflictos laborales con sus empleados, debe tramitar y resolver los litigios relativos, aplicándose tanto en su aspecto sustantivo como adjetivo, la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que de sus artículos 1o. y 2o. se advierte que es servidor público quien presta un servicio personal subordinado, físico o intelectual, entre otros, al Poder Judicial del Estado de Jalisco, el cual se integra con el mencionado Consejo de la Judicatura Estatal; lo anterior, con excepción de lo previsto por el artículo 219 de la indicada legislación orgánica estatal, el cual se refiere al trámite que debe observar el consejo tratándose de irregularidades cometidas por los
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31570-34d3990e/conflictos-laborales-suscitados-entre-el-consejo-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- ACTOS EMITIDOS POR LA COMISIÓN SUBSTANCIADORA DE CONFLICTOS LABORALES DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO, AL DIRIMIR Y SUSTANCIAR LOS CONFL (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR SU PLENO, AL RESOLVER UN CONFLICTO DE NATURALEZA LABORAL, SON SENTENCIAS DEFINITIVAS CONTRA LAS CU (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONFLICTOS LABORALES SUSCITADOS ENTRE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS TRABAJADORES. PARA RESOLVERLOS ES APLICABLE LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ES (PR.L.CS. J/24 L (11a.))
- SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR SU PLENO, AL RESOLVER UN CONFLICTO DE NATURALEZA LABORAL, SON SENTENCIAS DEFINITIVAS CONTRA LAS CU (2a./J. 177/2011 (9a.))
- CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO. LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR SU PLENO AL RESOLVER UN CONFLICTO LABORAL ENTRE EL PODER JUDICIAL DE DICHA ENTIDAD Y SUS SERVIDORES PÚ (III.4o.T.1 L (10a.))
- CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO. LEGISLACIÓN APLICABLE PARA SUSTANCIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS DE TRABAJO SUSCITADOS ENTRE ÉL Y SUS SERVIDORES PÚBLICOS. (III.4o.T.40 L (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis