PERSONALIDAD DEL APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA EN EL JUICIO LABORAL. NO PROCEDE CUESTIONAR LA LEGALIDAD DE SU RECONOCIMIENTO EN EL AMPARO ADHESIVO, EN RAZÓN DE QUE CONSTITUYE UN TEMA QUE PERJUDICA AL ADHERENTE DESDE QUE SE DICTA EL LAUDO RESPECTIVO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2022. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y PRIMERO, AMBOS DEL DÉCIMO CIRCUITO. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS CUAUHTÉMOC CÁRLOCK SÁNCHEZ, CARLOS SOLÍS BRICEÑO, JAIME FLORES CRUZ Y JERÓNIMO JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ. DISIDENTES: ALFREDO BARRERA FLORES (PRESIDENTE), ÁNGEL RODRÍGUEZ MALDONADO Y EDUARDO ANTONIO MÉNDEZ GRANADO, QUIENES FORMULARON VOTO DE MINORÍA. PONENTE: JAIME FLORES CRUZ. SECRETARIA: MARICELA MARTÍNEZ MONTERO.
Villahermosa, Tabasco. El Pleno del Décimo Circuito tiene visto este asunto para su solución en sesión virtual de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós.
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 14/2022, suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito al resolver el amparo directo 131/2019; y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito al resolver el amparo directo 397/2021.
El tema jurídico a resolver por el Pleno del Décimo Circuito consiste en determinar ¿en qué demanda de amparo, principal o adhesiva, puede plantearse el tema de la personalidad de la contraparte en el juicio laboral? y, de ser el caso, cómo debe resolverse dicha temática.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO.
1. DENUNCIA DE LA CONTRADICCIÓN. **********, por conducto de su apoderado legal y autorizado **********, mediante escrito de dieciséis de junio de dos mil veintidós, denuncia la posible contradicción de criterios entre los sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 131/2019, y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, al resolver el diverso juicio de amparo directo 397/2021.
2. TRÁMITE DE LA DENUNCIA. Mediante proveído de veintinueve de junio de dos mil veintidós, el presidente del Pleno determinó, en lo pertinente, lo siguiente: I) admitió a trámite la denuncia de "la posible contradicción de tesis" respecto de los criterios emitidos por los Tribunales Colegiados en cuestión; II) ordenó formar y registrar el expediente con el número 14/2022; III) solicitó al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, remitiera copia certificada de la ejecutoria emitida en el amparo directo 397/2021, asimismo, informara si el criterio sustentado en la ejecutoria de su índice se encontraba vigente o, en su caso, las causas para tenerlo por superado o abandonado; y IV) comunicó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la admisión de la presente denuncia y solicitó haga del conocimiento de este Pleno de Circuito si existe alguna contradicción de criterios radicada en ese Alto Tribunal que guarde relación con el tema que aquí nos ocupa.
3. Luego, por oficio de once de julio del presente año, se tuvo al director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando que no se encuentra radicado en el Alto Tribunal, contradicción de criterio alguno en el que el tema a dilucidar guarde relación con los diversos: "1 ¿Si a pesar de haber obtenido sentencia y/o laudo favorable, al estar inconforme con el reconocimiento de la personalidad de la persona que se ostentó como apoderado legal de la contraparte en el juicio laboral, debe promoverse forzosamente amparo directo para combatir esa determinación? 2 ¿Es legal o no, analizar de fondo en el amparo adhesivo, el concepto de violación tendiente a cuestionar la personalidad de las partes en el juicio laboral de origen? 3 ¿Es acorde a derecho o no, abstenerse de estudiar un concepto de violación esgrimido en vía de amparo adhesivo, tendiente a cuestionar la personalidad de la persona que se ostentó como apoderado legal de la contraparte en el juicio laboral de origen, a pesar de que en el amparo principal se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para efectos, por considerar que no se encuentran vinculados con los conceptos de violación que se clasificaron fundados?".
4. TURNO. Al estar debidamente integrada la presente contradicción de tesis, mediante proveído de catorce de julio de dos mil veintidós, el presidente del Pleno de Circuito ordenó turnarla al suscrito Magistrado Jaime Flores Cruz, adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
II. COMPETENCIA.
5. Este Pleno del Décimo Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, 41-Bis y 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, (abrogada) y el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; porque se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de dos Tribunales Colegiados del Décimo Circuito.
6.- No se soslaya la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno, mediante la cual, en lo que interesa, en el artículo 94 se estableció la creación de los Plenos Regionales en sustitución de los Plenos de Circuito, a quienes se les otorgó la facultad de resolver las contradicciones de criterios que se generen por distintos Circuitos que conforman determinados territorios, y así, se defina un solo criterio obligatorio en varios Circuitos de una misma región.
7. Al respecto, mediante circular SECNO/17/2021, de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en cumplimiento a lo decidido por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las "Consultas sobre el funcionamiento de los Plenos de Circuito en relación con la reforma constitucional en materia de Justicia Federal, publicada el 11 de marzo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación", se informó que en su punto de acuerdo primero se determinó que los Plenos de Circuito continuarán operando en los términos en que lo venían haciendo, hasta el inicio de la vigencia de las leyes secundarias relativas a la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación.
8. Por lo tanto, se sostiene que este Pleno del Décimo Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis.
III. LEGITIMACIÓN.
9. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, pues fue formulada por el tercero interesado **********, por conducto de su autorizado **********, en el amparo directo 131/2019, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios contendientes, lo cual corresponde al supuesto previsto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.
10. PRESUPUESTOS PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS. El Máximo Tribunal ha sostenido los siguientes requisitos y/o lineamientos:
a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Que en esos ejercicios interpretativos se encuentre algún punto de conexión, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico; ya sea sobre el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; habiéndose resuelto en forma discrepante.
c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
11. Adicionalmente, se ha establecido que no es necesario que las cuestiones fácticas que rodean los casos de los que emanan los criterios contendientes sean exactamente iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes, debiéndose privilegiar en tal supuesto, la función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.
12. Asimismo, se ha dicho que, para el análisis de las ejecutorias y la consecuente determinación sobre la existencia de la contradicción, no es indispensable ni exigible que los criterios sustentados por los órganos jurisdiccionales contendientes constituyan jurisprudencia debidamente integrada.
13. Tales directrices han sido determinadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias de rubros siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO."(1)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."(2)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(3)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(4)
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS.
14. A continuación se precisan los puntos relevantes de las ejecutorias de los órganos de amparo participantes.
15. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO. Ejecutoria del amparo directo 131/2019, emitida el once de abril de dos mil diecinueve.
16. De la ejecutoria respectiva se desprenden los siguientes antecedentes:
• Mediante escrito presentado el ocho de mayo de dos mil catorce, en la Junta Especial Número 38 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, el tercero interesado promovió demanda laboral en contra de las quejosas (**********), de quienes reclamó: (1) el reconocimiento de que sufría diversas enfermedades con motivo de las labores desempeñadas para las mismas, (2) el pago de la indemnización que correspondiera al grado de incapacidad total permanente que resultara, y (3) el otorgamiento de la pensión al cien por ciento (100 %) por riesgo de trabajo (enfermedad profesional) y demás prestaciones derivadas.
• Mediante auto de nueve de mayo de dos mil catorce, la autoridad responsable admitió a trámite la demanda y la registró con el número 466/2014. Seguido el juicio, la responsable dictó un laudo el diecinueve de junio de dos mil dieciocho, en el cual condenó a las quejosas al reconocimiento de que el actor padece enfermedades de trabajo consistentes en **********, valuada en un cuarenta por ciento (40 %) de incapacidad parcial permanente; e ********** valuada en un veinte por ciento (20 %) de incapacidad parcial permanente; a cubrir la indemnización correspondiente en términos del artículo 66, inciso h), del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de ********** y Organismos Subsidiarios; asimismo, condenó a la modificación de la pensión jubilatoria de la parte actora, para que se otorgara por incapacidad permanente derivada de riesgo de trabajo al cien por ciento (100 %) del salario ordinario, absolviendo de las restantes prestaciones.
• Contra tal determinación, ********** promovió amparo directo principal y el trabajador presentó amparo adhesivo ante el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, que radicó bajo el número 131/2019; mismo que fue resuelto en sesión de once de abril de dos mil diecinueve, donde a la parte quejosa principal se le concedió el amparo solicitado para los efectos siguientes:
"1. Deje insubsistente el laudo reclamado.
"2. Hecho lo anterior, emita uno nuevo en el cual:
"a) Reitere los aspectos ajenos a la presente concesión.
"b) Realice un análisis exhaustivo, objetivo y lógico de los dictámenes periciales médicos rendidos por las partes y el tercero en discordia, otorgando el valor probatorio correspondiente a cada uno de ellos, motivando debidamente su determinación.
"c) De considerar que se acreditan las enfermedades profesionales, proceda a fundar y motivar el porcentaje de incapacidad que corresponda al actor, con base en lo previsto en el artículo 492 de la Ley Federal del Trabajo, esto es, dentro de los límites mínimo y máximo señalados para el padecimiento específico, debiendo tomar en consideración la edad del trabajador, la importancia de la incapacidad y la mayor o menor aptitud para ejercer actividades remuneradas, semejantes a la profesión u oficio del operario."
• Mientras que, por lo que hace al amparo adhesivo, los conceptos de violación formulados por la parte obrera fue uno, esto es, el atinente a que la autoridad responsable no atendió a las formalidades en el desahogo de las pruebas periciales; lo anterior en virtud de que en el juicio de amparo principal se determinó que eran infundados los motivos de disenso en que las patronales se dolieron de que los dictámenes rendidos en el juicio no cumplieron con las formalidades y requisitos que establece la ley obrera, al señalarse que los mismos fueron debidamente valorados y analizados por la Junta responsable.
Por otra parte, consideró infundado el concepto de violación que esgrimieron las quejosas en cuanto a la fijación de la litis, el análisis de las defensas y excepciones y la distribución de cargas probatorias; de ahí que los argumentos vertidos al respecto en este amparo adhesivo no puedan ser motivo de análisis, al referirse al mismo punto que ya fue analizado en el amparo principal.
En otro punto, calificó infundado el concepto de violación relativo a que existió una violación al procedimiento en que incurrió la responsable, que hace consistir en lo que a su parecer fue un ilegal reconocimiento de la personalidad de los apoderados legales de la demandada, pues estimó que del análisis de los autos del juicio laboral, se desprende que, contrario a lo afirmado por el quejoso adherente, el apoderado legal de las patronales demandadas sí acreditó fehacientemente su personalidad, al haber exhibido su cédula profesional número **********, la cual se encuentra registrada en el libro que para ese efecto lleva la Junta responsable, así como su calidad de apoderado legal en términos del instrumento notarial número **********, por cuanto hace a **********, y el diverso instrumento notarial número **********, por lo que se refiere a **********; personalidad que le fue reconocida por la autoridad laboral durante la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, efectuada el doce de septiembre de dos mil catorce.
Finalmente, calificó como inatendible el disenso relativo a que la responsable omitió declarar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 899-E de la Ley Federal del Trabajo; lo anterior, porque la Junta responsable condenó en el laudo combatido al otorgamiento de la pensión jubilatoria al haber otorgado valor probatorio a los dictámenes periciales y considerado que con los mismos se acreditaron las enfermedades profesionales reclamadas, por lo que no fue aplicado en su perjuicio el numeral citado; además de que al analizar la controversia y el contenido de la misma, no advirtió que lo ahí establecido vulnerara o contraviniera ningún tratado internacional que establezca mayor beneficio que el otorgado; máxime de que dicha autoridad no puede ejercer un control de constitucionalidad, por encontrarse reservado para los órganos judiciales del Poder Judicial de la Federación, sino únicamente podría inaplicar la norma si considerara que no es conforme a la Constitución Federal o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México, y como en el caso, no fue aplicado dicho artículo en perjuicio del quejoso adherente, no puede ser motivo de análisis la constitucionalidad por este órgano jurisdiccional.
17. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO. Ejecutoria del amparo directo 397/2021, emitida el diecisiete de marzo de dos mil veintidós.
18. De la ejecutoria respectiva se desprenden los siguientes antecedentes:
• El trabajador **********, compareció ante la Junta responsable a demandar de **********, las prestaciones consistentes en **********, **********, ********** que me produjo una **********, así como **********, **********, **********, **********; y, por ende, la evaluación, calificación y determinación del grado de incapacidad permanente y pago de las prestaciones económicas y en especie derivadas de tales padecimientos de acuerdo con las cláusulas 103, 128, 129, 134 y demás invocados del Contrato Colectivo de Trabajo de ********** y sus Organismos Subsidiarios 2013-2015, y el otorgamiento y pago de diversas prestaciones legales y extralegales.
• En proveído de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, se declaró cerrada la instrucción, y el dos de abril siguiente, la Junta Especial número 38 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz radicó la demanda laboral bajo el número 1973/2016, ordenó emplazar a la parte demandada y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución.
• Seguido el juicio laboral en todas sus etapas procesales, la Junta responsable, el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, dictó un laudo en el que condenó a la parte demandada al reconocimiento de que el trabajador es portador de las enfermedades de trabajo consistentes en **********, **********, **********, al pago de indemnización por riesgo de trabajo por la cantidad de $********** (**********), al pago de cuarenta por ciento adicional, haciendo una suma total por $********** (**********).
• Inconforme con tal determinación, **********, por conducto de su apoderada legal, promovió juicio de amparo directo principal, y la parte trabajadora ********** presentó amparo adhesivo, que el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, radicó con el número 397/2021, y en sesión de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, negó el amparo principal a la parte quejosa, en virtud de que calificó como infundado el argumento relativo a que la Junta responsable tramitó en la vía especial, pasando por alto que en las prestaciones reclamadas se involucran prestaciones diversas al reconocimiento de enfermedad profesional, por lo que el procedimiento debía tramitarse conforme al procedimiento ordinario; en virtud de que del contenido del escrito de doce de septiembre de dos mil diecinueve, el quejoso se desistió de las prestaciones que no correspondían a las de seguridad social, por tanto, no es procedente la vía ordinaria, aunado a que del laudo reclamado se advierte que respecto de dichas prestaciones la Junta responsable no realizó condena alguna.
Por otra parte, calificó de inatendible el disenso relativo a las deficiencias del dictamen pericial médico del actor y del tercero en discordia, los restantes motivos de inconformidad tienden a referir aspectos atinentes a la resolución del fondo de la litis laboral, pues consideró que se torna jurídicamente inviable el análisis de los conceptos de violación que la parte quejosa en el amparo principal vierte sobre la acción de reconocimiento de enfermedad profesional, por virtud de la reposición del procedimiento que se debe llevar a cabo en el juicio natural, esas cuestiones quedarán insubsistentes y serán objeto de un nuevo estudio.
Respecto del amparo adhesivo, el Tribunal Colegiado de Circuito que conoció del asunto concedió el amparo para los siguientes efectos: "a) Deje insubsistente el laudo reclamado.
"b) Ordene reponer procedimiento, a fin de verificar que los peritos médicos, del actor y, en su caso, del tercero en discordia estén inscritos en el registro de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje como lo dispone el artículo 899-F de la Ley Federal del Trabajo, en la inteligencia de que en caso de no ser así, deberá requerir al actor para que designe nuevo perito médico que sí reúna ese requisito, tomando en consideración que el operario cuenta con la posibilidad de solicitar que se le nombre uno; del mismo modo, el perito tercero habrá de cumplir este requisito y, de no ser así, deberá nombrar otro experto que reúna esta exigencia.
"c) Y, deberá ordenar el desahogo de los peritajes médicos del actor y, en su caso, del tercero en discordia de acuerdo con el requisito que para su emisión exige la fracción IV el artículo 899-E de la ley obrera.
"d) Hecho lo anterior, continúe el procedimiento con las atribuciones que le otorga la Ley Federal del Trabajo vigente."
Por otra parte, calificó de inoperante el concepto de violación relativo al reconocimiento de la personalidad de la parte demandada en el juicio laboral, pues en concepto de la adherente, la Junta responsable de manera ilegal reconoció la personalidad a los apoderados de la parte demandada durante el juicio, sin tener certeza sobre la autenticidad de los instrumentos notariales con los que comparecieron en representación de las demandadas; sustentó su consideración con lo establecido en el artículo 182 de la Ley de Amparo, toda vez que en el párrafo primero de dicho numeral queda claro que el amparo adherente no tiene como finalidad que obtenga un mayor beneficio en el asunto, lo que significa que si la parte del acto reclamado le ocasiona un agravio personal y directo, entonces deberá impugnarla a través de un juicio de amparo directo principal o no adhiriéndose al que hubiese promovido su contraparte.
También consideró que para comprender la figura del amparo adherente no se estima suficiente decir que tiene como fin la subsistencia de la sentencia favorable obtenida, sino que, además debe señalarse que de la exposición de motivos y demás trabajos legislativos correspondientes, se advierte que la figura del amparo adherente se creó para propiciar que se resuelva íntegramente el asunto, para evitar en lo posible la prolongación de la controversia; intención legislativa, que se refleja en el último párrafo del artículo 182 de la Ley de Amparo.
Estimó que si el amparo principal resulta infructuoso, entonces carecerá de objeto de análisis del amparo adherente, porque la controversia habrá quedado resuelta, en definitiva, a favor de los intereses del adherente, es decir, de la contraparte de los quejosos en el juicio de origen, y habrá subsistido el acto reclamado.
Adujo que, en el caso de que a la luz de los conceptos de violación del quejoso, se vislumbre la posibilidad de que se le conceda la protección constitucional, entonces debe verificarse si en el amparo adhesivo –que en su caso se hubiese promovido– se proporcionan argumentos que impidan esa concesión y así pueda subsistir el acto reclamado.
Señaló que las cuestiones de personalidad de los apoderados de la parte demandada, son inatendibles al constituir un agravio personal y directo que debe ser materia del juicio de amparo directo principal y no del adherente, porque su reconocimiento es una determinación que por sí misma perjudica al quejoso adherente, con independencia de la suerte que corra el amparo principal, ya que si la pretensión del adherente es que se desconozca la personalidad de los apoderados de la patronal, es evidente que dicha pretensión, de ser fundada, le daría un mayor beneficio al obtenido en el juicio laboral, que es una consecuencia propia del amparo principal y no del amparo adherente.
Por ello estableció que las violaciones procesales reclamadas en amparo adherente, únicamente proceden cuando se encuentran vinculadas con los conceptos de violación relativos al amparo principal que aquel Tribunal Colegiado estimó fundados, ya que de analizar directamente las violaciones procesales hechas valer en el amparo adherente, sin verificar si se encuentran relacionadas con los conceptos de violación expuestos en el amparo principal, o sin tomar en cuenta que de conceder el amparo en el principal, las violaciones procesales podrían o no afectar las defensas del adherente, no sólo implica soslayar la naturaleza excepcional y accesoria del juicio de amparo adherente, sino que, además, procedería en contravención al principio de impartición de justicia pronta y expedita tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Consideró que ello podría ocasionar que la solución de un asunto se retrase innecesariamente, a efecto de reparar una violación procesal que carezca de relación con los conceptos de violación del amparo principal, o bien, aun cuando se trate de un tema vinculado, resulte que los argumentos expuestos en el principal son infundados.
V. EXISTENCIA DE LA DIVERGENCIA DE CRITERIOS.
19. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que la contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito es existente cuando al resolver los asuntos que son de su legal competencia adoptan criterios jurídicos discrepantes respecto de un mismo punto de derecho, aun cuando no integren jurisprudencia y con independencia de que no exista coincidencia en los aspectos secundarios o accesorios que tomaron en cuenta, ya que si el problema jurídico central es perfectamente identificable, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales a través de la unidad interpretativa del orden jurídico.
Apoya tal consideración, la jurisprudencia P./J. 72/2010, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, con número de registro: 164120, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
20. Ahora, del contenido de las ejecutorias transcritas en apartados precedentes se advierte que, en el caso, sí existe la contradicción de tesis denunciada entre los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, al resolver el juicio de amparo directo 131/2019 y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en la misma localidad, al resolver el juicio de amparo directo 397/2021.
21. En efec
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31037-69835577/personalidad-del-apoderado-de-la-parte-demandada-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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