AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR UN TERCERO EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PREVIA ENTREGA DE LOS RECURSOS POR EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE, SE TIENE NOTICIA PLENA DE LA AFECTACIÓN PATRIMONIAL CUANDO SE REALIZA LA ENTREGA DE ÉSTOS AL NOTARIO PÚBLICO CON LA CONCURRENCIA DE LA VOLUNTAD DEL CONTRIBUYENTE, POR LO QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO RESPECTIVO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO, AMBOS DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. 28 DE ABRIL DE 2020. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS GERARDO MARTÍNEZ CARRILLO, LUIS FERNANDO ANGULO JACOBO, GERMÁN TENA CAMPERO Y GUADALUPE RAMÍREZ CHÁVEZ. DISIDENTE: ELIGIO NICOLÁS LERMA MORENO, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: LUIS FERNANDO ANGULO JACOBO. SECRETARIA: ILEANA GUADALUPE ENG NIÑO.
CONSIDERANDO:
I. Competencia.
Este Pleno del Vigésimo Segundo Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 94, párrafos séptimo y décimo, 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 216, párrafo segundo y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis, 41 Bis-2 y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de febrero de dos mil quince, porque los criterios denunciados fueron emitidos por Tribunales Colegiados integrantes de este circuito, en amparos en revisión de su competencia.
Así como de conformidad con lo establecido en la Circular SECNO/17/2021 de fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal en la que se contempla que los Plenos de Circuito continuarán emitiendo jurisprudencia hasta en tanto entren en funciones los Plenos Regionales del Poder Judicial de la Federación.
II. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el Juez de Distrito que conoció de los juicios de amparo de donde derivaron los criterios contendientes.
III. Presupuestos para determinar la existencia de la contradicción de tesis. Para determinar si el presente asunto cumple con los presupuestos de existencia de la contradicción de tesis, debe precisarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a ese respecto, ha sostenido los siguientes requisitos y/o lineamientos:
a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Que en esos ejercicios interpretativos se encuentre algún punto de conexión, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea sobre el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; habiéndose resuelto en forma discrepante.
c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
d) Que no es necesario que las cuestiones fácticas que rodean los casos de los que emanan los criterios contendientes sean exactamente iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes, debiéndose privilegiar en tal supuesto, la función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.
e) Que para el análisis de las ejecutorias y la consecuente determinación sobre la existencia de la contradicción, no es indispensable ni exigible que los criterios sustentados por los órganos jurisdiccionales contendientes constituyan jurisprudencia debidamente integrada.
Tales directrices han sido determinadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias de títulos siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO."(1)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."(2)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(3)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(4)
Lo que se traduce en que los tribunales contendientes hayan examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales y llegado a conclusiones discordantes respecto a la solución de la controversia planteada.
IV. Criterios contendientes.
Para establecer si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es menester precisar los argumentos que sustentan las dos posturas contendientes:
1. El Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, el cuatro de junio de dos mil veinte resolvió el amparo en revisión administrativo 382/2019, cuyos antecedentes son los siguientes:
1.1. El cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, ante la Notaría Pública Número ********** de la demarcación territorial de Querétaro, se otorgó la escritura número **********, en la que se hicieron constar los siguientes actos: i) Contrato de compraventa celebrado entre **********, como parte vendedora y **********, como parte compradora; ii) Contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria celebrado entre el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y **********.
1.2. El veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, dicha escritura pública fue firmada por las partes.
1.3. El dieciocho de septiembre siguiente, el INFONAVIT, mediante transferencia interbancaria, entregó la cantidad de $********** (********** pesos ********** M.N.), para la protocolización de la escritura. El diecinueve de ese mes y año se expidió la factura número de serie y folio **********.
1.4. El veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, se realizaron los pagos de derechos por los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, derivados de la escritura pública de referencia, ante la autoridad exactora y se emitieron los recibos oficiales con número de operación 2019/1621603 y 2019/1621602, en donde se consignaron los derechos causados.
1.5. **********, por propio derecho promovió el juicio de amparo indirecto 1342/2019, contra actos de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado, del Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, del secretario de Gobierno, del director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, del director de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, del secretario de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado y del director del Registro Público de la Propiedad, todos del Estado de Querétaro, que hizo consistir esencialmente en la constitucionalidad material de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, publicada el veintiuno de julio de dos mil catorce y reformada el veinte de diciembre de dos mil catorce; en específico, los artículos 90, 97 y 99, artículo primero, apartado derechos, de la Ley de Ingresos del Estado de Querétaro para el ejercicio fiscal 2019, con motivo de su primer acto de aplicación que se traduce en el cobro del derecho por los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; en el particular, una compraventa de inmuebles y constitución de garantías reales sobre inmuebles.
1.6. El Juez Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, a quien correspondió conocer de la demanda respectiva, decretó el sobreseimiento en el juicio, contra los actos que se reclamaron de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado y del gobernador del Estado, integrantes del proceso legislativo origen del artículo 97 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, publicada el veintiuno de julio de dos mil catorce y reformada el veinte de diciembre de dos mil catorce y artículo primero, apartado derechos, de la Ley de Ingresos del Estado de Querétaro para el ejercicio fiscal 2019; y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos que se reclamaron de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado y del gobernador del Estado, integrantes del proceso legislativo origen de los artículos 90 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, publicada el veintiuno de julio de dos mil catorce y reformada el veinte de diciembre de dos mil catorce.
1.7. Inconforme con esa resolución, el gobernador del Estado de Querétaro interpuso recurso de revisión, al sostener que la parte quejosa no acreditó su interés jurídico para reclamar las normas impugnadas al no demostrar que fue ella quien resintió la afectación a su esfera patrimonial, dado que fue el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores quien entregó al notario público los recursos económicos para el pago de los derechos por los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado.
1.8. El Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, que conoció del asunto, emitió ejecutoria en la que, en lo que interesa para la solución del presente asunto, sostuvo que no se actualizaba la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XII del artículo 61 de la ley de la materia, relativa a la falta de afectación patrimonial en perjuicio del quejoso, por el hecho de que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores efectuara la transferencia de los recursos, así como implícitamente la prevista en la fracción XIV del propio numeral en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, consistente en el consentimiento tácito de las normas impugnadas a partir de que se tiene conocimiento pleno de la afectación patrimonial, por las razones siguientes:
• El quejoso celebró un contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por el cual el quejoso se obligó a pagar al instituto el monto del crédito otorgado; donde si bien se estableció que los gastos por los conceptos de honorarios notariales, impuestos y derechos correrían a cargo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cierto era también que ello se haría con cargo a la cantidad dispuesta del crédito otorgado, ya que incluso el acreditado autoriza e instruye al instituto para que entregue por su cuenta las cantidades correspondientes, destacándose que será respecto del porcentaje que corresponda al monto del crédito, pues si llegara a existir un excedente del valor de la operación, sería obligación del acreditado cubrir los gastos sobre éste.
• El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores hizo la transferencia de los recursos al notario público para el pago de los derechos por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, numerario que forma parte del monto del crédito otorgado al quejoso y en consecuencia sería cubierto con éste, resintiendo un perjuicio económico.
• En consecuencia, estimó que no podía considerarse que no exista una afectación patrimonial en perjuicio del quejoso, por el hecho de que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores efectuara la transferencia de los recursos, dado que éstos derivan del crédito otorgado al quejoso, quien se obligó a pagar mediante el descuento a su salario que el instituto haría en términos de la cláusula quinta, y a su aplicación de conformidad con lo pactado en el contrato; por tanto, resultaba inexacto que no se ocasionara al quejoso una afectación en su peculio, como lo aseveró la autoridad recurrente, toda vez que a pesar de que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores hizo la transferencia de los recursos para el pago de los derechos por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, ese numerario forma parte del monto del crédito otorgado al quejoso y, en consecuencia, sería cubierto por éste; de ahí que sí resienta un perjuicio económico y, por tanto, contrario a lo estimado por la recurrente, sí tiene interés jurídico para reclamar las disposiciones aplicadas.
• Aunado a que los recibos expedidos a nombre del quejoso derivados del pago de derechos registrales, generaban convicción sobre la aplicación de las normas impugnadas, siendo ello suficiente para evidenciar el interés jurídico del quejoso para su impugnación.
• El Juez de Distrito consideró que es hasta el momento de la expedición por parte de la autoridad exactora de los recibos de pago expedidos a nombre del quejoso derivados del pago de derechos registrales, en que existió una fecha cierta de la afectación patrimonial al quejoso para que estuviera en posibilidad de reclamar las normas jurídicas aplicadas, esto es, una vez que se dispuso del crédito otorgado a aquél y se enteró el recurso económico a la autoridad recaudadora.
• Lo anterior, pues no podía tenerse como acto previo de la aplicación de las normas reclamadas la transferencia efectuada por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores al notario público, a fin de determinar la afectación patrimonial en perjuicio del quejoso respecto de las normas impugnadas, en virtud de que éste no tuvo a su disposición los recursos económicos, de manera que no los tenía bajo su resguardo, sino que el instituto los enteró directamente, por lo que el quejoso no estaba en aptitud de combatir en ese momento los preceptos legales impugnados; sino hasta que se dispuso del crédito y se enteró el recurso económico a la autoridad recaudadora, ya que con esto existió una fecha cierta sobre la afectación patrimonial al quejoso; por lo que en el caso, lo que se acreditó fue una aplicación implícita de los artículos 90 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, contenida en los recibos de pago con números de operación 2019/1621603 y 2019/1621602, ambos de fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve.
• Luego, la autoridad debió controvertir esas consideraciones y exponer en todo caso argumentos que desvirtúen los razonamientos del juzgador en el sentido de que no podía estimarse la fecha en que se erogaron los recursos por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en perjuicio del quejoso, al no ser éste quien realizó esa erogación y, por tanto, no tenía bajo su resguardo los recursos ni decidió entregarlos; así como también debatir la consideración relativa a que se justificó en el caso una aplicación implícita de las normas, existiendo hasta el momento en que se enteraron los recursos ante la autoridad exactora, una fecha cierta respecto de la afectación patrimonial al quejoso.
• Al margen de lo anterior, el agravio analizado resultaba ineficaz, pues la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, al resolver los amparos en revisión 1167/2015, 1168/2015, 1169/2015, 1196/2015 y 945/2018, y analizar el tema relativo al cómputo del plazo para presentar la demanda contra normas que regulan el impuesto sobre adquisición de inmuebles y los derechos por inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con motivo de su aplicación realizada por un notario público, estableció, en la parte que interesa, lo siguiente:
• Que si una norma general que regula los elementos de un tributo se controvierte en el juicio de amparo con motivo de su acto de aplicación, llevado a cabo por un tercero en auxilio de la administración quien realiza el entero respectivo a la hacienda pública, previa entrega de los recursos correspondientes por el contribuyente, la procedencia de ese juicio está condicionada a que la demanda se presente oportunamente respecto de ese acto, el cual, en primer lugar, se realiza con la concurrencia de la voluntad de éste, pues al tener bajo su resguardo y a su disposición los recursos respectivos, es él quien decide, dentro del margen legal respectivo, entregarlos al referido tercero; en segundo implica una afectación patrimonial en perjuicio del sujeto pasivo del tributo y, en tercer lugar, concreta lo previsto en las normas generales que son fuente de esa afectación.
• Que cuando el quejoso pretende impugnar en amparo la constitucionalidad de las normas generales que regulan el impuesto sobre adquisición de inmuebles y los derechos por inscripción en el Registro Público de la Propiedad, con motivo de su pago realizado por conducto del notario público, debe tomarse en cuenta que el contribuyente tiene noticia de la afectación patrimonial respectiva desde el momento en el que decide entregar a éste los recursos económicos para cubrir esas contribuciones y, por ende, el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, inicia al día siguiente de que tuvo lugar esa afectación.
• Que la circunstancia de que en el documento en el que conste el acto de pago al notario o la formalización del acto jurídico que lo genera, no se citen las normas generales que rigen el o los tributos respectivos, no modifica el conocimiento cierto que el quejoso tiene de la afectación patrimonial que le causa, primero porque dentro del margen legal para ello decide erogar los recursos correspondientes; y segundo, porque la participación del fedatario que recibe el pago de los tributos en auxilio de la administración no se da en una relación de supra a subordinación, sino de coordinación, en la que este último no impone la voluntad al contribuyente.
• Por ende, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación distinguió que, tratándose de la impugnación de normas tributarias, aplicadas por un tercero auxiliar, habría que distinguir la existencia de dos cómputos, trascendentes para la promoción del juicio de amparo:
1. En relación con la afectación patrimonial: Es decir, al realizar el gobernado por voluntad propia el entero de la contribución, se entiende que existió una aplicación implícita de la norma, por lo que a partir de este momento se computa el plazo de oportunidad, con respecto al acto de aplicación;
2. Con motivo de la norma. Se computa a partir de que el gobernado tuvo conocimiento pleno y explícito de cuáles fueron las disposiciones normativas aplicadas. No obstante, la oportunidad de la norma, al no ser autónoma para su impugnación, estará estrechamente vinculada y supeditada a no haber consentido el acto de afectación patrimonial en que se aplicó el o los dispositivos de manera implícita.
Criterios que se encuentran reflejados en las jurisprudencias 2a./J. 81/2019 (10a.), 2a./J. 82/2019 (10a.) y 2a./J. 83/2019 (10a.).
• Atendiendo a los citados criterios jurisprudenciales de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que surja la obligación de impugnar una norma con motivo de su aplicación expresa, sí es necesario que tenga conocimiento pleno y explícito de cuáles fueron las disposiciones normativas implicadas; y en otro aspecto, vinculado con la afectación patrimonial de las normas que reclama, se tiene que en condiciones ordinarias tal afectación se materializa cuando éste entrega al notario público el numerario para el pago de los tributos correspondientes, no así un tercero, –por conducto del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores– por lo que esa fecha será la base de inicio para el cómputo del plazo para la presentación de la demanda de amparo, y no así hasta que se realice el pago respectivo ante la autoridad exactora, siendo irrelevante para ello el que se tenga o no conocimiento pleno de la norma aplicada, al ser patente la afectación patrimonial que en todo caso lo constreñía a indagar sobre ese hecho.
• Lo anterior, en el entendido de que en ese momento –cuando el quejoso entrega los recursos al notario– se tiene conocimiento pleno de la afectación patrimonial que provoca la actualización de lo previsto en esas normas de manera implícita, pues sólo con la concurrencia de su voluntad podría darse esa afectación, al entregar los recursos respectivos que se encuentran bajo su resguardo.
• Lo que revela lo ineficaz de los agravios analizados, pues atendiendo a las particularidades del caso, no se está en condiciones de variar el sentido del fallo, porque no está acreditado fehacientemente que ese conocimiento pleno de la afectación patrimonial –que como se dijo acontece cuando el contribuyente entrega al fedatario el numerario para el pago de los derechos de inscripción impugnados–, haya acontecido en un momento previo al entero de los recursos ante la autoridad exactora, o bien, con motivo de la transferencia por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y en esa medida estimar, en su caso, extemporánea la demanda por el consentimiento tácito de la norma impugnada.
Lo anterior es así, pues además de que el notario público en su informe en ningún momento señaló que a la firma de la escritura hubiera hecho la retención al quejoso respecto de los montos a cubrir por el pago de los derechos consignados en las normas tildadas de inconstitucionalidad, como tampoco se advierte del citado instrumento público, lo cierto es que a su informe anexó copia certificada del comprobante de consulta de movimientos del estado de cuenta de la Notaría Pública Número 18 de la Ciudad de Querétaro, en el que se aprecia la transferencia interbancaria que realizó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por la cantidad de $********** (********** moneda nacional).
• Lo que fue considerado insuficiente por el Juez de amparo, para demostrar que desde la citada transferencia de recursos por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores –dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve– el quejoso conoció plenamente la afectación patrimonial que resintió al entregar el monto por el concepto de pago de derechos registrales, con base en que los recursos no estaban bajo su resguardo, ni decidió entregarlos.
• Por lo que subsistía la consideración de la responsable en cuanto a que en el caso, el acto de aplicación del precepto reclamado aconteció en los recibos de pago ante la autoridad exactora, de fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, conforme a los cuales la impugnación se hizo en el término que la ley señala para tal efecto, más aún si se tiene que las causales de improcedencia deben estar debidamente probadas y no inferirse con base en presunciones, por lo que al ser de estudio oficioso, ese órgano está facultado para analizar si con las constancias que obran en autos se advierte que efectivamente se dieron o no las condiciones para su actualización, lo que en el caso no aconteció.
• Máxime que en el caso en estudio, como bien lo destacó el juzgador, aun cuando se tomara en cuenta la fecha en que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, realizó la transferencia del monto señalado, de cualquier modo la demanda estaría presentada dentro del plazo previsto en la ley, dado que la citada retención ocurrió el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, y la demanda se presentó el veintiséis de ese mes y año; sin que tampoco constituya un obstáculo que el notario público número ********** en esta Ciudad, expidiera la factura F-6432, a nombre del quejoso, el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, pues inclusive tomando como referencia esta fecha, la demanda de amparo se encuentra promovida dentro del plazo legal.
• De esta manera, en la materia de la revisión, ante lo ineficaz de los agravios formulados por la recurrente, declaró infundado el recurso de revisión y confirmó la sentencia recurrida.
2. El Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Vigésimo Segundo Circuito, el ocho de septiembre de dos mil veinte resolvió el juicio de amparo en revisión administrativa 52/2020, que tuvo los siguientes antecedentes:
1.1. El veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, ante la Notaría Pública Número ********** de la demarcación territorial de Querétaro, se otorgó la escritura número **********, en la que se hicieron constar los siguientes actos: un contrato de compraventa, un contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria (celebrado entre el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la quejosa) y un contrato de mandato (también entre la quejosa y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores).
1.2. El veintisiete de mayo siguiente, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores mediante transferencia interbancaria, entregó la cantidad correspondiente para la protocolización de la escritura, y pago de derechos registrales de la compraventa de inmuebles y la constitución de garantías reales.
1.3. El ocho de noviembre de dos mil diecinueve se realizaron los pagos de derechos por los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, derivados de la escritura pública de referencia, ante la autoridad exactora y se emitieron los recibos oficiales con número de ********** y **********, en donde se consignaron los derechos causados.
1.4. **********, por propio derecho promovió el juicio de amparo indirecto 1605/2019, contra actos de la Legislatura del Estado, del Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, del secretario de Gobierno, del director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, del director de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado y del director del Registro Público de la Propiedad, todos del Estado de Querétaro, que hizo consistir esencialmente en la constitucionalidad material de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, publicada el veintiuno de julio de dos mil catorce y reformada el veinte de diciembre de dos mil catorce; en específico, los artículos 90 y 99, con motivo de su primer acto de aplicación que se traduce en el cobro del derecho por los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; en el particular, una compraventa de inmueble y constitución de garantía real sobre inmueble.
1.5. El Juez Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, a quien correspondió conocer de la demanda respectiva, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos que se reclamaron de las autoridades señaladas como responsables, consistentes en los artículos 90 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, publicada el veintiuno de julio de dos mil catorce y reformada el veinte de diciembre de dos mil catorce.
1.6. Inconforme con esa resolución, el gobernador del Estado de Querétaro interpuso recurso de revisión, al sostener que la parte quejosa consintió tácitamente las normas impugnadas al no haber promovido la demanda de amparo en contra del primer acto de aplicación, lo que aconteció desde que se materializó la afectación patrimonial, esto es, cuando se entregaron al notario público los recursos por concepto de derechos registrales que salieron de su peculio y no cuando se emitieron los recibos oficiales.
1.7. El Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Vigésimo Segundo Circuito, que conoció del asunto, emitió ejecutoria en la que, en lo que interesa para la solución del presente asunto, sostuvo que sí se actualizaba la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XIV del artículo 61, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, consistente en que el quejoso consintió tácitamente las normas impugnadas, pues tuvo conocimiento del acto de aplicación de aquéllas desde el día en que se entregaron al fedatario público los recursos económicos, lo que aconteció cuando celebró el acto jurídico que originó la retención, por las razones siguientes:
• Estimó fundado y suficiente para revocar la sentencia recurrida, el agravio de la autoridad recurrente atinente a que incorrectamente el Juez de Distrito consideró a los recibos de pago como el primer acto de aplicación de las disposiciones reclamadas, pues se trata de ulteriores, y en esa medida la demanda de origen se presentó de manera extemporánea, puesto que el acto de aplicación se materializó con la afectación patrimonial, es decir, cuando se entregaron al notario público los montos por concepto de los derechos por los servicios prestados por el registro público y no hasta que se emitieron los recibos de pago oficiales, antes referidos.
• Lo anterior lo consideró así, pues dijo que tal como lo señaló la autoridad recurrente, al no haberse promovido la demanda de amparo dentro del término legal previsto para ello, computado desde la fecha en que la parte quejosa tuvo conocimiento de la afectación patrimonial que le causó la normatividad combatida; en el caso sí se actualizaba la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 de la Ley de Amparo; con independencia de lo que hubiera argumentado el juzgador de origen en la sentencia recurrida, en tanto que lo fundado de los agravios analizados derivaba de lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 2a/J. 81/2019 (10a.), 2a/J. 82/2019 (10a.) y 2a/J. 83/2019 (10a.), a que se ha hecho alusión.
• Para ello indicó que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 1167/2015, 1168/2015, 1169/201
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30121-b78b5af6/amparo-contra-leyes-tributarias-cuando-se-promueve-con · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS QUE PREVÉN EL COBRO DE DERECHOS POR INSCRIPCIÓN ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD CUYA RETENCIÓN ES REALIZADA POR UN AUXILIAR DE LA ADMINISTR (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR UN TERCERO EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN, PARA DETERMINAR LA FECHA DE INICIO D (AMPARO EN REVISIÓN)
- NOTARIO PÚBLICO. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO CALCULA, RETIENE Y ENTERA LOS DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y LOS IMPUES (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR UN TERCERO EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PREVIA ENTREGA DE LOS RECURS (PC.XXII. J/26 A (10a.))
- AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS QUE PREVÉN EL COBRO DE DERECHOS POR INSCRIPCIÓN ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD CUYA RETENCIÓN ES REALIZADA POR UN AUXILIAR DE LA ADMINISTR (PC.XXII. J/5 A (11a.))
- AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRA (PC.XVI.A. J/28 A (10a.))
- AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR UN TERCERO EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN QUIEN ENTERA A LA HACIENDA PÚBLICA LO (2a./J. 82/2019 (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis