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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE QUEJA EN AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA EL AUTO DEL JUZGADOR FEDERAL QUE ORDENA DAR VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO POR LA POSIBLE COMISIÓN DE UNA CONDUCTA DELICTIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 181/2022. · Registro digital (IUS): 31039
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-11-11
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL PRIMER CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PE
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Noviembre de 2022, Tomo II, Pág.2080.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 181/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL PRIMER CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LORETTA ORTIZ AHLF, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: ALEJANDRO FÉLIX GONZÁLEZ PÉREZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al siete de septiembre de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios suscitada entre el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito (Chiapas), el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (Ciudad de México) y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito (Jalisco).

El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si es existente o inexistente la contradicción de criterios respecto a la procedencia del recurso de queja, para controvertir la vista al Ministerio Público que ordena el Juez de amparo, respecto de determinada conducta de alguna de las partes.

ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Denuncia de la contradicción. Mediante escrito recibido el dieciséis de junio de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, denunciaron la posible contradicción de criterios, entre el sustentado por el mencionado órgano colegiado, al resolver el recurso de queja 264/2020; el emitido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al conocer el recurso de queja 3/2005; y lo resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en el recurso de queja 64/2006.

2. Trámite de la denuncia. Mediante acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintidós, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios, ordenó formar y registrar el expediente con el número 181/2022; instruyó a las presidencias del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, para que remitieran únicamente por conducto del MINTERSCJN, la versión digitalizada del original o, en su caso, copia certificada de las ejecutorias relativas a los recursos de queja 3/2005 y 64/2006, respectivamente, así como del proveído en el que informaran si los criterios sustentados en esos asuntos se encuentran vigentes o señalaran las razones que sustenten que sus posturas fueron superadas o abandonadas.

3. En el mismo acuerdo solicitó a la Dirección General de Archivos y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, para que a la brevedad remitiera copia certificada de la ejecutoria relativa al recurso de queja 64/2006, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito.

4. De igual forma, en ese proveído se ordenó turnar el asunto a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, para su resolución.

5. Finalmente, por acuerdo de diez de agosto dos mil veintidós, la presidenta de la Segunda Sala de este Alto Tribunal de Justicia ordenó que ésta se avocara al conocimiento del asunto y determinó su competencia legal.

I. Competencia

6. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafos segundo y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VII,(1) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en lo establecido en los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013,(2) publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece; en atención a que se trata de una posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados y para su resolución se considera innecesaria la intervención del Pleno.(3)

II. Legitimación

7. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en atención a que fue formulada por los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito.

III. Criterios denunciados

8. Para establecer si existe contradicción de criterios es indispensable tener en cuenta los antecedentes y aspectos relevantes que sustentan las ejecutorias de los cuerpos colegiados que se denunciaron como contradictorias.

9. Criterio del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, al resolver el recurso de queja 264/2020, en sesión de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno.

• Juicio de amparo indirecto. Una persona física promovió juicio de amparo en representación de las autoridades tradicionales y pobladores de la comunidad rural e indígena Zoque "Nuevo Santiago León", del Municipio de Ocosingo, Chiapas,(4) reclamando de diversas autoridades (presidente de la República, Consejo de Salubridad General, Secretaría de Salud Federal, gobernador de Chiapas, Secretaría de Salud del Estado de Chiapas y al Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas), la omisión de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho de protección a la salud, en relación con la atención, seguimiento médico, acciones de control de casos, acceso a hospitales, estudios epidemiológicos, suministro de medicamentos, respecto de casos de COVID-19.

• La Juez Séptimo de Distrito en Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, reservó la admisión de la demanda de amparo hasta en tanto fuera ratificada por los representantes del poblado quejoso;(5) no obstante, en ese mismo proveído concedió la suspensión de plano solicitada para los siguientes efectos:

- Que las autoridades responsables, entre ellas, la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, se constituyera inmediatamente en la comunidad quejosa y estableciera las medidas preventivas que se debieran implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica el virus SARS-CoV-2 ( COVID-19).

- Se identificara a los habitantes de la Comunidad Rural e Indígena Zoque, en el Municipio de Ocosingo, Chiapas, que tuvieron contacto con la persona contagiada por el virus, que falleció el trece de abril de dos mil diecinueve, a fin de que se les practicaran las pruebas correspondientes para conocer si fueron infectadas y, de ser así, se les brindara la atención médica necesaria.

- Se les brindara protección de forma reforzada a los familiares de la persona fallecida, debido a la posible discriminación que estuvieran sufriendo, lo cual les impediría tener acceso a los insumos básicos para su subsistencia.

- Mediante los programas de asistencia social y políticas que consideren adecuados, garanticen la alimentación nutritiva de los pobladores quejosos que no tienen acceso con motivo de la contingencia sanitaria.

- Por los medios que tuvieran a su alcance, suministraran agua potable por la cantidad necesaria para satisfacer los requerimientos básicos de consumo humanos de los pobladores de la comunidad quejosa (cincuenta litros diarios, por cada habitante de un inmueble).

• Previos requerimientos, el titular de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas en múltiples ocasiones informó a la juzgadora federal sobre el cumplimiento de la suspensión de plano, envió las constancias correspondientes y solicitó se llamara al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para el eficaz cumplimiento de la medida cautelar –ante esta última petición la Juez negó vincular a dicho instituto porque la responsable no había adjuntado prueba alguna que corroborara que al IMSS correspondía garantizar el derecho a la salud en la comunidad quejosa–.

• Ante la inconformidad de la parte quejosa respecto del cumplimiento dado a la suspensión de plano y luego de hacer un relato de las actuaciones de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, la Juez de Distrito consideró que hasta ese momento dicha autoridad no había dado cumplimiento a la referida medida, ni justificado su impedimento; por tanto, hizo efectivo el apercibimiento decretado en el proveído donde otorgó la suspensión de plano y ordenó dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación para que determinara si se actualizaba la comisión del delito previsto en el artículo 262, fracciones III y V, de la Ley de Amparo.(6)

• Interposición del recurso de queja. En contra de esa determinación, el secretario de Salud del Estado de Chiapas interpuso recurso de queja, en donde expuso que le causaba agravio el acuerdo recurrido porque es ilegal la multa impuesta por la Jueza de Distrito, ya que sí había dado cabal cumplimiento a la suspensión de plano.

• Procedencia del recurso de queja. El Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito (Chiapas), consideró procedente el recurso de queja, argumentando que el caso se ubicaba en las hipótesis de procedencia del recurso de queja, previstas en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo,(7) como se aprecia de las siguientes consideraciones:

- Estimó que el proveído recurrido no admitía expresamente el recurso de revisión, debido a que no se ubicaba en alguna de las cinco hipótesis a que se refiere el artículo 81, fracción I, de la Ley de Amparo.

- La naturaleza trascendental y grave del acuerdo recurrido se generó al sujetar a la autoridad responsable a una indagatoria de carácter penal, lo que de suyo ya constituye un daño, porque con independencia del resultado de la carpeta de investigación, la autoridad responsable tendrá la obligación, en caso de no querer ser sancionada, de comparecer al proceso penal, de ofrecer pruebas y alegatos para desvirtuar las pruebas que sustenten las imputaciones hechas en su contra.

- Respecto a la naturaleza trascendental y grave del acuerdo recurrido, atendiendo a las particularidades del caso concreto, advirtió que la Juez impuso múltiples obligaciones a las autoridades responsables como efectos de la suspensión de plano; por tanto, estimó que la determinación relativa a la irreparabilidad del acuerdo recurrido responde a un estudio de fondo y no a un análisis preliminar de procedencia, lo que señaló acorde con las consideraciones sostenidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 37/2016(8) y de la jurisprudencia P./J. 5/2020 (10a.).(9)

- En ese orden, concluyó que si el recurso de queja procede en contra de proveídos en que se impone una multa, por mayoría de razón procede en contra de acuerdos en los que se da vista al agente del Ministerio Público por la posible comisión de un delito, ya que con ello se dota a las partes de un medio de impugnación útil y eficaz, acorde al principio pro actione.

- Finalmente, señaló que la posible afectación que se generó con el acuerdo recurrido no es reparable en sentencia, toda vez que el acuerdo por el que se da vista al agente del Ministerio Público de la Federación, por la probable comisión del delito previsto en el artículo 262, fracciones III y V, de la Ley de Amparo, ya no es examinado en la sentencia, pues no forma parte de la litis. Incluso, en caso de pretender impugnarlo a través del recurso de revisión, los argumentos se calificarían de inoperantes, quedando el recurrente sin la oportunidad de controvertir tal proveído a través de un medio de impugnación idóneo.

10. Criterio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 3/2005, el veintiocho de febrero de dos mil cinco.

• Mediante auto de veintiocho de diciembre de dos mil cuatro, el secretario en funciones de Juez del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), dentro del juicio de amparo número 1742/2004, negó la solicitud del quejoso de dar vista al Ministerio Público por la posible comisión de un delito.

• Contra ese proveído, el quejoso interpuso recurso de queja con apoyo en la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo abrogada, que señalaba:

"Artículo 95. El recurso de queja es procedente:

"...

"VI. Contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito, o el superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley, durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; o contra las que se dicten después de fallado el juicio en primera instancia, cuando no sean reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia con arreglo a la ley."

• El Tribunal Colegiado determinó que el recurso de queja debía desecharse toda vez que, en el caso, no se actualizaba que el acto recurrido pudiera causar daño o perjuicio a alguna de las partes y que no fuera reparable en la sentencia definitiva; pues el secretario encargado del despacho, negó la solicitud del quejoso de dar vista al Ministerio Público por la posible comisión de un delito, lo cual no es un proveído que por su naturaleza pueda quedar comprendido dentro de la hipótesis prevista en la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo (abrogada), para considerar que en su contra procediera el recurso de queja.

• Lo anterior, toda vez que se trató de un acuerdo de mero trámite dictado dentro del procedimiento del juicio de amparo, que no conllevaba ejecución ni efecto alguno que pudiera dar origen a un daño trascendental y grave.

• Llegó a esta conclusión ya que la determinación del juzgador no ocasionó un daño o perjuicio que afectara de manera directa la esfera jurídica del quejoso recurrente, toda vez que no lesionó ni extinguió sus derechos.

• Así, si a través del acuerdo recurrido, el secretario encargado del despacho no acordó favorablemente la solicitud del quejoso de dar vista al Ministerio Público por posibles hechos delictuosos, ello no le deparó ningún perjuicio al quejoso, quien podía hacer valer sus derechos directamente ante el Ministerio Público; aunado a que la averiguación previa no formaba parte de la litis constitucional.

• De esta ejecutoria derivó la tesis I.5o.A.4 K,(10) de rubro y texto:

"QUEJA IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL ACUERDO DICTADO POR EL ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO EN EL QUE NIEGA LA SOLICITUD DE DAR VISTA AL MINISTERIO PÚBICO POR LA POSIBLE COMISIÓN DE UN DELITO. El artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, establece como requisito para la procedencia del recurso de queja, entre otros, que sea interpuesto en contra de las resoluciones que por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva. Ahora bien, el acuerdo dictado por el secretario encargado del despacho, que niega la solicitud de dar vista al Ministerio Público por la posible comisión de un delito, no es un proveído que por su naturaleza pueda quedar comprendido dentro de tal hipótesis normativa, pues se trata de un acuerdo de mero trámite dictado dentro del procedimiento del juicio de amparo, que no conlleva ejecución ni efecto alguno, que pudiera originar un daño trascendental y grave, toda vez que no lesiona ni extingue los derechos que le asisten al solicitante, al tener expedito su derecho para hacerlos valer directamente ante el representante social; consecuentemente el recurso de queja resulta improcedente."

11. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 64/2006.(11)

12. Consideró que el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo abrogada, sujetaba la procedencia del recurso de queja, no sólo a que se trate de una resolución no recurrible en recurso de revisión, sino que además, pueda causar un daño o perjuicio a las partes; esto es, que se trate de una resolución trascendental y grave, lo que determinaría, en su caso, el Tribunal Colegiado que conozca de la queja, con base en las características particulares del caso que examine.

13. En ese sentido, estimó que no se actualizan dichas circunstancias cuando el Juez de amparo ordena dar vista al Ministerio Público respecto de determinada conducta de alguna de las partes que considera pueda ser constitutiva de un delito, pues constituye un mero aviso y cualquier afectación se condiciona a la actuación del Ministerio Público en una averiguación previa, en la que el denunciado cuenta con oportunidad probatoria previo a que se actúe en su contra.

14. Por tanto, señaló que el pronunciamiento que al respecto pudiera emitir el tribunal revisor implicaría que el Poder Judicial determinara sobre la procedencia de la acción persecutoria, arrogándose facultades que competen única y exclusivamente al Ministerio Público de la Federación, lo cual se traduciría en una invasión a la esfera competencial de esa representación social, por tanto, resulta improcedente el recurso de queja interpuesto contra esa vista.

15. De esta ejecutoria derivó la tesis III.2o.P.197 P, de rubro y texto:

"QUEJA. ES IMPROCEDENTE EL RECURSO INTERPUESTO CONTRA EL ACUERDO EN QUE EL JUEZ DE AMPARO ORDENA DAR VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO RESPECTO DE LA CONDUCTA DE ALGUNA DE LAS PARTES QUE ESTIMA DELICTUOSA. El artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo sujeta la procedencia del recurso de queja, no sólo a que se trate de una resolución no recurrible en revisión, sino que, además, pueda causar un daño o perjuicio a las partes; esto es, que se trate de una resolución trascendental y grave, lo que determina el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la queja, con base en las características particulares del caso que examine, de tal suerte que no se actualizan dichas circunstancias cuando el Juez de amparo ordena dar vista al Ministerio Público respecto de determinada conducta de alguna de las partes que considera puede ser constitutiva de un delito, pues es un mero aviso y cualquier afectación se condiciona a la actuación del Ministerio Público en una averiguación previa, en la que el denunciado cuenta con oportunidad probatoria previo a que se actué en su contra; aparte, el pronunciamiento que al respecto pudiera emitir el tribunal revisor implicaría que el Poder Judicial determinara sobre la procedencia de la acción persecutoria, arrogándose facultades que competen única y exclusivamente a la representación social federal, lo cual se traduciría en una invasión a la esfera competencial de ésta, por tanto, deviene improcedente el recurso de queja interpuesto contra esa vista."(12)

IV. Inexistencia de la contradicción de criterios

16. El objeto de resolución de una contradicción de criterios consiste en unificar criterios discrepantes a fin de procurar seguridad jurídica; por lo que para determinar si existe o no una contradicción de criterios será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados, con el objeto de identificar si en algún aspecto de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones, si no necesariamente contradictorias, sí distintas y discrepantes. Al respecto, es de atenderse la siguiente jurisprudencia: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(13) 17. También, debe observarse la tesis del Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(14)

18. Conforme a las jurisprudencias reproducidas, para que exista la contradicción de criterios es necesario que los órganos involucrados en los asuntos materia de la denuncia hayan:

A. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,

B. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la resolución de la controversia planteada.

19. Entonces, existe contradicción de criterios siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, es decir, que aún sin valorar elementos de hecho idénticos, los órganos jurisdiccionales contendientes estudien la misma cuestión jurídica –el sentido de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general–, y que a partir de ésta arriben a decisiones encontradas; sin que sea obstáculo que los criterios jurídicos sobre un mismo punto de derecho no provengan del examen de los mismos elementos de hecho, sobre todo cuando se trate de aspectos meramente secundarios o accidentales que al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos contendientes, pues lo relevante es que las posturas de decisión sean opuestas, salvo cuando la variación o diferencia fáctica sea relevante e incida de manera determinante en los criterios sostenidos.

20. Así, si las cuestiones fácticas aun siendo parecidas, influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de criterios no puede configurarse, porque no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los órganos en contienda, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de criterios, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

21. Además, es pertinente destacar que es innecesario que los criterios divergentes estén plasmados en tesis redactadas y publicadas en términos de los artículos 218 a 220 de la Ley de Amparo, porque basta que se encuentren en las consideraciones de los asuntos sometidos al conocimiento de cada órgano contendiente de que se trata, al tenor de la jurisprudencia de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY."(15)

22. En primer término, de los antecedentes y consideraciones sustentadas en las ejecutorias contendientes, se advierte que no es posible establecer la contradicción entre el criterio sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y los emitidos por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito.

23. Lo anterior, porque al analizar las particularidades del recurso de queja resuelto por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se advierte que dicho recurso se interpuso contra el acuerdo emitido por el secretario en funciones de Juez de Distrito que negó la solicitud del quejoso de dar vista al Ministerio Público de la Federación, por la posible comisión de un delito.

24. Al resolver, el órgano colegiado determinó que el recurso de queja debía desecharse toda vez que no se actualizaba que el acto recurrido por su naturaleza trascendental y grave, pudiera causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva, pues el secretario encargado del despacho, negó la solicitud del quejoso de dar vista al Ministerio Público por la posible comisión de un delito, lo cual no es un proveído que por su naturaleza pueda quedar comprendido dentro de la hipótesis prevista en la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo (abrogada), para considerar que en su contra procediera el recurso de queja; pues se trató de un acuerdo de mero trámite dictado dentro del procedimiento del juicio de amparo, que no conllevaba ejecución ni efecto alguno que pudiera dar origen a un daño trascendental y grave para el quejoso.

25. Mientras que los recursos de queja que conocieron tanto el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito como el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, respectivamente, se interpusieron contra el acuerdo del juzgador federal que ordenaba dar vista al Ministerio Público respecto de determinada conducta de alguna de las partes.

26. En ese sentido, si bien pudiera considerarse que las hipótesis analizadas por los tribunales contendientes son similares, lo cierto es que para efectos de la presente contradicción de criterios destaca el hecho que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, analizó la procedencia del recurso de queja tomando como punto central el acuerdo que negó la solicitud del quejoso de dar vista al Ministerio Público. En cambio, los restantes Tribunales Colegiados tomaron como base, para el estudio de la procedencia del recurso de queja, la orden del juzgador federal de dar vista a la referida representación social.

27. Estas particularidades son esencialmente importantes para definir la inexistencia de la contradicción de criterios respecto del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, toda vez que resulta totalmente adverso analizar los requisitos establecidos en la Ley de Amparo para el recurso de queja,(16) respecto de un acuerdo que niega una solicitud (cuyo impacto recae en la parte solicitante), que respecto de la orden directa de dar vista al Ministerio Público por alguna conducta de las partes (lo cual impacta directamente en la parte sobre la cual se emite la vista correspondiente).

28. Consecuentemente, ante las destacadas diferencias, procede declarar inexistente la contradicción de criterios denunciada, debido a la imposibilidad de abordar un mismo problema jurídico del que sea posible unificar un criterio aplicable a las particularidades que enfrentaron los otros órganos colegiados contendientes.

29. Bajo esas consideraciones, esta Segunda Sala considera inexistente la contradicción de criterios respecto del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

V. Existencia de la contradicción de criterios

30. Ahora bien, de los antecedentes y consideraciones sustentadas entre las ejecutorias del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, se desprende que existe como elemento común el hecho que los Tribunales Colegiados se pronunciaron sobre la procedencia o improcedencia del recurso de queja interpuesto contra la vista al Ministerio Público Federal, ordenada por el juzgador federal en la tramitación del juicio de amparo indirecto, por conductas de alguna de las partes que pudieran actualizar un delito.

31. Así, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, partiendo del contenido del artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, consideró procedente el recurso de queja contra el acuerdo que ordena la vista al Ministerio Público, al determinar que dicho proveído no admite expresamente el recurso de revisión; la naturaleza trascendental y grave se genera al sujetar a la autoridad responsable a una indagatoria de carácter penal; la afectación que se genera no es reparable en sentencia y, porque se dotaba a las partes de un medio de impugnación útil y eficaz.

32. En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, tomó en consideración que el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo abrogada, sujetaba la procedencia del recurso de queja, no sólo a que se trate de una resolución no recurrible en recurso de revisión, sino que, además, pueda causar un daño o perjuicio a las partes; esto es, que se trate de una resolución trascendental y grave.

33. En consecuencia, determinó que esas circunstancias no se actualizan cuando el Juez de amparo ordena dar vista al Ministerio Público respecto de determinada conducta de alguna de las partes que considera puede ser constitutiva de un delito, en virtud que la misma es un mero aviso y cualquier afectación se condiciona a la actuación del Ministerio Público en una averiguación previa, en la que el denunciado cuenta con oportunidad probatoria previo a que se actúe en su contra.

34. Sin que resulte obstáculo para fijar la existencia de la contradicción de criterios, el hecho que los Tribunales Colegiados analizaron la procedencia del recurso de queja de la Ley de Amparo abrogada (artículo 95, fracción VI)(17) y de Ley de Amparo vigente (artículo 97, fracción I, inciso e);(18) puesto que al estudiar el contenido de ambos ordenamientos, se observa que son coincidentes en cuanto a los requisitos exigibles, esto es, que no admitan expresamente el recurso de revisión; que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes y que no sea reparable en la sentencia definitiva.

35. Bajo ese tenor, se puede afirmar que las sentencias de los Tribunales Colegiados atendieron una misma situación jurídica, con resultados discrepantes, aspecto que permite a esta Segunda Sala fijar el punto de contradicción del presente asunto, el cual con

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31039-76124cfc/recurso-de-queja-en-amparo-indirecto-no-procede · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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