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Modo: Corpus Pro

INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 281/95. · Registro digital (IUS): 3112
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: J. TRINIDAD VALENCIA GARCIA.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Julio de 1995, , Pág. 134.

AMPARO EN REVISION 281/95. J. TRINIDAD VALENCIA GARCIA.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Son infundados los agravios expresados por el recurrente.

En efecto, en ellos aduce el inconforme que el juez de Distrito a quo incorrectamente le negó la suspensión definitiva del acto reclamado, consistente en la orden de desposesión de la unidad de dotación denominada Santa Margarita, ubicada en el poblado de Tetla, Tlaxcala, para entregársela al tercero perjudicado, Ricardo Valencia García; pues aun cuando la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Trigésimo Tercer Circuito, con residencia en la ciudad de Tlaxcala y el actuario adscrito a dicho tribunal, designados como responsables, negaron dicho acto reclamado al rendir sus informes previos, sin embargo, el mismo es de carácter inminente, pues de un momento a otro pueden ordenar se ejecute materialmente la sentencia pronunciada por el tribunal responsable en el expediente número A-33/93; y que por ello, debió presumirse cierto tal acto y concedérsele la suspensión definitiva solicitada. Asimismo, que la jurisprudencia invocada por el juez de Distrito, no es aplicable en el particular, pues no obstante ser simple la copia fotostática que exhibió en autos, el juez federal debió haber suplido la deficiencia de la queja en términos del artículo 76 bis, de la Ley de Amparo y recabar de las responsables la documentación correspondiente, a fin de corroborar lo asentado por las autoridades internas del ejido en la constancia que le expidieron, por lo que para tal efecto debe ordenarse la reposición del procedimiento. En principio debe señalarse, que como bien lo sostuvo el juez de Distrito a quo, de los informes previos rendidos por la Magistrada del Tribunal Agrario responsable y por el actuario adscrito al mismo, se desprende que dicho tribunal, el dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, pronunció sentencia en el expediente número A-33/93, en la que resolvió que el actor en el mismo y aquí recurrente, J. Trinidad Valencia García no acreditó su pretensión, declarando además, que al demandado, Ricardo Valencia García le asiste el mejor derecho sobre el uso y disfrute de la unidad de dotación cuestionada; y que dicha sentencia fue "ejecutada" el diecisiete de marzo del mismo año; que inconforme con dicho fallo, el ahora recurrente lo impugnó mediante el juicio de amparo directo, del que tocó conocer a este propio Tribunal Colegiado, bajo el número D-187/94, el cual resolvió el siete de diciembre del año en cita, decretando su sobreseimiento; y que hasta la fecha en que fueron rendidos los informes previos de que se habla (veinticinco de enero de mil novecientos noventa y cinco), no se había girado orden alguna con el objeto de que se privara de sus derechos a J. Trinidad Valencia García.

Precisado lo anterior, debe indicarse que carece de razón el recurrente, pues contrariamente a lo que alega, la orden de desposesión reclamada no puede considerarse como de carácter inminente, pues no se está en aptitud de afirmar válidamente que con motivo de la sentencia dictada por el tribunal responsable en el expediente número A-33/93, en la que declaró que al aquí tercero perjudicado, Ricardo Valencia García le asiste mejor derecho para poseer la unidad de dotación afecta; en breve e indudablemente habrá de dictarse dicha orden, en virtud de que se trata de una sentencia declarativa.

Por consiguiente, fue correcto que el juez de Distrito a quo haya considerado que de los informes previos aludidos con antelación, se advierte que no son ciertos estos actos reclamados, sin que se desvirtuara tal negativa, y por ello atinadamente negara la suspensión definitiva solicitada; además contrariamente a lo admitido por el inconforme sí resulta aplicable la jurisprudencia que invocó el juez federal para negar el valor probatorio a la copia fotostática simple que exhibió el quejoso en el incidente de suspensión de que se trata, de la constancia que el cuatro de enero de mil novecientos noventa y cuatro, le expidieron los Presidentes del Comisariado Ejidal y del Consejo de Vigilancia del poblado de Santiago Tetla, Tlaxcala, pues dado el contenido de la aludida jurisprudencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de ejecución supletoria, queda al prudente arbitrio judicial el valor probatorio que se le otorgue a las copias fotostáticas; y aun cuando se le hubiera concedido a dicha copia fotostática el valor de documento público, sólo resultaría eficaz para acreditar que el ahora inconforme trabajó en forma quieta, pacífica y continua, la parcela que refiere, denominada Santa Margarita desde el año de mil novecientos cincuenta y tres hasta el año de mil novecientos ochenta y nueve; pero no para demostrar, ni siquiera en forma indiciaria, la existencia de la orden de desposesión reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por este órgano colegiado al resolver los amparos en revisión números 154/88, 472/90, 126/92, 592/92, que dice: " El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario".

Finalmente, es de indicarse que en contra de lo argüido por el recurrente, el juez de Distrito a quo no tenía por qué recabar oficiosamente de las responsables la documentación correspondiente a fin de corroborar lo asentado por los presidentes de las autoridades internas del ejido en la constancia que le expidieron, y cuya copia fotostática simple exhibió; porque la suplencia de la queja a que se refieren los artículos 76 bis, fracción III y 227 de la Ley de Amparo, aluden concretamente a la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, de las comparecencias y alegatos, en los juicios de amparo agrario, así como de los agravios que se formulen en los recursos que se interpongan con motivo de dichos juicios, pero no se refiere dicha suplencia a la obtención oficiosa de las constancias necesarias para determinar con precisión los derechos agrarios del quejoso y del tercero perjudicado, en su caso, así como de los actos reclamados, pues ello, en términos de los artículos 224 y 225 de la Ley de Amparo si bien es una obligación del juez de Distrito; sin embargo lo es, para la tramitación del juicio de amparo, a fin de resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado, y no durante la tramitación de los incidentes de suspensión relativos a los juicios de garantías.

En las condiciones anotadas, lo procedente es confirmar la interlocutoria recurrida.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 86, 88, 89, 90, 91 de la Ley de Amparo, 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, se resuelve:

PRIMERO. Se confirma la interlocutoria sujeta a revisión.

SEGUNDO. Se niega la suspensión definitiva solicitada a J. TRINIDAD VALENCIA GARCIA, contra los actos reclamados del Tribunal Unitario Agrario del Trigésimo Tercer Circuito, con residencia en la ciudad de Tlaxcala, actuario adscrito al mismo Tribunal; Delegado del Registro Agrario Nacional, Delegado de la Procuraduría Agraria, Delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria todos en dicha entidad federativa; así como el Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia, ambos del ejido de Tetla, Tlaxcala, los cuales quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos al juzgado de su origen y en su oportunidad archívese este toca.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados Clementina Ramírez Moguel Goyzueta, Gustavo Calvillo Rangel y María Eugenia Estela Martínez Cardiel.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3112-9622bed2/informe-previo-debe-tenerse-como-cierto-si-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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