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Modo: Corpus Pro

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTIAS. CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE APREHENSION, CESAN SUS EFECTOS AL PRONUNCIARSE LA FORMAL PRISION.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 149/95. · Registro digital (IUS): 3161
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MIGUEL FELIPE GARCIA VAZQUEZ Y COAG.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, , Pág. 349.

AMPARO EN REVISION 149/95. MIGUEL FELIPE GARCIA VAZQUEZ Y COAG.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Son inoperantes en un aspecto e infundados en otro los agravios hechos valer por el hoy recurrente como se verá a continuación.

Son inoperantes los motivos de inconformidad relativos a la orden de aprehensión, toda vez que como acertadamente lo sostiene el juez de Distrito en el cuarto considerando de su sentencia hoy recurrida, si bien el quejoso reclamó la orden de aprehensión y la diversa de reaprehensión libradas en su contra dentro del proceso penal número 375/92 incoado en su contra, de las constancias que la responsable anexó a su informe justificado, se advierte que al momento de impetrar el amparo el quejoso se encontraba sujeto a la causa penal referida, como consecuencia del auto de formal prisión que al efecto dictó el juez instructor, por considerarlo presuntamente responsable en la comisión del delito de fraude, de lo que se infiere que dicho auto de sujeción a proceso se dictó dentro del término constitucional que inició a partir de la cumplimentación de la orden de aprehensión, motivos todos ellos que hacen improcedente el juicio de garantías respecto de dicho acto, porque cesó en sus efectos desde el momento mismo en que se cumplimentó poniendo al quejoso a disposición del juzgado para la instauración del correspondiente proceso, en el cual se dictó el auto de formal prisión y que por diverso proveído de seis de agosto de mil novecientos noventa y dos, se le concedió libertad bajo caución y posteriormente se libró el diferente acto reclamado consistente en la orden de reaprehensión y éste, indiscutiblemente que es el que le pudiera causar agravio al quejoso toda vez que sustituyó a la orden de aprehensión antes referida y es el que rige los motivos por los cuales se le priva de la libertad.

En efecto, cuando como en el caso, al quejoso se le ha decretado la formal prisión por el mismo delito por el que se libró la orden de aprehensión, según lo apreció el a quo, entonces es inconcuso que el mandamiento de captura ha sido cumplido con el procesamiento del inculpado, es decir, la orden de aprehensión reclamada ha quedado sin efecto, toda vez que el fin para el cual se libró ha sido satisfecha, al sujetarse al inculpado a un procedimiento donde ahora una nueva resolución como lo es el auto de término constitucional, es el que rige su situación jurídica.

Así que siendo ello de ese modo, la autoridad de amparo se encuentra en condiciones de decretar el sobreseimiento del juicio de garantías, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que prevé como causa de improcedencia cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; habida cuenta de que la aprehensión y la prisión preventiva son formas de restricción de la libertad personal diversas, ya que atienden a fines distintos, pues es obvio que cuando alguien es aprehendido con motivo de una orden de aprehensión y se le decreta auto de formal prisión, como en la especie aconteció, la privación de su libertad ya no obedece a la orden de captura, en razón de que los efectos de aquélla ya se cumplieron, al ser presentado el inculpado ante el juez de la causa; de ahí que en la realidad jurídica, la privación de la libertad del inculpado es consecuencia inmediata y directa del auto de formal prisión que resolvió su situación jurídica ahora prevaleciente, y por lo tanto no es dable analizar la orden de aprehensión por haber quedado insubsistente a virtud del auto de término constitucional, y con ello afectar una nueva situación jurídica que se sustenta en elementos distintos a los considerados al librar la orden de aprehensión, pues además dicho auto de formal prisión puede ser combatido mediante recurso ordinario o bien en amparo indirecto.

En apoyo de lo anterior, cabe citar la tesis publicada en la página 454, del Tomo XIV, correspondiente al mes de noviembre de 1994, Octava Epoca del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente dice: "IMPROCEDENCIA, JUICIO AMPARO, EL CAMBIO DE SITUACION JURIDICA CESA LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Si el quejoso señaló como acto reclamado la orden de aprehensión dictada en su contra por el juez de instancia y de autos se advierte que se decretó la formal prisión contra el promovente del amparo, como presunto responsable del ilícito por el que se libró el mandamiento de captura, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia del juicio, prevista en el artículo 73, fracción XVI de la Ley de Amparo, atento a que cesó en sus efectos la orden de aprehensión reclamada, ya que sus consecuencias jurídicas quedaron insubsistentes y bajo ningún concepto puede ser analizada, por tratarse de un estadio procesal diferente, además no se puede decidir la situación jurídica anterior al quedar legalmente substituida con el auto de formal prisión, el cual contempla aspectos distintos que pueden ser combatidos, ya sea mediante recurso ordinario o bien en amparo indirecto."

En las anotadas condiciones, el juez federal debió sobreseer en el juicio respecto del acto reclamado consistente en la formal prisión, como ello no lo hizo, este Tribunal Colegiado estima procedente modificar al respecto la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de garantías a que este toca se refiere en cuanto a la orden de aprehensión reclamada, porque la misma cesó en sus efectos una vez que el quejoso fue puesto a disposición del juzgado del conocimiento del cual obtuvo el beneficio de la libertad bajo fianza en términos del artículo 73, fracción XVI, en relación con el 74 fracción III de la Ley de Amparo.

El anterior criterio fue sustentado por este Tribunal Colegiado, al resolver los amparos en revisión números 374/94, 446/94, 2/95, 23/95, en sesiones celebradas los días doce de enero, dieciséis de febrero y los dos últimos del nueve de febrero, todas del presente año, respectivamente.

De igual modo resultan inoperantes los agravios relativos a que la responsable no probó en autos, que el quejoso hubiera incurrido en hechos presuntamente delictuosos y que el hoy recurrente fuera probable responsable en su comisión, toda vez que tales argumentos si bien se tuvieron en cuenta para librar la orden de captura, como antes se dijo ésta fue sustituida por el auto de formal prisión, del cual con posterioridad el quejoso gozó de la libertad bajo fianza y en consecuencia, el juez responsable para dictar la orden de reaprehensión reclamada no tuvo en cuenta que se encontraren colmados tales requisitos, puesto que ellos no legitiman la orden de reaprehensión sino diversos motivos, como lo es el incumplimiento de algunas de las obligaciones que se hacen saber al indiciado al concederle el beneficio de la libertad caucional.

Por otra parte no obstante que el recurrente omite expresar agravios en contra de la negativa del amparo por lo que ve a la orden de reaprehensión, cabe decir que dicho acto no es violatorio de garantías individuales en su perjuicio, pues como acertadamente lo consideró el juez de amparo, mediante proveído de seis de agosto de mil novecientos noventa y dos, el juez responsable concedió al indiciado el beneficio de la libertad bajo fianza, precisando como obligaciones de éste en términos del artículo 181 de la ley adjetiva penal, entre otros que debería pasar lista los días lunes de cada semana en hora hábil en ese juzgado, advirtiéndole que en caso de incumplimiento se revocaría su libertad provisional; en la misma fecha el juez de la causa asistido de su secretario de acuerdos, hizo saber al acusado y hoy quejoso las obligaciones decretadas en el auto antes referido y consignados en los artículos 131 y 132 del cuerpo de leyes en cita, manifestando por su parte el inculpado su pleno conocimiento y su voluntad de cumplir con dichas obligaciones, de cuyo incumplimiento provocaría su reaprehensión, cancelación de la libertad provisional y hacer efectiva la fianza depositada en favor del Estado.

Con fecha cinco de diciembre de mil novecientos noventa y dos, el secretario de acuerdos del juzgado responsable certificó que Miguel Felipe García Vázquez y/o Felipe Martínez Sánchez, incumplió su obligación de pasar lista de procesados las semanas 34, 38, 40 y 46 del año referido anexando al efecto lista de asistencia que corrobora su aserto; en consecuencia de lo anterior, en la misma fecha el juez responsable ordenó la reaprehensión de dicho procesado en virtud de que este: "...ha dejado de cumplir con la obligación de pasar lista de procesados con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 133, 134 y 136 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado...".

En las anteriores condiciones, la orden de reaprehensión reclamada se encuentra ajustada a derecho, toda vez que como antes se dijo, una vez que el hoy recurrente fue puesto a disposición del juzgado, se le otorgó el beneficio de la libertad bajo fianza, haciéndole saber las obligaciones correspondientes entre otras, que debía pasar lista los lunes de cada semana en hora hábil, como tal obligación la incumplió según la certificación que levantó el secretario del juzgado, el juez responsable revocó la libertad del indiciado y ordenó su reaprehensión.

En consecuencia, procede modificar la sentencia recurrida para sobreseer en el juicio de garantías a que este toca se refiere respecto de la orden de aprehensión reclamada y negar la protección federal por lo que se refiere a la orden de reaprehensión; negativa que se hace extensiva a las autoridades ejecutoras, toda vez que no siendo inconstitucional el acto reclamado a la ordenadora no lo es su ejecución, máxime que no se combate por vicios propios.

Por lo expuesto y fundado además en los artículos 76, 77, 78, 188 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida.

SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de garantías a que este toca se refiere en términos del último considerando de esta ejecutoria.

TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Miguel Felipe García Vázquez o Felipe Martínez Sánchez, por la orden de reaprehensión reclamada al Juez Segundo de Primera Instancia Penal con residencia en Querétaro, Querétaro, su ejecución.

Notifíquese; publíquese y anótese en el Libro de Gobierno, con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al lugar de su procedencia y en su oportunidad, archívese el toca.

ASI por unanimidad de votos de los CC. Magistrados Augusto Benito Hernández Torres, Julio César Vázquez-Mellado García y Hugo Sahuer Hernández, lo resuelve el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, siendo ponente el primero de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3161-34390803/improcedencia-del-juicio-de-garantias-cuando-se-reclama · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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