MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN DEL MONTO DE LA GARANTÍA PARA QUE NO DEJE DE SURTIR EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. ES NECESARIO TRAMITAR EL INCIDENTE RELATIVO, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL HECHO SUPERVENIENTE SEA EL "TRANSCURSO DEL TIEMPO", A EFECTO DE RESPETAR SU DERECHO DE AUDIENCIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2022. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL, AMBOS DEL CUARTO CIRCUITO. 11 DE OCTUBRE DE 2022. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ JORGE LÓPEZ CAMPOS, ANTONIO CEJA OCHOA Y FRANCISCO EDUARDO FLORES SÁNCHEZ. PONENTE: FRANCISCO EDUARDO FLORES SÁNCHEZ. SECRETARIA: DANIELA JUDITH SÁENZ TREVIÑO.
Monterrey, Nuevo León. Acuerdo del Pleno en Materia Civil del Cuarto Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria pública remota por videoconferencia del día once de octubre de dos mil veintidós.
VISTO, para resolver la contradicción de tesis/criterios 3/2022 entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos en Materia Civil del Cuarto Circuito.
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Denuncia de contradicción. Por oficio presentado el dos de junio de dos mil veintidós, la secretaria en funciones del Juzgado Primero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado, denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el uno de julio de dos mil veintiuno el incidente en revisión 38/2021 y el sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del propio Circuito en el incidente en revisión 101/2020, resuelto el dieciocho de septiembre de dos mil veinte.
2. SEGUNDO.—Admisión. El tres de junio de dos mil veintidós, el Magistrado presidente del Pleno en Materia Civil del Cuarto Circuito admitió a trámite la denuncia sobre la posible contradicción de tesis y la registró con el número 3/2022.
3. TERCERO.—Trámite. Solicitud de archivos. También solicitó tanto al Segundo como al Tercer Tribunal Colegiado (sic) en Materia Civil del Cuarto Circuito informaran si los criterios sustentados seguían vigentes o, en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados.
4. CUARTO.—Integración. En auto de veintiocho de junio de dos mil veintidós se estimaron cumplidos los requerimientos en los que los tribunales contendientes comunicaron que los criterios que sustentaron seguían vigentes, por lo que se estimó integrada la contradicción de tesis.
5. QUINTO.—Turno. En ese proveído de veintiocho de junio de dos mil veintidós, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13, fracciones VI y VII, 28, 29 y 30 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, se turnó la presente contradicción de tesis/criterios al Magistrado Francisco Eduardo Flores Sánchez para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
6. SEXTO.—Lista. En términos de lo dispuesto en los Acuerdos Generales 8/2020, 13/2020 y 1/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, así como a la reanudación de plazos y el regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales, se listó el asunto pendiente de resolución, para sesionarse a través del sistema de videoconferencia.
CONSIDERANDO:
7. PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Civil del Cuarto Circuito es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226 fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito especializados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince. Lo anterior por tratarse de criterios sostenidos por Tribunales Colegiados especializados en Materia Civil con residencia en este Cuarto Circuito.
8. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por la secretaria en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 226, fracción III(1) y 227, fracción III,(2) de la Ley de Amparo.
9. TERCERO.—Ejecutorias contendientes. Es necesario hacer referencia a las posiciones adoptadas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes a través de las ejecutorias respectivas, en el orden siguiente:
10. CUARTO.—El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el incidente en revisión 38/2021 en sesión de uno de julio de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos, consideró lo siguiente:
"Estudio.—Deviene jurídicamente ineficaz el anterior agravio.
"En él, medularmente se sostiene que la determinación de la a quo federal es ilegal, al determinar, sin la tramitación incidental correspondiente, una modificación a la caución fijada para que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva otorgada en autos, dado que acorde a lo dispuesto en los artículos 125 a 136, 138 al 147 y 154 de la Ley de Amparo, la modificación o revocación de la medida cautelar por un hecho superviniente debe tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión, esto es, a su entender, en la vía incidental siguiendo las reglas del procedimiento ahí previstas, debiéndose señalar una fecha para la celebración de la audiencia incidental correspondiente en la que las partes puedan ofrecer las pruebas que a su interés convengan, formular alegatos y hacer uso de su derecho de réplica, y una vez agotado el procedimiento aludido, resolver sobre si se modifica o no los términos en que se había concedido la suspensión definitiva de los actos (fojas 19 y 20) (sic).
"Lo anterior deviene jurídicamente ineficaz.
"En principio, conviene precisar el contenido del artículo 154 de la Ley de Amparo, que dispone:
"‘Artículo 154. La resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión.’
"Como se lee, dicho dispositivo únicamente prevé la posibilidad de modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, derivado de un hecho superveniente que así lo amerite, la resolución que hubiera concedido o negado la suspensión definitiva; señalando que su tramitación habrá de efectuarse de la misma forma que el incidente de suspensión.
"Ahora bien, resulta relevante señalar que la parte final del anterior dispositivo podría sugerir que la tramitación del incidente de modificación a la suspensión debe seguir las mismas etapas previstas en los artículos 138 y 144 de la Ley de Amparo, que para el trámite del incidente de suspensión prevé y que sean aplicables de igual manera para la resolución de la modificación aludida como lo sugiere el recurrente; sin embargo, esto resulta incompatible con la naturaleza propia del incidente de modificación a la suspensión por un hecho superveniente.
"Se explica.
"Los aludidos dispositivos señalan que:
"‘Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente:
"‘I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado;
"‘II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y,
"‘III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes.’
"‘Artículo 144. En la audiencia incidental, a la cual podrán comparecer las partes, se dará cuenta con los informes previos; se recibirán las documentales que el órgano jurisdiccional se hubiere allegado y los resultados de las diligencias que hubiere ordenado, así como las pruebas ofrecidas por las partes; se recibirán sus alegatos, y se resolverá sobre la suspensión definitiva y, en su caso, las medidas y garantías a que estará sujeta.’
"Como puede advertirse, durante el trámite del incidente de suspensión, particularmente en lo que prevé al de petición de parte –dejando de lado lo relativo a la suspensión de plano y de oficio pues el caso no se ubica en esos supuestos–, se señala que debe ponderarse la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, para, en primer término, acordar lo concerniente a la suspensión provisional, sus requisitos y efectos de la medida, una vez resuelto esto deberá señalarse fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la solicitud de los informes previos a las autoridades responsables, para que, en la celebración de la propia audiencia incidental, sean valorados los aludidos informes, se reciban las documentales que el propio juzgado se hubiere allegado, y las demás pruebas ofrecidas por las partes, así como la recepción de alegatos que hicieren valer, para que, en el propio desarrollo de la audiencia incidental se resuelva sobre la suspensión definitiva, y en su caso las medidas y garantías a que estará sujeta.
"Sin embargo, como se destacó en párrafos precedentes, el artículo 154 de la Ley de Amparo prevé la tramitación de un incidente en el que el juzgador habrá de decidir si es viable modificar o revocar su negativa o concesión de la suspensión dictada previamente en el juicio de amparo, siempre y cuando exista o surja un acontecimiento fáctico que impacte sobre la situación jurídica valorada por el juzgador al momento de dictarse la resolución sobre la suspensión, lo que implica que la litis de la aludida incidencia se centra en demostrar la concurrencia de un hecho superviniente que, como una situación fáctica acaecida con posterioridad al dictado de la resolución de la medida cautelar o advertida de manera posterior a la misma, de manera indefectible afecta las condiciones fácticas y normativas valoradas por el juzgador al momento de negar o conceder la suspensión y que, como consecuencia natural y jurídica conlleva, según sea el caso, la modificación o revocación de la suspensión.
"Es decir, la litis se centra, exclusivamente, en verificar si tal hecho superveniente existe y si posee las características propias y necesarias para modificar o revocar la concesión o negativa de la suspensión.
"Luego, de partir de la premisa que sostiene el recurrente, en el sentido de que el incidente de modificación a la suspensión deba tramitarse siempre en los mismos términos que el incidente de suspensión, es decir conforme a las etapas que los aludidos artículos prevén, resulta incompatible con la litis del incidente de modificación a la suspensión, pues no sería dable que, en primer lugar, se pronunciara una ‘modificación provisional’ o se solicitaran nuevos informes previos a las responsables a fin de que en la audiencia incidental se recibieran pruebas y alegatos de las partes, para que en su momento, en la interlocutoria se resolviera en ‘definitiva’ la modificación a la suspensión, en tanto que lo único que debe demostrarse es la existencia del hecho superveniente que afectó las condiciones fácticas y normativas valoradas al momento de negarse o concederse la suspensión.
"En esa medida, la tramitación incidental que prevé el citado artículo 154 de la Ley de Amparo, debe entenderse que ha de tramitarse en los mismos términos previstos en el diverso numeral 128 de la propia ley de la materia,(3) es decir: de manera incidental, por separado y duplicado, y de conformidad con las disposiciones legales contempladas para los incidentes en general, esto es, de aquellos no previstos de manera expresa en la Ley de Amparo, de conformidad con los artículos 66 y 67 de la propia ley de la materia, que regulan de manera general los incidentes en el juicio de amparo y, en su defecto, por los diversos 358 al 364 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la normatividad reglamentaria del juicio de amparo, con base en el artículo 2o., segundo párrafo, de la propia Ley de Amparo.
"Ahora bien, si el artículo 66 de la Ley de Amparo, prevé como facultad del juzgador que atendiendo a las circunstancias de cada caso en concreto determine si la materia del incidente deba resolverse de plano, si amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia correspondiente; es inconcuso que ello le permite, como lo hizo, determinar de plano, sin la necesidad de que se oyeran a las partes, ofrezcan y desahoguen pruebas o formulen alegatos, la procedencia de la modificación a la suspensión, máxime si ésta se sustentó exclusivamente en el transcurso del tiempo probable para que se resolviera el fondo del juicio de amparo, lo que tornaba indefectiblemente insuficiente el monto de la garantía fijado para salvaguardar los daños y perjuicios que pudiera resentir la tercera interesada, pues éstos se habían calculado con base a un periodo de tiempo que ya había trascurrido sin que se haya resuelto el fondo del amparo, pues conforme a lo determinado por la Juez Federal, la audiencia constitucional ni siquiera se había celebrado.
"Así lo reconoció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 35/2018, al determinar, que una vez transcurrido el término calculado como probable para la resolución del juicio de amparo, sin que se hubiera resuelto éste, faculta al tercero interesado a solicitar el aumento de la caución por la demora en el fallo del juicio como un hecho superveniente. El contenido literal de dicha tesis es el siguiente:
"‘SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. FORMA DE CALCULAR EL PLAZO QUE DEBE TOMARSE EN CUENTA A EFECTO DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 136 de la Ley de Amparo, la suspensión surte efectos desde el momento en que se pronuncia el acuerdo relativo y deja de surtirlos si dentro del plazo de 5 días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Sin embargo, la ley citada no señala de manera específica el plazo para que se resuelva el juicio constitucional en la vía directa, a efecto de fijar el monto de la garantía respectiva; de ahí que, para determinarlo, debe atenderse al tiempo probable de su duración, pues precisamente durante ese lapso estará suspendida la ejecución del acto reclamado. Al respecto, la ley mencionada establece los siguientes plazos para tramitar y resolver el juicio de amparo directo: el artículo 178 prevé el de 5 días para que la autoridad responsable certifique las fechas de notificación y presentación, corra traslado al tercero interesado y rinda informe justificado; el artículo 179, el de 3 días para que el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito provea sobre la admisión de la demanda; el artículo 181, el de 15 días para alegar o promover amparo adhesivo; el artículo 183, el de 3 días para turnar el expediente y el de 90 días posteriores para pronunciar la sentencia; y el artículo 184, el de 10 días siguientes a su aprobación para la firma del engrose. La suma de los plazos aludidos es de 126 días hábiles, que divididos entre los días hábiles del mes calendario (en general 22 por mes), dan un total de 5.7 meses, plazo al que deben agregarse los días para realizar las notificaciones de cada una de las actuaciones necesarias, relevantes e indispensables para poder tramitarlo; de ahí que se considere que, por lo general, el juicio de amparo puede durar 6 meses, siendo este último parámetro el que debe observarse para fijar el monto de la garantía correspondiente cuando la suspensión se solicita al promover el juicio de amparo; no obstante, en atención a que la resolución de los juicios de amparo directo no siempre ocurre durante los plazos legales, pues en la práctica pueden existir distintas cuestiones que generarán un aumento en el lapso para su resolución, se considera válido que la autoridad facultada para decidir sobre la suspensión pueda, fundada y motivadamente, aumentarlo, siempre y cuando advierta razones que en el caso concreto justifiquen que la duración del juicio se prolongará más allá de la regla general apuntada, sin perjuicio de que el tercero interesado pueda solicitar por hecho superveniente el aumento de la garantía por la demora en la solución del juicio. Asimismo, el plazo precisado puede disminuirse cuando la suspensión se solicite con posterioridad a la presentación de la demanda, para lo cual, habrá de atenderse al momento en el cual se solicita, pues el plazo de duración del juicio será menor. Lo anterior, para que se restaure eficazmente el equilibrio perdido entre las partes ante la concesión de la suspensión del acto reclamado.’(4)
"Luego, si esa circunstancia –el transcurso del tiempo previsto para que se resolviera el juicio de amparo– no se encuentra sujeto a prueba, era dable, como lo hizo la a quo, que se resolviera de plano la incidencia de modificación a la suspensión, sin la necesidad de que se diera mayor intervención a las partes involucradas, pues el hecho superveniente, en el caso particular, no se encontraba sujeto a prueba, de manera que viniera inconducente la tramitación especial en la que se desahogara una audiencia incidental con periodo de pruebas, alegatos y resolución, siendo más acorde al principio de expeditez judicial previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la resolución de la incidencia propuesta en la forma en que lo hizo la a quo.
"Sin que sobre recalcar, que, en todo caso, el quejoso-recurrente se encontraba en aptitud de impugnar en el presente recurso de revisión, la forma en que se calculó el nuevo monto por el que se actualizó la garantía, por estimar, por ejemplo, que el monto de los daños y perjuicios calculados fuera excesivo, o que el tiempo probable para que se resolviera el amparo que estimó la Juez debía ser menor al que se determinó, y las motivos por los que así lo creyera, lo que no hace, lo que sólo redunda en lo incensario (sic) de la revocación del acuerdo impugnado para la integración del incidente en el que se dé mayor intervención a las partes, mediante el ofrecimiento de pruebas y formulación de alegatos y, vía consecuencia, en la ineficacia de su agravio en estudio."
11. QUINTO.—El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el incidente en revisión 101/2020, en sesión de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, por unanimidad de votos, determinó lo siguiente:
"Omisión de promover y tramitar el incidente respectivo.
"En el primer motivo de disenso con apoyo en diversos criterios (incluida la jurisprudencia 109/2013, emitida por la Primera Sala del Más Alto Tribunal, de rubro: ‘MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN DE LA SUSPENSIÓN. DEBE DARSE TRÁMITE AL INCIDENTE RELATIVO, SIEMPRE Y CUANDO NO SEA NOTORIA Y EVIDENTE LA INEXISTENCIA DEL HECHO SUPERVENIENTE QUE LO FUNDAMENTA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).’ el recurrente estima arbitrario el actuar de la a quo, porque actualizó la garantía establecida para que surtiera efectos la suspensión definitiva concedida, sin darle el derecho de contradicción y sin que mediara el incidente previsto en el artículo 154 de la Ley de Amparo por hecho superveniente, con la consecuente infracción a tal dispositivo. "Explica, si bien la Jueza está facultada para modificar o revocar la interlocutoria en la que se resuelve sobre la suspensión definitiva, tal facultad no es absoluta, sino que está condicionada a que ocurra un hecho superveniente que sea susceptible de cambiar el estado jurídico de las cosas, lo cual habrá de hacerse mediante el incidente previsto en el numeral en cita bajo las reglas establecidas en los diversos numerales del 125 al 147 de la propia legislación.
"Los agravios son en (sic) esencialmente fundados.
"En principio es menester precisar que el artículo 154(5) de la Ley de Amparo establece que ‘la resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión.’
"Como se ve, la legislación de la materia prevé un mecanismo para modificar la resolución por la que se conceda o niegue la suspensión definitiva, lo cual podrá hacerse de oficio o a petición de parte, en la misma forma que el incidente de suspensión, cuando:
"- Ocurra un hecho superveniente que lo motive; y,
"- Mientras no se haya pronunciado sentencia ejecutoria en el juicio de amparo.
"Lo anterior, con el fin de ajustar la situación jurídica creada por la resolución que se dictó en un primer momento en el incidente de suspensión, a los nuevos hechos, circunstancias, pruebas o actos que influyen en la materia suspensional, lo que se corrobora con la jurisprudencia del Máximo Tribunal a la que hace referencia el disidente, de rubro: ‘Modificación o revocación de la suspensión. Debe darse trámite al incidente relativo, siempre y cuando no sea notoria y evidente la inexistencia del hecho superveniente que lo fundamenta (legislación vigente hasta el 2 de abril de 2013) (sic).’
"Ahora, la interpretación funcional del artículo 154 de la Ley de Amparo, relativo a que si la resolución que concede o niega la suspensión definitiva puede modificarse o revocarse, de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión, hace patente que el concepto hecho superveniente se refiere a las circunstancias posteriores a la concesión de la medida cautelar, distintas a las tomadas en cuenta para asumir la decisión.
"En ese supuesto se encuentra la prolongación del tiempo que el Juez Federal toma en cuenta como probable para la resolución del juicio de amparo, si este factor sirvió de base para establecer el monto de la garantía, de manera que si, verbigracia, al otorgar la medida precautoria se aduce que el tiempo probable de duración del juicio es de seis meses, comprendidas las dos instancias, pero pasa este tiempo sin que se dicte sentencia, se actualiza un supuesto para la modificación de la interlocutoria, por un hecho superveniente, para que la garantía se extienda al tiempo adicional que tardará en resolverse totalmente el proceso constitucional.
"Lo anterior porque conforme a los plazos previstos para la sustanciación del amparo indirecto en ambas instancias, el procedimiento por lo general puede durar aproximadamente seis meses, por lo que es este plazo el que generalmente debe observarse para fijar el monto de la garantía correspondiente cuando la suspensión se solicita al promover el juicio de amparo; no obstante, en atención a que la resolución de los juicios de amparo no siempre ocurre durante los plazos legales, pues en la práctica pueden existir distintas cuestiones que generarán un aumento en el lapso para su resolución, se considera válido que la autoridad facultada para decidir sobre la suspensión pueda, fundada y motivadamente, aumentarlo, siempre y cuando advierta razones que en el caso concreto justifiquen que la duración del juicio se prolongará más allá de la regla general apuntada, sin perjuicio de que el tercero interesado pueda solicitar por hecho superveniente el aumento de la garantía por la demora en la solución del juicio a fin de que se restaure eficazmente el equilibrio perdido entre las partes ante la concesión de la suspensión del acto reclamado.
"Al efecto, cobra aplicación por analogía la jurisprudencia por contradicción 35/2018 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, enero de 2019, Tomo I, Novena Época, página 10, registro digital: 2018983, que dispone:
"‘SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. FORMA DE CALCULAR EL PLAZO QUE DEBE TOMARSE EN CUENTA A EFECTO DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 136 de la Ley de Amparo, la suspensión surte efectos desde el momento en que se pronuncia el Acuerdo relativo y deja de surtirlos si dentro del plazo de 5 días siguientes al en que surta efectos la notificación del Acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Sin embargo, la ley citada no señala de manera específica el plazo para que se resuelva el juicio constitucional en la vía directa, a efecto de fijar el monto de la garantía respectiva; de ahí que, para determinarlo, debe atenderse al tiempo probable de su duración, pues precisamente durante ese lapso estará suspendida la ejecución del acto reclamado. Al respecto, la ley mencionada establece los siguientes plazos para tramitar y resolver el juicio de amparo directo: el artículo 178 prevé el de 5 días para que la autoridad responsable certifique las fechas de notificación y presentación, corra traslado al tercero interesado y rinda informe justificado; el artículo 179, el de 3 días para que el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito provea sobre la admisión de la demanda; el artículo 181, el de 15 días para alegar o promover amparo adhesivo; el artículo 183, el de 3 días para turnar el expediente y el de 90 días posteriores para pronunciar la sentencia; y el artículo 184, el de 10 días siguientes a su aprobación para la firma del engrose. La suma de los plazos aludidos es de 126 días hábiles, que divididos entre los días hábiles del mes calendario (en general 22 por mes), dan un total de 5.7 meses, plazo al que deben agregarse los días para realizar las notificaciones de cada una de las actuaciones necesarias, relevantes e indispensables para poder tramitarlo; de ahí que se considere que, por lo general, el juicio de amparo puede durar 6 meses, siendo este último parámetro el que debe observarse para fijar el monto de la garantía correspondiente cuando la suspensión se solicita al promover el juicio de amparo; no obstante, en atención a que la resolución de los juicios de amparo directo no siempre ocurre durante los plazos legales, pues en la práctica pueden existir distintas cuestiones que generarán un aumento en el lapso para su resolución, se considera válido que la autoridad facultada para decidir sobre la suspensión pueda, fundada y motivadamente, aumentarlo, siempre y cuando advierta razones que en el caso concreto justifiquen que la duración del juicio se prolongará más allá de la regla general apuntada, sin perjuicio de que el tercero interesado pueda solicitar por hecho superveniente el aumento de la garantía por la demora en la solución del juicio. Asimismo, el plazo precisado puede disminuirse cuando la suspensión se solicite con posterioridad a la presentación de la demanda, para lo cual, habrá de atenderse al momento en el cual se solicita, pues el plazo de duración del juicio será menor. Lo anterior, para que se restaure eficazmente el equilibrio perdido entre las partes ante la concesión de la suspensión del acto reclamado.’
"En el caso, como refiere el disidente, el Juez de Distrito acordó favorablemente la solicitud de la parte tercera interesada, sin dar trámite al incidente previsto en el artículo 154 de la ley de la materia que se analiza, el cual, como se precisó, debió aperturarse, pues con independencia de que al resolver sobre la suspensión definitiva en fecha tres de mayo de dos mil diecinueve, la a quo no se haya referido expresamente en cuanto a que, para establecer el monto de la caución se consideraba el tiempo probable en que tardaría para resolverse el juicio de amparo, lo cierto es que tal consideración estaba implícita en la determinación adoptada.
"Es así, ya que la facultad discrecional concedida al juzgador en el segundo párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo, para fijar el monto de la garantía para que surta efectos la suspensión cuando los derechos que pudieran afectarse con tal medida no sean estimables en dinero o cuando no hay datos objetivos a su alcance para establecerla (tal como se refirió en la resolución de tres de mayo del año próximo pasado) no es arbitraria, sino que se debe ejercer de manera razonada, atento a las circunstancias peculiares del caso, a la naturaleza de los actos reclamados, al tiempo probable de la duración del juicio, así como a los derechos que pudieran afectarse, tal como se dispone en diversos criterios, como el sostenido en la jurisprudencia VI.2o.C. J/321(6) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que se comparte y que dice:
"‘SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. LA FACULTAD DISCRECIONAL PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS CUANDO LOS DERECHOS QUE PUDIERAN AFECTARSE CON DICHA MEDIDA NO SEAN ESTIMABLES EN DINERO, NO PUEDE SER ARBITRARIA. El artículo 125 de la Ley de Amparo establece: «En los casos en que es procedente la suspensión, pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaron si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo.» «Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero perjudicado que no sean estimabl
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31139-bfeb94af/modificacion-o-revocacion-del-monto-de-la-garantia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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