CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE PRESTACIONES EXTRALEGALES. CORRESPONDE AL PATRÓN DEMOSTRAR QUE EL ACTOR NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS PARA SU PERCEPCIÓN, CUANDO RECONOCE SU EXISTENCIA. PRESTACIONES EXTRALEGALES. SU PROCEDENCIA DEBE SER ACREDITADA POR EL ACTOR, SALVO CUANDO EL PATRÓN O TERCEROS SE ENCUENTREN EN MEJOR POSICIÓN PARA DEMOSTRAR SU FUNDAMENTO Y LOS HECHOS CONTROVERTIDOS, CONFORME A LA CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA QUE OPERA EN MATERIA LABORAL.
AMPARO DIRECTO 411/2022. 10 DE NOVIEMBRE DE 2022. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ANTONIO REBOLLO TORRES. SECRETARIA: MARÍA GABRIELA TORRES ARREOLA.
CONSIDERANDO
QUINTO.—Los conceptos de violación, que se abordarán en diverso orden al en que son planteados, por razón de técnica, conducen a determinar lo siguiente:
En principio, la quejosa hace valer diversas violaciones procesales, consistentes en que el juicio de ninguna forma debió tramitarse mediante el procedimiento especial, siendo que, inicialmente, se había determinado que se llevaría por la vía ordinaria, ya que la demanda no se sustentó en los artículos 501, 502 y 503 de la Ley Federal del Trabajo, ni tampoco se reclamó una indemnización por muerte del trabajador por riesgo de trabajo, o porque no estuviera inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sino que se sustentó en el pago de lo dispuesto en las cláusulas 112 y 113 del contrato colectivo de trabajo, negándose con ello a que se hicieran manifestaciones en relación con la contestación y las pruebas.
Resulta fundado pero inoperante el motivo de inconformidad, atento a que, si bien estrictamente no procedía la vía especial en términos del artículo 892 de la Ley Federal del Trabajo, anterior a las reformas de treinta de noviembre de dos mil doce, porque la demanda se presentó el dos de enero de ese año (foja 1), que establecía: "Artículo 892. Las disposiciones de este capítulo rigen la tramitación de los conflictos que se susciten con motivo de la aplicación de los artículos 5o. fracción III; 28, fracción III; 151; 153, fracción X; 158; 162; 204, fracción IX; 209, fracción V; 210; 236, fracciones II y III; 389; 418; 425, fracción IV; 427 fracciones I, II y VI; 434, fracciones I, III y V; 439; 503 y 505 de esta ley y los conflictos que tengan por objeto el cobro de prestaciones que no excedan del importe de tres meses de salarios." y el diverso 503 estatuye el pago de la indemnización en caso de muerte por riesgo de trabajo.
Siendo que de la demanda se advierte que reclamó el pago de prestaciones, en su carácter de viuda y beneficiaria del trabajador fallecido, que derivan de las cláusulas 112 a 114 del contrato colectivo de trabajo, por lo que asiste razón legal a la inconforme.
No obstante, debe decirse que dicha circunstancia no la dejó sin defensa, porque tuvo la oportunidad de presentar pruebas y comparecer a la audiencia correspondiente, como se ve del sumario laboral.
Efectivamente, debe ponerse en contexto que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la vía incorrecta constituye una violación procesal que afecta las defensas de la persona quejosa y trasciende al resultado del laudo, ya que existen diversos apercibimientos formulados a la demandada en cada uno de los procedimientos para el caso de que no comparezca a juicio, y que no sólo puede afectarle a ella, sino también a la parte actora, por lo que dependiendo del tipo de procedimiento, puede ser distinta la fijación de la carga procesal y las pruebas que pueden rendirse, lo que determina que si una acción se sustancia en una vía que no es la idónea, provoca reducción a los derechos adjetivos y, particularmente, de defensa de las partes, ya que de proseguirse en la vía especial, no se dará oportunidad a la demandada de probar en contrario, como sí ocurre en la ordinaria, en la que la carga procesal se atribuye directamente, liberando a la actora; violación del procedimiento contra la que no puede invocarse el retardo en la solución del asunto como causa para no conceder el amparo, por el hecho de que el objetivo perseguido en el procedimiento especial es la celeridad en la solución del asunto.
No obstante, debe destacarse que el Máximo Tribunal del País también llevó a cabo la acotación en el sentido de que lo relevante es la afectación de las defensas de las partes, no sólo de la demandada, sino también de la actora, tanto por la modificación de la carga procesal y de las pruebas susceptibles de rendirse en uno y otro casos, como por la trascendencia al resultado del laudo provocado por la tramitación incorrecta del juicio laboral.
Dicho criterio se encuentra en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 90/2011, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, junio de 2011, página 325, con número de registro digital: 161791, de contenido:
"PROCEDIMIENTOS ESPECIAL U ORDINARIO EN EL JUICIO LABORAL. SU TRAMITACIÓN EN LA VÍA INCORRECTA CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE DA LUGAR A LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR AFECTAR LAS DEFENSAS DE LAS PARTES Y TRASCENDER AL RESULTADO DEL LAUDO. Del estudio comparativo de las reglas para el trámite de los procedimientos ordinario y especial establecidas en la Ley Federal del Trabajo, se aprecia que presentan aspectos similares y diferentes, orientados básicamente a la celeridad y concentración del último, al prever plazos más cortos y eliminar etapas como la réplica y contrarréplica; sin embargo, existe una diferencia que determina que la tramitación en la vía incorrecta constituya una violación procesal que afecta las defensas del quejoso y trasciende al resultado del laudo, la cual deriva del distinto apercibimiento formulado a la demandada en cada uno de los procedimientos para el caso de que no comparezca a juicio y que no sólo puede afectarle a ella, sino también a la parte actora. Así, tratándose del ordinario se apercibe a la demandada de que se tendrá por contestada la demanda en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario, probando únicamente que su contraparte no era su trabajador, que no existió el despido o que no son ciertos los hechos asentados en la demanda; mientras que en el especial el apercibimiento consiste en que se tendrán por admitidas las peticiones de la actora, salvo las contrarias a la ley. Entonces, dependiendo del tipo de procedimiento seguido puede ser distinta la fijación de la carga procesal y las pruebas que pueden rendirse, lo que determina que si una acción se sustancia en una vía que no es la idónea provoca reducción a los derechos adjetivos y particularmente de defensa de las partes, ya que, de proseguirse en la vía especial, no se dará oportunidad a la demandada de probar en contrario como sí ocurre en la ordinaria, en la que la carga procesal se le atribuye directamente, liberando a la actora; y cuando el asunto se ventila en la vía especial, automáticamente se tiene por acreditado el derecho del reclamante, sin conceder a la contraparte la posibilidad de rendir pruebas, ya que sólo podrá dictarse un laudo absolutorio cuando las pretensiones sean contrarias a derecho. En ese tenor, es obvio que al verse modificadas sustancialmente la fijación de la carga procesal y la defensa de las partes, se constituye una violación procesal reclamable en la vía directa, contra la que no puede invocarse el retardo en la solución del asunto como causa para no conceder el amparo por el hecho de que el objetivo perseguido en el procedimiento especial es la celeridad en la solución del asunto, dado que lo relevante es la afectación de las defensas de las partes, no sólo de la demandada, sino también de la actora, tanto por la modificación de la carga procesal y de las pruebas susceptibles de rendirse en uno y otro casos, así como por la trascendencia al resultado del laudo provocado por la tramitación en vía incorrecta del juicio laboral."
Así, de las constancias de autos no se advierte que se haya dejado sin defensa a la parte actora, ya que tuvo la oportunidad de rendir pruebas y acudir al juicio sin restricción alguna, ya que si bien el laudo no fue satisfactorio a sus intereses, lo cierto es que ello no obedeció a alguna prohibición en el sentido de no poder acudir a alguna etapa del juicio; de ahí que, de ninguna manera, se esté desacatando la jurisprudencia en comento.
Máxime que no se observa que se haya transgredido algún derecho sustantivo con el trámite en la vía incorrecta, ni el derecho a la seguridad jurídica porque, se insiste, la accionante tuvo la oportunidad de ofrecer pruebas y comparecer a la audiencia respectiva, como lo dispone la tesis de jurisprudencia 1a./J. 29/2021 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Tomo II, noviembre de 2021, página 1374, con número de registro digital: 2023791, de contenido siguiente:
"PRINCIPIO DE PRIVILEGIO DEL FONDO SOBRE LA FORMA. LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO EN LA VÍA INCORRECTA NO ES UN MERO FORMALISMO QUE PUEDA OBVIARSE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 17, PÁRRAFO TERCERO, CONSTITUCIONAL).
"Hechos: Una persona demandó en la vía ordinaria civil a una inmobiliaria el otorgamiento y firma de escritura de un contrato de compraventa de un inmueble. Al contestar, la empresa opuso la excepción de improcedencia de la vía, sustentada en que la relación entre las partes es mixta y, por tanto, se debió demandar en la vía ordinaria mercantil. La excepción fue desestimada en ambas instancias, bajo el argumento de que no le causaba perjuicio, dada la similitud de plazos entre ambas vías y porque la vía civil concede una mayor oportunidad probatoria. En el juicio de amparo directo, el Tribunal Colegiado consideró que no se argumentó cuál derecho fue trastocado con la tramitación del juicio en la vía incorrecta y que la jurisprudencia 1a./J. 74/2005 se emitió previo a la incorporación del tercer párrafo del artículo 17 constitucional, conforme al cual los Jueces deben privilegiar el fondo sobre la forma.
"Criterio jurídico: La incorporación al Texto Constitucional de la obligación a cargo de las autoridades jurisdiccionales de privilegiar la solución de fondo de las controversias judiciales sobre los formalismos procedimentales no es irrestricto, sino que está condicionado a que en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, no se afecte con su aplicación la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos. Por tanto, si con la tramitación de un juicio en la vía incorrecta se transgrede el derecho a la seguridad jurídica, no se cumplen los requisitos constitucionales para obviar dicha violación procesal con base en ese principio.
"Justificación: La vía es un presupuesto procesal y, por ende, una condición de validez del proceso, que se concibe como el conjunto de formalidades adjetivas, plazos, términos y demás elementos que integran un procedimiento particular, estructurado y previamente establecido por el legislador en el cual deben seguirse los diferentes tipos de controversias que se puedan someter a la jurisdicción de un tribunal o autoridad que ejerce una función materialmente jurisdiccional. Su objetivo es dar efectividad a los derechos sustantivos de las personas y su existencia deriva de uno de los derechos que sustenta todo el sistema jurídico nacional: la seguridad jurídica. Sobre esas bases, la tramitación del juicio en la vía incorrecta no es un mero formalismo procedimental, ni siquiera el incumplimiento a alguna de las formalidades que deben regir el proceso natural, sino la transgresión a toda la estructura creada por el legislador para la sustanciación de la controversia, cuya ausencia impide tener plena certeza de que se respetó el derecho del demandado a la seguridad jurídica y legalidad. Por ende, no es constitucionalmente válido aceptar que pueda obviarse y consentir su incumplimiento, so pretexto de fallar de fondo la litis del juicio, ya que no se satisfacen las exigencias constitucionales para ello, pues uno de los requisitos que el artículo 17 constitucional establece para que los juzgadores puedan privilegiar la solución del fondo de la controversia, al margen de la existencia de violaciones procesales, es que con éstas no se haya transgredido algún otro derecho sustantivo de las partes y con el trámite en la vía incorrecta de un litigio se transgrede el derecho a la seguridad jurídica."
Como violación procesal, también la inconforme indica que, indebidamente, se desecharon las confesionales ofrecidas de su parte, sobre la consideración de que se trataba de un punto de derecho, sin mencionar cuál era.
Es infundada la alegación.
La accionante ofertó la confesional a cargo de la institución demandada, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad y de **********. (folios 165 y 166)
El veintisiete de noviembre de dos mil catorce, la autoridad desechó dichos medios de prueba: "por ociosas, ya que se trata de un punto de derecho, con fundamento en el artículo 779 de la Ley Federal del Trabajo." (folio 486 vuelta)
Determinación que es correcta, ya que la norma en que se sustentó establece:
"Artículo 779. La Junta desechará aquellas pruebas que no tengan relación con la litis planteada o resulten inútiles o intrascendentes, expresando el motivo de ello."
Además, que el reclamo de la accionante se basó en el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo de su cónyuge fallecido, por lo que, efectivamente, se trata de un punto de derecho; es decir, no existe ninguna otra controversia qué dilucidar, sino únicamente la existencia de esa prerrogativa contractual, por lo que las posiciones que se pudieran formular resultarían intrascendentes, porque la procedencia de la acción de ninguna manera depende de esas respuestas.
En el mismo tema, la quejosa estima que la autoridad de instancia no señaló fecha para la formulación de los alegatos, una vez que se habían desahogado todas las pruebas.
Es infundado el motivo de inconformidad, porque adverso a lo que se sostiene, del sumario laboral se advierte que el veinte de agosto de dos mil dieciocho, la autoridad certificó que no existían pruebas pendientes por desahogar, por lo que en términos del artículo 884, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, concedió a las partes tres días para que presentaran sus alegatos, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendría por perdido ese derecho. (foja 521)
Posteriormente, el diecinueve de septiembre, el secretario certificó que no se formularon alegatos; por ende, la Junta tuvo por cerrada la instrucción. (folio 522)
De lo que se advierte que se dio oportunidad de presentar alegatos, contrario a lo que aquí se sostiene.
Finalmente, por lo que ve a las violaciones al procedimiento, la peticionaria de amparo aduce que, indebidamente, se firmó el laudo por la Junta, integrada por su presidenta, en unión de los representantes de los patrones y los trabajadores, por lo que fue dictado por una autoridad incompetente, ya que la Junta debió estar integrada con el auxiliar de trámite, no así por la presidenta, en términos del artículo 897 de la Ley Federal del Trabajo.
Resulta infundado el motivo de inconformidad; en principio, debe destacarse que la impugnación no constituye propiamente una violación al procedimiento, sino de una de tipo formal, al tratarse de una cuestión acontecida al dictarse el laudo reclamado.
Por otro lado, conforme a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 33/2022 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de ninguna manera constituye una violación que amerite conceder el amparo para que se subsane la circunstancia de que el presidente de la Junta especial hubiera firmado el laudo a debate, siendo que se trata de un procedimiento especial, ya que el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje cuenta con facultades para resolver el procedimiento especial laboral, en términos del artículo 897 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que no procede anular la actuación respectiva, porque los presidentes de las Juntas cuentan con amplias facultades para emitir diversos tipos de actuaciones y resoluciones de mayor entidad jurídica.
Dicho criterio se encuentra en la referida tesis de jurisprudencia 2a./J. 33/2022 (11a.), con número de registro digital: 2025100, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 16, Tomo III, agosto de 2022, página 3284, de rubro y texto:
"PROCEDIMIENTO ESPECIAL LABORAL. EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUENTA CON FACULTADES PARA TRAMITARLO Y/O RESOLVERLO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 897 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE HASTA ANTES DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 1 DE MAYO DE 2019.
"Hechos: Dos personas demandaron en la vía especial laboral, sendos juicios de seguridad social en los que reclamaron el reconocimiento de enfermedades y/o padecimientos profesionales y el otorgamiento de una pensión por invalidez, respectivamente. Una vez impugnados los laudos vía amparo directo, un Tribunal Colegiado de Circuito determinó que si el presidente de la Junta tiene facultades para resolver determinados juicios sin la intervención del auxiliar y no hay norma expresa que lo excluya de la resolución de los demás juicios, puede concluirse que no hay causa para invalidar con nulidad la intervención del presidente en el laudo dictado en un conflicto de seguridad social; mientras que el otro Tribunal Colegiado consideró que si el acta de desahogo de una audiencia pericial no fue firmada por el auxiliar sino por el presidente de la Junta, no obstante que se asentó que quien acordaba y firmaba era el auxiliar, ello implica que el presidente de la Junta carece de facultades para firmar el mencionado acuerdo.
"Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje cuenta con facultades para tramitar y/o resolver el procedimiento especial laboral, en términos del artículo 897 de la Ley Federal del Trabajo vigente hasta antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 1 de mayo de 2019, por lo que no procede anular la actuación respectiva.
"Justificación: Acorde con la legislación que nos ocupa, los presidentes de las Juntas cuentan con amplias facultades para emitir diversos tipos de actuaciones y resoluciones de mayor entidad jurídica, a diferencia de sus auxiliares quienes tienen menor rango y dependen jerárquicamente de ellos. Ahora, de conformidad con el aludido artículo 897 de la Ley Federal del Trabajo, por regla general, para el trámite y la resolución de los procedimientos llevados a cabo en la vía especial, la Junta Laboral se integrará con el auxiliar, salvo en los casos que ahí se prevén en donde necesariamente deberá intervenir su presidente. Con base en lo anterior, se observa que si el presidente de la Junta Federal o su similar de la Junta Especial tiene facultades para tramitar y/o resolver juicios de mayor entidad y complejidad, por mayoría de razón está en aptitud de intervenir en los juicios tramitados en la vía especial, máxime si se toma en cuenta que no hay norma expresa que le excluya de la resolución de los demás juicios, además de los relevantes para los cuales tiene la reserva. En consecuencia, es válido concluir que no hay causa para invalidar la intervención del presidente de la Junta en alguna actuación o en el dictado del laudo respectivo en un juicio tramitado conforme a la vía especial."
De ahí que no sea dable conceder el amparo para que el laudo se firme por el auxiliar, como se pretende, toda vez que el presidente cuenta con facultades para autorizar esa actuación.
En cuanto al fondo, la quejosa manifiesta que la circunstancia de que en el contrato colectivo de trabajo no se hayan establecido prestaciones que podrían generarse con motivo de una invalidez, cesantía, vejez o muerte y el pago de alguna pensión a favor de sus beneficiarios, implica una renuncia de derechos que, por el contrario, otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Resulta inatendible el motivo de inconformidad, dado que lo que pretende es sostener la ilegalidad del contrato colectivo de trabajo, lo que, en principio, no fue motivo de la demanda laboral, por lo que no puede serlo en esta instancia, además de que, en todo caso, sería materia de otro procedimiento de tipo colectivo, al tratarse de una inconformidad que tiene su origen en la negociación colectiva que llevó a cabo la empresa con el sindicato titular de ese contrato, de la que ahora se inconforma, al estimar que se violan los derechos laborales, tanto de los trabajadores, como de sus beneficiarios, por lo que de ninguna forma puede abordarse por parte de este Tribunal Colegiado de Circuito.
Asimismo, la peticionaria de amparo sostiene que la autoridad de instancia precisó que la accionante incurrió en oscuridad en la demanda, por lo que, de ser así, debió requerirla en términos del artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, para que subsanara cualquier irregularidad. Así como que el demandado hizo valer la prescripción, dejando de atender que el fallecimiento ocurrió el diecisiete de diciembre de dos mil diez, y la demanda se presentó el dos de enero de dos mil doce, por lo que había transcurrido en exceso el término de un año, dejando de observar que, si se hizo así, fue porque la autoridad gozó del segundo periodo de vacaciones.
Es infundado el reclamo, dado que se parte de una premisa falsa, porque en el acto reclamado, de ninguna manera la autoridad de instancia determinó que existía oscuridad en la demanda, ni fue la base de la absolución, y tampoco analizó la prescripción opuesta por la demandada.
En otro punto, debe decirse que, contrario a lo que sostiene la quejosa, fue correcta la absolución por cuanto a la inscripción retroactiva al Instituto Mexicano del Seguro Social por parte de la empresa demandada, ya que en este sentido, la autoridad de instancia consideró que de la constancia de otorgamiento de pensión por viudez, se advertía que aquélla inscribió al finado trabajador en el régimen obligatorio, lo que debe prevalecer, aunque por distintas razones.
Así es, dado que en este sentido, la demandada señaló el convenio de diecinueve de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro, que celebraron la empresa y el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que se establecieron mejores prestaciones que las que contiene la Ley del Seguro Social (folio 215), documento que fue allegado a juicio en copia certificada, por lo que adquiere valor probatorio, del que se observa de la cláusula cuarta, lo siguiente:
"La fundación y sus trabajadores quedan fuera del régimen obligatorio del Seguro Social, asumiendo dicha institución por su cuenta, frente a sus trabajadores, los riesgos y responsabilidades en lo que respecta a prestaciones pasadas y a las que en lo futuro se determinen." (folio 239)
De lo que se observa que la empresa patronal conservó su obligación inicial de proporcionar seguridad social a sus trabajadores; de ahí que la absolución a la inscripción al régimen obligatorio sea correcta.
En otro tema, la quejosa manifiesta que fue indebida la absolución decretada al Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que resulta falso que haya otorgado la pensión correspondiente como viuda del actor, como trabajador de **********, institución de asistencia privada, ya que la otorgada tiene su origen cuando prestó servicios a otra empresa. Además, no debe perderse de vista el carácter obligatorio del seguro social, por lo que la empresa debió acreditar que lo tuvo inscrito hasta el diecisiete de diciembre de dos mil diez, en que falleció; agrega la inconforme que la responsable, indebidamente, consideró que no se había ofrecido el contrato colectivo de trabajo y el convenio que el sindicato y la empresa celebraron.
Resulta infundada la alegación, ya que debe recordarse que al órgano de salud se le reclamó el pago de una pensión por viudez, e indicó que la empresa demandada nunca afilió al trabajador fallecido al régimen obligatorio, ya que el servicio médico y de rehabilitación eran a cargo de la sociedad demandada, con base en un convenio celebrado el diecinueve de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro, sin que se hubieran contemplado las prestaciones por invalidez, cesantía, vejez o muerte, ni las pensiones derivadas. (fojas 3 y 6)
Al dar contestación, el instituto de salud negó acción y derecho, toda vez que el dos de junio de dos mil once otorgó una pensión por viudez a la actora. (folio 453)
En el laudo a debate, la Junta del conocimiento absolvió al órgano de salud sobre la consideración de que con la constancia de otorgamiento de pensión por viudez, quedó acreditado que el trabajador fallecido estuvo inscrito a ese instituto.
Determinación que debe prevalecer, ya que si bien la razón que dio la autoridad para absolver no es correcta, lo cierto es que en autos quedó evidenciado que la accionante goza de una pensión por viudez, como se ve de la siguiente imagen: (foja 463)
SE SUPRIME IMAGEN
De lo que se sigue que la absolución se justifica, puesto que la accionante goza de una pensión por viudez a partir del fallecimiento del trabajador; de manera que las cuestiones que aquí alega por cuanto a que la autoridad inadvirtió el convenio entre la empresa demandada y el órgano de salud, no tienen trascendencia por lo que ve al reclamo de la subvención en comento atribuida al órgano de salud.
Máxime que no debe desconocerse que el instituto de salud únicamente tiene obligación de otorgar una pensión por viudez cuando la persona promovente cumple los requisitos legales, en los que de ninguna manera influye la cantidad de patrones que tuvieran inscrito al trabajador fallecido, porque el derecho a esa subvención sólo es uno; sin que se soslaye lo que más adelante se analizará, por cuanto a las prestaciones atribuidas a la empresa demandada; de ahí lo infundado de su motivo de inconformidad.
Por otro lado, la peticionaria de amparo sostiene que fue indebido que la autoridad de instancia absolviera a **********, institución de asistencia privada, sobre la consideración de que no se exhibió el contrato colectivo de trabajo con el que basó sus pretensiones.
Resulta fundada la alegación, suplida en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo.
Efectivamente, de las constancias de autos se advierte que la accionante demandó de **********, institución de asistencia privada, el pago de las prestaciones que le corresponden como beneficiaria y viuda de **********, derivadas del contrato colectivo de trabajo, en especial de la cláusula 113, consistente en diez meses de salario mínimo tabular y el 60 % (sesenta por ciento) de la pensión que hubiera podido otorgar el Instituto Mexicano del Seguro Social, pago de marcha por $********** (**********) (cláusula 112) y $********** (**********) de ayuda de gastos funerarios (cláusula 114).
Al dar contestación, la empresa indicó que la accionante no se situaba en los supuestos contractuales, porque en ellos se garantizan derechos para los familiares de los jubilados que fallecieran, o bien, que fueran empleados (folio 212), es decir, aceptó el contenido de las normas.
De manera que la parte demandada no desconoció la existencia de las prestaciones reclamadas ni su fundamento, sino que negó el derecho a la actora para recibirlas en los términos exigidos.
Este tribunal considera que, al haber reconocido la demandada la existencia de las cláusulas y sus contenidos, tal circunstancia relevó a la accionante de la carga de probar su procedencia, correspondiendo al patrón demostrar que la cubre en los términos previstos por el pacto colectivo de trabajo, como lo adujo al formular su contestación; por lo que la autoridad no obró conforme a derecho, al haber absuelto sobre la consideración de que no se aportó a juicio el contrato colectivo de trabajo; máxime que, por el contrario, la parte demandada sí exhibió dicho pacto.
Sirve de apoyo a lo considerado, por las razones que la sustentan, la tesis aislada I.5o.T.29 L (11a.), de este Tribunal Colegiado de Circuito, pendiente de publicación, de contenido siguiente:
"CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE PRESTACIONES EXTRALEGALES. CORRESPONDE AL PATRÓN DEMOSTRAR QUE EL ACTOR NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS PARA SU PERCEPCIÓN, CUANDO RECONOCE SU EXISTENCIA.
"Hechos: Una trabajadora al servicio del Estado demandó de una dependencia de la Ciudad de México el reconocimiento, reintegro y pago de la ‘compensación adicional temporal’ 1143 que le fue suspendido; al respecto, la demandada precisó que dejó de otorgar la prestación reclamada, pues conforme a la normativa que regula su pago se deben cubrir ciertos requisitos para su otorgamiento.
"Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que, por regla general, corresponde al trabajador demostrar la procedencia de las prestaciones extralegales; sin embargo, cuando la demandada reconoce que paga esa prestación, tal circunstancia releva al trabajador de la carga de probar su procedencia y corresponderá al patrón demostrar que la actora no estaba en los supuestos para su percepción y que por ello no le correspondía su pago.
"Justificación: La demandada no desconoció la existencia de la prestación extralegal ni su fundamento, sino que negó el derecho de la accionante a recibirla, toda vez que argumentó que ya no satisface los requisitos para su obtención; entonces, la patronal debía acreditar que en la actualidad, la accionante ya no cubre los requisitos establecidos en la normativa para verse beneficiada para percibir el pago de dicho concepto y que por esa circunstancia, dejó de otorgarlo, precisamente porque fue la parte demandada la que afirmó que siempre cumplió con su obligación."
Así, la autoridad de instancia de ninguna manera debió arrojar la carga de la prueba a la accionante, sino determinar que la demandada aceptó las normas contractuales y, con base en ellas, resolver respecto de la procedencia o no de lo reclamado.
Por otro lado, la inconforme argumenta que, al dar contestación, el sindica
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31208-4352adbb/carga-de-la-prueba-respecto-de-prestaciones-extralegales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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