SALARIO PROMEDIO DE COTIZACIÓN. A FIN DE CUANTIFICAR LAS PENSIONES PREVISTAS EN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, LOS TRIBUNALES LABORALES Y LOS DE AMPARO DEBEN ESTUDIAR LA VEROSIMILITUD DE SU MONTO, CUANDO LO CONSIDEREN EXCESIVO, AUN CUANDO EL INSTITUTO DEMANDADO NO JUSTIFIQUE SUS EXCEPCIONES O NO LO CONTROVIERTA.
AMPARO DIRECTO 1172/2016. CARLOS RAMÍREZ CRUZ. 23 DE NOVIEMBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JORGE SEBASTIÁN MARTÍNEZ GARCÍA. SECRETARIO: JUAN MANUEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Son fundados los conceptos de violación aquí planteados, aunque suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción V, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo.
Antes de iniciar con el análisis de los referidos motivos de disenso, se precisa que el laudo reclamado se dictó en cumplimiento al diverso juicio de amparo **********, que promovió en lo principal el instituto aquí tercero interesado y de forma adhesiva el hoy quejoso, del que correspondió conocer a este tribunal, que en sesión de catorce de abril de dos mil dieciséis determinó, por unanimidad de votos, conceder la protección constitucional a ambos solicitantes de amparo, para los efectos siguientes:
"a) Que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado.
"b) Que en su lugar, decrete la reposición del procedimiento a partir de la audiencia trifásica de veintiuno de mayo de dos mil diez, a fin de que deje sin efecto el acuerdo con el que desechó la prueba de informes a cargo del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores que ofreció el actor; provea su admisión y lo necesario para su desahogo.
"c) Ordene el perfeccionamiento de la documental consistente en la fotocopia simple de la constancia de semanas cotizadas que ofreció el actor en su escrito de treinta de octubre de dos mil trece.
"d) Previos los trámites legales correspondientes, de ser el caso, otorgue un plazo a las partes para que formulen sus respectivos alegatos.
"e) Mantenga intocadas las restantes actuaciones desvinculadas de las violaciones procesales aquí destacadas.
"f) En caso de que se dicte laudo, se conmina a la Junta del conocimiento, por una parte, a reiterar la improcedencia de la excepción de cosa juzgada y, por otra, a analizar, nuevamente, de manera fundada y motivada, a la luz de las pruebas que obren en autos, la procedencia de la acción de otorgamiento de pensión de vejez, y hecho que sea, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda, incluso, por las prestaciones accesorias que se solicitaron." (foja 312 del juicio laboral)
Así, en cumplimiento a la ejecutoria anterior, la Junta responsable dictó el laudo que aquí constituye el acto reclamado, cuya procedencia de la acción de amparo se justifica, porque como se observa de la transcripción que antecede, no se tomó una decisión definitiva respecto de la procedencia de la pensión de vejez y sus prestaciones accesorias reclamadas, pues se dejó plenitud de jurisdicción a la citada autoridad para que resolviera lo conducente, después de purgar las violaciones procesales advertidas, con lo cual se abre la posibilidad de que dichos aspectos puedan ser materia de impugnación en esta instancia constitucional; por tanto, en el fondo del asunto no existe cosa juzgada, siguiendo la idea jurídica contenida, por similitud de legislaciones, en la jurisprudencia 2a./J. 140/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 539, Tomo XXVI, agosto de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee:
"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR, O EN EJECUCIÓN DE ÉSTE. NO SE ACTUALIZA CUANDO EN LA SENTENCIA DE GARANTÍAS NO HUBO COSA JUZGADA EN RELACIÓN CON EL TEMA DE FONDO Y SE DEJÓ PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.-La fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo al establecer que el juicio de garantías es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les da lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de decisión, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, de manera que al actuar la responsable en ese sentido, emitiendo una resolución en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de ésta, el nuevo amparo que se intente resulta improcedente porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior, pues admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. Sin embargo, esta causal de improcedencia no se actualiza cuando el fallo concesorio deja plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, porque ello significa que en el juicio de amparo no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, es decir, no impera el principio de cosa juzgada, por lo cual la nueva resolución que emita la autoridad responsable no obedece al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de la misma, atendiendo a lineamientos precisos del órgano federal y, en consecuencia, en este supuesto procede el nuevo juicio de garantías."
Así como la tesis 2a. CVI/2017 (10a.), del índice de dicha Segunda Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 43, Tomo II, junio de 2017, materia común, página 1434 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 16 de junio de 2017 a las 10:22 horas», que a la letra dice:
"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL JUZGADOR DE AMPARO DEJA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN APTITUD DE EMITIR UNA NUEVA RESOLUCIÓN CON LIBERTAD DE JURISDICCIÓN. El precepto citado prevé que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución; no obstante, cuando el juzgador de amparo deja a la autoridad responsable con libertad de jurisdicción para emitir la nueva resolución con la cual dará cumplimiento al fallo protector, ésta puede combatirse a través de un nuevo juicio de amparo, por lo que no se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, toda vez que dicha determinación no podría considerarse cosa juzgada, considerando que esas decisiones no atienden a los lineamientos fijados por el órgano federal de amparo, por lo que es procedente el juicio constitucional contra los nuevos actos emitidos con libertad de jurisdicción por la autoridad responsable."
Por otra parte, también debe señalarse que este órgano jurisdiccional no advierte violación de derechos fundamentales que amerite ser plasmada en esta ejecutoria en suplencia de la queja, además de que la parte quejosa no formula conceptos de violación, en cuanto a las siguientes decisiones adoptadas por la autoridad responsable, a saber:
A) La condena decretada contra el instituto demandado de pagar al aquí quejoso una pensión de vejez y sus incrementos, a partir del quince de enero de dos mil nueve, esto es, un año anterior a la presentación de la demanda y no desde la fecha en que cumplió ********** años de edad (nació el **********, por ende, aquella edad la cumplió el mismo día y mes pero de **********), bajo la consideración de que las anteriores pensiones se encontraban prescritas, atento a la excepción que en ese sentido opuso la contraparte del actor.
B) La condena al otorgamiento al actor respecto de prestaciones accesorias de asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, que la Junta fundamentó en los artículos 92, fracción I, inciso b), 99 y 137 de la anterior Ley del Seguro Social, entre otros.
C) La absolución del otorgamiento de ortopedia y prótesis, respecto de la cual la Junta Federal señaló que esas prestaciones sólo se obtienen cuando se otorga una pensión de riesgo de trabajo.
D) La absolución de ayuda asistencial, precisando la responsable que dicha prestación es la cantidad adicional de dinero que se proporciona a aquellas personas que están solas en la vida y que no tienen familiares que velen por ellas, o bien, que estén imposibilitadas físicamente, de tal manera que cuando el estado físico del pensionado requiera ineludiblemente que la asista otra persona, de manera permanente o continua, previo dictamen médico que al efecto se formule y, en el caso, se probó que el actor tiene esposa.
E) La absolución del pago de daños y perjuicios, al estimar la Junta del conocimiento que de las pruebas que ofreció el actor no podía inferirse que el demandado le hubiere provocado un menoscabo en su patrimonio, por lo que tampoco estaba probado el perjuicio aducido por el trabajador.
F) La absolución del reclamo realizado por el actor bajo los incisos A) y B) de su escrito de demanda laboral, consistentes en: "A) El exacto y fiel cumplimiento de lo establecido en el artículo 123, apartado A, fracciones XIV, XV y XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ... y, B) El exacto y fiel cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 2, 4 y 7 de la Ley del Seguro Social, vigente hasta el 30 de junio de 1997..."; respecto de lo cual, la responsable expuso que para el otorgamiento de las prerrogativas contenidas en los preceptos constitucional y legales citados, se necesita satisfacer los requisitos que al efecto se encuentran previstos en la Ley del Seguro Social, pues de pretender acceder al beneficio de una pensión sin satisfacer las exigencias establecidas, llevaría al absurdo de que un asegurado, sin haber cotizado el mínimo exigido por la ley reglamentaria y observar los tiempos de espera, intentara válidamente que el Instituto Mexicano del Seguro Social le pagara un pensión en esas condiciones, con el consiguiente perjuicio para los asegurados que sí cumplen con los requisitos previstos por la ley secundaria, máxime que cada uno de los ramos de aseguramiento tienen su propio régimen de financiamiento, por lo que no podía pagarse una pensión que no esté previamente fondeada o financiada.
Determinaciones que deben quedar intocadas, pues como se dijo, en la demanda de amparo no se esgrime motivo de inconformidad en su contra, ni se advierte queja deficiente que suplir en beneficio, que amerite ser plasmada textualmente en esta ejecutoria, en términos analógicos de la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 44, Tomo I, julio de 2017, página 263 y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de julio de 2017 a las 10:14 horas, de título, subtítulo y contenido:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna."
Establecido lo anterior, queda claro que los únicos temas de la presente litis constitucional son el monto del salario promedio de las últimas semanas de cotización; la absolución de las asignaciones familiares y el quántum, en general, de las condenas, incluyendo el aguinaldo anual, incrementos y actualizaciones.
Así las cosas, se procede al examen de los motivos de inconformidad expuestos por el quejoso, los cuales se estudian en su conjunto por estar íntimamente vinculados entre sí y por así permitirlo el artículo 76 de la Ley de Amparo, donde toralmente aduce:
1) Que la Junta laboral debió considerar que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 784 y 899-D, ambos de la Ley Federal del Trabajo, le correspondía al Instituto Mexicano del Seguro Social acreditar el número de semanas cotizadas, así como el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta (250) semanas de cotización; lo que en el caso considera no aconteció.
2) Asimismo, señala que la Junta Federal valoró de forma deficiente la prueba de inspección que ofreció en el sumario laboral, donde al llevarse a cabo su desahogo, la actuaria hizo constar que no se exhibió la documentación que fue requerida, pues únicamente su contraparte puso a la vista el sistema SINDO, lo que revela que no se dio cumplimiento a lo solicitado, por lo que considera que se debió tener por presuntivamente cierto que tiene reconocidas ********** de cotización y que su salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas (250) es de **********, información que se deriva de los puntos de la aludida prueba de inspección.
3) Añade que existen pruebas en contrario que hacen presumir la falsedad con que se condujo el Instituto Mexicano del Seguro Social en la diligencia de inspección respectiva, al ocultar la información afiliatoria solicitada, como lo es la constancia de semanas cotizadas que ofreció como prueba superveniente, y con la que acreditó que tiene reconocidas **********, así como cuarenta y siete (47) recibos de pago con los que probó que laboró con posterioridad al **********; por todo ello, estima que la responsable debió haber condenado al reconocimiento de las ********** semanas cotizadas y con el salario promedio de **********, de las últimas doscientas cincuenta (250) semanas de cotización.
Son ineficaces los argumentos previamente resumidos.
En principio, vale precisar que es verdad que la carga de la prueba para justificar el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización, le correspondía al Instituto Mexicano del Seguro Social, en términos del artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, con la aclaración de que no conforme a lo preceptuado en el diverso numeral 899-D de dicho ordenamiento, pues éste fue agregado a la ley con posterioridad al inicio de este juicio laboral, esto es, constituye parte de las reformas que entraron en vigor a partir del uno de diciembre de dos mil doce, en tanto que la demanda de origen se presentó el quince de enero de dos mil diez, pero aun así ese débito procesal pesa sobre dicho instituto, como fue interpretado en la jurisprudencia 2a./J. 27/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, mayo de 1998, página 524, de rubro: "SEGURO SOCIAL. LA CARGA DE LA PRUEBA DE LAS COTIZACIONES DE LOS TRABAJADORES QUE SIRVEN DE BASE SALARIAL PARA DETERMINAR LA CUANTIFICACIÓN DE LAS PENSIONES QUE PREVÉ LA LEY RELATIVA, CORRESPONDE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.", sustentada antes de la mencionada reforma legal. Para así justificarlo, el instituto demandado ofreció en la controversia natural la hoja de certificación de derechos, que corre agregada a foja setenta y cinco del expediente laboral, a la cual la Junta del conocimiento le restó valor probatorio, bajo el argumento de que no contenía información fidedigna, dado que sus datos se contradecían con el que aportó en forma superveniente el trabajador, que obra a foja ciento cuarenta y cinco del sumario natural.
No obstante tal circunstancia, este órgano jurisdiccional considera que, contrario a lo sostenido por el quejoso, la prueba de inspección que ofreció con el fin de acreditar propiamente que cotizó un promedio de ********** semanas, con el salario promedio de **********, de las últimas doscientas cincuenta semanas, no es idónea para tal fin, pues debe tenerse en cuenta, en principio, que para obtener el citado promedio salarial, cuyo monto dependerá del salario diario con el que estuvo registrado el trabajador ante el instituto de seguridad social, necesariamente deben realizarse operaciones aritméticas, esto es, sumar los salarios registrados de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización, para después dividir la cantidad resultante, a fin de obtenerlo.
Por su parte, para estar en aptitud de determinar el total de semanas cotizadas, de igual manera, deben realizarse operaciones aritméticas, pues resulta necesario sumar las semanas que aparezcan como cotizadas en los documentos o sistema SINDO, que se ponga a la vista del actuario, a fin de obtener esa información, pues no puede advertirse a simple vista.
En estas condiciones, la prueba de inspección no resulta apta para determinar el total de semanas cotizadas, ni el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización, que dijo tenía reconocido, pues si la referida prueba de inspección tiene por objeto verificar aquellos hechos que no requieren de conocimientos técnicos, científicos o artísticos especiales, y de los cuales puede darse fe, tales como la existencia de documentos, cosas o lugares y sus características específicas perceptibles a través de los sentidos, principalmente el de la vista; luego, no resulta idónea para apreciar dichas semanas cotizadas, ni el salario promedio, puesto que la obtención de esa información no puede verse reflejada a simple vista por el funcionario que la realiza.
Máxime que del escrito de ofrecimiento de pruebas (visible a fojas 44 a 48 del expediente laboral), se observa que los documentos sobre los cuales se ofreció dicho medio de convicción, consistentes en los avisos de inscripción, avisos de baja, avisos de modificación de salarios, registros patronales, avisos de alta al régimen obligatorio del Seguro Social, no son aquellos de los cuales pueda desprenderse, con base en la simple observación, las semanas cotizadas y el promedio de salarios, sin que se realicen las operaciones aritméticas correspondientes.
Apoya a la anterior consideración, la jurisprudencia VII.2o.T. J/9 (10a.), emitida por este tribunal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 40, Tomo IV, marzo de 2017, página 2544 y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 3 de marzo de 2017 a las 10:06 horas, con el número de registro digital: 2013799, del contenido siguiente:
"PRUEBA DE INSPECCIÓN EN EL JUICIO LABORAL. NO ES LA IDÓNEA PARA ACREDITAR LAS SEMANAS COTIZADAS NI EL SALARIO PROMEDIO DE LAS ÚLTIMAS 250 SEMANAS DE COTIZACIÓN PARA LA OBTENCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS PENSIONES POR INVALIDEZ, VEJEZ Y CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. De conformidad con los artículos 138 y 146 de la Ley del Seguro Social derogada, a fin de disfrutar de una pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, el asegurado debe tener reconocidas un mínimo determinado de semanas cotizadas, entre otros requisitos; asimismo, de los numerales 136, 142, 147 y 167 de la referida ley, se advierte que el salario que sirve de base para determinar la cuantía básica de esas pensiones es el que corresponde al promedio de las últimas 250 semanas de cotización. Por otra parte, la prueba de inspección prevista en los artículos 827 y 829, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, tiene por objeto verificar, por conducto del servidor público facultado para ello, aquellos hechos que no requieren de conocimientos técnicos, científicos o artísticos especiales, y de los cuales pueda darse fe, tales como la existencia de documentos, cosas o lugares y sus características perceptibles a través de los sentidos, principalmente el de la vista. En esas condiciones, la prueba referida no resulta idónea para determinar, per se, la suma total de semanas cotizadas, ni el salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización requeridas para la procedencia y cuantificación de las pensiones por invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada, toda vez que esa información no puede apreciarla a simple vista el funcionario que realiza la inspección, sino que para ello, deben efectuarse determinadas operaciones aritméticas, esto es, para obtener la cantidad total de semanas cotizadas deben sumarse cada una de éstas y para determinar el promedio salarial, deben sumarse los salarios registrados de las últimas 250 semanas de cotización, y después dividir la cantidad resultante entre ese número de semanas; de ahí que, la prueba de inspección, dado su objeto y naturaleza, es inadecuada para demostrar tales aspectos."
De ahí lo ineficaz de los motivos de disenso en estudio.
En cambio, en la anunciada suplencia de la queja deficiente, este tribunal considera contraria a derecho la determinación de la Junta Federal de calcular la pensión de vejez con base en lo dispuesto en el artículo 168 de la derogada Ley del Seguro Social, bajo el argumento de que el actor no acreditó en el sumario natural que su salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas cotizadas fuera de **********, lo que implicó que no tomara como base para su cuantificación ese salario y sí el de **********, que es el salario mínimo general que estaba vigente al inicio de la pensión en el entonces Distrito Federal, es decir, en el año dos mil nueve.
Lo anterior es así, en razón de que la autoridad responsable perdió de vista que conforme a lo expuesto en párrafos anteriores, la carga de la prueba para justificar el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización le correspondía al Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que si en el caso tal situación no aconteció, ello en modo alguno debe depararle perjuicio al trabajador.
Con la aclaración de que tal circunstancia tampoco significa que deba tenerse por cierto en automático el salario aducido por el obrero en su escrito de demanda, si éste resulta inverosímil; aspecto que se analiza en el caso, en virtud que, con independencia de las cargas procesales, tanto las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como los tribunales de amparo, tienen la obligación de resolver los asuntos del índole laboral, a verdad sabida y buena fe guardada, apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas y formulismos con relación a las pruebas aportadas por las partes, expresando los motivos y fundamentos legales en que se apoyen, siendo claros, precisos y congruentes con la demanda y contestación, y demás pretensiones deducidas en juicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo.
En efecto, si bien al Instituto Mexicano del Seguro Social le corresponde demostrar el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización de sus asegurados, bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, se tendrá por presuntivamente cierto lo expuesto por el trabajador en los hechos de su demanda; sin embargo, esta regla no puede tener aplicación, cuando la falta de cumplimiento de ese débito procesal conduce a resultados absurdos, ilógicos o inverosímiles, por no corresponder o ser excesivo el sueldo argumentado por el asegurado, en relación con las funciones que afirmó desempeñaba, su cargo, su edad o la época en la cual estuvo inscrito en el Régimen Obligatorio del Seguro Social; supuesto en el cual, las autoridades obreras estarán obligadas a apartarse del resultado formalista y resolver con apego a la verdad material deducida de la razón, apreciando los hechos y pruebas en conciencia, estando facultadas, inclusive, para ordenar la apertura del incidente de liquidación cuando la institución de seguridad social no haya logrado demostrar el salario promedio del actor, conforme a lo dispuesto en el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, exponiendo para tal efecto, los fundamentos y razonamientos lógico jurídicos del porqué se arribó a esa conclusión.
En esa tesitura, este órgano de control constitucional llega a la convicción de que en todos los casos en los cuales se reclame el otorgamiento de una prestación de seguridad social, como en la especie, las autoridades jurisdiccionales, tanto ordinarias como de control constitucional, deben analizar el alcance probatorio de lo afirmado por el trabajador en torno a su salario promedio de cotización, a fin de establecer si el mismo se funda en circunstancias acordes a la realidad de los hechos y, por ende, si su dicho es apto o no para demostrar ese aspecto, aun cuando la demandada no justifique sus excepciones, o no lo controvierta.
Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, el criterio adoptado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de sustitución de jurisprudencia 8/2015, en la cual estableció que las autoridades jurisdiccionales laborales están facultadas para realizar un juicio de verosimilitud cuando el salario indicado por el trabajador en su demanda, de acuerdo con la categoría que ocupaba, resulte excesivo; mismo que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 39/2016 (10a.), de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 1363, Libro 29, Tomo II, abril de 2016, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 15 de abril de 2016 a las 10:30 horas», que se aplica por analogía, y se lee:
"SALARIO. LA JUNTA PUEDE HACER UN JUICIO DE VEROSIMILITUD SOBRE SU MONTO AL CONSIDERARLO EXCESIVO, CUANDO SE HAYA TENIDO POR CIERTO EL HECHO RELATIVO, ANTE LA FALTA DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA POR PARTE DEL PATRÓN. De los artículos 784, fracción XII, 804, fracción II, 873 y 879 de la Ley Federal del Trabajo vigente hasta el 30 de noviembre de 2012, se sigue que ante la incomparecencia del patrón demandado a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, a pesar de tener conocimiento de las consecuencias que de ello derivan, se tendrá por cierto el hecho relativo al monto del salario que adujo percibir en su demanda el trabajador actor. No obstante ello, en atención a lo previsto en el artículo 841 del ordenamiento aludido, acorde con el cual, las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben dictar los laudos que conforme a derecho procedan a verdad sabida y buena fe guardada, apreciando en conciencia los hechos sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos con relación a las pruebas aportadas por las partes, expresando los motivos y fundamentos legales en que se apoyen, siendo claros, precisos y congruentes con la demanda y la contestación, así como con las demás pretensiones deducidas en juicio, se llega a la conclusión de que las autoridades jurisdiccionales laborales están facultadas para realizar el juicio de verosimilitud cuando el salario indicado por el trabajador en su demanda, de acuerdo con la categoría que ocupaba, resulte excesivo, no obstante que se haya tenido por contestada la demanda en sentido afirmativo."
Sin que sea óbice a su aplicación, que en ese criterio se haga referencia a la obligación de analizar la verosimilitud del salario ordinario indicado por el trabajador, aun cuando el patrón no dé contestación a la demanda laboral; pues lo que aquí se recoge es su argumento toral, que resulta extensivo, partiendo de la base de que el salario promedio de cotización de los asegurados, deriva de la información que la parte patronal proporciona al Instituto Mexicano del Seguro Social, en términos de lo dispuesto en el artículo 32, párrafo primero, de la Ley del Seguro Social, vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, que al efecto establece: "El salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, y las gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por sus servicios..."; lo que resulta semejante al salario integrado que regula el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, a que se refiere la jurisprudencia invocada.
Así lo ha sostenido este tribunal al resolver los amparos directos **********, **********, ********** y **********, lo que dio lugar a que este Pleno aprobara la jurisprudencia VII.2o.T. J/25 (10a.), pendiente de publicación, bajo el título y subtítulo: "SALARIO PROMEDIO DE COTIZACIÓN. ES LEGAL QUE TANTO LOS TRIBUNALES DE TRABAJO COMO DE AMPARO ESTUDIEN LA VEROSIMILITUD DE SU MONTO CUANDO SE CONSIDERE EXCESIVO, A FIN DE CUANTIFICAR LAS PENSIONES QUE PREVÉ LA LEY DEL SEGURO SOCIAL."
Precisado lo anterior, de las constancias que integran el juicio laboral, se aprecia que el actor, en los hechos de su demanda, en torno al tema que se analiza, manifestó que prestó sus servicios de manera ininterrumpida para la empresa **********, por más de ********** años; que posteriormente laboró para ********** del **********; que del **********, trabajó para **********; que del **********, laboró para ********** y "...posteriormente ingresó a laborar para la empresa **********", hasta el **********.
Para sustentar su afirmación, el aquí quejoso en el sumario natural ofreció el aviso de inscripción ante el instituto demandado, con fecha de recibido de veintiuno de agosto de dos mil uno, del que se advierte fue dado de alta por la persona moral **********, con un salario base de cotización de **********, con la categoría de ********** (foja 51); de igual manera ofertó diverso aviso de inscripción, con fecha de recibido de **********, del que se advierte fue dado de alta por **********, con un salario base de cotización de **********, con la categoría de **********. (foja 51)
De igual manera aportó el informe a cargo del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el cual obra a fojas trescientos veinticuatro a trescientos veintisiete del sumario natural, del que se desprende, en lo que interesa, que el actor aportó en el año de **********, ********** bimestres; en
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27629-ac7ed3c9/salario-promedio-de-cotizacion-a-fin-de-cuantificar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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