PRUEBA DE INSPECCIÓN EN EL JUICIO LABORAL. NO ES LA IDÓNEA PARA ACREDITAR LAS SEMANAS COTIZADAS NI EL SALARIO PROMEDIO DE LAS ÚLTIMAS 250 SEMANAS DE COTIZACIÓN PARA LA OBTENCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS PENSIONES POR INVALIDEZ, VEJEZ Y CESANTÍA EN EDAD AVANZADA.
AMPARO DIRECTO 124/2016. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 17 DE NOVIEMBRE DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ARTURO NAVARRO PLATA, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO POR LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SECRETARIO: RENATO DE JESÚS MARTÍNEZ LEMUS.
CONSIDERANDO:
OCTAVO.-Cabe destacar que quien acude al juicio de amparo principal es el **********, en su calidad de ente asegurador, motivo por el cual los conceptos de violación hechos valer deben ser analizados bajo el principio de estricto derecho pues, en el caso, no se da ninguno de los supuestos del artículo 79 de la Ley de Amparo para que opere la figura de la suplencia de la queja deficiente en su favor, porque:
A) En materia laboral, únicamente procede en beneficio de la clase obrera -cuando lo beneficie-, no así de la patronal ni entidades de seguridad social (fracción V, párrafo segundo).
B) No se advierte que el acto reclamado se encuentre fundado en una ley declarada inconstitucional (fracción I).
C) Tampoco se observa que la parte quejosa se encuentre en condiciones de pobreza o marginación que la ubique en desventaja social para la defensa en el juicio (fracción VII).
Apoya a la anterior consideración la jurisprudencia IV.3o.T. J/96, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, que se comparte, publicada en la página 1225, Libro XVII, Tomo 2, febrero de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto:
"INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. AUN CUANDO ACTÚE COMO ÓRGANO ASEGURADOR, NO PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE A SU FAVOR, NI AUN EXCEPCIONALMENTE, TRATÁNDOSE DE UNA VIOLACIÓN MANIFIESTA DE LA LEY QUE LO HAYA DEJADO SIN DEFENSA.-En materia laboral, la suplencia de la queja procede exclusivamente a favor del trabajador que acude al juicio de garantías como parte quejosa o como recurrente, cuando exista deficiencia en sus conceptos de violación planteados en la demanda o en su escrito de agravios, de conformidad con el artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo. En ese sentido, tratándose de los juicios en los que el Instituto Mexicano del Seguro Social sea parte como órgano asegurador, y solicite la suplencia de la queja, ésta resulta improcedente, pues únicamente se justifica a favor del trabajador con el fin de tutelar sus derechos laborales, de conformidad con el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal del Trabajo que regulan la relación laboral como un derecho de clases, lo que se traduce en que el juzgador federal resuelva la litis constitucional que incide en el ámbito laboral atendiendo a los fines de la justicia distributiva, confiriendo un trato igual a los iguales que permita velar por la constitucionalidad de los actos emitidos por los órganos del Estado que afectan derechos laborales y la necesidad de proteger la subsistencia del trabajador o asegurado y la de su familia, conforme lo ha establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 42/97, derivada de la contradicción de tesis 61/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, septiembre de 1997, página 305, de rubro: ‘SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA A FAVOR DE LA PARTE PATRONAL, IMPROCEDENCIA DE LA.’. Por tanto, ni excepcionalmente, como lo ha estimado nuestro Máximo Tribunal del País puede suplirse la deficiencia de la queja, ya que ésta sólo aplica para la parte patronal cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales; mas no cuando se trate de una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa."
Así como la tesis I.6o.T. J/40, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que también es compartida, localizable en la página 1033, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee:
"SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL. RESULTA INOPERANTE A FAVOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, AUN CUANDO ACTÚE COMO ÓRGANO ASEGURADOR.-La interpretación del artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, que determina: ‘Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente: ... IV. En materia laboral, la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador.’, lleva a la conclusión de que en materia laboral no es posible suplir la deficiencia de la queja en una demanda de juicio de amparo en favor de parte distinta del trabajador o persona análoga; así, en los juicios laborales en los que el Instituto Mexicano del Seguro Social sea parte como órgano asegurador, no procede la suplencia de la queja en su favor, pues ésta únicamente se justifica en favor del trabajador o, en el caso, del asegurado, en tanto que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger la subsistencia del trabajador o asegurado y de su familia."
Asimismo, por similitud de razón, la jurisprudencia 2a./J. 158/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de diciembre de 2015 a las 10:30 horas, con registro digital: 2010624, de título, subtítulo y texto siguientes:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO LABORAL. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SÓLO OPERE EN BENEFICIO DEL TRABAJADOR, NO VULNERA EL DERECHO HUMANO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. El artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, sustituido por el numeral 79, fracción V, de ley de la materia en vigor al día siguiente, al prever expresamente que la suplencia de la queja deficiente en materia laboral procede sólo a favor del trabajador, es producto de los procesos históricos de reforma constitucional y legal, cuya distinción de trato, en relación con el patrón, radica en que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos, derivado de que: a) el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo regulan la relación laboral como un derecho de clases; b) el patrón tiene mayores posibilidades económicas, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados y, al tener la administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio; y, c) la protección a bienes elementales tiene como base el hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, con todo lo que lleva implícito, depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral; motivo por el cual se le liberó de la obligación de ser experto en tecnicismos jurídicos, lo que contribuyó, por un lado, a que no se obstaculizara la impartición de justicia y, por otro, a la salvaguarda de los derechos fundamentales consagrados en el referido artículo 123 de la Carta Magna. En esas condiciones, la Segunda Sala reitera el criterio de la jurisprudencia 2a./J. 42/97 (*), en el sentido de que es improcedente la suplencia de la queja deficiente a favor del patrón, inclusive bajo el contexto constitucional sobre derechos humanos imperante en el país, y en consecuencia, la circunstancia de que sólo opere en beneficio del trabajador, no vulnera el de igualdad y no discriminación, porque la distinción de trato en referencia con el trabajador está plenamente justificada y, por lo mismo, resulta proporcional, es decir, sí guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, dado que tal diferenciación constituye una acción positiva que tiene por objeto medular compensar la situación desventajosa en que históricamente se ha encontrado la clase trabajadora frente a la patronal."
Los conceptos de violación formulados por la parte quejosa devienen parcialmente fundados, los cuales se analizarán en forma conjunta ante su estrecha vinculación, en términos de lo establecido en el numeral 76 de la Ley de Amparo.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VI.2o.C.248 K, que se comparte, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, observable en la página 1415, Tomo XXIV, septiembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO."; luego, habrá de concederse la protección constitucional peticionada.
De entrada, la parte quejosa sostiene en su primer concepto de violación, que el laudo que combate vulnera los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, pues no se trató de un laudo dictado a verdad sabida ni buena fe guardada, ya que no apreció los hechos a conciencia ni analizó detenidamente el material probatorio aportado por la parte quejosa; sobre todo porque el acto reclamado no es congruente con la demanda y contestación a ésta.
Lo anterior es así -dice el impetrante de tutela federal-, en razón de que la Junta del conocimiento le otorgó pleno valor probatorio a diversas documentales ofrecidas por el laborioso; en consecuencia, dictó un laudo condenatorio en su perjuicio.
Ello -menciona la parte quejosa-, pues el actor ofreció bajo los números 4, 5 y 14 de su escrito de pruebas, copia de diversos documentos tendientes a acreditar movimientos afiliatorios que no fueron reconocidos por el quejoso.
Asimismo, -dice el impetrante de amparo- que la parte actora ofreció el medio de perfeccionamiento de dichas documentales, consistente en el cotejo y compulsa con su original, mismos que exhibió ante la autoridad responsable al momento del ofrecimiento de las copias de dichas documentales, sin que se fundara en precepto legal alguno el medio de perfeccionamiento realizado.
Por ende, la parte quejosa objetó dichas documentales en autenticidad, literalidad y contenido, ya que se trataba de copias fotostáticas simples, que pueden ser objeto de alteración por parte de su oferente.
Sin embargo, los artículos 797 y 798 de la Ley Federal del Trabajo, que dicen:
"Artículo 797. Los originales de los documentos privados se presentarán por la parte oferente que los tenga en su poder; si éstos se objetan en cuanto a contenido y firma se dejarán en autos hasta su perferccionamiento (sic); en caso de no ser objetados, la oferente podrá solicitar la devolución del original, previa copia certificada en autos."
"Artículo 798. Si el documento privado consiste en copia simple o fotostática se podrá solicitar, en caso de ser objetado, la compulsa o cotejo con el original; para este efecto, la parte oferente deberá precisar el lugar donde el documento original se encuentre."
Permiten concluir que las partes pueden ofrecer como prueba documental, documentos en original y documentos en copia.
En esas condiciones -señala la parte quejosa-, si el oferente de la prueba tiene en su posesión la documental que va a ofrecer en juicio como prueba en original (con firmas originales), debe ofrecer su medio de perfeccionamiento de ratificación de contenido y firma a cargo de las personas que hayan signado el documento en cuestión.
Por otro lado -dice el instituto quejoso-, si el oferente tiene en su posesión la documental que va a ofrecer en juicio como prueba en copia, debe ofrecer su medio de perfeccionamiento de cotejo y compulsa, con su original, y señalar con precisión el lugar donde se encuentre el original del aludido documento, esto en virtud de que el oferente no tiene en su poder el original en mención.
Sin embargo, -señala el impetrante de amparo- que en total contravención a lo dispuesto en los artículos 797 y 798 de la Ley Federal del Trabajo, el actor en el juicio de origen, ofrece y exhibe como pruebas de su parte, bajo los números 4, 5 y 14 de su escrito de pruebas, diversos documentos en copia fotostática y ofrece como medio de perfeccionamiento su cotejo y compulsa con los originales que exhibió en el momento mismo en que exhibió las copias, solicitando se cotejaran en ese acto para que fueran perfeccionadas.
Por ende, concluye la parte quejosa, que tal ofrecimiento es ilegal, por no ajustarse a lo previsto por los numerales 797 y 798 de la Ley Federal del Trabajo, ya que si el actor tenía a su disposición los originales de las documentales marcadas con los números 4, 5 y 14, tuvo la obligación procesal de ofrecer y exhibir en juicio dichos originales y ofrecer como medio de perfeccionamiento de los mismos, la ratificación en contenido y firma a cargo de las personas que supuestamente firmaron dichos documentos.
Luego, el ofrecimiento realizado por la parte actora en el juicio de origen, fue con la intención, precisamente, de no ofrecer la ratificación de contenido y firma a cargo de las personas que supuestamente firmaron dichas documentales, con el objetivo doloso de que se privara a la parte quejosa del derecho a formular repreguntas a los supuestos signantes.
De ahí que la Junta del conocimiento en la hoja cinco del laudo tuviera por perfeccionadas dichas documentales, sin mencionar ni explicar el motivo por el que les da valor probatorio a pesar de haber sido objetadas en autenticidad; mucho menos fundó ni motivó la declaración realizada en el laudo.
Como consecuencia de lo anterior, la Junta del conocimiento tuvo por acreditado el contenido de las documentales 4, 5 y 14 y condenó al otorgamiento y pago de la pensión reclamada; situación que causó perjuicio al instituto quejoso.
En esa tesitura, la autoridad responsable debió tener por no perfeccionadas las documentales ofrecidas por el actor bajo los números 4, 5 y 14 de su escrito de pruebas, ya que el medio de perfeccionamiento no se encuentra ajustado a derecho y, en consecuencia, debió absolver al impetrante de amparo.
Los anteriores motivos de disenso devienen inoperantes en una parte e, infundados, en otra más.
En efecto, devienen inoperantes los conceptos de violación antes sintetizados, en razón de que resultan novedosos, pues la parte quejosa al momento de objetar el valor probatorio de las pruebas documentales 4, 5 y 14 del escrito de pruebas del actor, sólo mencionó:
"...Que en este acto se objetan todas y cada una de las pruebas ofrecidas por la parte actora en cuanto su alcance y valor probatorio que pretende darle a las mismas, en especial se objetan en cuanto autenticidad de contenido, la documental marcada con el número 4, además, aun en el caso que se le llegare a otorgar valor probatorio a estos documentos, los mismos no implican reconocimiento de semanas cotizadas, pues en el mejor de los casos sólo son tarjetas de afiliación que no implican cotizaciones reales y efectivas ante el régimen obligatorio del Seguro Social, pues para afiliarse basta acudir a cualquier oficina de afiliación y cualquier persona puede darse de alta, lo que puede corroborar y además es su obligación esta (sic) autoridad, ya que las cotizaciones no se comprueban con una tarjeta de afiliación, sino con las cuotas obrero-patronales que se integran por el patrón, el gobierno y los trabajadores, además debe desecharse la medida de perfeccionamiento por no ser la idónea, siendo que dichos documentos no tienen autorización del departamento de afiliación por lo que no se tiene la certeza que efectivamente hayan sido expedidos por el instituto que representa, además dichos documentos se refieren al periodo de tiempo cuyas semanas ya se le reconocieron y que consisten en ********** semanas que se le reconocen anteriores a su último movimiento afiliatorio, no las ha recuperado en virtud de no haber cotizado lo suficiente en su último ingreso, por lo que se les debe negar valor probatorio.
"Se objeta la documental 5 en autenticidad de contenido de literalidad de contenido y firma, además, la misma no implica cotizaciones reales y efectivas ante el seguro social, pues no abarca un triodo (sic) determinado dicha credencial ni se establece su vigencia debiéndose desechar la improcedente y defectuosa medida de perfeccionamiento, pues omite ofrecer la parte la ratificación de la persona que supuestamente firmó y autorizó dicha credencial, por lo que debe desecharse la medida de perfeccionamiento y negar valor probatorio a este documento..."
"...Se objeta en autenticidad de contenido, literalidad y firma así como los de la documental con el número 14, ya que la misma no implica cotizaciones reales y efectivas ante el régimen del seguro social..."
De ahí que este órgano jurisdiccional, por elemental técnica jurídica, no pueda abordar el estudio de dichos motivos de disenso en los términos como fue planteado por la parte quejosa, en virtud de que se estarían analizando cuestiones sobre las cuales la autoridad laboral no estuvo en aptitud legal de pronunciarse en el laudo; ello, por no formar parte de la litis en el juicio de origen.
Sin que se inadvierta que respecto de la objeción efectuada a la prueba documental 5 (cinco), la parte quejosa mencionó someramente que debía desecharse el medio de perfeccionamiento, pues el laborioso omitió ofrecer la ratificación de la persona que supuestamente firmó y autorizó la credencial de mérito; sin embargo, aun así el concepto de violación sigue siendo inoperante por novedoso, pues aquella manifestación confrontada con el motivo de disenso en análisis, se obtiene que no hay correlación entre ambas impugnaciones, pues la objeción realizada versó en el hecho de que la parte actora fue omisa en ofrecer la ratificación del documento, cuando el concepto de violación está construido sobre la base de que el actor tuvo a su alcance el documento original y no lo exhibió, sino que ofreció la copia fotostática de éste con el medio de perfeccionamiento de cotejo y compulsa con su original que tenía en su poder.
De ahí que, se insiste, aun cuando la parte quejosa hizo mención de la circunstancia de que el trabajador fue omiso en ofrecer la ratificación en contenido de la documental 5 (cinco), lo cierto es que lo propuesto ahora en el concepto de violación de la parte quejosa, esta última no lo hizo del conocimiento de la autoridad responsable para que se pronunciara al respecto; de ahí la inoperancia del motivo de disenso por novedoso.
Por ende, en atención al principio de congruencia, deben desestimarse los conceptos de violación como se aduce, por ser inoperantes, pues resultaría injustificado examinar la constitucionalidad o no del laudo combatido a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable.
Apoya la anterior consideración, lo sostenido en la jurisprudencia 290, emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 190, Tomo V, Parte SCJN, Séptima Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice:
"LITIS CONSTITUCIONAL, MATERIA DE LA.-Si las cuestiones que alega el quejoso no fueron materia de controversia ante la Junta, tampoco pueden serlo de la litis constitucional, en virtud de que la sentencia de amparo que se pronuncie sólo debe tomar en cuenta las cuestiones planteadas ante la autoridad jurisdiccional."
Así como la diversa VI.2o.A. J/7, que se comparte por identidad en las consideraciones, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, abril de 2005, materia administrativa, página 1137, de rubro y texto siguientes:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INOPERANCIA DE LOS QUE INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON PLANTEADOS EN EL JUICIO NATURAL.-Si en los conceptos de violación se formulan argumentos que no se plantearon ante la Sala Fiscal que dictó la sentencia que constituye el acto reclamado, los mismos son inoperantes, toda vez que resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de la sentencia combatida a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable, pues como tales manifestaciones no formaron parte de la litis natural, la Sala no tuvo la oportunidad legal de analizarlas ni de pronunciarse sobre ellas."
Además, los motivos de disenso previamente señalados también devienen inoperantes por insuficientes, pues el impetrante de amparo sostiene que con los anteriores medios de prueba (4, 5 y 14) -que dicho sea de paso- ni siquiera la parte quejosa señaló en qué consisten tales documentales, la Junta del conocimiento soportó la condena que pesa en su contra.
Sin embargo, del contenido del laudo reclamado se evidencia que la autoridad responsable no únicamente ponderó aquellos medios de convicción relativos a:
4) Dos credenciales del actor; una con número de seguridad social ********** de **********; otra con número de seguridad social ********** de **********, ambas expedidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
5) Credencial de trabajo de **********, expedida por la empresa **********.
14) Solicitud de inscripción al Registro Federal de Causantes, de **********, por la empresa **********.
Sino que para decretar la condena tildada de ilegal, la Junta del conocimiento también ponderó las diversas documentales 8), 9) y 10), consientes (sic) en:
8) Aviso de inscripción del trabajador-actor (forma No. 2-A), expedido por el departamento de afiliación del Instituto Mexicano del Seguro Social, de **********, inscrito en el régimen de seguridad social por la empresa **********.
9) Cuatro avisos de inscripción del trabajador-actor (forma No. 2-A), expedidos por el departamento de afiliación del Instituto Mexicano del Seguro Social, en diversas fechas como son: **********, inscripciones al régimen de seguridad social efectuadas por la empresa **********.
10) Dos hojas del sistema integral de aportaciones expedidas el **********, por el **********, a favor del actor laborioso, aportaciones efectuadas por las empresas **********.
Documentales que la parte quejosa ni siquiera impugna en sus conceptos de violación, pues sobre el particular el órgano jurisdiccional laboral estableció:
"...Las documentales que constan a fojas 55 a 56, 57, 58, 59 a 60, 61, 62 a 65, 66 a 67, 68, 69 a 70, 71 y 72, fueron perfeccionadas las resaltadas con negritas (foja 87), entonces, éstas, las resaltadas con negritas a la Junta le merecen valor probatorio, son útiles para justificar, entre otras cosas: que el demandado expidió a favor del oferente sendas tarjetas de afiliación de fechas **********; que **********, el **********, por conducto de una persona física expidió a favor del actor una credencial; **********, expidió a favor del asegurado una credencial el **********; el **********, en **********, el actor suscribió una solicitud de inscripción en el Registro Federal de Causantes. Las no perfeccionadas, esto es, las que no están resaltadas a la Junta no le merecen ningún valor probatorio.
"Las documentales consistentes en fotocopias que obran a fojas 61, 62 a 65, las que fueron cotejadas con sus originales (fojas 102 a 103, 94 y 104, respectivamente), las que son útiles para probar, entre otras cosas: **********, el **********, presentó un aviso de inscripción en el régimen obligatorio del seguro social, a favor del actor; en la misma forma, **********, el **********, presentó un aviso de inscripción en el régimen citado, a favor del actor; nuevamente ********** inscribe al oferente en el régimen básico de la seguridad social, el **********, modifica su salario en ********** de la misma anualidad; de igual manera el **********, la misma empresa modifica su salario. La documental, consistente en dos hojas del sistema integral de aportaciones (fojas 66 a 67), las que fueron cotejadas con su original (foja 104), entonces, son útiles para justificar que por parte de las empresas: **********, aportaron al Fondo Nacional de la Vivienda, por los años de **********, esto es, no aportaron las empresas mencionadas por todo el año de **********..."
De ahí que si el laudo reclamado se basa también en la valoración de tales medios de prueba y la parte quejosa no las impugnó, debe decirse que el concepto de violación resulta inoperante por insuficiente, porque no se advierte que haya combatido frontalmente esos aspectos fundamentales sostenidos en el laudo, ya que de acuerdo a la técnica que rige al juicio de amparo devienen inoperantes, cuando no se controvierten los aspectos medulares dados por la Junta del conocimiento para valorar las pruebas de trato.
Apoya a la anterior consideración, por similitud de razón, el criterio que se comparte contenido en la jurisprudencia IV.3o.A. J/4, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en la página 1138, Tomo XXI, abril de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA.-Resultan inoperantes los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo directo que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. De ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección constitucional solicitada."
Asimismo, el criterio que se comparte contenido en la jurisprudencia II.2o. J/7, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 41, Número 67, julio de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO RECLAMADO.-Si los conceptos de violación no atacan las consideraciones y fundamentos de la sentencia reclamada, el Tribunal Colegiado no está en condiciones de poder estudiar su constitucionalidad, pues ello equivaldría a suplir la deficiencia de la queja en un caso no permitido por la ley, por imperar el principio de estricto derecho en términos de los artículos 107 fracción II de la Constitución y 76 bis a contrario sensu, de la Ley de Amparo."
De igual forma, coadyuva a lo anterior el criterio que se comparte contenido en la jurisprudencia V.2o. J/49, autoría del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicado en la página 89, Número 61, enero de 1993, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y epígrafe siguientes:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES.-Si los conceptos de violación que hace valer el patrón quejoso, no combaten las consideraciones que rige el sentido del laudo reclamado, dichos conceptos resultan inoperantes."
De ahí que ante la falta de impugnación de las consideraciones expuestas por la responsable en el laudo, correctas o no, deben continuar rigiendo e influyendo en el asunto, porque los actos de autoridad y las sentencias se encuentran investidas de una presunción de validez que debe ser destruida.
Máxime que los argumentos expuestos en la demanda de amparo, sobre el tópico, no concretan algún razonamiento capaz de ser analizado, ni controvierten los razonamientos torales expuestos por la Junta del conocimiento, es por lo que dicho motivo de inconformidad resulta inoperante.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.4o.A. J/48, que se comparte, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 2121, Tomo XXV, enero de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto disponen:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES.-Los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez."
Bajo esa tesitura, deviene infundado el concepto de violación en que sostiene el instituto quejoso que la Junta del conocimiento no fundó ni motivó su actuar, pues contrario a lo argumentado, debe decirse que aquélla sí señaló que debido a que las documentales ofrecidas bajo los números 8), 9) y 10) se cotejaron con sus origin
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26994-dc0630ee/prueba-de-inspeccion-en-el-juicio-laboral-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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