PRUEBA DE INSPECCIÓN EN EL JUICIO LABORAL. POR REGLA GENERAL, NO ES IDÓNEA PARA ACREDITAR LAS SEMANAS COTIZADAS NI EL SALARIO PROMEDIO DE LAS ÚLTIMAS 250 SEMANAS DE COTIZACIÓN PARA LA OBTENCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS PENSIONES POR INVALIDEZ, VEJEZ Y CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, EXCEPTO CUANDO DE SU DESAHOGO SE ADVIERTE INFORMACIÓN APTA Y SUFICIENTE QUE DEMUESTRE ESOS ELEMENTOS [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA VII.2o.T. J/9 (10a.)].
AMPARO EN REVISIÓN 129/2018. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JORGE SEBASTIÁN MARTÍNEZ GARCÍA. SECRETARIO: JUAN MANUEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ.
CONSIDERANDO:
CUARTO.—Resultan ineficaces los agravios hechos valer contra la sentencia que se revisa, sin que suplidos en su deficiencia, acorde con lo dispuesto por el artículo 79, fracción V, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se pueda arribar a otra conclusión.
Para una mejor comprensión del tema, se estima necesario destacar brevemente los siguientes antecedentes del caso:
1. Mediante escrito presentado el veinte de junio de dos mil trece, ante la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz, ********** demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otras prestaciones, el otorgamiento de una pensión por cesantía en edad avanzada y vejez. (fojas uno a tres del tomo de pruebas)
2. Por auto de seis de septiembre de dos mil trece, la Junta responsable radicó el expediente bajo el número **********; previas diversas actuaciones dictó su laudo el trece de agosto de dos mil catorce, en cual condenó al instituto demandado al pago de una pensión por cesantía en edad avanzada y lo absolvió de otros reclamos. (fojas cuarenta y seis y cincuenta y dos ibídem)
3. Inconforme con tal resolución, el accionante promovió el juicio de amparo directo **********, del que conoció este tribunal, quien en sesión pública ordinaria de nueve de abril de dos mil quince, en su anterior integración, por unanimidad de votos, determinó conceder la protección constitucional (fojas 83-109 del tomo de pruebas), para los efectos siguientes:
"En las relatadas condiciones, al haber resultado violatorio de derechos fundamentales el laudo reclamado, se impone conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el laudo reclamado y en su lugar emita otro, en el que reitere lo que no fue materia de concesión (condena a la pensión de cesantía, a la asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica, así como al servicio de hospitalización; procedencia del pago de aguinaldo correspondiente a los años dos mil doce y dos mil trece; y, absolución al pago de pensión de vejez); asimismo, determine que el contenido de la hoja de certificación de derechos exhibida por la parte demandada, se encuentra desvirtuado con las pruebas ofrecidas por el trabajador; hecho lo cual, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda en relación al monto del salario promedio que será el que determine el cuantum de la pensión y aguinaldo, subsanando la incongruencia advertida, teniendo en consideración que la fecha de inicio de su pensión no podrá ser posterior a la del veintinueve de febrero de dos mil doce que se reconoce en el laudo y que el Instituto Mexicano del Seguro Social no combate, incluso, en sus conceptos de violación." (foja 106 del tomo de pruebas)
4. En acatamiento a la ejecutoria de amparo en mención, la Junta responsable dejó insubsistente el laudo reclamado y, en su lugar, emitió uno nuevo el treinta de abril de dos mil quince (fojas 116-118), en el que nuevamente condenó al instituto demandado al pago de una pensión por cesantía en edad avanzada a favor del actor, a partir del veintinueve de febrero de dos mil doce; asimismo, ordenó abrir el incidente de liquidación respectivo, con el fin de establecer el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas cotizadas y el número total de semanas reconocidas al actor.
5. Inconforme con ese fallo, el instituto demandado promovió el diverso juicio de amparo directo ********** del índice de este órgano jurisdiccional, quien en sesión pública ordinaria de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, en su anterior integración, por unanimidad de votos, negó el amparo solicitado. (fojas 172-191 del tomo de pruebas)
6. Por auto de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, la autoridad responsable tuvo al actor solicitando la apertura del incidente de liquidación (foja 203), en el cual, previas diversas actuaciones, mediante resolución de dos de marzo de dos mil dieciocho (acto reclamado), determinó lo siguiente:
"Primero.—En el incidente de liquidación que se resuelve: la parte actora probó parcialmente la procedencia de su planilla de liquidación, en los mismos términos, la parte demandada justificó sus excepciones y defensas, relativas a la planilla de liquidación propuesta por su contraparte.
"Segundo.—En el incidente que nos ocupa, se cuantifica en un gran total de ********** salvo error u omisión de carácter aritmético; en consecuencia se condena al Instituto Mexicano del Seguro Social a que pague al actor la cantidad antes descrita, por concepto de pensión de cesantía en edad avanzada por el periodo comprendido del 29 de febrero de 2012 al 28 de febrero de 2018; sin perjuicio de las cantidades que por este concepto e incrementos, que en su caso se generen conforme a lo establecido en el artículo 172 de la Ley del Seguro Social; y hasta que la demandada lo incluya en la nómina de los jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora bien, la pensión de cesantía de edad avanzada, actualizada a la presente resolución asciende a la cantidad de ********** mensuales.
"Así también, se condena al instituto reo, al pago de aguinaldo, de la pensión de cesantía e incrementos, por los años: 2012 al 2017, lo que arroja un total de **********. Salvo error u omisión de carácter aritmético; sin perjuicio de las cantidades que por este concepto, que (sic) en su caso generen..." (fojas 224-227 ibídem)
7. Contra dicha resolución, el trabajador promovió juicio de amparo indirecto, donde mediante sentencia terminada de engrosar el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, el a quo determinó negar la protección de la Justicia Federal solicitada; determinación que constituye la materia del presente recurso de revisión.
Hasta aquí los antecedentes más relevantes del presente asunto.
Ahora bien, en principio debe desestimarse lo alegado por el recurrente en el sentido de que el Juez de Distrito violó en su perjuicio lo previsto en los numerales 14 y 16 de la Constitución Federal; ello es así, en razón de que según ha sido considerado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 2/97, cuyos rubro y texto a continuación se citan e identifican, los motivos de agravio esgrimidos en un recurso de revisión, en el que la parte recurrente alega, esencialmente, que el Juez Federal al emitir la sentencia violó sus derechos fundamentales, deben reputarse como inoperantes, ya que siendo el recurso de revisión un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, con el objeto de que el tribunal de segundo grado vuelva a analizar los motivos y fundamentos que aquél tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos; luego, a través del recurso de revisión, técnicamente no deben analizarse los agravios planteados en ese sentido, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña, ya que si así se hiciera, se trataría al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo.
El criterio jurídico del que se acaba de dar noticia, aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, enero de 1997, página 5, registro digital: 199492, del siguiente contenido:
"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.—Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."
De igual manera se invoca como apoyo a lo antes apuntado, la tesis aislada II.2o.C.2 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que se comparte, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Tomo 4, octubre de 2012, materia(s): constitucional y común, página 2624, registro digital: 2001960, de rubro y texto:
"JUZGADORES DE AMPARO. NO PUEDEN INCURRIR EN TRANSGRESIÓN A LOS DERECHOS CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS DE TODA PERSONA, PUES LOS SALVAGUARDAN Y OBRAN EN SU DEFENSA COMO ÓRGANOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL.—Es de reconocido derecho que los Jueces de Distrito al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen funciones propias de control constitucional y de legalidad, pues dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio según su criterio y responsabilidad. Así, a juicio de las partes pueden infringir algunos preceptos legales en agravio de los gobernados. De consiguiente, aun cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no se intenta como un medio de control constitucional autónomo a través del cual pudiera examinarse la violación alegada a los derechos y garantías que reconoce la Constitución Fundamental y que se aduzca infringiera el Juez de Distrito, quien actúa en su defensa, las tutela y salvaguarda, pues la revisión en la segunda instancia del juicio constitucional tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, porque a través de dicho recurso el Tribunal Colegiado competente, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose, en ciertos casos, al alcance de los agravios expuestos. Luego, en tal secuencia lógica y jurídica, al resolver sobre ello vía el recurso de revisión, técnica y legalmente deben declararse inoperantes los agravios referentes a que el Juez de Distrito violara los derechos que consagra la Constitución Federal al conocer y decidir en un juicio de amparo, por la naturaleza de ese medio de defensa, pues si así se hiciera, se convertiría al Juez Federal del conocimiento en otra autoridad responsable y se desnaturalizarían las reclamaciones respectivas en orden con lo alegado en el juicio de amparo."
En otro apartado de sus motivos de inconformidad, la parte inconforme aduce que el Juez Federal no analizó debidamente lo que manifestó en su ocurso constitucional, ya que al negarle la protección de la Justicia Federal solicitada quedará firme la resolución del incidente reclamada, por lo que se le pagaría la cantidad precisada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual no tiene asidero jurídico, trayendo como consecuencia que quede en una situación económica perjudicial.
Resulta infundado el argumento antes destacado, pues de la lectura de la resolución reclamada, se aprecia que la Junta Federal desestimó la planilla de liquidación que el instituto demandado presentó en el incidente respectivo, en los términos siguientes:
"...es de considerarse que la carga de la prueba en el presente incidente, le corresponde a la parte demandada, conforme a lo que disponen los artículos 784 y 804 de la Ley Federal del Trabajo; ahora bien, analizando la planilla de liquidación ofrecida por ésta, la misma resulta improcedente, toda vez que en la cuantificación que realiza y que ofrece a la parte actora, no se indican los incrementos previstos en el artículo 172 de la anterior Ley del Seguro Social, ni se señala el pago por concepto de aguinaldo; por otra parte, si bien es cierto que para acreditar el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización, ofreció como medio de prueba la documental consistente en la hoja de certificación de derechos, a nombre del hoy inconforme (foja 212) de los autos, de donde se advierte que el emolumento intermedio de las últimas 250 semanas de cotización es de $323.59 pesos; a este respecto es de tomarse en consideración que se trata de un instrumento unilateral elaborado por la propia estatal que sólo la obliga a ella, porque es quien lo suscribió, en el que nunca aparece la intervención del diligente, por lo que carece de eficacia probatoria para tomarla en consideración para acreditar tales extremos..." (fojas 224 vuelta y 225 del tomo de pruebas)
Como se aprecia de la transcripción anterior, la autoridad laboral determinó negarle todo valor probatorio a la planilla de liquidación ofrecida por la parte demandada, bajo las consideraciones relativas a que no se indicaban los incrementos previstos en el artículo 172 de la Ley del Seguro Social derogada, ni se señalaba el pago por concepto de aguinaldo; de igual manera desestimó la hoja de certificación de derechos que presentó el instituto demandado, porque consideró que se trataba de un instrumento unilateral que sólo obligaba a quien lo suscribió; de ahí que no es verdad que en la resolución incidental se haya establecido que la cantidad a cubrir al actor por conceptos de pensiones vencidas y aguinaldos haya sido la señalada por su contraparte en el sumario de origen.
Además, la Junta Federal también precisó que tampoco era posible tomar en cuenta la planilla de liquidación que al efecto había ofrecido el actor, en razón de que realizó las cuantificaciones con base en la cantidad de **********, pues era equivalente a un emolumento diario y no el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización, lo cual es correcto, como bien lo apreció el a quo en su sentencia.
Sirve como apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 85/2010, también invocada por el juzgador primario, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 311, Tomo XXXII, julio de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital: 164218, de rubro y contenido:
"SEGURO SOCIAL. EL SALARIO PROMEDIO DE LAS ÚLTIMAS 250 SEMANAS DE COTIZACIÓN, BASE PARA CUANTIFICAR LAS PENSIONES POR INVALIDEZ, VEJEZ Y CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, TIENE COMO LÍMITE SUPERIOR EL EQUIVALENTE A 10 VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL, ACORDE CON EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997.—De los artículos 136, 142, 147 y 167 de la referida ley, deriva que el salario diario que sirve de base para determinar la cuantía básica de las pensiones por invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada, es el que corresponde al promedio de las últimas 250 semanas de cotización. Por otra parte, el numeral 33 de la misma legislación establece como límite superior al salario base de cotización el equivalente a 25 veces el salario mínimo general vigente que rija en el Distrito Federal, excepto para los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, que tendrán como límite superior el correspondiente a 10 veces el referido salario; en el entendido de que aquel límite rige para los seguros de enfermedad general y maternidad. Así, cada rama de aseguramiento tiene autonomía financiera y los recursos no pueden sufragar ramas distintas, de manera que los generados para los seguros de enfermedad general y maternidad serán encauzados para ampliar su cobertura, aumentar la eficacia de los servicios médicos y continuar con la reposición y modernización del equipo, mientras que los de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte serán canalizados para financiar el otorgamiento de las pensiones respectivas, de ahí que el límite previsto a este último debe aplicarse al salario promedio de las 250 semanas de cotización, que sirve de base para cuantificar las pensiones correspondientes."
Por otra parte, cabe señalar que no pasa inadvertida para este tribunal la circunstancia de que el Juez de Distrito validó el hecho de que la Junta del conocimiento estableciera el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas cotizadas y el número total de semanas reconocidas al actor con base en la prueba de inspección desahogada el doce de agosto de dos mil dieciséis, en el incidente de liquidación, cuando este tribunal en la jurisprudencia VII.2o.T. J/9 (10a.), sostuvo que ese medio de convicción no es idóneo para tales fines, ya que esa información no puede apreciarla a simple vista el funcionario que la realiza, sino que para ello, deben efectuarse determinadas operaciones aritméticas, esto es, para obtener la cantidad total de semanas cotizadas deben sumarse cada una de éstas y para determinar el promedio salarial, deben sumarse los salarios registrados de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización, y después dividir la cantidad resultante entre ese número de semanas; de ahí que la referida prueba, dado su objeto y naturaleza, se estimó inadecuada para demostrar dichos aspectos.
El criterio en comento, se encuentra publicado en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Tomo IV, marzo de 2017, página 2544 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 3 de marzo de 2017 a las 10:06 horas», registro digital: 2013799, de título, subtítulo y contenido:
"PRUEBA DE INSPECCIÓN EN EL JUICIO LABORAL. NO ES LA IDÓNEA PARA ACREDITAR LAS SEMANAS COTIZADAS NI EL SALARIO PROMEDIO DE LAS ÚLTIMAS 250 SEMANAS DE COTIZACIÓN PARA LA OBTENCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS PENSIONES POR INVALIDEZ, VEJEZ Y CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. De conformidad con los artículos 138 y 146 de la Ley del Seguro Social derogada, a fin de disfrutar de una pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, el asegurado debe tener reconocidas un mínimo determinado de semanas cotizadas, entre otros requisitos; asimismo, de los numerales 136, 142, 147 y 167 de la referida ley, se advierte que el salario que sirve de base para determinar la cuantía básica de esas pensiones es el que corresponde al promedio de las últimas 250 semanas de cotización. Por otra parte, la prueba de inspección prevista en los artículos 827 y 829, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, tiene por objeto verificar, por conducto del servidor público facultado para ello, aquellos hechos que no requieren de conocimientos técnicos, científicos o artísticos especiales, y de los cuales pueda darse fe, tales como la existencia de documentos, cosas o lugares y sus características perceptibles a través de los sentidos, principalmente el de la vista. En esas condiciones, la prueba referida no resulta idónea para determinar, per se, la suma total de semanas cotizadas, ni el salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización requeridas para la procedencia y cuantificación de las pensiones por invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada, toda vez que esa información no puede apreciarla a simple vista el funcionario que realiza la inspección, sino que para ello, deben efectuarse determinadas operaciones aritméticas, esto es, para obtener la cantidad total de semanas cotizadas deben sumarse cada una de éstas y para determinar el promedio salarial, deben sumarse los salarios registrados de las últimas 250 semanas de cotización, y después dividir la cantidad resultante entre ese número de semanas; de ahí que, la prueba de inspección, dado su objeto y naturaleza, es inadecuada para demostrar tales aspectos."
Sin embargo, una nueva reflexión de este tribunal en torno al tema, permite concluir y aclarar que el criterio jurídico en consulta debe constituir sólo una regla general que por lo mismo permite excepciones, siendo una de ellas ese supuesto que se da cuando la información que se obtenga en el desahogo de la prueba de inspección practicada por el actuario de la Junta laboral se puedan desprender elementos suficientes para establecer con precisión, tanto el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización de la parte trabajadora, como el número total de semanas que cotizó, como pudiera ser, a manera de ejemplo: que los documentos sobre los cuales se ofreció dicho medio de convicción, consistentes en los avisos de inscripción, avisos de baja, avisos de modificación de salarios, registros patronales, avisos de alta al régimen obligatorio del seguro social, catálogo de avisos originales o del Sistema Integral de Derechos y Obligaciones (SINDO), puedan apreciarse los periodos de cotización y el monto de los salarios con los que estuvo dado de alta el trabajador y que el actuario refleje dicha información en el acta que al efecto lleve a cabo o que anexe a la misma documentos de los que se aprecien los datos en comento, para que con los mismos, la autoridad laboral, al momento de valor (sic) el medio de convicción de que se trata pueda establecer con plena certeza el salario promedio y el total de semanas cotizadas por la parte trabajadora; hipótesis que no está contemplada en la jurisprudencia de este tribunal, por lo que el referido criterio no es aplicable al particular, pues no contiene prevista la excepción a la regla antes destacada.
En estas condiciones, justamente en este caso concreto es que se actualiza la excepción a la regla en comento, ya que en el desahogo de la prueba de inspección el actuario hizo constar diversos datos, como fueron los registros patronales, periodos y salario base de cotización del actor, de los cuales la Junta obtuvo información idónea y suficiente para determinar los elementos citados en primer término, tal como se observa de la imagen siguiente:
SE SUPRIMEN IMÁGENES
(fojas 221 y 222 del tomo de pruebas).
De ahí que se estime correcto que el Juez Federal avalara la decisión de que la autoridad laboral, para considerar apegada a derecho la apreciación de que el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas cotizadas y el número total de semanas reconocidas al actor se probaron con el resultado de la prueba de inspección de que se trata, practicada en los términos y alcances explicados por el fedatario, actuario adscrito a la Junta responsable.
Por otro lado, tampoco es verdad que la Junta del conocimiento determinara el pago de una cantidad incorrecta que deje al recurrente en una "situación económica perjudicial", como lo aduce en sus agravios, si se tiene en cuenta lo que a continuación se expone.
Los artículos 143, 144, 164, fracción I, 167 y 171 de la Ley del Seguro Social, vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, en su orden, disponen:
"Artículo 143. Para los efectos de esta ley, existe cesantía en edad avanzada cuando el asegurado quede privado de trabajos remunerados después de los sesenta años de edad."
"Artículo 144. La contingencia consistente en la cesantía en edad avanzada obliga al instituto al otorgamiento de las siguientes prestaciones:
"I. Pensión;
"II. Asistencia médica, en los términos del capítulo IV de este título;
"III. Asignaciones familiares, de conformidad con lo establecido en la sección séptima de este capítulo; y
"IV. Ayuda asistencial, en los términos de la propia sección séptima de este capítulo."
"Artículo 164. Las asignaciones familiares consisten en una ayuda por concepto de carga familiar y se concederán a los beneficiarios del pensionado por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, de acuerdo con las siguientes reglas:
"I. Para la esposa o concubina del pensionado, el quince por ciento de la cuantía de la pensión;..."
"Artículo 167. Las pensiones anuales de invalidez y de vejez se compondrán de una cuantía básica y de incrementos anuales computados de acuerdo con el número de cotizaciones semanales reconocidas al asegurado con posterioridad a las primeras quinientas semanas de cotización.
"La cuantía básica y los incrementos serán calculados conforme a la siguiente tabla:
Ver tabla 1
"Para los efectos de determinar la cuantía básica anual de la pensión y sus incrementos, se considera como salario diario el promedio correspondiente a las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización. Si el asegurado no tuviere reconocidas las doscientas cincuenta semanas señaladas se tomarán las que tuviere acreditadas, siempre que sean suficientes para el otorgamiento de una pensión por invalidez o por muerte.
"El salario diario que resulte se expresará en veces al salario mínimo general para el Distrito Federal vigente en la fecha en que el asegurado se pensione, a fin de determinar el grupo de la tabla que antecede en que el propio asegurado se encuentre. Los porcentajes para calcular la cuantía básica, así como los incrementos anuales se aplicarán al salario promedio diario mencionado.
"El derecho al incremento anual se adquiere por cada cincuenta y dos semanas más de cotización.
"Los incrementos a la cuantía básica, tratándose de fracciones del año, se calcularán en la siguiente forma:
"a) Con trece a veintiséis semanas reconocidas se tiene derecho al cincuenta por ciento del incremento anual.
"b) Con más de veintiséis semanas reconocidas se tiene derecho al cien por ciento del incremento anual.
"El instituto otorgará a los pensionados comprendidos en este capítulo, un aguinaldo anual equivalente a una mensualidad del importe de la pensión que perciban."
"Artículo 171. Al asegurado que reúna las condiciones para el otorgamiento de la pensión de cesantía en edad avanzada, le corresponde una pensión cuya cuantía se calculará de acuerdo con la siguiente tabla:
Ver tabla 2
"Se aumentará un año a los cumplidos cuando la edad los exceda en seis meses."
Por su parte, el inciso b) del artículo décimo cuarto transitorio que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de enero de dos mil cuatro, vigente desde el uno del mes y año citados, dispone:
"Décimo cuarto. Las pensiones otorgadas con fundamento en el título segundo, capítulo III, artículo 65, fracciones II y III, artículo 71, fracciones II, III, IV y V, artículo 73, párrafo tercero y, capítulo V, secciones segunda, tercera, cuarta y quinta de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 1973; y en el título segundo, capítulo III, artículo 58, fracciones II y III, artículo 64, fracciones II, III, IV, V y VI, artículo 66, párrafo tercero, capítulo V, secciones segunda y tercera y capítulo VI, secciones segunda y tercera de la Ley del Seguro Social vigente, se determinarán de acuerdo con los factores y modalidades siguientes:
"...
"b) Para los pensionados de 60 años o más, con pensión igual o mayor a un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el monto de su pensión será el resultado de multiplicar la pensión que reciban al 31 de diciembre de 2003, o la pensión que se determine si se pensionan después de esa fecha, por el factor de 1.11;..."
De la interpretación de los referidos preceptos se desprende que, cuando el asegurado quede privado de un trabajo remunerado, después de los sesenta años de edad, tendrá derecho, entre otras prestaciones, al otorgamiento de una pensión de cesantía en edad avanzada, misma que se calculará tomando como base la edad del asegurado y la cuantía de la pensión de vejez, pues ello determina el porcentaje que de esta última le correspondería por concepto de pensión de cesantía en edad avanzada que, cabe destacar, se compone por una cuantía básica y por incrementos anuales, los cuales se computan de acuerdo con el número de semanas cotizadas con posterioridad a las primeras quinientas.
Asimismo, se tiene que para determinar la cuantía básica de la pensión de vejez (base para el cálculo de la diversa de cesantía reclamada), se debe tomar como punto de partida, el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización, el cual deberá expresarse en "veces el salario mínimo general para el Distrito Federal vigente" en la fecha en que el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29230-7048bcfd/prueba-de-inspeccion-en-el-juicio-laboral-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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