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DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO EN EL AUTO INICIAL DE TRÁMITE CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS NO PROVIENEN DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO, POR DERIVAR DE UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN (CANCELACIÓN DE UNA LICENCIA SINDICAL A UN TRABAJADOR DE BASE AL SERVICIO DEL ESTADO) [INAPLICABILIDAD DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)].

Tipo de asunto: QUEJA 208/2022. · Registro digital (IUS): 31338
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2023-03-24
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Marzo de 2023, Tomo IV, Pág.3347.

QUEJA 208/2022. 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ENRIQUE ZAYAS ROLDÁN. SECRETARIA: GRACIELA AZPILCUETA MORALES.

CONSIDERANDO:

QUINTO.—Resolución del asunto.

A. Síntesis del auto recurrido. En el auto materia de impugnación, el Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en este Estado desechó la demanda de amparo, en resumen, bajo los argumentos siguientes:

• Estableció que la demanda era notoria y manifiestamente improcedente, al tener por actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5o., fracción II, de la propia legislación, porque los actos que reclamó el quejoso -consistentes, en esencia, en no respetar y revocar la licencia sindical de la que gozaba- no provenían de una autoridad para efectos del juicio constitucional.

• Al efecto, precisó que las afectaciones indicadas por la parte quejosa en su demanda, sólo daban lugar a una controversia entre trabajador y patrón (relación laboral), por lo que no derivaban de un mandamiento unilateral de las autoridades para efectos del juicio de amparo; de ahí que el solicitante del amparo, en su caso, debía promover contra los actos que reclamó el juicio laboral correspondiente.

• Reiteró que los actos reclamados, por su naturaleza inherente, estaban encaminados al ámbito del derecho laboral, que es el que rige las relaciones entre trabajador y patrón, por lo que a las autoridades responsables mencionadas en la demanda de amparo no les revestía tal carácter para efectos del juicio constitucional.

• Concluyó la autoridad de amparo que debido a que los actos que reclamó el quejoso no provienen de una autoridad para efectos del amparo, y que aquél tampoco resentía una afectación en su esfera jurídica, pues su naturaleza y origen versaban en torno a una relación entre trabajador y patrón, resultaba inconcusa la improcedencia del juicio de amparo.

• Abundó que, acerca de lo que debe entenderse por autoridad responsable, tal calidad le asiste no sólo a los entes que dentro de sus facultades se encuentra la de imperio, es decir, hacer respetar por medio de la fuerza pública sus propias determinaciones, sino que comprende también a todas aquellas que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio del particular y de manera imperativa.

• Finalmente, sostuvo que no era obstáculo para desechar la demanda que el quejoso adujera violaciones directas a la Constitución General, pues esa manifestación, por sí sola, no hacía procedente el juicio de amparo pues, de ser así, se dejaría a su arbitrio la tramitación de la instancia constitucional sin agotar previamente el medio ordinario de defensa, ya que bastaría que en la demanda se refiriera la contravención a preceptos constitucionales para la viabilidad del juicio de amparo.

• Consideraciones anteriores que se sustentaron en los siguientes criterios: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NOTAS DISTINTIVAS.", "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES.", "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE SU CESE.", "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. AUTORIDADES DESIGNADAS COMO RESPONSABLES, QUE ACTÚAN COMO PARTICULARES EN UNA RELACIÓN OBRERO PATRONAL.", "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN.", "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.", "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRONES." y "TRABAJADORES DEL ESTADO DE MICHOACÁN, ANTES DE OCURRIR AL AMPARO DEBEN HACERLO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE RESPECTIVO."

B. Síntesis de los agravios. En su escrito de agravios el recurrente arguye, toralmente, que le causa perjuicio el auto recurrido que desechó su demanda de amparo porque:

1. La facultad del Juez para desechar una demanda opera sólo cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, entendiéndose por manifiesto lo que se observa en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por indudable, que existe certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Lo anterior, porque las causales de improcedencia deben probarse plenamente y no inferirse a base de presunciones, pues sólo por excepción, en los casos que marca el artículo 61 de la Ley de Amparo, puede impedirse el acceso a dicho medio de control constitucional. Cita la tesis aislada III.5o.A.16 K (10a.), de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SU DESECHAMIENTO DE PLANO POR EXISTIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEBE ADVERTIRSE EXCLUSIVAMENTE DE SU LECTURA, ANEXOS O, EN SU CASO, DE LOS ESCRITOS ACLARATORIOS."

2. Derivado de lo anterior, aduce, contrario a lo afirmado por el Juez de Distrito, que la causal de improcedencia que invocó no es notoria ni manifiesta. Ello, porque el auto inicial de trámite de la demanda no es la actuación procesal oportuna para desecharla de plano, con base en que los actos reclamados no agotaron el principio de definitividad, dado que ello generalmente requiere un estudio amplio que no es dable efectuar en esta etapa procesal, en tanto que para llegar a esa conclusión debe realizarse un análisis informado, completo y fehaciente de tales actos, el cual no es dable desarrollar con las meras manifestaciones expuestas en la demanda inicial.

3. En la mayoría de los casos, en el auto inicial de trámite no se está en posibilidad jurídica o material de precisar si los actos reclamados son improcedentes por tenerse que agotar el juicio previo pues, en esa etapa procesal, sólo se pueden tomar en consideración los argumentos que se plasman en el escrito de demanda y las pruebas que se acompañan, pero no se puede llevar a cabo el análisis profundo y exhaustivo del acto reclamado y sus antecedentes, con el propósito de verificar si previo al juicio de amparo, se debió agotar recurso natural alguno. Cita las tesis de rubros: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÁ EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR QUE SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA QUE LE LLEVE A DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA, CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA O REGLAMENTO QUE CONTIENE LINEAMIENTOS POR LOS QUE SE DISMINUYA ALGUNA PRESTACIÓN DERIVADA DE UNA RELACIÓN LABORAL A LOS TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUES ELLO IMPLICARÍA UN ESTUDIO DE FONDO EN UN MOMENTO PROCESAL NO OPORTUNO PARA ELLO." y "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA DETERMINAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE DESECHARLA, ARGUMENTANDO QUE SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, SALVO QUE ÉSTA SE ADVIERTA EN FORMA PATENTE Y ABSOLUTAMENTE CLARA, Y SE TENGA LA CERTEZA Y PLENA CONVICCIÓN DE QUE ES OPERANTE."

4. El acto reclamado resulta ser el decreto expedido por la presidenta municipal el cual, a su vez, lo hace suyo Recursos Humanos, por el cual ordena la cancelación de las licencias sindicales, por lo que resulta procedente el juicio de amparo, porque restringen derechos adquiridos del quejoso; argumento que sustenta en la tesis de rubro: "MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL ‘20 DE NOVIEMBRE’, Y MANUALES DE PROCEDIMIENTO DE DELEGACIONES TIPOS ‘A’ Y ‘B’, EXPEDIDOS POR SU DIRECTOR, QUE ESTABLECEN LAS REGLAS GENERALES PARA LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS, SON IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."

C. Estudio de los agravios. Los agravios formulados son inoperantes en una parte e infundados en otra, sin que se advierta queja que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, y de la tesis de jurisprudencia P./J. 34/2018 (10a.),(1) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se inserta enseguida:

"SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS AGRAVIOS. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO, PROCEDE EN UN RECURSO DE QUEJA CUANDO EL ÓRGANO REVISOR ADVIERTE EL DESECHAMIENTO INDEBIDO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, POR NO ACTUALIZARSE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El precepto citado faculta al órgano jurisdiccional a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios cuando advierta que ha habido en contra del quejoso o del recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o. de la Ley de Amparo. Ahora bien, la suplencia referida procede en un recurso de queja cuando se combate la resolución que desechó la demanda de amparo indirecto por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia, siempre y cuando se advierta: i) la existencia de una violación manifiesta de la ley; y, ii) que dicha violación haya dejado sin defensa al quejoso. Lo anterior es así, pues al analizar la resolución recurrida, el órgano jurisdiccional debe verificar en primer lugar si se violó de manera evidente la ley, esto es, si se transgredió el artículo 113 de la Ley de Amparo y, en segundo lugar, si dicha transgresión dejó al quejoso sin defensa, lo cual debe entenderse como una afectación sustancial dentro del procedimiento y que se actualiza al negar el acceso a la acción de amparo con un desechamiento que no se apega al marco jurídico aplicable."

Como punto de partida, debe señalarse que el desarrollo y análisis del presente asunto se realizará conforme a los diversos subtemas que a lo largo de esta ejecutoria se irán puntualizando, con la finalidad de dar mayor claridad a los tópicos que aquí se abordan.

1. La causa de improcedencia y el derecho fundamental de acceder a un recurso judicial efectivo.

Para justificar la conclusión anticipada, en cuanto a lo inoperante e infundado de los agravios,(2) debe decirse que la determinación adoptada en el auto recurrido –en el que, como quedó establecido, el Juez de Distrito desechó la demanda propuesta por el aquí recurrente, al considerar actualizada de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, sobre la base de que los actos reclamados por el quejoso no son de aquellos que pueden considerarse provenientes de una autoridad para los efectos del juicio de amparo- este Tribunal Colegiado de Circuito la estima correcta.

Cierto, la parte quejosa reclamó del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, la Circular **********, emitida a través de su presidente municipal, con el objeto de regular a los trabajadores de base del Ayuntamiento de Tepic, Nayarit; así como el oficio **********, suscrito por el director de Recursos Humanos, y la ejecución de tales disposiciones por parte del tesorero de dicho ente municipal. Por virtud de dichos actos, a partir del uno de marzo de dos mil veintidós, se constriñe a todo el personal basificado que se encuentre en comisión sindical, a reincorporarse a sus labores, de lo contrario no se le pagará su sueldo ni prestaciones durante el tiempo que dure su comisión; supuesto en el cual se encuentra el peticionario del amparo, por ser trabajador de base del Ayuntamiento en cita y encontrarse comisionado al SUTSEM (Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Nayarit).

Como se adelantó, es acertada la determinación recurrida en cuanto a que la causa de improcedencia invocada es notoria y manifiesta, por lo cual fue correcto el desechamiento de la demanda.

Ello es así, porque este órgano revisor advierte que en el acceso al juicio de amparo se establecen presupuestos procesales denominados "causas de improcedencia", que necesariamente deben superarse y que su invocación en el auto inicial sólo es válida cuando su notoriedad sea manifiesta e indudable, debiendo no inferirse sino advertirse por aquella notoriedad, dado que la aplicación de esa facultad es estricta, como se dispone en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual estatuye:

"Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."

De tal precepto se advierte que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo biinstancial analizará la demanda respectiva, y si existe causa "manifiesta" e "indudable" de improcedencia, la desechará de plano.

Es decir, tal normativa jurídica prevé que los motivos de improcedencia que afecten a la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, debiendo entenderse por "manifiesto", lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, y que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es; esto es, que sin ulterior comprobación surjan a la vista tales motivos, haciendo inejercitable la acción de amparo; de manera que los informes justificados, los alegatos y las pruebas que ofrezcan las partes no sean necesarias para configurar la improcedencia y tampoco puedan desvirtuar su contenido.

Así lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 2a. LXXI/2002,(3) que señala:

"DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por ‘manifiesto’ lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por ‘indudable’, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada."

En efecto, tal como lo sostiene el quejoso en el agravio resumido en el punto 1, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel plenamente demostrado, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa.

Esto es, la "manifiesta" e "indudable" causa de improcedencia debe advertirse plenamente del escrito de demanda y sus anexos, bien sea porque los hechos en que se apoya hayan sido expresados con claridad por el promovente, o por que estén acreditados con elementos de juicio indubitables.

Cabe puntualizar que el análisis de una causa de improcedencia notoria y manifiesta, implica necesariamente un examen del acto reclamado, su naturaleza y circunstancias, que no sólo es propio de la sentencia de fondo, sino de muchas de las determinaciones que toma el Juez durante el procedimiento.

Sin embargo, lo que autoriza el desechamiento de la demanda de amparo, ante la actualización de un motivo de improcedencia, es la evidencia y notoriedad de la causa de ésta; de forma que si existe convicción en el Juez sobre su plena acreditación, no es necesario admitir la demanda a trámite para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no, porque existe plena evidencia de que no podrá ser modificada en la secuela del procedimiento.

Por tal motivo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que las causas de improcedencia deben probarse plenamente, pues sólo por excepción, entre otros, en los casos precisos que marca el artículo 61 de la Ley de Amparo, puede vedarse el acceso a dicho medio de control constitucional y, por lo mismo, de más estricta aplicación es lo dispuesto en el artículo 113 del mencionado ordenamiento legal, para desechar de plano una demanda.

Ahora, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en la emisión de su jurisprudencia –obligatoria para el Estado Mexicano–, ya se ha pronunciado en el sentido de que el juicio de amparo mexicano es un recurso judicial efectivo;(4) pero ha considerado que la existencia y aplicación de causales de admisibilidad –como son las causas de improcedencia en el juicio de amparo– de un recurso, resultan compatibles con la Convención Americana(5) y, la efectividad del recurso implica, potencialmente, que cuando se cumplan dichos requisitos, el órgano judicial evalúe sus méritos.(6)

Considerar lo contrario –admitir una solicitud de amparo sin dar la oportunidad al juzgador de analizar los requisitos de admisibilidad– ocasionaría un abuso excesivo del juicio de amparo, incluso como práctica dilatoria, en perjuicio del derecho fundamental de tutela judicial efectiva, previsto en el artículo 17 constitucional, así como la obligación que tienen los órganos jurisdiccionales de resolver los litigios en un "plazo razonable".(7)

Atento a la naturaleza de los actos que se reclaman por el quejoso ********** –como legalmente lo determinó el Juez de Distrito–, éstos no son susceptibles de ser rebatidos a través de la acción constitucional de amparo, toda vez que, en el caso, la presidenta municipal, el director de Recursos Humanos y el tesorero municipal, todos del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, no pueden ser considerados como autoridades responsables para efectos del presente juicio de amparo.

Sin que en el caso se desatienda lo establecido en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.),(8) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELECTRICA."; en virtud de que no establece como criterio imperante que nunca sea posible resolver en el auto inicial del juicio constitucional si un acto reclamado tiene o no el carácter de autoritario, pues según quedó asentado en las consideraciones que sustentan la contradicción de tesis 297/2011,(9) de la cual derivó la jurisprudencia aludida, en el auto inicial de trámite de la demanda, el Juez no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado "consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas", proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo. Esto es, la imposibilidad de análisis en el auto inicial de si el acto reclamado se trata o no de un acto de autoridad se delimitó al supuesto que en concreto dio origen a la contradicción de tesis; por lo cual, la aludida jurisprudencia no impide que los Jueces de Distrito determinen, desde el auto que recae a la presentación de la demanda, si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo; toda vez que, pensar lo contrario, implicaría que se sujete a las partes y al órgano jurisdiccional a tramitar un procedimiento notoria e indudablemente improcedente.

Por tanto, el contenido de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), no es un criterio genérico aplicable a cualquier juicio de amparo, pues éste versó específicamente sobre juicios de amparo en los que se reclamó el acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, de diecinueve de enero de dos mil nueve; por ende, ello no impide que los Jueces de Distrito determinen desde el auto que recae a la presentación de la demanda, si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo.

2. Características de los actos de autoridad.

El artículo 1o., fracción I, de la Ley de Amparo estatuye que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.

Mientras que el artículo 5o., fracción II, de la mencionada legislación, define a la autoridad responsable como aquella a quien, con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que, de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.

Sobre lo que debe entenderse por "autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 164/2011,(10) que indica:

"AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado."

Esta jurisprudencia esclarece cuáles son las notas que distinguen a una autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, las cuales son las siguientes:

a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular;

b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad;

c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular y,

d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado.

Ahora, tratándose de actos de autoridad existen diferentes tipos de relaciones jurídicas, a saber: de coordinación, supra a subordinación y supraordinación.

En ese sentido, las relaciones de coordinación corresponderán a las entabladas entre particulares, por lo que para dirimir sus controversias existirán en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, para lo cual deberán acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación.

Las relaciones de supra a subordinación serán las que se entablen entre gobernantes y gobernados, así como los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado y los sujetos frente a los cuales actúe con imperio. Estarán regulados por el derecho público, de manera que este tipo de relaciones se caracterizarán por la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro y, por ello, la Constitución General establece una serie de derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales.

Las relaciones de supraordinación serán las que se establezcan entre los órganos del propio Estado.(11)

En ese sentido, es dable concluir que la procedencia del juicio de amparo estará supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal, tenga la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella.

Lo anterior debe entenderse en función del concepto que tradicionalmente se ha concebido para la autoridad responsable, a quien generalmente se le había reconocido como un órgano del Estado.

No obstante, conforme al segundo párrafo de esa misma fracción II del artículo 5o., actualmente también pueden tener ese carácter los particulares, siempre y cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa propia fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.

Dicha porción normativa es del tenor siguiente:

"Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general."

De esa porción normativa se desprende que un particular es susceptible de ser considerado como autoridad responsable en un juicio de amparo, cuando sus actuaciones revistan las siguientes características:

a) Realicen actos equivalentes a los de autoridad, es decir, que sean aptos para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, de acuerdo con la definición que aporta el párrafo primero de esa misma fracción;

b) Que afecten derechos en los términos antes anotados y,

c) Que sus funciones estén determinadas por una norma general.

De lo cual se advierte que el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de la naturaleza formal del órgano público y atiende, ahora, a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir, en forma obligatoria, situaciones jurídicas, o de la omisión para desplegar un acto que –de realizarse– crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; máxime que la interpretación teleológica subjetiva de la norma así lo confirma, al señalarse en el proceso legislativo que le dio origen, el alcance de esta nueva disposición.(12)

En efecto, en el proceso legislativo de la Ley de Amparo se puso de manifiesto la necesidad de ampliar la procedencia del juicio contra actos provenientes no sólo de autoridades, sino también de particulares, a través de los cuales se afectara la esfera jurídica de derechos de los gobernados, sin que ello significara el abandono de los medios de defensa ordinarios y, aunque se propuso que en la propia ley se especificaran los casos en que tales actos serían susceptibles de impugnación, se optó por dejar al Poder Judicial la interpretación de esas hipótesis, atendiendo a las particularidades de cada caso y a las notas del acto cuestionado.(13)

No ha de olvidarse que la tradición de los derechos fundamentales en México fue la de su eficacia vertical, o sea, que esos derechos fundamentales sólo eran oponibles ante los actos de la autoridad pública y lo cual halla su justificación en una reacción frente al Estado absolutista, funcionando únicamente en la relación jurídica de supra-subordinación; idea que, desde luego, permeó a la procedencia del juicio de amparo al grado de restringirlo, incluso contra actos de organismos públicos descentralizados, no obstante el enorme poder público o económico de algunos de éstos.

Empero, esa idea fue super

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31338-11c4d6bb/demanda-de-amparo-indirecto-procede-su-desechamiento-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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