REVISIÓN DE GABINETE O VISITA DOMICILIARIA. LA FACULTAD DE LAS AUTORIDADES FISCALES PARA SOLICITAR AL CONTRIBUYENTE DOCUMENTOS CONTABLES, INFORMES Y DEMÁS PAPELES QUE TENGAN INJERENCIA CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y PARA REVISAR SUS BIENES Y MERCANCÍAS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 42, FRACCIONES II Y III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO PUEDE EXTENDERSE A LOS DATOS PERSONALES DE TERCEROS QUE NO ESTÁN SIENDO REVISADOS.
AMPARO EN REVISIÓN 432/2022. ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA DE AUDITORÍA FISCAL DE JALISCO "3" DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 8 DE NOVIEMBRE DE 2022. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JESÚS DE ÁVILA HUERTA. SECRETARIO: BERNARDO OLMOS AVILÉS.
CONSIDERANDO:
DÉCIMO.—Resolución de los recursos a partir de los agravios.
1. Razones del fallo recurrido que serán materia de estudio.
En lo que interesa, la sentencia impugnada concedió la protección federal respecto de los reclamados oficios ********** y **********, de dos de diciembre de dos mil veinte y veintisiete de enero de dos mil veintiuno, respectivamente, emitidos por la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3", al considerar la juzgadora en esencia:
Que es parcialmente fundado el concepto de violación donde la quejosa aduce que con los requerimientos de que proporcione y exhiba la información concerniente a datos personales cuya titularidad ostentan personas prestadoras de servicios de contabilidad, o bien, el propietario del inmueble en que se ubica su domicilio fiscal, se le obliga a transgredir la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, debido a que esa información se encuentra protegida por dicha ley.
Que es infundado en cuanto a que los requerimientos efectuados por la autoridad responsable de exhibir información concerniente a datos personales de las personas físicas, la obligan a vulnerar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, en virtud de que si bien sus preceptos 1, 2, primer párrafo, 3, fracciones V, XVII y XVIII (los transcribió) protegen los datos personales en posesión de los particulares con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas, lo cierto es que la información será proporcionada a una autoridad en ejercicio de las facultades que la ley le confiere, no así a un ente privado.
Que en ese orden de cosas, no puede estimarse que tales requerimientos de información de datos personales de diversas personas efectuados por la autoridad responsable vulneren esa normatividad, pues tal información es requerida por una autoridad la que, en todo caso, será la responsable de garantizar ese derecho de protección de datos personales. De ahí lo infundado del argumento en trata.
Que en cambio, en atención a la causa de pedir, considera fundado el concepto de violación, en cuanto a que si bien las autoridades fiscales tienen la facultad de solicitar datos contables, documentos contables y demás papeles que tengan injerencia con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, dado que así lo prevé el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, esa atribución no puede extenderse a los datos personales.
Que en efecto, el artículo 42 mencionado no faculta a la fiscalizadora para requerir los datos personales, como en el caso que se requiere a la quejosa para que: "8. En su caso, informe el nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de la(s) persona(s) que le presta(n) servicio(s) de contabilidad y/o asesoría fiscal. 9. Indique el nombre y Registro Federal de Contribuyentes del propietario del inmueble en que se ubica su domicilio fiscal; en caso de que sea arrendado, exhiba los contratos, recibos y/o facturas correspondientes", pues tal precepto sólo establece la facultad de requerir datos, documentos o informes que se requieran a efecto de llevar a cabo su revisión; sin embargo, ese precepto no prevé en forma expresa la facultad para requerir el nombre y Registro Federal de Contribuyentes del propietario del inmueble en que se ubica el domicilio fiscal, así como el nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas que le prestan servicios de contabilidad.
Que además, no puede considerarse que el requerimiento de esos datos personales se trate de una facultad implícita, porque ello abriría la puerta para que si el visitado no cumpliera con proporcionar esos datos requeridos, se estimara que incurrió en las infracciones del artículo 85, fracción I, haciéndose acreedora a las sanciones del artículo 86, fracción I, ambos del Código Fiscal de la Federación; lo cual no resulta aceptable, pues la dejaría en estado de indefensión, ya que se le obligaría a cumplir con obligaciones que no conoce con exactitud al no haber sido establecidos por el legislador.
Que en esencia, la autoridad fiscal no tiene facultad legal expresa para solicitar a la contribuyente los datos personales de terceros, tales como nombre, Registro Federal de Contribuyentes y domicilio, por lo que estos pretendidos datos quedan fuera de aquellos que sí pueden solicitar las autoridades fiscales al momento de practicar la revisión de gabinete a la contribuyente.
Que en consecuencia y ante lo fundado de ese concepto de violación, se concede el amparo para el efecto de que la responsable deje insubsistentes las solicitudes de datos, documentos o informes reclamadas, contenidas en los oficios ********** y **********, de dos de diciembre de dos mil veinte y veintisiete de enero de dos mil veintiuno, así como todo el procedimiento que se sustenta en ellos, inclusive, todas las consecuencias que deriven de ese requerimiento y si la autoridad, con plenitud de facultades discrecionales, decide emitir una nueva orden, no deberá hacer el requerimiento de los datos personales de acuerdo con lo señalado en la sentencia.
Que similar criterio asumió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver por unanimidad de votos el recurso de revisión **********, en sesión de ocho de febrero de dos mil veintidós.
2. Razones de los agravios.
A. De la autoridad recurrente.
En contra de lo anterior, la autoridad recurrente alega en esencia:
Que es incorrecta la sentencia recurrida al conceder el amparo en los términos que se hizo, pues se perdieron de vista los principios y finalidades que persigue la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares cuando dicha legislación conlleva como finalidad la protección de la información que lícitamente es proporcionada a los particulares para que éstos, en los que se ha depositado dicha información, no la distribuyan, divulguen, usen o alteren sin el consentimiento del titular de la misma, garantizándose por el Estado que las conductas que lleven a cabo los particulares al divulgar información personal de otras personas sea sancionada, al versar sobre el derecho a la vida privada o en sí, la privacidad; sin embargo, no toda información es considerada como reservada y no toda persona a la que se le transmite información está obligada a resguardarla; en el caso, la información que ha sido requerida al quejoso únicamente radica en el nombre y Registro Federal de Contribuyentes de aquellas personas que le prestan servicios fiscales, así como acreditar la titularidad del bien inmueble en donde ocupa su domicilio fiscal, lo cual la autoridad hacendaria consideró necesario para llevar a cabo la revisión fiscal directa sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta, respecto al periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, cuya información es considerada pública, pues el Registro Federal de Contribuyentes corresponde a la administración del Estado y contiene información reservada para la divulgación pero, a su vez, pública para los fines que se encuentre destinada, la cual contiene nombres, domicilios fiscales y la clave de inscripción de las personas físicas o morales que se encuentren sujetas a algún régimen fiscal, y a efecto de que la autoridad logre verificar correctamente la información que pueda ser aportada por los contribuyentes, requiere conocer diversa información que considera necesaria para cotejar y compulsar con la información que sea ministrada por los contribuyentes revisados, y en caso de que existan irregularidades detectadas por la autoridad, sería la propia autoridad quien requeriría al tercero relacionado para que proporcione los informes, datos o documentos que se consideren pertinentes para esclarecer las irregularidades que sean detectadas.
Que en el caso opera esa excepción a que se refiere el artículo 2 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (lo transcribe), respecto de la información requerida al quejoso, pues no aparece dato en contrario que permita al menos suponer que el agraviado disponga del nombre de quienes le prestan servicios de contabilidad o asesoría fiscal, o de quien le arrende el domicilio en donde se encuentra su domicilio fiscal con fines lucrativos, cuando conforme a las circunstancias fácticas en que se ubica al quejoso en el supuesto de tercero, ante la información que le es requerida por la autoridad hacendaria, información que es comúnmente divulgada, o si fuera el caso, sería el quejoso quien debiera realizar las precisiones respectivas sobre los motivos que provocan que se encuentre impedido para ministrar dicha información a la autoridad hacendaria, en caso de que la recolección o almacenamiento de los datos de quienes le prestan dichos servicios o arrendan el domicilio en que se encuentra su domicilio fiscal, se encuentre destinada a fines de divulgación o comerciales, como así lo refiere el citado precepto legal.
Que aun cuando resultara actualizado el supuesto de que la información que sea recolectada por el quejoso tenga fines de divulgación o utilización comercial, el quejoso se encontraría en condiciones de exhibir el impedimento respectivo para ministrar la información, tal como el aviso de privacidad signado por los contratantes que presten los servicios o de quien le arrende el domicilio y requieran el consentimiento para la divulgación de la información que se les haga saber sobre sus datos personales o, en su caso, la oposición expresa del titular de la información para proporcionar sus datos personales, tal como lo refiere la ley invocada, pues el ejercicio de tales obligaciones respecto a quienes recolectan y almacenan la información de diversas personas físicas o personas morales, responde a hacer del conocimiento a los titulares de los derechos la necesidad o finalidad de divulgar o usar sus datos personales, y a dicho titular corresponderá manifestar su consentimiento u oposición y no a la persona que pretende realizar el uso o divulgación de la información personal.
Que así, en el caso el derecho de oponerse a que los datos personales como nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de la o las personas físicas o jurídicas que le presten al quejoso servicios de contabilidad o asesoría fiscal o arrenden un inmueble al mismo corresponde a los titulares de la información el consentir la divulgación de la información o expresar la oposición del acto y no corresponde al quejoso invocar un derecho ajeno, pues el quejoso no es el titular de la información que le es requerida; de tal forma que no le produce ninguna afectación a sus derechos, sino que es la persona que por motivo de una relación jurídica se hizo conocedor del nombre de las personas de que se trata o de la sociedad a la que contrató, así como a la persona que le rentó el domicilio para que en dicho lugar estableciera su domicilio fiscal; máxime que como se ha dicho, no aparecen indicios, manifestaciones o pruebas que permitan dar a conocer a la autoridad que el quejoso no se encuentre exceptuado de las obligaciones que prevé el artículo 2 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.
Que el derecho a la privacidad ha sido analizado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión **********, donde consideró lo siguiente:
"Del contenido del artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se desprende el derecho fundamental de seguridad jurídica que tienen los individuos, consistente en que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino cuando medie mandato de autoridad competente debidamente fundado y motivado.
"Si bien dicho artículo no prevé expresamente el reconocimiento que tienen las personas respecto del derecho a su vida privada, sí incluye ciertas protecciones aisladas relacionadas a la vida privada, siendo una de ellas la inviolabilidad del domicilio, que tiene como finalidad principal el respeto a un ámbito de la vida privada que, por regla general, debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás, con la limitante que la propia Constitución establece para las autoridades.
"Al respecto, la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el referido derecho –en un sentido amplio– puede extenderse a una protección más allá del aseguramiento del domicilio como espacio físico en que normalmente se desenvuelve la intimidad. De aquí, es posible derivar el reconocimiento de un derecho a la intimidad o vida privada que abarque las intromisiones o molestias que por cualquier medio puedan realizarse en ese ámbito reservado de vida, con la salvedad anotada por la propia Constitución Federal.
"Asimismo, esta Primera Sala ha señalado que los rasgos característicos de la noción de lo ‘privado’ como derecho estrechamente vinculado con la naturaleza del ser humano, se relacionan con: a) lo que no constituye vida pública; b) el ámbito reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás; c) lo que se desea compartir únicamente con aquellos que uno elige; d) las actividades de las personas en la esfera particular; relacionadas con el hogar y la familia; y, e) aquello que las personas no desempeñan con el carácter de servidores públicos.
"Luego, en lo relativo a ‘vida privada’ ha sostenido que las personas físicas tienen derecho a gozar de un ámbito de proyección de su existencia que quede reservado de la invasión y de la mirada de los demás, que les concierna sólo a ellos y les provea de condiciones adecuadas para el despliegue de su individualidad para el desarrollo de su autonomía y su libertad.
"De lo anterior puede concluirse que el derecho a la privacidad es aquel derecho que tiene todo ser humano por el simple hecho de serlo, de separar y mantener fuera del conocimiento público todas aquellas cuestiones y aspectos de su vida privada con la finalidad de asegurar la tranquilidad y dignidad necesarias para su libre desarrollo."
Que sin embargo, en la misma resolución el Alto Tribunal sostuvo que el derecho a la privacidad no es un derecho absoluto, pues conlleva limitaciones o matices de excepción cuando se contrapongan con otros derechos o intereses legítimos, como sucede en la especie, ya que dijo:
"Por otro lado, se ha determinado que el derecho a la privacidad no es un derecho absoluto, sino que puede ser objeto de limitaciones restrictivas de su ejercicio, en este caso, cuando surja la necesidad de proteger otros derechos o intereses legítimos, es decir, cuando el interés general se vea comprometido y se perjudique la convivencia pacífica o se amenace el orden social; en estos supuestos, cierta información individual puede y debe ser divulgada, sin que ello signifique que al no ser absoluta se desconozca su núcleo esencial.
"De ahí que resulte claro que no existen derechos absolutos o ilimitados; de tal modo que si se trata de derechos fundamentales, éstos encontrarán sus límites ya sea en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, por la necesidad de proteger otros derechos igualmente válidos.
"Luego, el derecho a la vida privada puede ser restringido cuando las injerencias en el mismo no sean abusivas o arbitrarias y se requiere que éstas estén previstas en la ley persigan un fin legítimo y cumplan con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
"Así, podemos determinar que el ejercicio del derecho humano a la vida privada podrá ser restringido por el Estado en beneficio del ejercicio de algún otro derecho, siempre y cuando su restricción se encuentre prevista dentro de la Constitución Federal, sea necesaria e idónea para asegurar la obtención de los fines que fundamenten dicha restricción y que la importancia del fin que se busque y los efectos perjudiciales que se produzcan en el derecho restringido sean proporcionales."
Que lo anterior se robustece con lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión **********, donde se establece:
"Desde esta perspectiva, resulta entonces necesario entender que la relación que existe entre el derecho a la información y sus límites, en cuanto se fundamentan en otros bienes constitucionalmente tutelados, no se da en términos absolutos de todo o nada, sino que su interacción es de carácter ponderativa, en la medida que la natural tensión que pueda existir entre ellos requiere en su aplicación de un equilibrio necesario entre el ejercicio efectivo del derecho y la indebida afectación de otro tipo de bienes y valores constitucionales que están instituidos también en beneficio de los gobernados.
"Es por ello que si reconocemos que ningún derecho humano tiene el carácter de absoluto, entonces debe igualmente reconocerse que ninguno de sus límites puede plantearse en dichos términos, por lo que la relación entre ambos extremos debe plantearse en los mismos términos de equilibrio."
Que de esa resolución derivó la tesis aislada P. II/2019 (10a.), que se transcribe bajo el rubro: "DERECHO A LA INFORMACIÓN. LA RELACIÓN CON SUS LÍMITES CONSTITUCIONALES NO DEBE PLANTEARSE EN TÉRMINOS ABSOLUTOS."
Que tomando en consideración esos criterios, se concluye que el derecho a la privacidad no es un derecho absoluto, sino que se encuentra sujeto a límites como el derecho de terceros o a disposiciones de interés social y público, tal como lo es el ejercicio de las facultades de comprobación de cumplimiento de las obligaciones fiscales del quejoso, lo que resulta de interés social y se encuentra supeditado a la facultad potestativa del Estado, conferida al Servicio de Administración Tributaria por conducto de sus unidades administrativas; de tal forma que el empleo armónico de la legislación en estudio conlleva que deben considerarse los límites de protección al derecho que se considera transgredido por el a quo, pues a partir de la ponderación de los bienes jurídicos tutelados se logrará acreditar que la actuación de la autoridad responsable se encuentra ajustada a derecho, pues bajo la óptica de los criterios aludidos la autoridad actúa en apego a los derechos fundamentales previstos en el Pacto Federal, a efecto de revisar el cumplimiento de las obligaciones de los ciudadanos por contribuir al gasto público de una forma adecuada y equitativa, para lo que deviene necesario requerir de información que puede tildarse de personal y protegida cuando la realidad es que resulta información que únicamente será empleada para la revisión fiscal al quejoso y no conlleva fines distintos a los que se dispusieron en el acto de fiscalización.
Que la propia Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares establece que el sujeto responsable o tercero cuya calidad tendría el quejoso, aun cuando el titular de los derechos optara por oponerse a la divulgación o uso de su información o cancelar los datos proporcionados, el sujeto responsable no se encuentra obligado a respetar dicha oposición en los casos previstos en el artículo 26, que concatenado a las facultades de comprobación ejercidas por la autoridad hacendaria se ubica en los supuestos previstos en las fracciones III y V del citado ordinal, pues en la fracción III se refiere a la obstrucción de las actuaciones de la autoridad administrativa vinculadas a obligaciones fiscales, y la fracción V se refiere a cuestiones de interés público, cuyos supuestos se encuentran actualizados en el caso, dado que la autoridad se encuentra ejerciendo facultades de comprobación en materia de contribuciones federales por concepto del impuesto sobre la renta, para lo que se requirió información y diversa documentación, y cuyas facultades de comprobación, como así lo ha establecido correctamente el a quo, resultan de interés social, al ser necesario que el Estado ejerza la persecución y recaudación fiscal para solventar las necesidades de la sociedad, garantizando así el cumplimiento de los fines para los que el Estado es organizado. Que de no suministrarse dicha información se obstruiría la actuación de la autoridad, por lo que de sostenerse la concesión del amparo se perjudicaría el interés social y se permitiría al quejoso ocultar información de las personas con quienes sostiene tratos y que forman parte de la revisión en materia del impuesto sobre la renta a la que se encuentra obligado, impidiendo así la correcta verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales realizadas por la autoridad hacendaria.
Que le causa agravio lo considerado por el a quo sobre que la autoridad fiscal no tiene facultad legal expresa para solicitar al contribuyente los datos personales de terceros, tales como nombre, Registro Federal de Contribuyentes y domicilio, pues precisamente tal facultad está prevista en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación (lo transcribe), que dispone la atribución expresa de la autoridad para requerir cualquier información que resulte necesaria para llevar a cabo su ejercicio de comprobación fiscal, sin que realice distinción alguna de qué tipo de información pueda solicitarse o de qué tipo no.
Que así, la facultad para solicitar datos e información a efecto de que el quejoso proporcione el nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas que le presten servicios de contabilidad y asesoría fiscal, así como que le arrenden el inmueble en donde se encuentra su domicilio fiscal, se encuentra implícita en la citada atribución de la autoridad, sin que para ello la norma citada infiera distinción alguna sobre el tipo de datos, documentación o información que se puede solicitar, sin perder de vista que dicha solicitud se sujetará a lo previsto en la legislación que se encuentre vigente y respetando en todo momento los derechos humanos y sus garantías, que en el caso no han sido violadas, pues como se ha dicho, el quejoso se encuentra exento de mantener en reserva la información requerida sin que se encuentre sujeto a observar el resto de disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, aun cuando hubiera oposición del titular de los derechos de la información, pues el artículo 26 de esa ley prevé las disposiciones relativas a la facultad de inobservar tal oposición cuando se trate de actuaciones de las autoridades administrativas vinculadas al cumplimiento de obligaciones fiscales, así como cuestiones de interés social, cuyos supuestos se encuentran vinculados en los oficios reclamados que contienen el requerimiento formulado al quejoso para llevar a cabo su revisión fiscal en materia de cumplimiento a sus obligaciones federales, acorde al impuesto sobre la renta, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, dejando a discreción de la autoridad fiscal la información o documentación que considere necesaria para el ejercicio de sus facultades de comprobación.
Que por tanto, contrario a lo considerado por el a quo, la autoridad se encuentra ejercitando facultades que por ley le fueron conferidas, puesto que en todo momento ha cumplido con los requisitos de una debida fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 constitucional, lográndose apreciar de los oficios reclamados que la autoridad no fue omisa en citar los preceptos legales aplicables al caso, los cuales resultan ser los artículos 42, primer párrafo, fracción II y segundo párrafo, y 48, párrafo primero, fracciones I, II y III, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, y los artículos 1, 2, párrafo primero, apartado C y segundo, 5, párrafo tercero, 6, párrafo primero, apartado A, fracción XIII, inciso c), 14, fracciones V y VI, 24, párrafo primero, fracción I, inciso a), en relación con el artículo 22, párrafos primero, fracción XXIII, y último, numeral 8, artículo 24, último párrafo, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, así como tampoco fue omisa en citar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a la emisión de los mismos, las cuales se traducen en la comprobación del debido cumplimiento a las disposiciones fiscales a las cuales se encuentra afecto el quejoso como sujeto directo en materia del impuesto sobre la renta por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, y la información requerida resulta necesaria en virtud de que la finalidad del requerimiento tiene relación con que el quejoso se encontraba obligado a presentar su declaración anual por concepto del impuesto sobre la renta en el ejercicio dos mil diecisiete y a proporcionar la documentación que la autoridad fiscal considere necesaria para la comprobación del debido cumplimiento de las disposiciones fiscales a las cuales se encuentra afecto como sujeto directo del impuesto sobre la renta, toda vez que se observaron ingresos consignados en los comprobantes fiscales por retenciones correspondientes a pagos por ingresos "que se asimilaron a salarios a ese contribuyente ********** por el ejercicio 2017, por la cantidad total de ********** pesos M.N. 00/100), siendo evidente que excedió la cantidad de ********** pesos M.N. 00/100), en sus ingresos anuales por concepto de ingresos que se asimilan a salarios, encontrándose obligado a cumplir con lo previsto en el artículo 98, fracción III, inciso e), de la Ley del Impuesto sobre la Renta, mismo que a la letra señala lo siguiente:"
Que por ende, queda claramente evidenciado que el quejoso se encuentra obligado a presentar la declaración anual correspondiente al ejercicio dos mil diecisiete, por concepto del impuesto sobre la renta, y se encuentra constreñido a cumplir con la comprobación del correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales, referente a las operaciones realizadas durante el ejercicio sujeto a revisión, por lo que contrario a lo considerado por el a quo, el actuar de la autoridad en ningún momento contravino lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, pues si bien se le requirió información personal de terceros, lo cierto es que dicha información resulta necesaria para el desarrollo de la revisión de gabinete en cuestión, ya que la misma se encuentra sujeta al impuesto sobre la renta; máxime que la finalidad de la autoridad fiscal no es la de divulgar o hacer uso ilícito de dicha información, sino que resulta necesaria para ejercer las facultades de comprobación en materia del impuesto sobre la renta, y con la obtención de la misma en ningún momento se viola lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares; de tal forma que los requerimientos de información y documentación que se reclaman no buscan identificar a los asesores fiscales del contribuyente revisado, sino que dicha solicitud de información y documentación va encaminada a comprobar el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales referente a las operaciones realizadas por el contribuyente sujeto a revisión durante el ejercicio dos mil diecisiete, mismas que excedieron la cantidad señalada en el referido artículo 98, fracción III, inciso e), de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que en ningún momento se violó lo dispuesto en el artículo 14 constitucional.
Que tampoco se contraviene lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, al requerirle indicar el nombre y Registro Federal de Contribuyentes del propietario del inmueble en que se ubica su domicilio fiscal y los contratos, recibos y/o facturas correspondientes en caso de que sea arrendado, puesto que dicha información resulta necesaria para el desarrollo de la revisión de gabinete, pues la misma se encuentra sujeta al impuesto sobre la renta; máxime que la finalidad de la autoridad fiscal no es la de divulgar o hacer uso ilícito de dicha información, por lo que resulta infundado "que el amparista manifieste que es excesivo que se haya requerido copia simple y original para cotejo o copia certificada por fedatario público del contrato que firmó con las empresas **********, vigentes en el ejercicio sujeto a revisión, puesto que se detectaron ingresos consignados en los comprobantes fiscales por retenciones correspondientes a pagos por ingresos que se asimilaron a salarios a **********, por el ejercicio 2017, por la cantidad total de ********** pesos M.N. 00/100), la cual excede por mucho la cantidad de $********** pesos M.N. 00/100), en sus ingresos anuales por concepto de ingresos que se asimilan a salarios que establece la ley, encontrándose el ahora quejoso obligado a presentar la declaración anual correspondiente al ejercicio 2017, por concepto del impuesto sobre la renta y, por ende, obligado a cumplir con la comprobación del correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales, referente a las citadas operaciones, las cuales se encuentran sujetas a revisión al amparo de la orden **********".
Que por tanto, la autoridad responsable en ningún momento fue arbitraria y mucho menos violó la seguridad jurídica del quejoso, pues el requerimiento reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado, actuando conforme a sus facultades, en términos de lo previsto en el artículo 16 constitucional, en relación con el diverso artículo 42, fracción II y primero y segundo párrafos, del Código Fiscal de la Federación, y la información
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31344-86dce709/revision-de-gabinete-o-visita-domiciliaria-la-facultad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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