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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SINALOA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA (ARTÍCULO 2 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 42, FRACCIÓN XX, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A LA FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL ACTOR, AL HABER PLANTEADO ÉSTE UNA INVASIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ACUERDOS 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 Y 58, ARTÍCULO SEGUNDO, POR LOS QUE EL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA APRUEBA EL RECHAZO DETERMINADO POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, RELATIVO A LOS INFORMES INDIVIDUALES DE LA REVISIÓN Y LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS DE ANGOSTURA, CHOIX, CONCORDIA, COSALÁ, EL FUERTE, GUASAVE, NAVOLATO, SALVADOR ALVARADO, ASÍ COMO DEL SERVICIO DE SALUD DE SINALOA Y LAS JUNTAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO Y DE ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECIOCHO; ACUERDOS 58, ARTÍCULO PRIMERO, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70 Y 71, A TRAVÉS DE LOS CUALES EL CONGRESO ESTATAL RECHAZA LA APROBACIÓN DETERMINADA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, RELATIVO A LOS INFORMES INDIVIDUALES DE LA REVISIÓN Y LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO, COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO, FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO, INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA, INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO, INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA, JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN, JUNTAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE AHOME, GUASAVE, MAZATLÁN; MUNICIPIOS DE AHOME, SINALOA, MOCORITO, BADIRAGUATO, CULIACÁN, ELOTA, SAN IGNACIO, MAZATLÁN, ESCUINAPA, ROSARIO, ASÍ COMO DEL PODER JUDICIAL Y DEL CONGRESO DEL ESTADO, RESPECTIVAMENTE, TODOS DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECIOCHO; ACUERDO 69 POR EL QUE EL ÓRGANO LEGISLATIVO LOCAL RECHAZA EL INFORME GENERAL EJECUTIVO DEL RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL DIECIOCHO; Y, LOS ACTOS DE EJECUCIÓN DERIVADOS DE TALES ACUERDOS, EN PARTICULAR, LA ORDEN DE PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. V. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. SU FINALIDAD Y LÍMITES A NIVEL ESTATAL, CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 116, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VI. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. VII. DIVISIÓN DE PODERES. EL QUE ESTE PRINCIPIO SEA FLEXIBLE SÓLO SIGNIFICA QUE ENTRE ELLOS EXISTE UNA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS, PERO NO LOS FACULTA PARA ARROGARSE FACULTADES QUE CORRESPONDEN A OTRO PODER, SINO SOLAMENTE AQUELLAS QUE LA PROPIA CONSTITUCIÓN LES ASIGNA. VIII. DERECHO DE VETO. CONSTITUYE UN MEDIO DE CONTROL POLÍTICO CUYO EJERCICIO REPRESENTA EL PRINCIPAL CONTRAPESO DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO CONTRA LA ACTIVIDAD DEL ÓRGANO LEGISLATIVO, A FIN DE LOGRAR UN EQUILIBRIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE AMBOS. IX. DERECHO DE VETO EN EL ESTADO DE SINALOA. SU EJERCICIO NO ES ILIMITADO EN TANTO QUE EXISTEN ACTOS QUE POR SU PROPIA NATURALEZA NO PUEDEN SER OBJETO DE AQUÉL, ATENTO AL PRINCIPIO DE NO INTERVENCIÓN Y PORQUE ADEMÁS LAS OBSERVACIONES QUE EN SU CASO SE FORMULEN POR EL PODER EJECUTIVO ESTATAL PUEDEN SUPERARSE POR EL CONGRESO LOCAL CON LA RATIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO MEDIANTE VOTACIÓN CALIFICADA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 46 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE ESA ENTIDAD. X. CUENTA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL EN EL ESTADO DE SINALOA. BASES DEL RÉGIMEN LOCAL QUE RIGEN SU REVISIÓN. XI. CUENTA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL EN EL ESTADO DE SINALOA. FACULTAD EXCLUSIVA DEL CONGRESO LOCAL PARA REVISARLAS, FISCALIZARLAS Y APROBARLAS, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN LLEVADO A CABO POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 43, FRACCIÓN XII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE ESA ENTIDAD. XII. CUENTA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL. BASES CONSTITUCIONALES QUE RIGEN SU REVISIÓN. XIII. CUENTA

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 137/2020. · Registro digital (IUS): 31346
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-03-24
Promovente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SINALOA.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Marzo de 2023, Tomo III, Pág.2522.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 137/2020. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SINALOA. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: MARÍA CRISTINA VILLEDA OLVERA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Actos impugnados: Los Acuerdos 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 y 71, mediante los cuales el Congreso del Estado de Sinaloa aprueba el rechazo y/o rechaza la aprobación determinada por la Auditoría Superior del Estado de los informes individuales de la revisión y la fiscalización superior de la cuenta pública de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de diversos Municipios y entes públicos estatales y municipales, así como del informe general ejecutivo de fiscalización superior de la cuenta pública, correspondientes al ejercicio fiscal de dos mil dieciocho y la orden de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al treinta de noviembre de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 137/2020, promovida por el Poder Ejecutivo, contra el Poder Legislativo, ambos del Estado de Sinaloa.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. Por escrito depositado el uno de septiembre de dos mil veinte, en el buzón judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y recibido el mismo día por la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Quirino Ordaz Coppel, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de lo siguiente:

• Los Acuerdos 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58 (en su artículo segundo), en los que el Congreso del Estado aprueba el rechazo determinado por la Auditoría Superior del Estado relativo a los informes individuales de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciocho, de los Municipios: Angostura, Choix, Concordia, Cosalá, El Fuerte, Guasave, Navolato, Salvador Alvarado, así como de los entes públicos estatales y municipales: Servicios de Salud de Sinaloa, de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato y la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Rosario, respectivamente.

• Los Acuerdos 58 (en su artículo primero), 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70 y 71, a través de los cuales el Congreso Estatal rechaza la aprobación determinada por la Auditoría Superior del Estado relativo a los informes individuales de la revisión y la fiscalización superior de la cuenta pública de los entes públicos estatales y municipales: Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, Colegio de Bachilleres del Estado, Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado, Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado, Instituto Sinaloense de Cultura, Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado, Instituto Electoral del Estado, Universidad Autónoma de Occidente, Universidad Autónoma de Sinaloa, Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán; de los Municipios de Ahome, Sinaloa, Mocorito, Badiraguato, Culiacán, Elota, San Ignacio, Mazatlán, Escuinapa, Rosario; así como del Poder Judicial y del Congreso del Estado, respectivamente, todos del ejercicio fiscal dos mil dieciocho;

• El Acuerdo 69 en el que el referido órgano legislativo rechaza el informe general ejecutivo del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública del ejercicio fiscal de dos mil dieciocho; y,

• Los actos de ejecución derivados de tales acuerdos, en particular, la orden de publicación en el Periódico Oficial del Estado.

2. Antecedentes. El Poder actor expuso, esencialmente, los siguientes antecedentes:

2.1. El veintiuno de julio de dos mil veinte, el Poder Legislativo demandado aprobó, a través de los Acuerdos 50 a 57, el rechazo determinado por la Auditoría Superior del Estado de los informes individuales de la revisión y la fiscalización de la cuenta pública de los Municipios de Angostura, Choix, Concordia, Cosalá, El Fuerte, Guasave, Navolato y Salvador Alvarado, correspondientes al ejercicio fiscal dos mil dieciocho.

2.2. Mediante los oficios números CES/SG/MD/E-925/2020 y CES/SG/MD/E-926/2020, de fecha veintiuno de julio, recibidos el veintidós de julio de dos mil veinte, en la oficina de correspondencia del Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, se remitieron al actor los acuerdos referidos en el punto anterior, a fin de que se publicaran en el Periódico Oficial del Estado.

2.3. El veintitrés de julio de dos mil veinte, se presentó en la oficina de correspondencia aludida, el oficio CES/SG/MD/E-945/2020, a través del cual se remitió, para efectos de su publicación en el Periódico Oficial, el Acuerdo Número 58 aprobado el mismo día, en el que el Congreso del Estado, por un lado, rechazó la aprobación determinada por la Auditoría Superior del Estado relativa a los informes individuales de la revisión y la fiscalización superior de los recursos públicos estatales y municipales: Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, Colegio de Bachilleres del Estado, Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado, Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado, Instituto Sinaloense de Cultura, Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado, Instituto Electoral del Estado, Universidad Autónoma de Occidente, Universidad Autónoma de Sinaloa, Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán y, por otro, aprobó el rechazo determinado por esa autoridad fiscalizadora, a los informes individuales de la revisión y la fiscalización superior de los recursos públicos de los entes públicos estatales y municipales: Servicios de Salud de Sinaloa, de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato y la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Rosario, respectivamente, todos del ejercicio fiscal de dos mil dieciocho.

2.4. El veintiocho de julio de dos mil veinte, se emitieron los Acuerdos 59 a 67, en los que el Poder Legislativo demandado rechazó la aprobación determinada por la Auditoría Superior del Estado relativa a los informes individuales de la revisión y la fiscalización de la cuenta pública de los Municipios de Sinaloa, Mocorito, Badiraguato, Culiacán, Elota, San Ignacio, Mazatlán, Escuinapa, correspondientes al ejercicio fiscal dos mil dieciocho. Dichos acuerdos se remitieron a la parte actora, para efectos de su publicación, por medio del oficio CES/SG/MD/E-946/2020, recibido al día siguiente en su oficina de correspondencia.

2.5. El treinta de julio siguiente, el Poder Legislativo demandado rechazó la aprobación determinada por la Auditoría Superior del Estado de los informes individuales de la revisión y la fiscalización de la cuenta pública del Municipio de Rosario, del Poder Judicial y del Congreso del Estado y rechazó el informe general ejecutivo del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública correspondiente a dos mil dieciocho, a través de los Acuerdos 68, 70, 71 y 69, respectivamente.

2.6. Por medio de los oficios CES/SG/MD/E-955/2020, CES/SG/MD/E-956/2020, CES/SG/MD/E-958/2020 y CES/SG/MD/E-959/2020, recibidos en la oficina de correspondencia del Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa el treinta y uno de julio de dos mil veinte, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local remitió al Poder Ejecutivo los Acuerdos 68, 69, 60, 71, para efectos de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa.

3. Conceptos de invalidez. La parte actora plantea, en síntesis, los siguientes argumentos:

a. I. Los acuerdos impugnados hacen nugatorio el ejercicio de las facultades expresas y regladas que el Poder Ejecutivo tiene conferidas para formular observaciones a los decretos aprobados por el Poder Legislativo, en contravención al principio de división de poderes previsto en el artículo 116 de la Constitución Federal y 19 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

b. En efecto, los artículos 46, fracciones III, IV, V y VI, y 65, fracción XXV, de la Constitución Local, en relación con los artículos 209, 210, 211, 212 y 213 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, otorgan al titular del Poder Ejecutivo la facultad-obligación de formular observaciones a las leyes y los decretos aprobados por la Legislatura del Estado, lo cual tiene relevancia a partir de tres vertientes: 1) constituye un medio de control constitucional que tiene como fin establecer un sistema de equilibrio, frenos y contrapesos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo; 2) se trata de un acto de colaboración y un mecanismo idóneo para evitar que un Poder se sobreponga a otro; 3) a través de la "facultad de veto", el Ejecutivo participa en el procedimiento de producción del decreto, lo cual lo habilita para allegar al Poder Legislativo información, objeciones y cuestionamientos adicionales, a fin de evidenciar la falta de consentimiento del decreto por vicios de inconstitucionalidad, por defectos o por resultar inconveniente.

c. En el caso, el Congreso Local decidió denominar e instrumentar los actos reclamados como acuerdos y no como decretos, contrario a lo exigido en la Ley Orgánica del Congreso y la Ley de Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, con el único propósito de impedir y hacer nugatorio el derecho del Poder Ejecutivo Estatal de manifestar su falta de consentimiento por vicios de inconstitucionalidad, defectos o inconveniencia de tales decisiones.

d. La decisión de emitir un instrumento legislativo como acuerdo o decreto no es una potestad ni una facultad discrecional del Congreso Estatal, sino que se trata de procedimientos reglados establecidos en la normativa vigente aplicable.

e. En efecto, conforme al sistema de revisión y fiscalización de la cuenta pública en el orden jurídico estatal, a partir de la reforma de dos mil diecisiete, cuya finalidad fue transitar de un esquema politizado a uno de naturaleza técnica jurídica, sin despojar al Poder Legislativo de su facultad de fiscalización, se lleva a cabo, en un primer momento, por la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, la cual, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 54 Bis y 54 Bis A de la Ley de Auditoría Superior del Estado, cuando detecte errores en los informes generales e individuales o considere necesario profundizar en algunos puntos, podrá solicitar al titular de la auditoría información para aclararla, o bien citarlo cuando resulte preciso, lo que, conjuntamente con el análisis pormenorizado de la comisión, debidamente sustentado en conclusiones técnicas, se debe integrar al dictamen que se someterá a la aprobación del Pleno del Congreso del Estado; mientras que los artículos 70 a 72 del referido ordenamiento establecen expresamente que la determinación de aprobar o rechazar las cuentas públicas, debe instrumentarse a través de decretos.

f. No obstante, con independencia de la denominación que intencionalmente les haya conferido el demandado, debe atenderse al contenido material de la resolución para determinar su verdadera naturaleza jurídica.

g. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido al decreto como "aquella resolución que regula situaciones particulares, concretas e individuales", cuya particularidad consiste en que está dirigido a una situación concreta y una vez aplicado, se extingue.

h. Los actos reclamados no reúnen las características cualitativas de "acuerdos", en términos de lo dispuesto en los artículos 138, 139 y 140 de la Ley Orgánica del Congreso; aunado a que fue el propio demandado el que los remitió al Ejecutivo para que se publicaran en el Periódico Oficial, como corresponde a la naturaleza propia de un decreto.

i. En ese sentido, si fue el propio demandado quien les dio la especial característica de que debían ser publicados en el órgano de difusión oficial, implica que no reúnen los requisitos de procedencia de un acuerdo, puesto que la denominación del acto no cambia su verdadera naturaleza jurídica.

j. Máxime que, en años anteriores, sistemáticamente se habían emitido, mediante decretos, las resoluciones en las que el Congreso aprobó o rechazó las cuentas públicas y ahora pretende darles una naturaleza jurídica distinta, como acuerdos, a pesar de que se trata de determinaciones que afectan la esfera jurídica de personas jurídicas públicas y trascienden a la vida constitucional del Estado de Sinaloa.

k. En efecto, la aprobación o rechazo de la cuenta pública tiene implicaciones en personas físicas y morales –públicas– que van más allá de la esfera jurídica del Congreso del Estado, razón por la cual es claro que la naturaleza de ese tipo de resolución es la de un decreto y no de un acuerdo.

l. Adicionalmente, en los actos impugnados se estableció, sin motivación ni fundamentación alguna, que surtirían efectos a partir de su aprobación por el Pleno del Congreso, siendo que en el ejercicio inmediato anterior se determinó que el decreto entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

m. Las observaciones que el Ejecutivo puede formular –reitera– se basan en un sistema de equilibrio constitucional de frenos y contrapesos y una evaluación ex ante a ciertas resoluciones del Poder Legislativo, con el propósito de que sean revisadas y en su caso, corregidas para evitar perjuicios a sus destinatarios, sin tener que llegar a un control judicial; ello, sin perjuicio de que dichas observaciones puedan ser superadas por una mayoría calificada del propio Congreso dentro del propio esquema de equilibrio constitucional entre ambos Poderes.

n. El derecho de veto del Ejecutivo, previsto en el artículo 46 de la Constitución de Sinaloa, no está sujeto a ningún principio que limite su ejercicio, siempre y cuando se trate de actos que, materialmente, sean leyes o decretos y, de existir limitaciones, al ser el veto un medio de control constitucional no jurisdiccional, éstas deben interpretarse en forma estricta, pero en el caso no se actualiza ninguna excepción o restricción, por lo que hacer nugatoria la facultad del Poder Ejecutivo es por sí mismo, violatorio del principio de división de poderes.

o. Por las mismas razones, los actos no pueden entrar en vigor antes de su fecha de publicación en el Periódico Oficial ni de la conclusión del ejercicio de veto del Poder Ejecutivo, por lo que debe existir un plazo razonable para su entrada en vigor.

p. II. Los actos impugnados se encuentran indebidamente fundados y motivados y resultan contrarios al régimen legal de atribuciones en materia de la revisión y la fiscalización de la cuenta pública, toda vez que el Poder demandado excede la opinión de la Auditoría Superior, sin agotar las formalidades previstas en la Constitución Local y en la ley reglamentaria en esa materia, en contravención a los principios de legalidad y seguridad jurídica, consagrados en el artículo 16 constitucional.

q. No se cuestiona si el Poder Legislativo cuenta con facultades relativas a la revisión, discusión, aprobación o, en su caso, de rechazo de los dictámenes y las determinaciones presentadas por la Auditoría Superior del Estado sobre la cuenta pública del Estado y de los Gobiernos Municipales, sino que dichas atribuciones no se realizaron en estricto apego al marco jurídico constitucional y legal aplicable.

r. Lo anterior, toda vez que, en términos de lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución de Sinaloa, para que el Poder Legislativo se pronuncie sobre la aprobación o rechazo de las cuentas públicas "... citará al Auditor Superior del Estado, para comparecer ante el pleno del Congreso, con respecto a la información presentada en los informes de la revisión y fiscalización de la cuenta pública del Gobierno del Estado y de los Gobiernos Municipales, en un plazo no mayor a 30 días naturales y no menor a 20 días naturales a partir de su presentación", al tratarse del órgano especializado en esa materia; inclusive, la Comisión de Fiscalización tiene facultades para solicitar a dicho órgano que realice las aclaraciones pertinentes cuando se detecten errores o considere necesario profundizar el contenido de los informes, conforme a los numerales 54 Bis y 54 Bis A de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa.

s. Sin embargo, como se advierte de los acuerdos impugnados, dichas formalidades fueron omitidas, sin que mediara fundamentación y motivación alguna por parte del Poder Legislativo.

t. El Congreso del Estado, al determinar el rechazo de la aprobación de los informes individuales de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, tenía la obligación de llevar a cabo un test de proporcionalidad y aplicar una motivación reforzada y precisa del porqué el rechazo de la totalidad de los informes, lo cual no aconteció; además, que no se acompañaron los dictámenes emitidos por la Comisión de Fiscalización del Congreso cuando se remitieron los acuerdos impugnados al Poder Ejecutivo.

u. El parámetro de motivación reforzada se justifica en que los actos impugnados que determinan el rechazo de la cuenta pública: a) constituyen una violación directa al principio de división de poderes; b) trascienden en una afectación inmediata y directa al Estado en materia de deuda pública, incluyendo a la transparencia y publicidad de su sistema de contabilidad; c) conllevan la imposición de consecuencias gravosas para el Gobierno del Estado y en su caso, de los Municipios, en su carácter de acreditados de los financiamientos de deuda pública.

v. Ante la indebida fundamentación y motivación de los acuerdos reclamados, procede declarar su invalidez.

4. Admisión y trámite. Por acuerdo de siete de septiembre de dos mil veinte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional 137/2020 y, al advertir que se impugnaban actos de contenido similar a los impugnados en la diversa controversia 331/2019, se turnó por conexidad al Ministro Luis María Aguilar Morales, para que instruyera el procedimiento.

5. Posteriormente, mediante proveído de veintidós de septiembre siguiente, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda y tuvo como demandado al Poder Legislativo del Estado de Sinaloa, a quien se solicitó emplazar a efecto de que formulara su contestación. Asimismo, se dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifestaran lo que a su representación o a su esfera competencial conviniera.

6. Contestación de demanda del Poder Legislativo del Estado de Sinaloa. Mediante escrito presentado vía electrónica a través del Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, la diputada Roxana Rubio Valdez, en su carácter de presidenta de la Mesa Directiva de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, dio contestación a la demanda de controversia constitucional, medularmente, en los siguientes términos:

• Debe sobreseerse en la controversia constitucional, toda vez que:

• 1. No existe un conflicto competencial entre dos Poderes de una misma entidad federativa sobre la constitucionalidad de actos o disposiciones generales, que actualice la hipótesis prevista en el artículo 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal que invoca el actor. • El aparente conflicto competencial alegado por el Poder Ejecutivo es porque en la emisión de los acuerdos impugnados se hizo nugatorio el ejercicio de sus facultades para emitir observaciones; sin embargo, de conformidad con el artículo 140 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, tratándose de acuerdos no se requiere de la sanción, promulgación y publicación, por lo que en tal supuesto no ha lugar para que el Ejecutivo emita observaciones y, por ende, ante la inexistencia de la causa de invalidez, procede el sobreseimiento.

• No es óbice para lo anterior que el actor señale que conforme a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado, la aprobación o rechazo de los informes de revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas debe realizarse vía decreto, toda vez que dicho precepto se ubica en el capítulo sexto, denominado "De la Auditoría del Poder Legislativo y Judicial", por lo que es evidente que se refiere a las formalidades relativas a las auditorías técnicas realizadas a estos Poderes; máxime que tanto la Constitución Local como la ley orgánica le otorgan al Congreso la potestad de emitir leyes, decretos o acuerdos.

• Por tanto, al no constituir las cuentas públicas iniciativas de ley ni decretos de reformas, porque no producen derechos u obligaciones a la generalidad, sino meros actos de naturaleza administrativa que tienen por objeto la emisión de una resolución para aprobar o rechazar un dictamen en relación con las cuentas públicas respecto del gasto presupuestal, es procedente hacerlo mediante un acuerdo, al tratarse de una cuestión exclusivamente interna del Congreso el aprobar o no el ejercicio del gasto, conforme a los razonamientos técnicos de la comisión permanente de fiscalización al analizar la propuesta de la Auditoría Superior; además de que no requieren publicarse, al no surtir efectos para la generalidad sino únicamente para las instituciones fiscalizadas en torno al cumplimiento o no de los parámetros a que debe sujetarse en el ejercicio del gasto público conforme a las leyes aplicables preestablecidas.

• 2. No se hacen valer violaciones directas a la Constitución Federal, por el contrario, se alegan violaciones indirectas a los artículos 14 y 116, es decir, aspectos de legalidad.

• En efecto, el actor fundamenta sus pretensiones en la interpretación literal y errónea que hace del artículo 72 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, así como a diversos preceptos de la Constitución Local, siendo evidente que los conceptos de invalidez se refieren a violaciones a normas secundarias.

• 3. La parte actora pretende exponer, a manera de conceptos de invalidez, observaciones a los acuerdos impugnados, en ejercicio de su "facultad de veto".

• Esto, toda vez que la Primera Sala de este Alto Tribunal sostuvo, al resolver la controversia constitucional 148/2008, que el contenido de las observaciones formuladas por el Ejecutivo no puede ser materia de control judicial, al constituir cuestiones de índole político.

• Al margen del criterio de esta Suprema Corte, el actor basa sus argumentos en aspectos que conformarían las observaciones improcedentes a los acuerdos reclamados y que son una reiteración de las que envió al Congreso del Estado mediante oficios SGG-037/2020 al SGG-045/2020.

• En cuanto a los conceptos de invalidez:

• Tocante al primero. El artículo 42 de la Constitución Local deja expedita la facultad del Congreso para dictar sus resoluciones ya sea vía ley, decreto o acuerdo; mientras que el artículo 140 de la Ley Orgánica del Congreso define los acuerdos como las resoluciones que, por su naturaleza, no requieren para su validez de la sanción, promulgación y publicación.

• El Congreso del Estado identificó la decisión de aprobación o no aprobación de la cuenta pública como una de aquellas que, por su naturaleza, no son susceptibles de observaciones.

• Esto, porque la revisión de la cuenta pública es una función materialmente administrativa, por lo que su validez no depende del cumplimiento del mismo proceso que se requiere para la creación o modificación de normas generales, ya que no impone obligaciones ni otorga derechos a la generalidad o a personas determinadas.

• Así, la naturaleza de la cuenta pública también puede observarse en el artículo 159 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, que establece lineamientos distintos para la lectura de sus dictámenes, al disponer: "Los dictámenes sobre cuentas públicas, tendrán su primera lectura el día en que se presenten y su segunda lectura se hará en un plazo no menor de una semana."

• Otro aspecto que revela que la aprobación de cuenta pública se rige por procedimientos distintos a los que rigen la emisión de las leyes y decretos, es lo dispuesto en el artículo 45 de la Constitución Local que establece de manera limitativa quiénes se encuentran facultados para iniciar leyes o decretos, sin mencionar a la Auditoría Superior del Estado ni al auditor superior, por lo que no había razón para la instauración de proceso legislativo alguno respecto de la aprobación o rechazo de los informes de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública.

• De ese modo, la propia naturaleza de la revisión de la cuenta pública impide que su resolución pueda ser objeto de observaciones por parte de Ejecutivo Estatal, por lo que puede válidamente emitirse mediante un acuerdo al que alude el artículo 140 de la ley orgánica, que no requiere para su validez de sanción, promulgación ni publicación.

• El artículo 72 de la Ley de Auditoría Superior del Estado, en el que el actor funda su pretensión, forma parte del capítulo denominado "De la auditoría del Poder Legislativo y Judicial", por lo que no es aplicable a la revisión de la cuenta pública de los demás entes gubernamentales; aunado a que no establece que la determinación del Congreso deba sancionarse o publicarse por parte del Ejecutivo, sino únicamente que debe enviarse al Periódico Oficial para su publicación; de ahí que, es errónea la interpretación que realiza de dicho precepto.

• En cuanto al segundo concepto de invalidez. No se cumple con el principio de afectación y se exponen cuestiones de legalidad que no podrían ser objeto de controversia constitucional.

• Lo primero, porque el actor no tiene facultades para acudir en representación de los demás entes fiscalizados para cuestionar la fundamentación y motivación de los actos impugnados o alegar que éstos resultan contrarios al régimen legal de atribuciones en materia de revisión y fiscalización de la cuenta pública. Y, segundo, porque se limita a plantear aspectos de legalidad, relacionadas con reglas procesales y apreciaciones subjetivas.

• Al margen de lo anterior, contrario a lo alegado por el demandante, los acuerdos reclamados sí cumplen con los requisitos de la debida fundamentación y motivación, como se corrobora del contenido de tales determinaciones, en los que con fundamento en los artículos 43, fracción XXII, y 53 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, así como el artículo 54 Bis A de la Ley de la Auditoría Superior del Estado, el Congreso aprobó el rechazo o rechazó la aprobación de la Auditoría Estatal respecto de diversos informes relativos a la revisión y fiscalización de recursos públicos para el ejercicio de dos mil dieciocho.

• En esos términos, fue el propio Constituyente del Estado el que facultó al Poder Legislativo, en el referido artículo 43, para aprobar o rechazar, en su caso, el dictamen del informe general de resultado o los informes individuales de la revisión y fiscalización de la cuenta pública del Gobierno del Estado, elaborados por la Auditoría Superior del Estado, como lo hizo en cada uno de los acuerdos controvertidos, previa discusión y aprobación por parte del Pleno del Congreso.

7. Manifestaciones de la Fiscalía General de la República y de la Consejería del Gobierno Federal. Ninguna de dichas instituciones emitió opinión en el presente asunto.

8. Alegatos. No se formularon alegatos en esta controversia constitucional.

9. Cierre de la instrucción. Sustanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la ley reglamentaria de la materia y, en la misma fecha se determinó el cierre de la instrucción y se puso el expediente en estado de resolución.

10. Avocamiento. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución.

I. COMPETENCIA

11. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) –vigente al momento de la presentación de la demanda–;(2) 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(3) (en lo sucesivo "ley reglamentaria"); 10, fracción I,(4) y 11, fracción V,(5) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el punto segundo, fracción I, párrafo primero, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013,(6) de trece de mayo de dos mil trece, pues se trata de un conflicto entre dos Poderes de una misma entidad federativa, sin que resulte necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

12. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.

II. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS

13. Con fundamento en el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria,(7) se procede a la fijación de los actos objeto de la controversia y a la apreciación de las pruebas conduc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31346-12acc3a1/i-controversia-constitucional-la-persona-titular-del-poder · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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