I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR AUSENCIA DE CAUSA DE PEDIR (EFECTOS GENERADOS POR LA REALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SINALOA A LOS DECRETOS 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 Y 294, EMITIDOS POR LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A LA INEXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO EN LA RECONVENCIÓN CUANDO ÉSTE QUEDÓ ACREDITADO (DECLARATORIA DE CONCLUSIÓN DE LA REVISIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISIETE EMITIDA POR LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA EL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN TRATÁNDOSE DE ACTOS ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O ACUERDO QUE SE RECLAME CONFORME A LA LEY DEL PROPIO ACTO; AL EN QUE EL ACTOR HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE ELLOS O DE SU EJECUCIÓN; O, AL EN QUE EL ACTOR SE OSTENTE SABEDOR DE LOS MISMOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL CONGRESO LOCAL RELATIVA A LA EXTEMPORANEIDAD DE LA DEMANDA RECONVENCIONAL, AL HABERSE IMPUGNADO EL ACTO RECLAMADO DENTRO DEL PLAZO PREVISTO PARA TAL EFECTO CONTADO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL ACTOR RECONVENCIONISTA SE OSTENTÓ SABEDOR DEL MISMO (DECLARATORIA DE CONCLUSIÓN DE LA REVISIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISIETE EMITIDA POR LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA EL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD DE LA RECONVENCIÓN AL TENER CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO CON ANTERIORIDAD (DECRETOS 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 Y 294, EMITIDOS POR LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SINALOA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DEL PODER EJECUTIVO DE ESA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER LEGISLATIVO DE LA ENTIDAD CUANDO LA PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA LE DELEGA LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN DE ESE ÓRGANO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 42, FRACCIÓN XX Y 43 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL EJECUTIVO LOCAL RELATIVA A LA FALTA DE LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA DEL VICEPRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, AL HABERSE ACREDITADO LA DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN POR PARTE DE LA PRESIDENTA (OFICIOS DE UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE MEDIANTE LOS CUALES EL GOBERNADOR DEL ESTADO FORMULA OBSERVACIONES A LOS DECRETOS 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 Y 294, EMITIDOS POR LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA RECONVENCIÓN EN REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD (ARTÍCULOS 46 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, 10 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO 16, FRACCIÓN XXXVIII Y 36 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, TODOS DEL ESTADO DE SINALOA). X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SINALOA RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DE ESA ENTIDAD (ARTÍCULOS 46 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, 10 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO 16, FRACCIÓN XXXVIII Y 36 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, TODOS DEL ESTADO DE SINALOA). XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 42, FRACCIÓN XX, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA). XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 331/2019. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022. PONENTE: MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: ÚRSULA HERNÁNDEZ MAQUIVAR.
ÍNDICE TEMÁTICO
Ver índice temático
Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al treinta de noviembre de dos mil veintidós emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 331/2019, promovida por el Congreso del Estado de Sinaloa, en contra del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda por el Poder Legislativo del Estado de Sinaloa. Por escrito presentado el treinta de octubre de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Ramón Torres Navarro, quien se ostentó como vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sinaloa, promovió controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa, en contra de los actos siguientes:
• Los oficios de uno de octubre de dos mil diecinueve, mediante los cuales el gobernador constitucional formula observaciones a los Decretos 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 y 294.
• Los efectos y las consecuencias de la realización y la aplicación de las observaciones a los decretos.
2. Asimismo, señaló como terceros interesados a los Municipios del Estado de Sinaloa, al Colegio de Bachilleres del Estado, Centro de Ciencias de Sinaloa, Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte, Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, Junta de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Ahome, Culiacán y Mazatlán, Hospital Civil de Culiacán, Instituto Sinaloense de la Cultura, Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado, Servicios de Salud de Sinaloa, Poder Judicial del Estado de Sinaloa, Secretarías de Obras Públicas, de Administración y Finanzas, de Turismo y de Seguridad Pública, todas del gobierno del Estado, así como al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas de Culiacán.
3. Antecedentes de la controversia constitucional. El Poder Legislativo del Estado manifestó que el presente medio de control constitucional tiene como antecedentes los siguientes:
A. El veinte de febrero de dos mil diecinueve, la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa presentó a la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado cuarenta informes individuales de la revisión y fiscalización superior de los recursos públicos de dos mil diecisiete.
B. El once, doce y diecinueve de julio de dos mil diecinueve, respectivamente, la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado emitió veintitrés dictámenes, los cuales fueron sometidos a consideración del Pleno del Congreso del Estado.
C. En sesiones de veintitrés, veinticinco, treinta y treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, el Congreso del Estado emitió los decretos siguientes:
• Decreto 271, mediante el cual se aprueba el rechazo determinado por la Auditoría Superior del Estado relativo al informe individual de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, del Municipio de Angostura, Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecisiete;
• Decreto 272, mediante el cual se aprueba el rechazo determinado por la Auditoría Superior del Estado relativo al informe individual de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, del Municipio de Badiraguato, Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecisiete;
• Decreto 273, mediante el cual se aprueba el rechazo determinado por la Auditoría Superior del Estado relativo al informe individual de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, del Municipio El Fuerte, Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecisiete;
• Decreto 274, mediante el cual se aprueba el rechazo determinado por la Auditoría Superior del Estado relativo al informe individual de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, del Municipio de Elota, Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecisiete;
• Decreto 275, mediante el cual se aprueba el rechazo determinado por la Auditoría Superior del Estado relativo al informe individual de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, del Municipio de Escuinapa, Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecisiete;
• Decreto 276, mediante el cual se aprueba el rechazo determinado por la Auditoría Superior del Estado relativo al informe individual de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, del Municipio de Guasave, Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecisiete;
• Decreto 277, mediante el cual se aprueba el rechazo determinado por la Auditoría Superior del Estado relativo al informe individual de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, del Municipio de Mocorito, Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecisiete;
• Decreto 278, mediante el cual se aprueba el rechazo determinado por la Auditoría Superior del Estado relativo al informe individual de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, del Municipio de Navolato, Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecisiete;
• Decreto 279, mediante el cual se aprueba el rechazo determinado por la Auditoría Superior del Estado relativo al informe individual de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, del Municipio del Rosario, Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecisiete;
• Decreto 281, mediante el cual se aprueba el rechazo determinado por la Auditoría Superior del Estado relativo al informe individual de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, del Municipio de Sinaloa, Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecisiete;
• Decreto 282, mediante el cual se rechaza la aprobación determinada por la Auditoría Superior del Estado relativo al informe individual de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, del Municipio de Ahome, Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecisiete;
• Decreto 283, mediante el cual se rechaza la aprobación determinada por la Auditoría Superior del Estado relativo al informe individual de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, del Municipio de Choix, Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecisiete;
• Decreto 284, mediante el cual se rechaza la aprobación determinada por la Auditoría Superior del Estado relativo al informe individual de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, del Municipio de Concordia, Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecisiete;
• Decreto 285, mediante el cual se rechaza la aprobación determinada por la Auditoría Superior del Estado relativo al informe individual de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, del Municipio de Cosalá, Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecisiete;
• Decreto 286, mediante el cual se rechaza la aprobación determinada por la Auditoría Superior del Estado relativo al informe individual de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, del Municipio de Culiacán, Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecisiete;
• Decreto 287, mediante el cual se rechaza la aprobación determinada por la Auditoría Superior del Estado relativo al informe individual de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecisiete;
• Decreto 288, mediante el cual se rechaza la aprobación determinada por la Auditoría Superior del Estado relativo al informe individual de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, del Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecisiete;
• Decreto 289, mediante el cual se rechaza la aprobación determinada por la Auditoría Superior del Estado relativo al informe individual de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, del Municipio de San Ignacio, Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecisiete;
• Decreto 290, mediante el cual se rechaza la aprobación técnica determinada por la Auditoría Superior del Estado relativa a la revisión de fiscalización superior de los recursos públicos del informe general ejecutivo, de la cuenta pública, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecisiete;
• Decreto 291, mediante el cual se rechaza la aprobación técnica determinada por la Auditoría Superior del Estado relativa a los informes individuales de la revisión y fiscalización superior de los recursos públicos de los entes públicos estatales y municipales siguientes: Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa; Centro de Ciencias de Sinaloa; Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa; Instituto Sinaloense de la Cultura Física y el Deporte; Instituto Municipal de la Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán; Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome; Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán y Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, así como mediante el cual se aprueba el rechazo técnico relativo a los informes individuales de la revisión y fiscalización superior de los recursos públicos del Hospital Civil de Culiacán, Instituto Sinaloense de la Cultura, Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa y de los Servicios de Salud de Sinaloa.
• Decreto 292, mediante el cual se rechaza la aprobación técnica determinada por la Auditoría Superior del Estado relativa al informe individual de la revisión y fiscalización superior de los recursos públicos de la cuenta pública, del Poder Legislativo del Estado de Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecisiete;
• Decreto 293, mediante el cual se rechaza la aprobación determinada por la Auditoría Superior del Estado relativa al informe individual de la revisión y fiscalización superior de los recursos públicos de la cuenta pública del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecisiete;
• Decreto 294, mediante el cual se rechaza la aprobación técnica determinada por la Auditoría Superior del Estado relativo a los informes individuales de la revisión y fiscalización superior de los recursos públicos de la Secretaría de Administración y Finanzas, de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecisiete, y mediante el cual se aprueba el rechazo técnico determinado por la Auditoría Superior del Estado relativo a los informes individuales de la revisión y fiscalización superior de los recursos públicos de la cuenta pública dos mil diecisiete, correspondiente a la Secretaría de Seguridad Pública y del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Culiacán, hoy Centro Penitenciario "Aguaruto".
D. El Congreso del Estado remitió los Decretos de referencia al Poder Ejecutivo del Estado a fin de que fueran promulgados y publicados en el Periódico Oficial de la entidad.
E. El uno de octubre de dos mil diecinueve, el gobernador del Estado formuló observaciones a los decretos de referencia; siendo estas observaciones lo que se combate en el presente medio de control constitucional.
4. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Congreso del Estado de Sinaloa, en primer lugar, aclara que el presente medio de control constitucional no es promovido para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación califique las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo, sino que los argumentos se dirigen a evidenciar la falta de atribución constitucional del gobernador para formular observaciones a los decretos de referencia. Sentado ello, expuso, en esencia, los siguientes conceptos de invalidez:
"Primero. Las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo Estatal a los Decretos 292, 293 y 294, por los que se rechaza la aprobación técnica determinada por la Auditoría Superior del Estado relativa a los informes individuales de la revisión y fiscalización de los recursos públicos de las cuentas públicas de los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo del Estado de Sonora, vulneran el principio de supremacía constitucional y las facultades exclusivas conferidas al Legislativo.
"Lo anterior, porque el artículo 116 de la Constitución Federal impide la concentración del poder público de los Estados en una sola persona o corporación, por lo que debe dividirse y garantizarse la distribución horizontal de competencias. Ello también es reconocido por la Constitución Local, en cuyos artículos 19, 20 y 43, fracción XXII, se desarrolla la división de poderes y, a su vez, diseña un sistema de pesos y contrapesos con lineamientos específicos y en el cual no se prevé la posibilidad de intromisiones de un poder en el ejercicio de las facultades exclusivas de otro, que pudiera generar dependencia o subordinación.
"No obstante, el Poder Ejecutivo Local, basándose en una interpretación distorsionada del sistema de pesos y contrapesos, pretende fundamentar su intromisión en la facultad genérica prevista en el artículo 65, fracción XXV, de la Constitución Estatal, que establece como facultad y obligación del gobernador las demás que le confieran la Constitución General y Local, así como las derivadas de ellas que no estén expresamente atribuidas o reservadas a los Poderes de la Federación o a los otros Poderes del Estado; facultad que sólo puede aplicarse para posibilitar el efectivo ejercicio de las atribuciones inherentes a su rama gubernamental.
"Aunado a ello, la intromisión en las facultades del Congreso, por parte del gobernador, podría obstaculizar la función exclusiva que le fue conferida a la Legislatura para la revisión de las cuentas públicas, máxime que el Ejecutivo es uno de los órganos sujetos a revisión. Lo anterior, ha sido sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 52/2004, en el sentido de que no todos los decretos emitidos por el Legislativo son observables por el Ejecutivo, pues si bien es cierto que la facultad de veto aplica de manera genérica al proceso legislativo, también lo es que se debe identificar la naturaleza de éstos para determinar si es procedente o no la formulación de observaciones.
"Así, por su naturaleza, los decretos que se deriven del ejercicio de la facultad exclusiva de revisión de las cuentas públicas no pueden ser objeto de observaciones por parte del Ejecutivo para desecharlos en todo o en parte.
"En otro orden de ideas, es importante destacar que la atribución que pretende adjudicarse el Ejecutivo Local podría desnaturalizar el mecanismo de revisión de cuentas públicas debido a que, como ente revisado, siempre se va a inconformar en relación con los decretos que no aprueben su cuenta pública, lo que implicaría que, automáticamente, se requiriera una mayoría de dos terceras partes de los diputados presentes en el Congreso para que las cuentas públicas del Ejecutivo puedan superar un eventual ejercicio de veto y, consecuentemente, ser objeto de un decreto de no aprobación. A su vez, ello resultaría desproporcionado y contrario a la igualdad institucional, pues mientras la cuenta pública del Poder Judicial Local y de organismos autónomos podrá ser objeto de no aprobación con la votación de mayoría simple de los integrantes del Congreso, para la no aprobación de una cuenta del Ejecutivo Estatal, en los hechos, será necesario el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes que deberán superar el veto formulado.
"Por tanto, se solicita la declaración de invalidez de las observaciones formuladas a los Decretos 292, 293 y 294, y su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
"Segundo. Mediante la formulación de observaciones a los decretos 292, 293 y 294, el gobernador, además de atribuirse la facultad de formular observaciones a un decreto no observable, pretende adjudicarse una función de tribunal constitucional, al intentar resolver un supuesto conflicto competencial entre el Congreso del Estado y la Auditoría Superior del Estado, siendo que dicha facultad está reservada constitucionalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante las controversias constitucionales.
"En el Estado de Sinaloa no existe una jurisdicción constitucional local y frente a ello, el Ejecutivo estatal pretende asumir un rol de garante de la regularidad constitucional en relación con supuestas invasiones de competencias por parte del Congreso del Estado a las atribuciones de la Auditoría Superior de la entidad, lo cual se desprende de las propias observaciones formuladas, en las que indica que el dictamen de la Comisión de Fiscalización y su aprobación por parte del Pleno resultan violatorios del artículo 53, fracción II, de la Constitución del Estado, así como de los artículos 54 Bis y 54 Bis A de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, pues, en su opinión, la Comisión de Fiscalización y el Pleno del Congreso carecen de facultades para realizar consideraciones sobre los hechos relacionados con las recomendaciones, acciones, pliegos de observaciones y solicitudes de inicio de procedimientos de presunta responsabilidad administrativa, dado que ello es una facultad técnica de la Auditoría Superior del Estado.
"La clara intención del gobernador de auto adjudicarse la función de garante constitucional se aprecia desde las consideraciones previas de sus observaciones, en las que indica: ‘En principio, se estima oportuno mencionar que el derecho que le otorga la Constitución Política del Estado al titular del Poder Ejecutivo de formular observaciones a las leyes y decretos aprobados por la Legislatura constituye un medio de control constitucional no jurisdiccional de índole político, que tiene como finalidad esencial establecer un sistema de pesos y contrapesos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo’.
"Es importante precisar que, al resolver la controversia constitucional 115/2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el objeto de la revisión de las cuentas públicas incluye el examen y la consecuente aprobación de éstas, debido a que es, precisamente, el Poder Legislativo el facultado para verificar que se hayan aplicado correctamente los recursos aprobados por él mismo en el presupuesto. En ese tenor, no se puede limitar el actuar del Legislativo a examinar únicamente los informes rendidos por la Auditoría Superior del Estado, sino que puede, en el ejercicio de sus facultades, revisar cualquier aspecto de la cuenta pública.
"Tercero. Mediante las observaciones a los decretos 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288 y 289, por los que se rechazan y también se aprueban algunos de los informes individuales emitidos a través de la Auditoría Superior del Congreso del Estado, que contienen información técnica sobre la fiscalización que realiza el Poder Legislativo respecto de las cuentas públicas de los Municipios, el Ejecutivo Estatal se arroja una facultad de representante legal o de gestor en relación con los intereses de todos los Municipios del Estado de Sinaloa, lo cual vulnera lo dispuesto por los artículos 115, fracciones I, II y IV, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, pues dicho ordenamiento establece que no debe existir autoridad intermedia entre los Ayuntamientos y los Poderes del Estado. "De manera sistemática, la fracción I primer párrafo del artículo 115 de la Constitución Federal establece que las funciones de gobierno interno de los Municipios serán desarrolladas por sus propios Ayuntamientos; en consonancia con ello, la fracción II del citado precepto constitucional señala que los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica como gobiernos distintos al gobierno del Estado. En este sentido, puede actuar por sí, sin intervención de alguna otra autoridad, en aquellas competencias otorgadas por la Constitución y las leyes que derivan de ella.
"En concordancia, el artículo 115, fracción IV, último párrafo, de la Constitución Federal, otorga a las Legislaturas Locales la atribución de revisar y fiscalizar las cuentas públicas de los Municipios, de modo que, al vetar los decretos del Congreso, no sólo desconoce dicha facultad constitucional, sino que desconoce de facto a los gobiernos municipales, quienes constituyen entes diferenciados de los Poderes del Estado.
"De este modo, en atención al principio de supremacía constitucional, si el gobernador consideró que los decretos resultaban inconstitucionales, tal circunstancia no le daba atribución de observarlos, sino, más bien, debió publicarlos y esperar a que los Municipios, en su entera autonomía, promovieran controversia constitucional.
"Sirve de sustento a lo anterior lo determinado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la aludida controversia constitucional 52/2004, así como lo sostenido en la tesis P./J. 72/2000, de rubro: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ARTÍCULOS 45 Y 58, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, QUE FACULTAN AL CONGRESO DE ESA ENTIDAD PARA REVISAR Y CALIFICAR LAS CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES, NO TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’
"En tal contexto, se considera que el actuar del gobernador violenta los principios de división de poderes, de no intervención, de legalidad, la prohibición de autoridades intermedias entre gobiernos municipales y el Estado, así como de supremacía constitucional, sirviendo de apoyo las jurisprudencias del Tribunal Pleno números P./J. 9/2006, P./J. 78/2009, P./J. 81/2003, P./J. 98/99 y P./J. 97/99, cuyos rubros, respectivamente, son: ‘PRINCIPIO DE DIVISIÓN FUNCIONAL DE PODERES. SUS CARACTERÍSTICAS.’; ‘DIVISIÓN DE PODERES. EL QUE ESTE PRINCIPIO SEA FLEXIBLE SÓLO SIGNIFICA QUE ENTRE ELLOS EXISTE UNA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS, PERO NO LOS FACULTA PARA ARROGARSE FACULTADES QUE CORRESPONDEN A OTRO PODER, SINO SOLAMENTE AQUELLOS QUE LA PROPIA CONSTITUCIÓN LES ASIGNA.’; ‘ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Y CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES PUEDE SER MATERIA DE ESTUDIO EN UNA U OTRA VÍA.’; ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’; y ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS OBJETIVOS DEL ORDEN JURÍDICO CONSTITUCIONAL SON LA ASIGNACIÓN DE COMPETENCIA Y EL CONTROL DE SU EJERCICIO POR LAS AUTORIDADES DE LOS DEMÁS ÓRDENES JURÍDICOS.’."
5. Admisión y trámite. Mediante proveído de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo bajo el número 331/2019 y lo turnó al Ministro Luis María Aguilar Morales.
6. Posteriormente, por acuerdo de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda y, entre otras cosas, tuvo por demandado al Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, ordenó su emplazamiento y le requirió para que enviara las copias certificadas de las documentales relacionadas con los actos impugnados. Por otro lado, no tuvo como terceros interesados a quienes fueron señalados con ese carácter por el Poder Legislativo actor, al no advertirse el perjuicio o afectación que podría producirse en su esfera jurídica la resolución que se llegara a dictar.
7. Por último, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, a fin de que manifestaran lo que a sus representaciones correspondiera.
8. Certificación del plazo para contestar la demanda. El seis de diciembre de dos mil diecinueve, la secretaria de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad de esta Suprema Corte certificó que el plazo de treinta días concedido a la autoridad demandada transcurrió del nueve de diciembre de dos mil diecinueve al seis de febrero de dos mil veinte.
9. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa. Por escrito depositado en la oficina de correos de la localidad el seis de febrero de dos mil veinte y recibido el dos de marzo siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jesús Navarro Aispuro, quien se ostentó como director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, en representación del Poder Ejecutivo del Estado, dio contestación a la demanda de controversia constitucional, en la que hizo valer las siguientes causales de improcedencia y argumentos:
Causales de improcedencia
"Única. Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, en relación con los artículos 10, fracción I, y 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria de la materia, por falta de legitimación en el proceso de la parte actora, dado que el Congreso del Estado compareció a juicio por conducto de una persona a quien le fue delegada la representación y no por medio de quien, en términos de la ley que los rige, cuenta con la representación legal para emprender la defensa del órgano legislativo.
"La representación legal del actor corresponde al presidente de la Mesa Directiva y, en términos del artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, sólo ante la ausencia o incapacidad temporal de éste, podrán ejercerla los vicepresidentes en el orden de su designación.
"En el caso, la demanda fue suscrita por el diputado Juan Ramón Torres Navarro, en su carácter de vicepresidente de la Mesa Directiva, acompañando un acuerdo delegatorio de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, a efecto de acreditar la suplencia de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, en su carácter de presidenta de la Mesa Directiva.
"No obstante, en el caso no se está en presencia de una ausencia o incapacidad temporal, que son los supuestos referidos por la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa para que el vicepresidente asuma las atribuciones del presidente de la Mesa Directiva, sino que se pretende ejercer dicha facultad con motivo de un acuerdo delegatorio que no es el supuesto previsto en ley para asumir las funciones del titular de la presidencia del órgano de dirección legislativo.
"Por tanto, no se actualizan los requisitos establecidos en el artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia, porque un acuerdo delegatorio no puede tener el alcance de variar las reglas de la representación en el proceso.
"Contestación a los conceptos de invalidez. En cuanto a los conceptos de invalidez, el Poder Ejecutivo del Estado señala que la controversia constitucional 52/2004, citada por el actor en su demanda, no es aplicable al presente caso, en virtud de que en dicho asunto, se analizó si el gobernador del Estado de Tabasco tenía facultades para desechar el decreto expedido por el Congreso Local, mediante el cual se nombró al titular del órgano superior de fiscalización de la entidad.
"Por otra parte, sostiene que el veto es un mecanismo de colaboración entre poderes, a través del cual el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de intervenir en el proceso legislativo con el fin de realizar observaciones a los proyectos aprobados por los Congresos. Es una prerrogativa del órgano ejecutivo, consistente en la posibilidad de hacer llegar al órgano legislativo información, objeciones y cuestionamientos adicionales que pudieron haberse tomado en cuenta en el momento de discutirse la iniciativa durante el proceso legislativo respectivo. Se trata, como lo ha sustentado esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de una institución constitucional que se desprende directamente del sistema de pesos y contrapesos y que atiende a la dimensión de colaboración institucional que deriva del principio de división de poderes.
"En el caso de Sinaloa, la facultad para formular observaciones a leyes o decretos está prevista en el artículo 46 de la Constitución Estatal y es desarrollada por los artículos 209 a 213 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, de donde se obtiene la atribución del Ejecutivo Estatal para negar la sanción a los proyectos de ley o decreto que expida el Congreso y devolverlos con observaciones, a fin de que éstas sean tomadas en cuenta y el proyecto respectivo se examine y discuta de nuevo, pudiendo superarse el veto mediante el voto de las dos terceras partes del número total de miembros del Congreso.
"Arguye que el objeto de la facultad de observación es, en general, sobre las leyes o decretos, cuya definición establecida en la Ley Orgánica del Congreso del Estado, coincide con lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a que las leyes regulan situaciones generales, abstractas e impersonales, mientras que el decreto a situaciones particulares, concretas e individuales.
"Sostiene que la propia Constitución Local, así como la Ley Orgánica del Congreso del Estado, partiendo de la libertad de configuración que la Constitución Federal concede a las entidades federativas, prevén la atribución general del gobernador para formular observaciones, previendo expresamente los casos de excepción, los cuales son de interpretación estricta y consisten en: 1) cuando aquél ejerza funciones de colegiado electoral o de jurado; 2) en los decretos de c
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31464-19c377ea/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-ausencia-de-causa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SINALOA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA (ARTÍCULO 2 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCI (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULOS 1, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN II; 4, FRACCIÓN IX; 5; 8; 16, FRACCIÓN XXII; 48; 49; 50 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SERVIDORES PÚBLICOS. LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA REALIZADA POR LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, NO ACTUALIZA UN CASO DE EXCEPCI (I.7o.A.357 A)
- MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE DICHO ESTADO, EN CUANTO IMPIDE A LOS AYUNTAMIENTOS DE AQUÉLLOS ACORDAR REMUNERACIONES PARA SUS M (111)
- MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE DICHO ESTADO, EN CUANTO IMPIDE A LOS AYUNTAMIENTOS DE AQUÉLLOS ACORDAR REMUNERACIONES PARA SUS M (172)
- MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE DICHO ESTADO, EN CUANTO IMPIDE A LOS AYUNTAMIENTOS DE AQUÉLLOS ACORDAR REMUNERACIONES PARA SUS M (24 (H))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis