I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULOS 1, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN II; 4, FRACCIÓN IX; 5; 8; 16, FRACCIÓN XXII; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 90, FRACCIONES V Y XVII; Y, 91, TODOS DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD EN RAZÓN DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DEL RESPECTIVO DECRETO Y DE QUE ÉSTE NO RESULTA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CORRESPONDIENTES (ARTÍCULOS 45, PÁRRAFOS PRIMERO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO; 58, FRACCIÓN VI, PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO; 76, PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFOS, FRACCIÓN I, PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO, TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD EN RAZÓN DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO EL VEINTE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA SEGUNDA SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, ESTADO DE TAMAULIPAS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA (ARTÍCULOS 60, FRACCIÓN II Y 61 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DE ESA ENTIDAD (ARTÍCULOS 94 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; 3, 21, 23, NUMERAL 1, FRACCIÓN II Y 25, FRACCIONES IV Y XXIII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, AMBAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, ASÍ COMO 13, FRACCIÓN XVII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ESA ENTIDAD). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE [ARTÍCULO 22, NUMERAL 1, INCISO L), DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS]. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTA (ARTÍCULO 6 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. X. CUENTA PÚBLICA FEDERAL. SU REVISIÓN ES FACULTAD EXCLUSIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN LLEVADO A CABO POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y TIENE COMO FINALIDAD EVALUAR LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA, COMPROBAR SI SE HA AJUSTADO A LOS CRITERIOS SEÑALADOS POR EL PRESUPUESTO Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN LOS PROGRAMAS EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 74, FRACCIÓN VI Y 79 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XI. CUENTA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL. BASES CONSTITUCIONALES QUE RIGEN SU REVISIÓN. XII. CUENTA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL. FACULTADES DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA REVISARLAS, FISCALIZARLAS Y APROBARLAS. XIII. CUENTA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL. EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN POR PARTE DE LOS CONGRESOS LOCALES SE REALIZA A TRAVÉS DE LOS ÓRGANOS ESTATALES DE FISCALIZACIÓN O AUDITORÍA SUPERIOR DE LOS ESTADOS, POR LO QUE SE ENCUENTRA HOMOLOGADO CON EL SISTEMA DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA FEDERAL COMO RESULTADO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GASTO PÚBLICO DE SIETE DE MAYO DE DOS MIL OCHO, EN LA QUE SE REFORMÓ, ENTRE OTROS, EL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. XIV. CUENTA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. BASES DEL RÉGIMEN LOCAL QUE RIGEN SU REVISIÓN. XV. CUENTA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. FACULTAD EXCLUSIVA DEL CONGRESO LOCAL PARA REVISARLAS, FISCALIZARLAS Y APROBARLAS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN A CARGO DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE ESA ENTIDAD. XVI. CUENTA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN ANTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO. XVII. CUENTA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN CONCLUYE CUANDO LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO RINDE LOS INFORMES EN LOS QUE DA CUENTA AL CONGRESO LOCAL CON EL PATRIMONIO RESARCIDO A LA HACIENDA PÚBLICA O CON LAS DENUNCIAS PENALES O PROCEDIMIENTOS
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 28/2021. MUNICIPIO DE REYNOSA, ESTADO DE TAMAULIPAS. 22 DE MARZO DE 2023. PONENTE: MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ALFREDO URUCHURTU SOBERÓN.
ÍNDICE TEMÁTICO
Actos impugnados: Del Poder Legislativo Local representado por el Congreso del Estado de Tamaulipas; del auditor superior del Estado de Tamaulipas; del auditor especial para Ayuntamientos y del auditor adscrito, ambos de la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas.
• La orden de visita contenida en el oficio ASE/AEA/0351/2021 de fecha 9 de febrero de 2021.
• El citatorio de espera dirigido a la segunda síndico municipal del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, de fecha 10 de febrero de 2021.
• La cédula de notificación de 11 de febrero de 2021, practicada al contralor municipal.
• Acta de inicio de fecha 11 de febrero de 2021, practicada por el auditor adscrito a la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas.
• Acta parcial de fecha 11 de febrero de 2021, practicada por el auditor adscrito a la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas.
Normas generales impugnadas:
• Artículos 45, párrafos primero, tercero, cuarto y quinto; 58, fracción VI, párrafos primero, segundo y tercero; 76, primer y segundo párrafos, fracción I, párrafos quinto y sexto; todos de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas.
• Artículos 1, primer párrafo, fracción II; 4, fracción IX; 5; 8; 16, fracción XXII; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 90, fracciones V y XVII; y 91; todos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas.
• Todo el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas en virtud de que el gobernador del Estado no lo promulgó ni ordenó su publicación.
Ver índice temático
Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al veintidós de marzo de dos mil veintitrés emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelven los autos relativos a la controversia constitucional 28/2021 promovida por el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.
I. ANTECEDENTES
1. Denuncia ciudadana ante la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas. Un ciudadano denunció, ante la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, hechos posiblemente constitutivos de una o varias irregularidades en el egreso, administración, custodia y aplicación de fondos y recursos del Ayuntamiento del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, durante los ejercicios fiscales 2017 y 2018. Debido a lo anterior, el once de enero de dos mil veintiuno, el auditor superior del Estado emitió oficio número ASE/0294/2021 por el que instruyó a la Auditoría Especial para Ayuntamientos a realizar la revisión de la gestión financiera correspondiente al citado Ayuntamiento y, además, ordenó se indagara sobre la existencia de las posibles irregularidades denunciadas.
2. Orden de visita domiciliaria. Mediante oficio ASE/AEA/0351/2021, el 9 de febrero de 2021, la titular de la Auditoría Especial para Ayuntamientos ordenó practicar la visita domiciliaria correspondiente al Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, a fin de que éste pusiera a disposición de la Auditoría la información contable y financiera relativa a los ejercicios 2017 y 2018.
3. Práctica de visita domiciliaria. Para dar cumplimiento a la orden de visita, el 11 de febrero de 2021, acudió a las instalaciones del citado Municipio el auditor autorizado para ello, por lo que levantó acta de inicio y parcial en virtud de las cuales se entregó la orden de visita y se dio un término de 3 días para entregar determinada documentación.
4. Promoción de la controversia constitucional. La segunda síndica del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, promovió controversia constitucional en contra de las normas generales y actos siguientes:
A) Normas generales.
• Artículos 45, párrafos primero, tercero, cuarto y quinto; 58, fracción VI, párrafos primero, segundo y tercero; 76, primer y segundo párrafos, fracción I, párrafos quinto y sexto; todos de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas.
• Artículos 1, primer párrafo, fracción II; 4, fracción IX; 5; 8; 16, fracción XXII; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 90, fracciones V y XVII; y 91; todos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas.
• Todo el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas en virtud de que el gobernador del Estado no lo promulgó ni ordenó su publicación.
B) Del Poder Legislativo Local representado por el Congreso del Estado de Tamaulipas; del auditor superior del Estado de Tamaulipas; del auditor especial para Ayuntamientos y del auditor adscrito, ambos de la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas.
• La orden de visita contenida en el oficio ASE/AEA/0351/2021 de fecha 9 de febrero de 2021.
• El citatorio de espera dirigido a la segunda síndico municipal del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, de fecha 10 de febrero de 2021.
• La cédula de notificación de 11 de febrero de 2021, practicada al contralor municipal.
• Acta de inicio de fecha 11 de febrero de 2021, practicada por el auditor adscrito a la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas.
• Acta parcial de fecha 11 de febrero de 2021, practicada por el auditor adscrito a la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas.
5. Conceptos de invalidez. Los argumentos del Municipio promovente se sintetizan a continuación:
• Falta de certeza jurídica en la Constitución Local. El artículo 76, fracción I, párrafo sexto, de la Constitución Local contraviene lo establecido en sus propios artículos 45 y 58 pues, por un lado, se establece la facultad del Congreso Local para revisar la cuenta pública y, por otro, se habilita a la Auditoría Estatal a realizar revisiones que provengan de una denuncia ciudadana, esta situación provoca incertidumbre jurídica, transgrediendo los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.
• Asimismo, el artículo 76, fracción I, párrafo sexto, de la Constitución Local no considera la garantía de audiencia ni de defensa para el ente revisado, pues las órdenes de visitas no están sujetas a las revisiones ordinarias que realiza el Congreso Estatal sobre los Municipios, sino que es una revisión extraordinaria.
• Vulneración al principio de jerarquía normativa. Los artículos 1, primer párrafo y fracción II; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 90, fracciones XVIII y XXVII; y 91 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas contravienen los principios de legalidad, jerarquía normativa y supremacía constitucional pues el legislador local pasó por alto que, si bien la Constitución Local permite a la Auditoría Superior del Estado revisar a las entidades fiscalizadas a partir de una denuncia ciudadana, lo cierto es que tal supuesto está condicionado a que dichas revisiones sean de presupuestos que se ejecuten en diversos ejercicios fiscales o bien, que se trate de la revisión sobre el cumplimiento de los programas estatales o municipales.
• Violación al procedimiento legislativo en la emisión del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado. El Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado, que sirvió para fundamentar la competencia del oficio ASE/AEA/0351/2021 de fecha 9 de febrero de 2021, es nulo e inválido pues el Ejecutivo Local no lo promulgó ni ordenó su publicación, tal como lo prescribe el artículo 91, fracción V, de la Constitución Local y el artículo 116, párrafo segundo, de la Constitución Federal.
• De los mencionados artículos, se desprende que la facultad otorgada al Ejecutivo Local es la de promulgar y ordenar la publicación de los reglamentos que emitan los órganos autónomos. Así, por un lado, el auditor superior del Estado carece de atribuciones para promulgar y ordenar la publicación del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado; y, por otro, fue omiso en cumplir la obligación de mandar dicho reglamento al Ejecutivo Local para su promulgación y orden de publicación.
• Lo anterior provoca que el reglamento interior carezca de validez, vigencia y obligatoriedad por defecto en su proceso legislativo y, en consecuencia, la categoría del auditor especial carece de existencia jurídica pues las disposiciones que crearon tal figura resultan inválidas.
• Falta de certeza en el objeto de la visita domiciliaria practicada. La orden de visita ASE/AEA/0351/2021 de fecha 9 de febrero de 2021 no señala con precisión qué actos y contribuciones serían comprobados o investigados. En cambio, contiene expresiones genéricas que ocasionan que el Municipio desconozca las obligaciones que a su cargo serán objeto de fiscalización y que los visitadores se ajusten estrictamente a las revisiones ordenadas.
• Violación al principio non bis in ídem. Permitir que la Auditoría Superior del Estado revise a las entidades fiscalizadas a partir de una denuncia ciudadana respecto de ejercicios pasados equivale a revisar la cuenta pública del ente sujeto a fiscalización dos veces.
• Falta de competencia y facultades para emitir la orden de visita domiciliaria. Considera que la orden de visita domiciliaria contenida en el oficio ASE/AEA/0351/2021 de fecha 9 de febrero de 2021 fue emitido por una autoridad sin competencia para ello, pues quien debió emitirla fue el auditor superior del Estado y no la auditora Especial para Ayuntamientos quien carece de facultades para ello, de forma tal que se irrumpe con la autonomía municipal. Lo anterior conforme al artículo 90 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas.
• Asimismo, señala que la facultad de revisión y fiscalización está reservada a las Legislaturas Estatales y no a la auditora Especial para Ayuntamientos.
• Falta de fundamentación y motivación en la orden de visita domiciliaria. La orden de visita ASE/AEA/0351/2021 de fecha 9 de febrero de 2021 fue dirigida al presidente municipal del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, o al representante legal del Municipio; sin embargo, dicha orden debió dirigirse a la segunda síndica de dicho Municipio de conformidad con el artículo 18, inciso e), de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas. De esta forma, todos los actos derivados deben declararse inválidos.
6. Registro del expediente. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional 28/2021 y por razón de turno designó como instructor al Ministro Javier Laynez Potisek.
7. Admisión de la demanda. Posteriormente, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional y tuvo a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Tamaulipas, así como a la Auditoría Superior de dicho Estado, como demandados. Asimismo, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que hicieran las manifestaciones que consideraran pertinentes.
8. Contestación de demanda. La demanda de controversia constitucional fue contestada, respectivamente, por César Augusto Verástegui Ostos, como secretario general de Gobierno del Estado de Tamaulipas; por Héctor Escobar Salazar, ostentándose como presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas; y por Jorge Espino Ascanio, ostentándose como auditor superior del Estado de Tamaulipas.
9. El fiscal general de la República y el consejero jurídico del Gobierno Federal no rindieron opinión pese a que fueron debidamente notificados.
10. Audiencia pública. El tres de septiembre de dos mil veinte tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de ese ordenamiento legal, se hizo relación de las constancias de autos y se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes. Consecuentemente, se tuvo por cerrada la instrucción y se procedió a la elaboración de la resolución respectiva.
II. COMPETENCIA
11. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver esta controversia constitucional en términos de los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal, 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, al resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, debido al sentido de la presente resolución.
12. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.
III. PRECISIÓN DE NORMAS Y ACTOS RECLAMADOS
13. Con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 41 de la ley reglamentaria,(1) se procede a precisar en forma concreta los actos que son objeto de la presente controversia constitucional y apreciar las pruebas conducentes para tenerlos por demostrados.
14. Para ello, este Alto Tribunal ha sostenido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, interpretándola en un sentido congruente con la totalidad de la información del expediente del juicio, de una manera tal que se resuelva la litis constitucional efectivamente planteada.(2)
15. De esta manera, se advierte que el Municipio actor promovió controversia constitucional en contra de las normas generales que a continuación se precisan:
• Artículos 45, párrafos primero, tercero, cuarto y quinto; 58, fracción VI, párrafos primero, segundo y tercero; 76, primer y segundo párrafos, fracción I, párrafos quinto y sexto; todos de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas.
• Artículos 1, primer párrafo, fracción II; 4, fracción IX; 5; 8; 16, fracción XXII; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 90, fracciones V y XVII; y 91; todos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas.
• Todo el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado.
16. Asimismo, el Municipio actor impugna los siguientes actos:
• La orden de visita contenida en el oficio ASE/AEA/0351/2021 de fecha 9 de febrero de 2021.
• El citatorio de espera dirigido a la segunda síndico municipal del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, de fecha 10 de febrero de 2021.
• La cédula de notificación de 11 de febrero de 2021, practicada al contralor municipal.
• Acta de inicio de fecha 11 de febrero de 2021, practicada por el auditor adscrito a la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas.
• Acta parcial de fecha 11 de febrero de 2021, practicada por el auditor adscrito a la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas.
17. Por lo que hace a los artículos 1, primer párrafo, fracción II; 4, fracción IX; 5; 8; 16, fracción XXII; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 90, fracciones V y XVII; y 91; todos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas, esta Segunda Sala estima que debe sobreseerse en la controversia constitucional, con fundamento en el artículo 19, fracción VIII, en relación con los artículos 20, fracción II, y 22, fracción VII, de la ley reglamentaria,(3) en virtud de que el Municipio actor no expresó un argumento genuino tendente a demostrar su inconstitucionalidad ni lo relaciona con la impugnación de algún acto concreto de aplicación.
18. En efecto, de la lectura del escrito de demanda puede apreciarse que el Municipio actor hace una simple referencia a que los artículos referidos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas contravienen los principios de legalidad, jerarquía normativa y supremacía constitucional, pero no formula un genuino argumento respecto al cual pueda desprenderse una violación a la Constitución Federal para ser analizada.
19. Específicamente, el Municipio sostiene que el legislador local pasó por alto que, si bien la Constitución Local permite a la Auditoría Superior del Estado revisar a las entidades fiscalizadas a partir de una denuncia ciudadana, lo cierto es que tal supuesto está condicionado al artículo 76, fracción I, penúltimo párrafo, de la Constitución Local, respecto a que dichas revisiones sean de presupuestos que se ejecuten en diversos ejercicios fiscales o bien, que se trate de la revisión sobre el cumplimiento de los programas estatales o municipales.
20. Es decir, el Municipio simplemente equipara el supuesto de revisión contenido en el artículo 76, fracción I, penúltimo párrafo, de la Constitución Local, con el que desarrolla la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas en la serie de artículos impugnados, pues éstos están basados en el artículo 76, fracción I, último párrafo.(4)
21. De esta forma, es claro que no formula una autentica violación, susceptible de ser examinada en esta instancia, a los principios de legalidad, jerarquía normativa y supremacía constitucional respecto del artículo 76, fracción I, penúltimo párrafo, de la Constitución Local pues dicho párrafo regula un supuesto distinto al desarrollado por los artículos impugnados.
22. En ese sentido, con independencia de que, de conformidad con los artículos 39 y 40 de la ley reglamentaria, al momento de dictar sentencia este Alto Tribunal debe examinar en su conjunto los razonamientos de las partes, así como suplir la deficiencia de la demanda, esto presupone, cuando menos, que exista causa de pedir, lo que no se verifica en el caso.(5)
23. Por consiguiente, la materia de impugnación se constriñe, por un lado, a las normas generales reclamadas, cuya aprobación se atribuyó al Congreso del Estado de Tamaulipas, quien reconoció dicha aprobación y cuya existencia se hace constar con la copia de los Decretos LX 696, LXII 576 y LXII 985 mediante los cuales se reformaron los artículos de la Constitución Local impugnados; y, por otro, a la norma general reclamada al gobernador del Estado, consistente en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado, quien reconoció la atribución del acto que se le reclama y cuya existencia se hace constar con la copia certificada del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tamaulipas, Tomo CXLII, Número 144, de fecha 30 de noviembre de 2017 que contiene el reglamento referido.
24. Por otro lado, se tienen como actos reclamados los referidos, cuya emisión se atribuyó a la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas quien reconoció la existencia de los actos reclamados y cuya existencia se hace constar con los propios oficios que los contienen y que fueron exhibidos en el presente juicio como documentales públicas.
25. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.
IV. OPORTUNIDAD
26. Debe tenerse presente que el artículo 21, fracciones I y II, de la ley reglamentaria de la materia,(6) establece que el plazo para la presentación de la demanda, tratándose de actos será de treinta días contados a partir de que surta efectos su notificación conforme a la ley del propio acto, al en que se haya tenido conocimiento del mismo o al en que el actor se ostente sabedor de él, así como que tratándose de normas generales, dicho plazo será de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de su aplicación.
27. En cuanto a los artículos 45, párrafos primero, tercero, cuarto y quinto; 58, fracción VI, párrafos primero, segundo y tercero; 76, primer y segundo párrafos, fracción I, párrafos quinto y sexto; todos de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, de una lectura del escrito de demanda presentado no se advierte si el Municipio actor reclama dichas normas generales con motivo de su publicación o de su primer acto de aplicación; sin embargo, atendiendo a la naturaleza de la revisión de la cuenta pública es dable considerar que los mismos puedan reclamarse con motivo de su primer acto de aplicación que, precisamente, se materializa en la emisión de decretos o acuerdos por parte del Congreso del Estado para calificar la cuenta pública de las entidades sujetas a fiscalización. 28. Ahora bien, esta Segunda Sala advierte como hecho notorio que los actos reclamados en la presente controversia no constituyen el primer acto de aplicación de los artículos de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas controvertidos por el Municipio actor.
29. En efecto, el 17 de septiembre de 2017 se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, los decretos que contenían la no aprobación de la cuenta pública del Municipio actor para el ejercicio fiscal 2017. Dichos decretos fueron cuestionados por el Municipio actor mediante la controversia constitucional 329/2019, resuelta por esta Segunda Sala por unanimidad el nueve de marzo de dos mil veintidós.
30. La materia de dicha controversia consistió en analizar la calificativa de la cuenta pública realizada por el Congreso del Estado de Tamaulipas al Municipio aquí actor a partir, precisamente, del ejercicio de las facultades contenidas en los artículos de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas reclamados en la presente controversia constitucional.
31. En este contexto, es claro que el primer acto de aplicación de los artículos 45, párrafos primero, tercero, cuarto y quinto; 58, fracción VI, párrafos primero, segundo y tercero; 76, primer y segundo párrafos, fracción I, párrafos quinto y sexto; todos de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas lo construyeron los decretos que contenían la no aprobación de la cuenta pública del Municipio actor para el ejercicio fiscal 2017, publicados el 17 de septiembre de 2017 y no los actos reclamados mediante la presente controversia constitucional.
32. Si el escrito inicial de demanda se presentó el 10 de marzo de 2021 ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es evidente que la impugnación es extemporánea, al haber transcurrido en exceso el plazo legal de treinta días siguientes a su publicación. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII,(7) de la ley reglamentaria y procede sobreseer en la controversia constitucional, en términos del artículo 20, fracción II, del mismo ordenamiento.(8)
33. Respecto al Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado Tamaulipas, de una lectura del escrito de demanda presentado no se advierte si el Municipio actor reclama dicha norma general con motivo de su publicación o de su primer acto de aplicación, sin embargo, el Municipio señala que tal ordenamiento lo cuestiona únicamente porque el Ejecutivo Local no lo promulgó ni ordenó su publicación, tal como lo prescribe el artículo 91, fracción V, de la Constitución Local y el artículo 116, párrafo segundo, de la Constitución Federal, lo que provocaría que dicho reglamento sea nulo e inválido. Lo anterior, sin que sea vinculado a algún acto de aplicación concreto, por lo que puede concluirse que el Municipio lo combate en virtud de su publicación.
34. En este sentido se tiene que el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas fue publicado en el Diario Oficial del Estado el 20 de enero de 2017 y comenzó su vigencia al siguiente día de su publicación; en consecuencia, si el escrito inicial de demanda se presentó el 10 de marzo de 2021 ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es evidente que la impugnación es extemporánea, al haber transcurrido en exceso el plazo legal de treinta días siguientes a su publicación.
35. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII(9) de la ley reglamentaria y procede sobreseer en la controversia constitucional, en términos del artículo 20, fracción II, del mismo ordenamiento.(10)
36. Ahora bien, la controversia constitucional que nos ocupa también fue promovida en contra de actos específicos. Los actos impugnados fueron del conocimiento de la actora a partir de la cédula de notificación de 11 de febrero de 2021, practicada al contralor municipal. De esta forma, el plazo para presentar la demanda transcurrió del 12 de febrero(11) al 29 de marzo, ambos de 2021.(12)
37. Consecuentemente, si la demanda se presentó el 10 de marzo de 2021 ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es evidente que la promoción de la controversia constitucional fue oportuna por lo que hace a los actos reclamados.
38. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.
V. LEGITIMACIÓN
39. De conformidad con el primer párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria,(13) el actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado, deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
40. Legitimación activa. El Municipio de Reynosa compareció por conducto de la segunda síndica del Ayuntamiento de Reynosa, Estado de Tamaulipas, representante legal de ese Municipio, carácter que acredita con copia certificada de la constancia de mayoría expedida por el Instituto Electoral de dicha entidad federativa.
41. Las atribuciones de dicha funcionaria para ostentar la representación jurídica del Municipio están previstas en los artículos 60, fracción II y 61 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas,(14) por lo que es evidente que el Municipio actor cuenta con legitimación para comparecer al presente juicio, toda vez que ha quedado demostrado que la funcionaria que compareció a juicio en su representación cuenta con facultades para ello.
42. Legitimación pasiva. De conformidad con artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria,(15) se le reconoció el carácter de partes demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Tamaulipas, a quienes se les atribuyó, respectivamente, la falta de promulgación y orden de publicación del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado; así como la emisión y aprobación de las normas generales impugnadas. Asimismo, se reconoció el carácter de parte demandada a la Auditoría Superior del Estado, a quien se le atribuyen los actos reclamados restantes.
43. El Poder Ejecutivo dio contestación a la demanda a través del secretario general de Gobierno del Estado de Tamaulipas, César Augusto Verástegui Ostos, quien acreditó su personalidad con copia certificada de su nombramiento de fecha 1o. de octubre de 2016, por lo que en términos del artículo 94 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 3, 21, 23, numeral 1, fracción II y 25 fracciones IV y XXIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; y 13, fracción XVII, del Reglamento Interior de la Secretaría General del Gobierno de Tamaulipas,(16) sí cuenta con facultades de representación.
44. Por lo que respecta al Poder Legislativo, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso Libre y Soberano de Tamaulipas dio contestación a la demanda, acreditando su personalidad con copia certificada del "DECRETO LXIV-531 MEDIANTE EL CUAL SE ELIGE PRESIDENTE Y SUPLENTE PARA INTEGRAR LA MESA DIRECTIVA QUE DIRIGIRÁ LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO." de 26 de mayo de 2021 y, en términos del artículo 22, numeral 1, inciso I), de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas,(17) sí cuenta con facultades de representación.
45. Respecto al auditor superior del Estado de Tamaulipas, Jorge Espino Ascanio, acreditó su personalidad con la copia certificada del Acuerdo LXIII-61, de 9 de febrero de 2017, emitido por el Congreso de la referida entidad federativa, por lo que en términos del artículo 6 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado,(18) sí cuenta con facultades de representación.
46. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.
VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
47. El Poder Legislativo argumenta que se actualiza la hipótesis prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que el Municipio actor carece de interés legítimo para controvertir los actos impugnados ya que no expresa un principio de agravio que afecte sus competencias constitucionales pues los actos impugnados en realidad se tratan del mero ejercicio de las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas.
48. Ese planteamiento debe desestimarse porque se refiere a una cuestión que es materia del fondo del asunto, pues el actor planteó en los conceptos de invalidez de la demanda que los actos impugnados deben invalidarse al ser emitidos por una autoridad que no contaba con facultades para ello.(19)
49. En esas condiciones, al no existir alguna otra causa de improcedencia ni motivo de sobreseimiento, sea que las partes hubieren hecho valer o que de oficio se adviertan, se procede a analizar el fondo del asunto.
50. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.
VII. ESTUDIO DE FONDO
51. Atendiendo a los conceptos de invalidez hechos valer por el Ayuntamiento promovente, el estudio del presente está dividido en dos partes. En la primera se desarrolla el parámetro de los mecanismos de control del presupuesto a partir de una denuncia ciudadana. En la segunda se analizan los conceptos de invalidez respecto a los actos reclamados, específicamente, por lo que hace a la orden de visita ASE/AEA/0351/2021 de fecha 9 de febrero de 2021.
A. Parámetro de los mecanismos de control del presupuesto a partir de una denuncia c
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31707-37d47260/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-ausencia-de-conceptos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCI (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCI (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS CORRESPONDE A LOS SÍNDICOS SEGUNDOS (ARTÍCULOS 60, FRACCIÓN II, Y 61 DEL CÓDIGO MUNI (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO LA PROMUEVEN PARA RECLAMAR LA REVOCACIÓN DEL MANDATO CONFERIDO A ALGUNO DE ELLOS O UN ACTO QUE VULNERA SU INTEGRAC (1a. CXVII/2009)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO ES PROMOVIDA POR UN MUNICIPIO, LA SENTENCIA QUE DECLARA LA INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL ESTATAL, SOLO TENDRÁ EFECTOS PARA LAS PARTES.- (31)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO ES PROMOVIDA POR UN MUNICIPIO, LA SENTENCIA QUE DECLARA LA INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL ESTATAL, SÓLO TENDRA EFECTOS PARA LAS PARTES. (9)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO ES PROMOVIDA POR UN MUNICIPIO, LA SENTENCIA QUE DECLARA LA INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL ESTATAL, SOLO TENDRA EFECTOS PARA LAS PARTES. (P./J. 72/96)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis