I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS CORRESPONDE A LOS SÍNDICOS SEGUNDOS (ARTÍCULOS 60, FRACCIÓN II, Y 61 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. FACULTAD DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS PARA DELEGAR LA REPRESENTACIÓN DE ESA ENTIDAD AL CONSEJERO JURÍDICO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO (ARTÍCULOS 2, 3, 13 Y 23 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS; 5, 22 Y 23 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DE TAMAULIPAS; Y PRIMERO DEL ACUERDO PUBLICADO EL DOS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS NORMAS RELATIVAS A LOS INGRESOS DE UN MUNICIPIO ESTÁN SUJETAS A LOS PRINCIPIOS DE TEMPORALIDAD VINCULADOS CON LA PLANIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN FISCAL REALIZADA EN EL PERIODO DE UN AÑO [ARTÍCULOS 33; 25, FRACCIÓN XIX; 27, FRACCIÓN I, INCISOS J) Y Ñ), FRACCIÓN II, INCISO H), PUNTO 1, INCISOS A), B), K) Y L), PUNTO 2, INCISOS N), Ñ), P), Q) Y V), FRACCIÓN III, INCISO E), PUNTOS 1, 2 Y 3, FRACCIÓN IV, Y FRACCIÓN V, INCISO B); 35, FRACCIÓN VII, PUNTO 1, INCISOS A), B) Y C); 38, FRACCIÓN II; Y 47-A, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019]. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER CONCLUIDO SU VIGENCIA [ARTÍCULOS 33; 25, FRACCIÓN XIX; 27, FRACCIÓN I, INCISOS J) Y Ñ), FRACCIÓN II, INCISO H), PUNTO 1, INCISOS A), B), K) Y L), PUNTO 2, INCISOS N), Ñ), P), Q) Y V), FRACCIÓN III, INCISO E), PUNTOS 1, 2 Y 3, FRACCIÓN IV, Y FRACCIÓN V, INCISO B); 35, FRACCIÓN VII, PUNTO 1, INCISOS A), B) Y C); 38, FRACCIÓN II; Y 47-A DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019].
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL: 40/2019. MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. 19 DE FEBRERO DE 2020. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, EMITIÓ SU VOTO CON RESERVAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: RUBÉN JESÚS LARA PATRÓN. COLABORARON: CLAUDIA CRISTINA CAMERAS SELVAS DENISE CARIDAD LARA ZAPATA.
Sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictada en la Ciudad de México el diecinueve de febrero de dos mil veinte.
VISTOS, para resolver, los autos de la controversia constitucional promovida por el municipio de Reynosa, Tamaulipas, por conducto de su Síndica Segunda, contra los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como el Secretario General de Gobierno, todos de la entidad referida, contra las normas y actos que se precisarán en el cuerpo de la presente ejecutoria, y
R E S U L T A N D O
(1) I. Presentación de la demanda. Por escrito(1) presentado el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Síndica Segunda del municipio de Reynosa, Tamaulipas, promovió controversia constitucional contra los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como el Secretario General de Gobierno, todos de la referida entidad federativa, de quienes reclama lo siguiente.
NORMA GENERAL Y ACTOS
A) Del Congreso del Estado de Tamaulipas, se demanda la aprobación de la Ley de Ingresos del Municipio de Reynosa Tamaulipas para el ejercicio Fiscal del año 2019, publicada en el periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, a través del decreto número LXIII-759, en fecha 24 de diciembre del año 2018, específicamente por lo que se refiere al haberse apartado de la propuesta del Ayuntamiento de Reynosa Tamaulipas, en la Iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Reynosa Tamaulipas, respecto de los artículos 33, 25 FRACCION XIX, 27 FRACCION I INCIOS J), Ñ), FRACCION II, INCISO H), PUNTO 1 INCISO a), b), K), L), PUNTO 2, N) Ñ) P), Q), V) Y FRACCION III INCISO E) PUNTOS 1,2 Y 3, FRACCION IV, Y FRACCION V INCISO B), ARTICULO 35 FRACCION VII PUNTO 1 INCISOS a), b) y c), ARTICULO 38 FRACCION II, Y 47-A.
B) Del Poder Ejecutivo Estatal Representado por el H. Gobernador del Estado de Tamaulipas, la expedición, la promulgación y orden de publicación de la Ley de Ingresos del Municipio de Reynosa Tamaulipas, para el Ejercicio Fiscal 2019.
C) Del Poder Ejecutivo Estatal, representado por el Secretario General de Gobierno, el refrendo de los actos antes mencionados realizados por el Gobernador del Estado de Tamaulipas.
(2) La parte actora señaló que la norma y acto que combate violan los artículos 14, 16, 31, fracción IV, y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
(3) II. Conceptos de invalidez. En su demanda, el municipio actor sostiene, en esencia, que la ley controvertida es inconstitucional por haberse apartado de la propuesta que formuló, lo que afecta los principios de reserva de fuente de los ingresos municipales, libre administración hacendaria, ejercicio directo del Ayuntamiento y autonomía municipal, así como la facultad con la que cuenta para emitir iniciativas; además, fue expedida sin la debida fundamentación y motivación.
(4) Esto, en la lógica de que, derivado de lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley Fundamental, el accionante tiene la potestad de proponer a la Legislatura local diversas cuotas y tarifas, y aun cuando el Congreso es el que decide en torno a tal propuesta, sólo podrá apartarse de la iniciativa a través de argumentos objetivos y razonables, esto es, de una debida fundamentación y motivación.
(5) En el caso del artículo 33 de la norma combatida, los poderes demandados se apartaron sustancialmente de la propuesta enviada por el actor, en tanto que eliminaron elementos del tributo relativo a la recolección de residuos urbanos y modificaron la época del pago respectivo; determinaron que las tarifas las fijaría el cabildo; establecieron una cuota para el cobro a través de convenios, y dejaron de incluir como sujetos del tributo a las personas físicas que sean propietarias o tenedores de predios urbanos, aunque las incluyeron para la celebración de convenios.
(6) Lo anterior, sin haber fundado y motivado de manera objetiva y razonable su decisión y en casos como, por ejemplo, las cuotas fijadas al efecto en el segundo recuadro del uso empresarial, sin exponer argumento alguno para justificar su decisión, lo que pone de manifiesto su actuación arbitraria, la cual impide al accionante obtener el recurso correspondiente a efecto de solventar de manera adecuada el servicio que debe prestar.
(7) Además, se pierde de vista que, constitucionalmente, está prohibido realizar exenciones o subsidios sobre las contribuciones de los municipios, pese a lo cual, esto es lo que hace el legislativo estatal al haber tomado su decisión sin que exista base razonable y objetiva que la justifique.
(8) Lo antes apuntado se presenta también en relación con el artículo 25, fracción XIX, de la norma tildada de inconstitucional, que se refiere al cobro de derechos por la expedición de certificados de posesión pues, una vez más, se rechazó la propuesta del municipio actor sin aportar una argumentación razonable y objetiva que justificara tal decisión, sin embargo, existe un distanciamiento notorio respecto de la iniciativa presentada, aun cuando ésta era vinculante para el Poder Legislativo del Estado.
(9) A juicio del accionante, en este caso, las características de los predios no son relevantes, pues no inciden en el establecimiento de una cuota dirigida a expedir una constancia de posesión, y es por esta razón que se le impidió recaudar dicho tributo que será utilizado en favor de los integrantes del municipio.
(10) En lo que respecta al artículo 27, fracciones I, incisos j) y ñ); II, inciso h), punto 1, incisos a) y b), así como los incisos k), l), punto 2, n), ñ), p), q) y, v); III, inciso e), puntos 1, 2 y 3, IV y V, inciso b), el Congreso local estimó que los incrementos propuestos no eran procedentes, en razón de que la “UMA” se actualiza automáticamente en relación con la inflación y, por tanto, los aumentos van implícitos en el cobro de las cuotas referidas en dichos dispositivos normativos.
(11) No obstante, la propuesta se hizo con base en la dificultad que representa la actividad de la administración pública para prestar el servicio respectivo, en tanto que implica trabajo de campo y la utilización de elementos materiales y humanos técnicos especializados, de lo cual tiene mayor conocimiento el municipio.
(12) En ese sentido, resulta dable concluir, del mismo modo que en los supuestos anteriores, que la propuesta del municipio fue rechazada sin aportar una fundamentación y motivación adecuadas y, por ende, su desestimación resulta arbitraria.
(13) Lo mismo ocurrió en el caso del artículo 35, fracción VII, punto I, incisos a), b) y c), relacionados con el servicio doméstico, comercial e industrial de saneamiento ambiental por desazolve de tuberías de drenaje sanitario o pluvial con uso del equipo correspondiente, pues la proposición de adicionar una fracción fue rechazada sin advertir que aquella se refería a servicios distintos a los contemplados por la Ley de Aguas del Estado y los estatutos de la comisión municipal de agua potable y alcantarillado.
(14) Esto, pues se llevaría a cabo en las instalaciones (registros) de los ciudadanos y con los propios bienes del municipio y, por tanto, contrariamente a lo sostenido por el legislativo estatal, no se cubre con la cuota que se cobra al usuario.
(15) En lo que respecta al artículo 38, relativo a la prestación de servicios de asistencia y salud pública, el Legislativo local no formuló argumento alguno para apartarse de la propuesta del municipio y, por tanto, su decisión carece de una base objetiva y razonable.
(16) Por cuanto hace al artículo 47-A, vinculado con el pago por la inspección de cumplimiento de los requisitos que deben satisfacer quienes expendan bebidas alcohólicas, se dijo que el concepto en el que se basaba el tributo propuesto era competencia del Ejecutivo local, concretamente, de la Secretaría de Finanzas, de acuerdo con lo previsto en la Ley Reglamentaria para el Establecimiento de Bebidas Alcohólicas.
(17) No obstante, se soslaya la existencia del Convenio de Coordinación y Colaboración Administrativa en Materia de Vigilancia, así como Aplicación y Cobro de Sanciones por Infracciones a la ley reglamentaria antes referida, celebrado entre el actor y el Gobierno estatal en dos mil dos, en el que se confieren facultades al municipio para llevar a cabo las inspecciones respectivas, lo que justifica el cobro pretendido.
(18) De esta forma, al ser el convenio referido la base del cobro propuesto, resulta claro que la legislatura local no debía rechazarlo y, por tanto, los argumentos que utilizó para sostener su conclusión, nuevamente, carecen de razonabilidad y objetividad e implican, como en los supuestos anteriores, una excepción o subsidio que no está autorizado, que se traduce en la imposibilidad de recibir una percepción que corresponde al municipio accionante, el cual ve perjudicada su labor de prestar los servicios que le corresponden en beneficio de la población.
(19) Finalmente, desarrolladas las consideraciones anteriores, sostiene que existieron vicios de forma y fondo en el procedimiento del que deriva la norma cuestionada, en franca violación a los principios previamente referidos, lo que coloca al accionante en un estado de incertidumbre jurídica, pues aun cuando en el artículo 3 se aceptó la propuesta que formuló, en realidad ésta fue modificada, sin que haya claridad en torno a cómo debe aplicarse, lo que evidencia su incongruencia interna y, consecuentemente, su inconstitucionalidad.
(20) III. Turno. Por acuerdo de siete de febrero de dos mil diecinueve,(2) el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional con el número 40/2019 y, por razón de turno, designó al Ministro Luis María Aguilar Morales como instructor del procedimiento.
(21) IV. Admisión. Atento a lo anterior, mediante proveído de la misma fecha,(3) el Ministro instructor admitió a trámite la demanda de controversia constitucional, tuvo como demandados a los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al Secretario General de Gobierno, todos de Tamaulipas, a quienes instruyó para que formularan su contestación de demanda, y dio vista a la Fiscalía General de la República a efecto de que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifestara lo que a su representación correspondiera.
(22) V. Contestación del Poder Ejecutivo local. Mediante oficio recibido en este Alto Tribunal el tres de abril de dos mil diecinueve,(4) el Consejero Jurídico de la Secretaría General de Gobierno, en representación del Gobierno del Estado, contestó la demanda que dio origen al presente medio de control constitucional.
(23) Dentro del documento en cita expresó, medularmente, que la expedición de la ley impugnada era competencia del Congreso local, y que la promulgación (incluido el refrendo promulgatorio) y publicación no fueron combatidos por vicios propios, por lo que no afectaron los principios a los que hizo referencia el accionante en su demanda y, con base en los argumentos expresados por el Congreso en su escrito de contestación, debería declararse improcedente y, en consecuencia, tener acreditada la constitucionalidad de la norma combatida.
(24) VI. Contestación del Congreso del Estado. Por escrito presentado el cinco de abril de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal,(5) el Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas dio contestación a la demanda del presente medio de control de constitucionalidad, al tenor de los argumentos medulares que se relacionan a continuación.
(25) Por principio de cuentas, afirma que el presente medio de control constitucional es improcedente, en tanto que no versa sobre la invasión de competencias municipales, pues la expedición de las leyes de ingresos corresponde, de manera exclusiva, al Congreso de Tamaulipas, de acuerdo con lo establecido en la Constitución del Estado.
(26) En cuanto al fondo, señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que las legislaturas locales pueden apartarse de las iniciativas presentadas por los municipios, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos.
(27) Desde esta perspectiva, manifiesta que no hay una diferencia sustantiva entre lo propuesto por el municipio actor y lo aprobado por el Congreso local en relación con los artículos impugnados, además de que la motivación utilizada por el accionante resulta básica y el Congreso expuso, en cada caso, una base argumentativa razonable y objetiva para sostener su decisión, en la que aportó razonamientos cualitativamente superiores, de orden constitucional y económico, que justifican la posición última que adoptó.
(28) Finalmente, señala que el planteamiento de inseguridad jurídica debe tenerse como inoperante pues, en todo caso, se trata de un argumento de legalidad, relativo a la violación de la normativa interna del Congreso del Estado y que la variación entre las cifras propuestas y aprobadas se encuentra en un rango ordinario y habitual.
(29) VII. Opinión del Fiscal General de la República. La Fiscalía General de la República no emitió opinión en el presente asunto.
(30) VIII. Audiencia constitucional. Agotado el trámite respectivo, el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(6) con lo que se dejó el expediente en estado de resolución.
(31) IX. Radicación. Previo dictamen del ministro ponente, el presente asunto quedó radicado en la Segunda Sala de este Alto Tribunal.
C O N S I D E R A N D O
(32) PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105, fracción I, inciso i),(7) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, y 11, fracción V,(8) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos Segundo, fracción I, y Tercero(9) del Acuerdo General 5/2013, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio de Reynosa, Tamaulipas, y los poderes Legislativo y Ejecutivo de dicha entidad federativa, respecto de una norma de carácter general.
(33) SEGUNDO. Oportunidad. Procede analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente.
(34) Para emprender el análisis atinente, debe tomarse en cuenta que la presente controversia constitucional es intentada contra la Ley de Ingresos del municipio de Reynosa, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, mediante Decreto número LXIII-759, el veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho.(10)
(35) Establecido lo anterior, debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 21, fracción II,(11) de la ley reglamentaria de la materia, que prevé que cuando en una controversia constitucional se impugnen normas generales, la demanda podrá promoverse en dos momentos, a saber, dentro del plazo de treinta días contados a partir del día siguiente:
(36) - A la fecha de su publicación, y
(37) - Al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé origen al medio de control constitucional.
(38) Pues bien, en el caso, la ley tildada de inconstitucional se combate con motivo de su publicación en el Periódico Oficial del Estado que, como se dijo, se llevó a cabo el veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho.
(39) En este sentido, el plazo legalmente previsto para la presentación de la demanda transcurrió del dos de enero al catorce de febrero,(12) ambos de dos mil diecinueve, en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 3, fracciones II y III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(13) en relación con los diversos 3 y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(14) así como el Punto Segundo del Acuerdo General 18/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.(15)
(40) Por tanto, si la demanda de esta controversia fue recibida en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve,(16) es posible concluir que su presentación fue oportuna y, por ende, debe tenerse por satisfecho el requisito de procedencia en estudio.
(41) TERCERO. Legitimación. A continuación, procede determinar si las partes que concurren a este medio de control constitucional se encuentran legitimadas al efecto.
(42) Por cuanto hace a la legitimación activa, debe tenerse presente que el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé, literalmente, lo siguiente:
ARTÍCULO. 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral y a lo establecido en el artículo 46 de esta Constitución, se susciten entre:
(...)
i) Un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;
(43) Por su parte, los artículos 10, fracción I, y 11, primer párrafo, ambos de la Ley Reglamentaria de la materia señalan, expresamente, lo siguiente:
ARTÍCULO 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia;
ARTÍCULO 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
(44) De los preceptos legales reproducidos se desprende, sustancialmente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre un Estado y uno de sus municipios, en relación con la constitucionalidad de sus actos. Tendrá el carácter de actor, la entidad, poder, u órgano que la promueva y deberá comparecer al juicio por conducto del funcionario que, en términos de la norma que lo rige, esté facultado para representarlo.
(45) En el caso, la demanda de controversia constitucional fue suscrita por la Síndico Segunda del municipio actor, personería que acredita con las copias certificadas de la constancia de mayoría y validez de la elección para la presidencia municipal del Ayuntamiento actor, emitida el cinco de julio de dos mil dieciocho por el instituto electoral de la entidad,(17) así como del acta relativa a la sesión de treinta de septiembre de dos mil dieciocho,(18) en la que se tomó protesta a los integrantes del cabildo, de las que se desprende que fue elegida para ocupar el cargo con el que se ostenta.
(46) Establecido lo anterior, debe indicarse que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 60, fracción II,(19) y 61(20) del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, a los síndicos segundos de los ayuntamientos de la entidad les corresponde representar a dichos órganos de gobierno en los litigios en los que sean parte los municipios, con las limitaciones que prevé la propia normativa en cita.
(47) Por tanto, conforme a los razonamientos anteriores es posible advertir que, en el caso, el municipio actor está legitimado para promover la presente controversia constitucional y, además, la Síndico Segunda del Ayuntamiento tiene facultad para representarlo, por lo que el requisito en análisis se encuentra satisfecho.
(48) Por otra parte, por cuanto hace a la legitimación pasiva, debe señalarse que, como se indicó previamente, el municipio actor señala como demandados en el presente medio impugnativo a los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como al Secretario General de Gobierno, todos del Estado de Tamaulipas.
(49) Sobre el particular, es menester señalar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 10, fracción II,(21) de la ley reglamentaria de la materia, serán demandados en las controversias constitucionales, las entidades, poderes u órganos que hubiesen emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto impugnado, los cuales, conforme al diverso artículo 11, párrafo primero, de la normativa en comento, citado previamente en esta ejecutoria, deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
(50) Pues bien, en el caso, el Poder Ejecutivo y el Secretario General de Gobierno, ambos de Tamaulipas, comparecen a este medio de control constitucional por conducto del Consejero Jurídico de la Secretaría General de Gobierno de la entidad, quien acredita su personería con la copia certificada del nombramiento de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, expedido a su favor por el Gobernador Constitucional de Tamaulipas.(22)
(51) Al respecto, importa decir que la Constitución Política de Tamaulipas dispone que el Poder Ejecutivo de la entidad se deposita en el Gobernador de la entidad,(23) a quien le corresponde representar al gobierno del Estado en todos los actos inherentes a su cargo y podrá delegar u otorgar esta representación en favor de terceros en los términos amplios que fijen las leyes;(24) además, para el desempeño de los asuntos oficiales, tendrá el apoyo de un Secretario General de Gobierno,(25) el cual será responsable solidario con el Gobernador en los decretos, reglamentos, circulares o acuerdos que firme.(26)
(52) Por su parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, en lo que interesa destacar, dispone que el ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al Gobernador del Estado, quien podrá delegar su representación, mediante acuerdo, a favor de los servidores públicos que estime convenientes,(27) y que para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos que le competen contará con diversas dependencias y entidades.(28)
(53) A propósito de esto último, prevé que entre las dependencias a las que se hizo referencia en el párrafo precedente se encuentra la Secretaría General de Gobierno,(29) cuyo titular(30) tendrá encomendada, entre otras funciones, la de ser consejero jurídico y representante legal del Gobernador del Estado, incluso en los litigios previstos en el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(31)
(54) Por otro lado, el Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno de Tamaulipas establece que, para el ejercicio de sus funciones, esta dependencia contará, entre otras unidades, con una Consejería Jurídica,(32) cuyo objetivo es brindar asesoría y apoyo técnico jurídico al Poder Ejecutivo, así como al secretario,(33) y le corresponde, entre otras atribuciones, representar al Poder Ejecutivo en las controversias constitucionales a que se refiere el artículo 105, fracción I, de la Ley Fundamental y su ley reglamentaria.(34)
(55) Finalmente, mediante acuerdo publicado el dos de marzo de dos mil diecisiete en el Periódico Oficial de la entidad,(35) el Gobernador del Estado delegó en el Consejero Jurídico la facultad de representar al Gobierno de Tamaulipas para la defensa jurídica de sus intereses(36) ante toda clase de autoridades jurisdiccionales, administrativas, fiscales o laborales, locales o federales.(37)
(56) Las consideraciones anteriores permiten concluir que, en el caso, es posible reconocer legitimación pasiva al Gobernador del Estado, depositario del Poder Ejecutivo y representante del gobierno de la entidad, que acude a este medio de control de constitucionalidad por conducto del Consejero Jurídico de Tamaulipas, quien acredita su personería y cuenta con facultades para representarlo, de acuerdo con los razonamientos previamente desarrollados.
(57) Por el contrario, no ha lugar a reconocer legitimación pasiva al Secretario General de Gobierno, en tanto que, según se desprende de lo razonado con antelación, el Consejero Jurídico del Estado, quien también acude en su representación, no está facultado para hacerlo, pues en términos de lo dispuesto en el Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno de Tamaulipas, al que se aludió previamente, al efecto, es necesario que el titular de la dependencia en comento así lo haya determinado mediante acuerdo,(38) sin embargo, en autos no hay constancia de que exista una determinación en este sentido.
(58) Por otro lado, el Poder Legislativo comparece al presente medio de control constitucional por conducto del Presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de Tamaulipas, carácter que acredita con la copia certificada del decreto número LXIII-790,(39) de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual se hace constar que fue elegido para encabezar la mesa directiva que dirigiría los trabajos legislativos durante abril de este año, mes en el que el Poder Legislativo de la entidad rindió el informe que le fue solicitado por este Alto Tribunal.
(59) Ahora, en términos de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, entre las atribuciones que corresponden al Presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo de la entidad se encuentra la relativa a representarlo legalmente para actuar en controversias constitucionales.(40)
(60) Con base en lo anterior, es posible concluir que, en el caso, debe reconocerse legitimación pasiva al Congreso del Estado que, según se ha dicho, comparece a este medio de control constitucional por conducto de quien se encuentra facultado para representarlo.
(61) CUARTO. Causas de improcedencia. En la especie, el Poder Legislativo de Tamaulipas plantea que debe sobreseerse este medio de control constitucional, en virtud de que no versa sobre la invasión de las competencias municipales, dado que la expedición de las leyes de ingresos municipales son su facultad exclusiva, mientras que el Poder Ejecutivo estatal manifiesta, al respecto, que el Congreso del Estado ejerció estas facultades con estricto apego a la normativa aplicable, y que debe declararse improcedente este asunto con base en el argumento antes referido.
(62) Pues bien, este Tribunal Pleno concluye que debe desestimarse el planteamiento antes precisado, pues está relacionado con un aspecto vinculado al fondo del asunto, en concreto, verificar o constatar la existencia de una afectación a la esfera de atribuciones del accionante, lo cual no puede ser analizado en el examen de procedencia de este medio de control constitucional.
(63) Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que se cita a continuación:
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. En reiteradas tesis este Alto Tribunal ha sostenido que las causales de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una controversia constitucional se hace valer una causal donde se involucra una argumentación en íntima relación con el fondo del negocio, debe desestimarse y declararse la procedencia, y, si no se surte otro motivo de improcedencia hacer el estudio de los conceptos de invalidez relativos a las cuestiones constitucionales propuestas.(41)
(64) QUINTO. Sobreseimiento. Esta Segunda Sala advierte que debe sobreseerse en el presente medio de control constitucional, en virtud de que han cesado los efectos de la norma reclamada.
(65) Sobre el particular, importa destacar que la cesación de efectos en controversias constitucionales se actualiza al momento en que dejan de producirse los efectos de la norma general que la motivó, además de que la declaración de invalidez que pudiera llegar a pronunciarse en tales asuntos no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria.
(66) Conviene tener en cuenta, también, que al resolver la controversia constitucional 46/2008,(42) entre otros precedentes, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las normas relativas a los ingresos de un municipio regulan el gasto público con carácter anual y, por tanto, se sujetan a los principios de temporalidad que se vinculan con la planificación y distribución de la recaudación fiscal realizada en ese periodo.
(67) En este sentido, las leyes de ingresos municipales establecen las contribuciones correspondientes a un determinado ejercicio fiscal, con la finalidad de generar los ingresos necesarios para cubrir los egresos que tendrá cada municipio en ese mismo periodo, máxime que cada año fiscal debe enviar un nuevo proyecto de ingresos al Congreso local y en la propia ley se establece que su vigencia será de un año fiscal.
(68) Ahora bien, en el caso, la parte actora impugna diversos numerales de la Ley de Ingresos del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve.
(69) Sin embargo, conforme a las consideraciones antes
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200628-2a257ba4/i-controversia-constitucional-la-representacion-de-los-ayuntamientos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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