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Modo: Corpus Pro

IMPUESTO SOBRE LA RENTA. MOLDES SUJETOS A DEPRECIACION. NO TODOS ELLOS FORMAN PARTE DEL ACTIVO FIJO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 21, FRACCION I, INCISO B), SUBINCISO 10, VIGENTE EN 1979.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 28/91. · Registro digital (IUS): 3135
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SUSTENTADA ENTRE EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL MISMO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, , Pág. 141.

CONTRADICCION DE TESIS 28/91. SUSTENTADA ENTRE EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL MISMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.- El criterio que sostiene el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se contiene en la resolución de fecha quince de mayo de mil novecientos noventa y uno que resolvió el amparo directo interpuesto por Javier Miguel Afif, representante legal de la empresa denominada POM, Sociedad Anónima, tomando en consideración, dicho cuerpo colegiado, lo siguiente:

TERCERO.- Por ser suficiente para resolver el presente juicio de garantías, se transcribe únicamente el concepto de violación en el que la empresa quejosa aduce que: "PRIMERO.- Procede que ese Tribunal Colegiado conceda el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita, en virtud de que la autoridad responsable al emitir el acto reclamado viola las garantías de legalidad y debido proceso legal, consagradas por los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que la sentencia que se reclama infringe lo dispuesto por los artículos 20, fracciones III y VIII, 21, fracción I, inciso b), apartado 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en mil novecientos setenta y nueve, 40 de su reglamento, así como los artículos 86 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, además de violar lo dispuesto por la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación. En primer lugar, es conveniente precisar la litis en el presente juicio de garantías, la cual se reduce a determinar si los moldes utilizados por mi representada para la fabricación de suelas, son un gasto del ejercicio, tomando en consideración que los moldes que utiliza tienen una duración menor al de un ejercicio fiscal, o bien, que los mismos son bienes del activo fijo como lo resuelve la responsable, al considerar que tienen esta calidad por disposición de la ley. Para demostrar lo ilegal de la resolución que se impugna, resulta conveniente analizar las disposiciones aplicables al caso que nos ocupa. El artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta aplicable, señala que la base de este impuesto será el ingreso global gravable, que es la diferencia entre los ingresos acumulables del ejercicio y las deducciones autorizadas por la ley. En los términos del artículo 20 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de los ingresos acumulables pueden deducirse una serie de conceptos, como son: el costo de las mercancías o productos vendidos; la depreciación de activos fijos tangibles y la amortización de activos fijos intangibles; la pérdida de bienes del causante por caso fortuito o fuerza mayor; las pérdidas por créditos incobrables, los gastos estrictamente indispensables para los fines del negocio, etcétera. Cada una de estas deducciones está sujeta a requisitos especiales para ser procedentes, los cuales están señalados en el artículo 26 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del cual también se pueden obtener algunos gastos que a pesar de no estar enumerados dentro del artículo 20, sí pueden considerarse dentro del amplísimo concepto de gastos estrictamente indispensables para los fines del negocio. Entre otros gastos se tiene, en forma enunciativa mas no limitativa, los gastos de previsión social, los pagos por primas, seguros o fianzas, los pagos por rentas, los intereses sobre préstamos, la asistencia técnica pagada al extranjero; los donativos, los honorarios y salarios. Asimismo, en el artículo 21, se establecen los porcientos anuales máximos aplicables al monto original de una inversión para depreciar dicha inversión o para amortizarla según se trate de activos fijos tangibles o de activos fijos intangibles y gastos y cargos diferidos. Interpretando armónica (sic) estos preceptos legales, se tiene que, conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta, se puede deducir el importe de una erogación bien en un solo ejercicio en su totalidad, o bien, a través de la depreciación o la amortización que son formas de absorber ese importe, o sea, de deducirlo de los ingresos acumulables no en un ejercicio, sino en varios según la tasa de depreciación o amortización que permite la ley. Si la ley así lo estableciera, la construcción podría deducirse en un año y no en 33 como en ese ordenamiento legal se señalaba, vía depreciación al tres por ciento anual. Por lo tanto, resulta claro que la partida correspondiente a un molde sólo puede deducirse a través de la depreciación, pues para ello es necesario precisamente que sea un bien del activo fijo, pues si no lo es simplemente se deduce como un gasto. Es verdad que el artículo 21, fracción I, inciso b), apartado 10, establece, que los `moldes' se depreciarán a la tasa del treinta y cinco por ciento anual, pero ello no significa que todos los moldes, sino únicamente los que formen parte del activo fijo. Esto es así, ya que conforme a los artículos 20, fracción III, y 21 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la deducción por depreciación sólo es para activos fijos tangibles, expresándose al inicio del artículo 21 citado `la depreciación de los activos fijos tangibles y la amortización de los intangibles y gastos y cargos diferidos, se sujetarán a las siguientes reglas'. En esas condiciones, resulta ilegal considerar que el importe de un molde sólo sea deducible por depreciación por disponerlo así el artículo 21, pues como ha quedado expuesto, para que esto sea cierto, dicho molde necesita ser activo fijo y si no lo es procede su deducción como un gasto del ejercicio fiscal al cual afecta. Asimismo, la ley no establece régimen especial ni podría hacerlo, porque la ley es una norma general y abstracta, y por lo mismo no puede regular un tratamiento especial para los moldes de poca duración y utilización; no obstante, de la interpretación armónica de su contenido sí puede establecerse si esos moldes deben depreciarse o no, como se hará a continuación: En una forma textual, el artículo 20 de la Ley del Impuesto sobre la Renta aplicable, establece: `De los ingresos acumulables podrán hacerse únicamente las siguientes deducciones: Fracción III.- La depreciación de activos fijos tangibles y la amortización de gastos y cargos diferidos. Fracción VIII.- Los gastos estrictamente indispensables para los fines del negocio'. Por su parte el artículo 21 del ordenamiento legal antes invocado, en su fracción I, inciso b), punto 10, establece: (Se transcribe en el considerando cuarto de esta ejecutoria). De la transcripción anterior y en especial del encabezado del artículo 21 se desprende lógicamente que para que sea aplicable dicha disposición debe tratarse de activos fijos tangibles o intangibles, o bien, de gastos y cargos diferidos, los cuales serán depreciados o amortizados conforme a las reglas previstas en dicha disposición. En efecto, de un análisis lógico de la disposición, puede concluirse que la premisa mayor de la disposición es que debe tratarse de activos fijos o de gastos y cargos diferidos, y que sin que se dé el supuesto de esta premisa no puede aplicarse la disposición en los puntos subsecuentes, sin que pueda resultar lógico lo afirmado por la responsable en el sentido de que cualquier tipo de molde está sujeto a la amortización (debió decir depreciación), del treinta y cinco por ciento. Debe destacarse que la Ley del Impuesto sobre la Renta aplicable en mil novecientos setenta y nueve, no contiene disposición alguna que defina qué debe entenderse por activo fijo, ya sea que éste se trate de activo fijo tangible, o bien, de un intangible, para poder de ello determinar cuáles son los bienes que deben de quedar incluidos en dicho numeral. Bajo este orden de ideas, si la Ley del Impuesto sobre la Renta que nos ocupa, no contiene definición de qué debe entenderse por activo fijo como ha sido señalado, existen disposiciones legales anteriores y posteriores a dicha ley, que llevan a la conclusión de una definición de lo que debe entenderse por activo fijo y de la cual puede desprenderse que no todas las mercancías o maquinarias previstas en el artículo 21 de referencia, son bienes de activo fijo, como lo sostiene la responsable, sino que sólo los activos fijos definidos en el artículo 21, deberán depreciarse o amortizarse en los porcentajes previstos en la ley. CUARTO.- El concepto de violación transcrito es esencialmente fundado. La Sala responsable parte de una base equivocada al considerar que el artículo 21, fracción I, inciso b), subinciso 10, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en mil novecientos setenta y nueve, establecía que cualquier tipo de molde, sin distinción, estaba sujeto a la `amortización' del treinta y cinco por ciento. En efecto, el aludido precepto legal disponía lo siguiente: `La depreciación de los activos fijos tangibles y la amortización de los intangibles y gastos y cargos diferidos, se sujetarán a las siguientes reglas. I.- No excederán de los siguientes porcientos anuales, sobre el monto original de la inversión respectiva: ... b).- Bienes de activo fijo empleados normalmente por los diversos tipos de empresas en el curso de sus actividades:... 10.- Dados, troqueles, moldes, matrices y herramientas... treinta y cinco por ciento'. De la anterior transcripción se advierte, con claridad, que no era cualquier tipo de molde el que estaba sujeto a la depreciación que se menciona, sino que el precepto sí distinguía a cuáles moldes se refiere; es decir, a aquellos que fueran bienes del activo fijo de una empresa; porque de la redacción del precepto se infiere que el criterio básico para que opere la depreciación, es que se trate de bienes de activo fijo, y si en seguida enumera diversos objetos que pueden quedar comprendidos dentro de la hipótesis, ello no quiere decir que por disposición del mismo precepto ese tipo de cosas invariablemente deban considerarse como parte del activo fijo, a manera de presunción legal irrefutable, sino que dependerá de cada caso, en función de la naturaleza y finalidad específica de aquellos objetos del causante en particular, si dichas cosas deben considerarse comprendidas dentro del concepto genérico de bienes del activo fijo para ser sometidas a las reglas sobre depreciación. Criterio que difiere del que sostiene el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Primer Circuito, al resolver el D. A. 13/89, promovido por la hoy quejosa y otra empresa, en contra de la sentencia dictada en el expediente fiscal 8226/84 (agregado como prueba), a que se refiere la Sala responsable en la resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio de garantías. En su ejecutoria, el Tribunal Colegiado indicado sostiene que según el aludido numeral: `... los moldes de las empresas quejosas, son bienes que forman parte del activo fijo de las referidas empresas, sujetos a la depreciación establecida en el indicado numeral, en tanto que en él se señalan en forma limitativa bienes de activo fijo y de manera genérica a los moldes, sin especificar su naturaleza o durabilidad de uso para diferenciarlos entre moldes sujetos a la depreciación establecida en el multicitado artículo 21, fracción I, inciso b), punto diez, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y moldes no sujetos a la indicada norma fiscal' (foja doscientos tres del expediente fiscal 1161/89). Pues bien, la Sala responsable, apoyada en la misma premisa que lo hizo dicho Tribunal Colegiado, considera que la disposición legal transcrita dispone que todos los moldes son parte del activo fijo; lo cual es incorrecto, pues lo que ahí se establece es que la depreciación hasta un treinta y cinco por ciento anual se aplica a los moldes que pertenezcan al activo fijo; regla que no excluye la posibilidad de que existan moldes ajenos a dicho activo fijo. De tal forma que no existe precepto legal que sirva a este órgano colegiado de sustento, para concluir que la decisión de la Sala responsable sea correcta, por más que se haya apoyado en la ejecutoria de amparo, ya indicada, la cual no obliga a este Tribunal. Así las cosas, para que la Sala responsable, en estricto apego a la garantía de legalidad, pudiera determinar si los moldes en cuestión estaban sujetos, o no, a la depreciación o a la amortización del treinta y cinco por ciento a que se refiere el precepto legal transcrito, antes que cualquier otra cuestión, debió atender a la naturaleza y durabilidad de los moldes de la hoy quejosa, para determinar si eran parte del activo fijo, o no, como lo planteó la actora en su demanda de nulidad, al decir que: `...podemos señalar que la litis en el presente procedimiento se reduce a determinar si los moldes son bienes del activo fijo, sujeto a depreciación por así disponerlo el artículo 21, fracción I, inciso b), subinciso 10, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tal como lo sostiene la autoridad demandada, o bien, si los moldes utilizados por mi representada debido a que su duración es menor a un ejercicio fiscal, son un gasto que puede deducirse en un solo ejercicio, tal como lo ha sostenido mi representada'. Ahora bien, si de acuerdo con el criterio expresado en esta ejecutoria, no todos los moldes deben considerarse parte del activo fijo, sí era cuestión esencial de la litis definir si los moldes a que se refirió la deducción rechazada, eran de aquella naturaleza o no; por eso, eran muy importantes las pruebas ofrecidas por la quejosa para demostrar su pretensión, a saber: las periciales contables y técnica en ingeniería. A este respecto, aduce la Sala responsable que es irrelevante el argumento del actor en el sentido de que con esas pruebas se acredita que la duración de sus moldes es menor que un ejercicio `toda vez que dichas pruebas se tuvieron por no ofrecidas en el auto admisorio de la demanda'. Supliendo la deficiencia de los conceptos de violación de conformidad con el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, este Tribunal estima que el razonamiento de la responsable arriba destacado, causa agravio a la quejosa, al convalidar una violación de garantías cometida por el magistrado instructor que trascendió al sentido de la resolución definitiva. En efecto, dicho magistrado, con apoyo en el artículo 208, fracción V, segundo párrafo, del Código Fiscal, tuvo por no ofrecidas las señaladas probanzas porque la demandante no proporcionó el domicilio de los peritos y, a su juicio, tampoco mencionó los hechos que se pretendían probar. Pues bien, este último extremo no es cierto, porque la actora expresamente dijo: `Para acreditar los hechos asentados, así como los conceptos de anulación que se hacen valer, se ofrecen las siguientes medio (sic) pruebas'. Además, a través de los cuestionarios exhibidos se establecía claramente que los hechos fundamentales a demostrar era que, en función del concepto de activo fijo y de la durabilidad de los moldes adquiridos por la quejosa, éstos no formaban parte de aquél. Por otra parte, aunque es verdad que la oferente no mencionó el domicilio de los peritos y que el precepto legal invocado por el instructor establece que en ese caso se tendrán por no ofrecidas las pruebas, no menos cierto es que el propio precepto tampoco prohíbe que dicho magistrado requiera a las partes para que subsanen la omisión u omisiones en que hayan incurrido; sobre todo, dicho magistrado debe respetar la garantía de audiencia que establece el artículo 14 constitucional, aun cuando la ley ordinaria no la prevea, antes de privar de derechos a alguna de las partes; garantía constitucional que resulta violada cuando de plano y sin ningún requerimiento previo, se tienen por no ofrecidas determinadas pruebas, pues sin oportunidad de defensa alguna, se priva al oferente de su derecho a que el juzgador se ocupe de ellas. Los preceptos del Código Fiscal como el que se invocó en este caso, no pueden aplicarse con el criterio estricto empleado por el magistrado instructor, ya que se aleja del fin primordial de justicia que debe perseguir el juzgador, al aprovechar en perjuicio de la contraparte, que por regla general es el particular, errores triviales, cuya reparación en nada perjudica a la contraria, por no referirse a la cuestión esencial, como en este caso sería el valor intrínseco de las pruebas. El criterio que se rechaza es evidentemente inequitativo, puesto que mientras el requerimiento para cumplimentar requisitos omitidos no causa un perjuicio definitivo a la contraparte, sí se le causa al oferente de la prueba la decisión de tenerla por no ofrecida. En vista de los razonamientos anteriores, debe concederse a la quejosa la protección constitucional para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente el fallo reclamado y el magistrado instructor reponga el procedimiento a partir del auto en que tuvo por no admitidas las pruebas periciales contable y técnica en ingeniería; requiera a la oferente para que proporcione el domicilio de los peritos; y seguido el juicio fiscal en todas sus partes, la Sala sentenciadora dicte nuevo fallo sujetándose a los lineamientos esenciales de esta ejecutoria."

TERCERO.- La resolución del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, emana del amparo directo número 13/89, promovido por Enrique Vega Martínez, representante legal de las empresas denominadas POM, Sociedad Anónima, e IMPULSORA Y PROMOTORA API, Sociedad Anónima, y fue fallado el cinco de julio de mil novecientos ochenta y nueve.

En este asunto, en lo que interesa, el Tribunal Colegiado en mención, estimó lo que a continuación se transcribe:

"SEXTO.- Antes de examinar los conceptos de violación aducidos por las quejosas, POM, Sociedad Anónima, e IMPULSORA Y PROMOTORA API, Sociedad Anónima, se estima pertinente hacer la siguiente relación de hechos, cuya existencia se desprende de los autos del juicio de nulidad en el que se dictó la sentencia reclamada: 1.- Con fecha quince de diciembre de mil novecientos ochenta, las empresas antes mencionadas, demandaron ante el Tribunal Fiscal de la Federación, la nulidad de la resolución contenida en oficio número 361-I-D-I-15692 de quince de octubre del año citado con anterioridad; resolución por medio de la cual la Dirección General Técnica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, negó la confirmación del criterio de las ahora quejosas en el sentido de que los moldes que utilizan para la fabricación de suelas de poliuretano y termoplásticos, deben ser considerados como un gasto del ejercicio, por no reunir las características de activo fijo y en consecuencia no estar sujetas a depreciación. 2.- La demanda de que se trata originó el juicio de nulidad número 13125/80, del que tocó conocer a la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación, la que por sentencia de veinticinco de octubre de mil novecientos ochenta y dos, declaró la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que la autoridad demandada dictara otra, analizando las pruebas ofrecidas por las empresas denominadas POM, Sociedad Anónima e IMPULSORA Y PROMOTORA API, Sociedad Anónima en la fase administrativa. 3.- El Subdirector General Técnico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, acatando lo mandado en la sentencia señalada en el párrafo anterior, con fecha treinta de mayo de mil novecientos ochenta y tres, dictó la resolución contenida en oficio número 361-I-D-I-5128; resolución por medio de la cual negó nuevamente la confirmación del criterio precisado en el primer punto de la presente relación de hechos. 4.- En escrito presentado el día veintidós de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, en la Oficialía de Partes del Tribunal Fiscal de la Federación, las ahora quejosas, demandaron la nulidad de la resolución antes mencionada. Demanda que dio lugar al juicio de nulidad número 8226/84, del cual, correspondió conocer a la Sexta Sala del indicado tribunal, la que seguido que fue el procedimiento legal correspondiente, con fecha trece de octubre de mil novecientos ochenta y seis, pronunció sentencia, reconociendo la validez de la resolución administrativa impugnada. 5.- En escrito presentado el día cinco de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, en la Oficialía de Partes del Tribunal Fiscal de la Federación, las aludidas quejosas interpusieron juicio de garantías en contra de la sentencia señalada en el párrafo que precede. De dicha demanda tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito de amparo, el que en su oportunidad admitió la misma y en ejecutoria pronunciada el día tres de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, concedió la protección federal solicitada, para el efecto de que la Sala responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y dictara otra en la que en cumplimiento de la obligación que le impone el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, se ocupara de todas y cada una de las cuestiones planteadas en la demanda de nulidad, en particular de las precisadas en los puntos uno a cuatro del primer párrafo del considerando sexto de la referida ejecutoria. 6.- Con fecha nueve de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación, en cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito de amparo, dejó insubsistente la sentencia que pronunció el día trece de octubre de mil novecientos ochenta y seis y emitió la que constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional, en la que también se reconoce la validez de la resolución cuya nulidad se demandó en el juicio fiscal número 8226/84. SEPTIMO.- En su primer concepto de violación POM, Sociedad Anónima, e IMPULSORA Y PROMOTORA API, Sociedad Anónima, en esencia manifiestan que es incorrecta la consideración de la Sala responsable, en el sentido de que las pruebas ofrecidas por las actoras en el juicio de nulidad son periciales que no demuestran el hecho consistente en que los moldes utilizados por las referidas actoras, tienen una duración menor de un año y que por ello al tener una vida útil menor de un año, no forman parte del activo fijo de dichas empresas y deben considerarse gastos del ejercicio; porque con las referidas pruebas sí se acreditan los citados extremos, puesto que se demostró que los moldes utilizados por las empresas actoras, tienen una vida útil menor de un año, ya que su uso depende de la moda del vestido, que en promedio es de seis meses, razones éstas a virtud de las cuales, los aludidos moldes no pueden considerarse como activo fijo, sino como un gasto. Que en el anterior orden de ideas, la autoridad responsable realiza una indebida valoración de pruebas, al considerar que las empresas antes mencionadas, no demostraron que los moldes que utilizan en el desarrollo de su actividad, tienen una vida útil menor de un año y que por ello, no pueden considerarse gastos. En su primer concepto de violación POM, Sociedad Anónima e IMPULSORA Y PROMOTORA API, Sociedad Anónima, también señalan que contrariamente a lo sostenido por la responsable en la sentencia reclamada, los dictámenes ofrecidos como pruebas, sí se encuentran apoyados en reglas de carácter técnico, como se desprende de la simple lectura del dictamen técnico en contabilidad, el cual se funda en principios contables elaborados por la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Asociación Civil, el cual es un órgano de consulta conforme a los artículos 44 bis y 45 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación; y que la afirmación de la responsable en el sentido, de que las indicadas periciales, no se apoyen en principios de orden y de carácter técnico, carece de la debida motivación, ya que no se expresan las razones por las cuales se llega a dicha conclusión. Por otra parte, en el concepto de violación que en este apartado trata de precisarse, se manifiesta que es ilegal la conclusión que la Sala responsable hace consistir, en `que la cuestión de dilucidar en el juicio, debe determinarse de acuerdo con las disposiciones legales respectivas, a fin de conocer si el concepto es activo fijo o gasto del ejercicio'; porque la cuestión a dilucidar para aplicar la ley, lo es la naturaleza de la erogación llevada a cabo por las empresas denominadas POM, Sociedad Anónima e IMPULSORA Y PROMOTORA API, Sociedad Anónima. Que la conclusión a que llega la responsable, respecto a los moldes utilizados por las citadas empresas, es improcedente, porque no existía en la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en los años de mil novecientos setenta y nueve y mil novecientos ochenta, alguna norma legal que definiera si los moldes debían considerarse bienes de activo fijo o gastos del ejercicio, sino que la determinación de si un molde debe ser depreciado conforme al artículo 21 del ordenamiento legal antes invocado o bien considerarse como un gasto del ejercicio, depende exclusivamente de la consideración de si ese molde forma o no parte del activo fijo del contribuyente,situación que se aclara al desvirtuar los argumentos que se tomaron en cuenta para determinar que los moldes son bienes del activo fijo. Por otro lado, que la conclusión a que llega la responsable, en relación con la aplicación del artículo 21, fracción I, inciso b), apartado 10, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en los años de mil novecientos setenta y nueve-mil novecientos ochenta, son improcedentes; en virtud de que parte de la falsa premisa de que todos los bienes encuadrados en dicho precepto, por ese solo hecho, son bienes que forman parte del activo fijo y que por ello están sujetos a depreciación, puesto que si la ley no realiza excepciones a esa regla general, no es posible distinguir. En el primer concepto de violación las promoventes del presente juicio constitucional, POM, Sociedad Anónima e IMPULSORA Y PROMOTORA API, Sociedad Anónima, igualmente expresan que de aceptarse el criterio de la Sala responsable, se llegaría a extremos absurdos, ya que la totalidad de los bienes tangibles enumerados en el dispositivo legal de que se trata, en atención a su naturaleza, se puede determinar si son activo fijo o no. Que si la Ley del Impuesto sobre la Renta, aplicable al caso, no contiene disposición alguna que defina qué debe entenderse por activo fijo, existen disposiciones anteriores y posteriores a dicha ley, que nos llevan a una definición de lo que deba entenderse por activo fijo, como el artículo 89 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de treinta de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro, el cual establece que la depreciación debe entenderse como la forma de deducir o recuperar una inversión que forma parte del activo fijo. Así como los artículos 41 y 42 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en mil novecientos ochenta y uno y los artículos 41 y 41 bis de la indicada ley vigentes en el año de mil novecientos ochenta y siete, que señalan que las inversiones únicamente se podrán deducir mediante la aplicación de los porcentajes máximos autorizados por la ley al monto original de la inversión, o sea las inversiones realizadas por un contribuyente, se diferencian en cada ejercicio, para el efecto de que dicho contribuyente recupere la inversión realizada. Por otra parte, las empresas quejosas en el multicitado primer concepto de violación manifiestan que con el dictamen pericial contable, se acreditó que existen moldes usados continuamente, cuya duración es larga y por ello sí son activo fijo; pero que existen moldes para trabajos especiales, cuyo valor debe cargarse a costos de producción, ya que su vida útil no es mayor de un año y por ello no puede aplicárseles la regla prevista por el artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por referirse ésta únicamente a moldes que son bienes del activo fijo. Que por lo que toca a la afirmación de la responsable, en el sentido de que desde el punto de vista tributario, no puede determinarse la procedencia de un tratamiento fiscal, por motivos de modo en el vestir y por la forma en que la empresa lo registra; debe señalarse que es una conclusión improcedente, porque las empresas actoras nunca han sostenido que por motivos de la moda en el vestir o por la forma en que dichas empresas llevan su contabilidad, no les es aplicable lo dispuesto por el artículo 21, en relación a los moldes que utilizan en la fabricación de suelas de zapato; ya que lo que las citadas empresas han sostenido, es que los moldes que utilizan, no son activo fijo y por lo tanto, no pueden estar sujetos a depreciación, porque su vida útil, no es superior a seis meses, razón ésta por la que técnicamente no son activo fijo. Que también es improcedente la afirmación de la responsable, de que de seguir el criterio de las actoras, se desatenderían los principios constitucionales de equidad y proporcionalidad de los impuestos, porque de no permitirse la deducción de los moldes, como un gasto del ejercicio, se estaría obligando a las ahora quejosas a determinar una utilidad superior a la real y consecuentemente a soportar una mayor carga tributaria. Que por todo lo anterior y toda vez que ha quedado acreditado, que los moldes de las empresas quejosas dejan de tener utilidad en un período menor de seis meses, resulta claro que su valor debe recuperarse de los ingresos de ese período, ya que de lo contrario, se obtendría una utilidad ficticia, violatoria de los principios de proporcionalidad y equidad de los impuestos. Finalmente, en su primer concepto de violación las empresas quejosas POM, Sociedad Anónima e IMPULSORA Y PROMOTORA API, Sociedad Anónima, señalan que la Sala responsable al resolver en la forma en que lo hizo, parece no conocer que una de las causas de nulidad que establece el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 238, fracción IV, es precisamente que la resolución materia del juicio de nulidad, `se dictó en contravención de las disposiciones aplicables o dejó de aplicar las debidas' ya que para que lo dispuesto por el a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3135-ffead662/impuesto-sobre-la-renta-moldes-sujetos-a-depreciacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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