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Modo: Corpus Pro

SUSPENSION PROVISIONAL. LAS TARJETAS DE CIRCULACION SON INSUFICIENTES PARA ACREDITAR EL INTERES JURIDICO PARA OBTENER DICHA MEDIDA, TRATANDOSE DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN EL DISTRITO FEDERAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 28/94. · Registro digital (IUS): 3204
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SUSTENTADA ENTRE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Septiembre de 1995, , Pág. 352.

CONTRADICCION DE TESIS 28/94. SUSTENTADA ENTRE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. La denuncia de posible contradicción de tesis fue formulada en los siguientes términos:

"Este Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa, en la sentencia recaída al recurso de queja número Q.A. XI-243/94, resuelto por mayoría de votos de los señores Magistrados Carlos Alfredo Soto Villaseñor y Genaro David Góngora Pimentel, con voto en contra del señor Magistrado Fernando Lanz Cárdenas, en sesión de veintidós de junio de mil novecientos noventa y cuatro, interpuesta por el Director General de Autotransporte Urbano del Distrito Federal y otras autoridades, siendo ponente el primero de los nombrados, sustentó que no procede conceder la suspensión provisional solicitada en virtud de que el quejoso no acreditó su interés en obtener dicha medida, al exhibir para tal efecto su tarjeta de circulación, ya que tratándose de un servicio público concesionado, las tarjetas de circulación, expedidas por la Dirección General de Autotransporte Urbano de la Secretaría General de Protección y Vialidad, lo único que acreditan es el registro e identificación de los automotores realizado ante las autoridades para que puedan transitar, como lo establece el artículo 23 del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal. Por lo tanto, estas tarjetas de circulación no pueden ser substitutas del permiso o concesión a que alude el artículo 6o. de la Ley que Fija las Bases Generales a que Habrán de Sujetarse el Tránsito y los Transportes en el Distrito Federal. Consecuentemente, este órgano colegiado llegó a la conclusión de que no procede conceder la medida suspensional solicitada, ya que para tal efecto se requiere que quien la solicita, demuestre, cuando menos indiciariamente, que es titular de algún derecho, sea propiedad, posesión, autorización, concesión, etcétera y con la tarjeta de circulación no acredita tener autorización para prestar determinado servicio público de transporte. En la ejecutoria de mérito (misma que se acompaña a este escrito), se explican las consideraciones que tomó en cuenta este órgano para sostener este criterio. Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja número Q.A. XI-484/92 (sic) en la sesión de fecha cuatro de agosto de mil novecientos noventa y dos, interpuesto por el Director General de Autotransporte Urbano en su ausencia el Director de Permisos, Concesiones y Revalidaciones y otras, siendo ponente el señor Magistrado David Delgadillo Guerrero, consideró por unanimidad de votos que tratándose de la prestación de un servicio público de transporte, sí se acredita el interés suspensional con la tarjeta de circulación; y apoya su criterio en que el artículo 23, fracción II del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal establece que para que un vehículo transite en el Distrito Federal, se requiere su registro correspondiente que se comprobará, entre otras cosas, mediante la tarjeta de circulación, en consecuencia, consideró que del propio artículo se infiere que existen varias matrículas, entre ellas las de servicio público. Agrega, que si en el citado caso, la autoridad recurrente acepta que los quejosos cuentan con tarjeta de circulación permanente otorgada con apoyo en la fracción II del artículo 23 del aludido reglamento, en consecuencia, sí se le dio la clasificación de vehículos para el servicio público, lo que significa que son de aquellos que prestan el servicio de pasajeros mediante el cobro de tarifas autorizadas, `por medio de una concesión o permiso', de otra suerte no se hubiera otorgado la clasificación de vehículo para uso público. En consecuencia, consideró que con la presentación de la tarjeta de circulación en donde consta el uso de la unidad para servicio público, los quejosos acreditan su interés en obtener la suspensión. Conviene precisar que la contradicción de criterios radica, medularmente, en determinar si la tarjeta de circulación resulta el documento idóneo para acreditar el interés en obtener la suspensión en el juicio constitucional, o no, tratándose de la continuación de la prestación del servicio público de transporte en el Distrito Federal. En mérito de lo anterior, se hace la respectiva denuncia de criterios en los términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, conforme al cual en casos como el presente los magistrados de Circuito pueden hacer del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la divergencia de criterios, a fin de que se decida cuál de ellos debe prevalecer".

TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja Q.A. XI-243/94, interpuesto por el Director General de Autotransporte Urbano del Distrito Federal y otras autoridades, determinó lo siguiente:

"SEXTO. Los conceptos de agravio anteriormente transcritos, resultan fundados y suficientes para revocar la suspensión provisional por el juez a quo a los quejosos, en proveído de fecha trece de junio de mil novecientos noventa y cuatro, por lo siguiente. Según se advierte de las constancias que obran en autos, Aurelio Hernández Gutiérrez y coagraviados, demandan el amparo y protección de la Justicia Federal, así como la suspensión, en contra de los actos que se hacen consistir, entre otros, en: las órdenes, acuerdos, resoluciones y/o cualquier otra clase de determinación, por virtud de los cuales se cancele, revoque, reste validez o pretenda realizarse cualquiera de los actos antes descritos, afectándose con ello la autorización contenida en el oficio DGAU/0036/88 de fecha cinco de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, dirigido al `representante legal ruta número 18, de servicios colectivos', única y exclusivamente por lo que hace a la descripción de los itinerarios o derivaciones que refiere, específicamente el relativo a la derivación `Metro Tlatelolco-Cd. Azteca'. En acuerdo de fecha trece de junio del año en curso, el juez a quo otorgó la suspensión provisional en los siguientes términos: `...con fundamento en los artículos 124 y 130 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, esto es, para que no se impida la prestación del servicio público de transporte de pasajeros a los quejosos en la ruta 18 autorizada en el oficio DGAU/0036/88, por las autoridades responsables. Haciendo extensiva la medida cautelar para el efecto de que no se hagan efectivas las infracciones que se les impongan a los quejosos, siempre y cuando queden garantizadas ante este juzgado federal, suspensión que surtirá sus efectos hasta en tanto se dicte resolución respecto de la suspensión definitiva. Expídanse las copias certificadas que solicitan los quejosos, previa toma de razón que de su recibo se deje en autos, teniendo como autorizados únicamente para recogerlas a los licenciados Roberto Niño de Rivera Ramírez y Roberto Herrera Escamilla, así como a los pasantes en derecho, Karina Ramírez Avila y Jorge Vázquez García. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado Roberto Avendaño, Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. Doy fe'. Mas sin embargo, el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, no advirtió que el oficio a que hace referencia y en que se apoya para otorgar la suspensión provisional de los actos reclamados no se encuentra vigente. En efecto, de la lectura que se hace al oficio de referencia en su última parte y concretamente, en su hoja número veinticinco, se advierte claramente que en él se dice lo siguiente: `La presente autorización tendrá vigencia máxima de un año a partir de la fecha de su expedición y es susceptible de prórroga, misma que deberá solicitarse treinta días antes de su vencimiento'. Si dicho oficio fue expedido con fecha cinco de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, y la demanda de amparo se presentó el día primero de junio de mil novecientos noventa y cuatro, resulta evidente que la autorización contenida en el oficio citado se encuentra vencida y por tal motivo no es suficiente para acreditarse el interés suspensional para obtenerse la medida cautelar solicitada. Resulta inconcuso que si la autoridad sólo expidió autorizaciones provisionales para la prestación del servicio público de pasajeros por un lapso ya fenecido, resulta incorrecta la determinación del juez a quo en cuanto concedió la medida tutelar (sic) para que se continuara con la explotación de este servicio; a pesar de que como ya se dijo, la autorización provisional se encuentra vencida. Siendo conducente sobre el particular, el criterio sustentado por este Tribunal al resolver el amparo en revisión 289/80, Autotransportes Unión Serrana, S. A., el diecinueve de junio de mil novecientos ochenta, por unanimidad de votos siendo ponente el Magistrado Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, que dice: `TRANSPORTE DE PERSONAS, SUSPENSION IMPROCEDENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SERVICIO DE, SIN CONCESION. Si la parte quejosa no es titular de concesión, permiso o autorización, que es indispensable para la prestación del servicio de transporte de pasajeros, resulta contrario al interés social y a las disposiciones de orden público conceder la medida cautelar solicitada, ya que con el otorgamiento de la misma se permitiría el funcionamiento de un servicio de autotransporte de personas sin la concesión, permiso o autorización correspondiente, violando disposiciones de orden público y de fondo de satisfacerse el requisito previsto en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo'. A mayor abundamiento, cabe precisar que si la autorización se encuentra vencida al concederse la suspensión provisional, el juez a quo está sustituyendo las funciones de la autoridad administrativa, otorgando la medida sin que los quejosos cuenten con tal autorización vigente, máxime que la misma únicamente tiene efectos suspensivos y de ninguna manera posee efectos constitutivos; y razonar en sentido contrario equivaldría a constituir un derecho a favor de los quejosos, como lo es la autorización para que presten el servicio de transporte público a que se refiere la autorización ya citada. Además de que el oficio de mérito, va dirigido al C. representante legal de la ruta número 18 de servicios colectivos y no a ninguno de los quejosos. Sin que sea óbice para lo anterior la circunstancia de que se ofrezcan como pruebas, diversas tarjetas de circulación, expedidas por la Dirección General de Autotransporte Urbano de la Secretaría General de Protección y Vialidad, ya que lo único que acreditan estos documentos es el registro e identificación de los automotores, realizado ante las autoridades para que puedan transitar, como se establece en el artículo 23 del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, que preceptúa lo siguiente: `Artículo 23. Los vehículos requieren para su tránsito en el Distrito Federal del registro e inscripción correspondiente ante el Departamento. Dicho registro se comprobará mediante las placas de matrícula, la calcomanía vigente a éstas y la tarjeta de circulación, mismas que deberán llevarse en el vehículo'. Es de considerarse que estas tarjetas de circulación no pueden ser sustitutas del permiso o concesión a que alude el artículo 6o. de la Ley que Fija las Bases Generales a que Habrán de Sujetarse el Tránsito y los Transportes en el Distrito Federal. En efecto, dicho precepto legal nos dice que: `Artículo 6o. Será necesario obtener la concesión o el permiso previo correspondiente de las autoridades del Departamento del Distrito Federal, para poder establecer y operar líneas locales de transportes de personas y de carga, y en general, para poner en servicio vehículos destinados a la prestación de tales servicios dentro del propio Distrito'. Para el otorgamiento de la suspensión provisional, se requiere que el quejoso en el juicio de garantías demuestre, cuando menos en forma indiciaria, que es titular de algún derecho, sea propiedad, posesión, autorización, concesión, etc. En caso contrario, debe concluirse que no se surten los requisitos de procedencia que establece el artículo 124, fracciones I y III de la Ley de Amparo; pues en primer lugar, no se tiene la certeza de que quien solicita la suspensión sea `agraviado'; y además, tampoco se puede afirmar que la ejecución de los actos reclamados le cause daños y perjuicios de difícil reparación. En las señaladas condiciones, procede revocar el auto materia de este recurso de queja".

CUARTO. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja Q.A. 484/92 (X) interpuesto por el Director de Permisos, Concesiones y Revalidaciones y otras autoridades, en ausencia del Director General de Autotransporte Urbano del Distrito Federal, estimó lo siguiente:

"TERCERO. El primer agravio resulta infundado. En su primera parte se alega que, los quejosos no cuentan con la autorización para realizar la actividad de que se trata, ya que las tarjetas de circulación sólo comprueban el registro del vehículo respectivo ante el Departamento del Distrito Federal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23, fracción II, del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal. Dicho numeral dice: `Los vehículos requieren para su tránsito en el Distrito Federal del registro e inscripción correspondiente ante el Departamento. Dicho registro se comprobará mediante las placas de matrícula, la calcomanía vigente a éstas y la tarjeta de circulación, mismas que deberán llevarse en el vehículo. El Departamento otorgará las siguientes placas de matrícula... II. De Servicio Público'. Del análisis de la primera parte de ese dispositivo se desprende que, para que un vehículo transite en el Distrito Federal, se requiere su registro correspondiente que se comprobará, entre otras cosas, mediante la tarjeta de circulación. También se infiere de tal artículo que existen varias matrículas, entre ellas las de servicio (sic). Por su parte, en el artículo 22 del propio reglamento, se prevén varias clases de uso del vehículo, entre las que se encuentra la de `uso público' que se define en la fracción III de la siguiente forma: `públicos: aquéllos de pasajeros o de carga que operen mediante el cobro de tarifas autorizadas, por medio de una concesión o permiso...'. En el caso la propia autoridad recurrente acepta que los quejosos cuentan con tarjeta de circulación permanente otorgada con apoyo en la fracción II del artículo 23 del aludido reglamento; por tanto, si se les dio la clasificación de vehículos para el servicio público, significa que son de aquellos que prestan el servicio de pasajeros mediante el cobro de tarifas autorizadas, `por medio de una concesión o permiso'; de otra suerte no se hubiera otorgado la clasificación a que se refieren los artículos 22, fracción III y 23, fracción II, del pluricitado reglamento. La segunda parte del agravio resulta inoperante, porque el juez de Distrito no concedió la suspensión con apoyo en el permiso otorgado a la Asociación de Taxistas Zócalo-La Villa-Gustavo A. Madero y Ramales Ruta 18 A.C., sino con base en las tarjetas de circulación, según ya se dijo. En el segundo agravio se alega que existe una contradicción en el auto recurrido, ya que por una parte se negó la suspensión porque la autorización que exhibieron los quejosos como prueba ya está vencida y, por la otra, se les concede con base en una tarjeta de circulación que sólo comprueba el registro de los vehículos. La contradicción que se aduce no existe en la resolución recurrida, si se toma en cuenta que los quejosos reclamaron varios actos, a saber: uno de ellos se refiere a las órdenes, acuerdos y resoluciones que pretendan cancelar la autorización antes aludida y la prohibición para prestar el servicio público con base en esa autorización. La cautelar pedida con apoyo en tal documento fue negada. Otro acto reclamado se hizo consistir en las órdenes, acuerdos o resoluciones, por los cuales se concedan (sic) y resten validez a las autorizaciones para circular que, `por su naturaleza se encuentran implícitamente contenidas en todas y cada una de las tarjetas de circulación para transporte público que nos fueron expedidas...'. La suspensión solicitada en ese aspecto fue la que se concedió. De lo anterior se sigue que, al existir dos actos reclamados y si por uno se niega la suspensión y por el otro se otorga, no se da la contradicción alegada y por ello procede declarar infundado el segundo agravio y, por ende, también debe declararse infundada la queja que se resuelve".

QUINTO. Con el propósito de establecer y delimitar la materia de contradicción de tesis denunciada, se estima pertinente hacer una síntesis de las características de los asuntos sometidos al conocimiento de cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito antes mencionados.

1. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, conoció del recurso de queja Q.A. XI-243/94, interpuesto por el Director General de Autotransporte Urbano del Distrito Federal y otras autoridades dependientes del Departamento del Distrito Federal y pronunció resolución el veintidós de junio de mil novecientos noventa y cuatro. Cabe destacar que dicho asunto fue presentado en contra del auto de suspensión provisional dictado por el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de garantías 203/94 del que deriva dicho incidente, en el que se otorgó a los quejosos la suspensión solicitada.

En la referida resolución, el Tribunal Colegiado declaró fundados los agravios expresados por las autoridades recurrentes, con base en los siguientes razonamientos:

a) El juez de Distrito no tomó en cuenta al conceder la suspensión provisional de los actos reclamados, que el oficio DGAU/0036/88 exhibido por los quejosos, que contiene la autorización para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros, en la que se apoyó para conceder la suspensión provisional, no se encuentra vigente; pues en su parte final establece que la autorización tendrá vigencia máxima de un año a partir de la fecha de su expedición, por lo que si la autorización fue expedida el cinco de marzo de mil novecientos ochenta y ocho y la demanda se presentó el primero de junio de mil novecientos noventa y cuatro, es evidente que se encuentra vencida y por lo mismo es insuficiente para demostrar el interés de los quejosos, para obtener la medida suspensiva solicitada.

b) La autorización antes mencionada está dirigida al representante legal de la ruta número 18 de servicios colectivos, y no a los quejosos, por lo que no se tiene la certeza de que quien solicita la suspensión sea la parte agraviada.

c) Las tarjetas de circulación expedidas por la Dirección General de Autotransporte Urbano de la Secretaría General de Protección y Vialidad, lo único que acreditan es el registro e identificación de los automotores, realizado ante las autoridades a fin de poder transitar, tal como lo establece el artículo 23 del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, pero éstas de ninguna manera pueden sustituir al permiso o concesión a que se refiere el artículo 6o. de la Ley que Fija las Bases Generales a que Habrán de Sujetarse el Tránsito y los Transportes en el Distrito Federal.

En tal virtud, concluye el tribunal, es fundado el recurso de queja hecho valer por las autoridades responsables, y por tanto revoca el auto de suspensión provisional que otorgó la medida, porque a su juicio no se satisfacen los requisitos previstos en las fracciones I y III del artículo 124, de la Ley de Amparo.

2. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, conoció del recurso de queja Q.A. 484/92 (X), interpuesto por el Director de Permisos, Concesiones y Revalidaciones y otras autoridades, en ausencia del Director General de Autotransporte Urbano del Distrito Federal y pronunció resolución el cuatro de agosto de mil novecientos noventa y dos. Cabe destacar que dicho asunto fue presentado en contra del auto de suspensión provisional dictado por el Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de garantías 203/92 del que deriva dicho incidente, en el que se concedió en una parte y en otra se negó la suspensión solicitada.

En dicha resolución, el Tribunal Colegiado declaró infundados e inoperantes los agravios hechos valer por los recurrentes, con apoyo en las siguientes consideraciones:

a) Es infundado lo argumentado por las autoridades recurrentes en el sentido de que los quejosos no cuentan con autorización para realizar la actividad de servicio público de transporte, pues ellas mismas aceptan que cuentan con tarjetas de circulación permanente, otorgadas con apoyo a la fracción II del artículo 23 del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, en las que se les dio la clasificación de vehículos para el servicio público; por tanto si se les registró con esa clasificación significa que pertenecen a aquellos que prestan el servicio de pasajeros mediante el cobro de tarifas autorizadas, por medio de una concesión o permiso, en términos del artículo 22, fracción III del aludido reglamento, pues de otra manera no se les hubiera otorgado dicha clasificación en las citadas tarjetas de circulación permanente.

b) Es inoperante la segunda parte del agravio de las autoridades, pues el juez de Distrito no concedió la suspensión provisional con apoyo en el permiso otorgado a la Asociación de Taxistas Zócalo-La Villa-Gustavo A. Madero y Ramales Ruta 18 A.C., sino con base en las tarjetas de circulación exhibidas.

c) No existe contradicción en el acuerdo recurrido, pues el juez a quo negó la suspensión provisional respecto de unos actos y la concedió respecto de otros; esto es, en relación con los actos reclamados consistentes en las órdenes, acuerdos y resoluciones que pretendan cancelar la autorización exhibida por los quejosos y la prohibición para prestar el servicio público de transporte de pasajeros con base en dicha autorización, el juez negó la suspensión provisional porque el permiso que acompañaron a su demanda ya no era vigente; por otro lado, en el propio acuerdo el juez concedió la medida suspensiva en contra de las órdenes, acuerdos o resoluciones por los cuales se resten validez a las autorizaciones para circular que, se encuentran implícitamente contenidas en todas y cada una de las tarjetas de circulación para transporte público.

En virtud de las consideraciones precedentes, el Tribunal Colegiado resuelve declarando infundado el recurso de queja.

De los antecedentes relatados se desprende que sí existe la contradicción de tesis denunciada, pues mientras el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostiene que las tarjetas de circulación expedidas por la Dirección General de Autotransporte Urbano de la Secretaría General de Protección y Vialidad, sólo acreditan el registro e identificación de los automotores, realizado ante las autoridades para que éstos puedan transitar, tal como lo establece el artículo 23 del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal y por ende son insuficientes para demostrar el interés para obtener la suspensión de los actos reclamados, tratándose de la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en el Distrito Federal.

En cambio el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito considera que, las tarjetas de circulación expedidas con apoyo en la fracción II del artículo 23 del mencionado reglamento, son suficientes para demostrar el interés en obtener la suspensión de los actos reclamados, tratándose de la continuación de la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en el Distrito Federal, pues si se les dio la clasificación de vehículos para el servicio público, significa que son aquellos que prestan el servicio de pasajeros por medio de una concesión o permiso.

Precisado lo anterior, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que debe prevalecer el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de conformidad con las siguientes consideraciones.

Así es, el problema del que conocieron los dos Tribunales Colegiados, se refirió básicamente a determinar si los documentos exhibidos por los quejosos en el juicio constitucional, eran idóneos para obtener la suspensión provisional de los actos reclamados, tratándose de la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en el Distrito Federal.

Al respecto resulta pertinente mencionar, que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito estableció en su ejecutoria que, el oficio que contenía la autorización DGAU/0036/88, exhibida por los quejosos, no estaba vigente, por lo que era incorrecta la determinación del juez a quo respecto de la concesión de la suspensión provisional para que se continuara con la explotación del servicio público de transporte, con base en una autorización vencida.

Por su parte, en el recurso de queja del que conoció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el juez de Distrito había negado el beneficio suspensivo respecto de dicho acto, manifestando que no se encontraba vigente y que en esas condiciones era improcedente otorgarlo con base en esa autorización, ya que de hacerlo, se estaría constituyendo un derecho en favor de los quejosos, como es la autorización para que presten el aludido servicio, sin que se tuvieran facultades para hacerlo, pues éstas son propias de las autoridades administrativas.

Es importante resaltar lo anterior, para poner de manifiesto que la presente contradicción de tesis no se refiere al análisis de las autorizaciones o permisos concedidos para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en el Distrito Federal, ni a la idoneidad de esos documentos para la obtención de la medida suspensiva, tomando en cuenta que esto no formó parte de la litis en el recurso de queja del que conoció el Cuarto Tribunal Colegiado, por lo que la resolución de la denuncia se limita a definir si las tarjetas de circulación son documentos suficientes para conseguir el beneficio suspensivo, tratándose de la prestación del servicio público antes mencionado.

Pues bien, para dilucidar la cuestión planteada, conviene tener presente algunas disposiciones legales, que regulan la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en el Distrito Federal, contenidas en la Ley que Fija las Bases Generales a que Habrán de Sujetarse el Tránsito y los Transportes en el Distrito Federal, así como en el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal.

REGLAMENTO DE TRANSITO DEL DISTRITO FEDERAL

"ART. 1o. El presente Reglamento establece las normas a que deberá sujetarse el tránsito de peatones y vehículos en las vías públicas del Distrito Federal".

"ART. 3o. En el Distrito Federal, el tránsito y la vialidad se sujetarán a lo previsto por este Reglamento, así como a la normatividad y medidas que establezca y aplique el Departamento en las siguientes materias:

"...

"VI. El registro de vehículos, atendiendo a sus características y el servicio al que estén destinados, y la expedición de los documentos de identificación de los mismos, en los términos de este Reglamento".

"ART. 20. Para los efectos de este Reglamento, los vehículos se clasificarán por su peso y por el uso al que están destinados".

"ART. 22. Por su uso los vehículos son:

"...

"IV. Públicos: Aquéllos de pasajeros o de carga que operen mediante el cobro de tarifas autorizadas, por medio de una concesión o permiso, y aquellos que pertenezcan al Departamento u otras dependencias y entidades Gubernamentales que estén destinados a la prestación de un servicio público, y..."

"ART. 23. Los vehículos requieren para su tránsito en el Distrito Federal del registro e inscripción correspondiente ante el Departamento. Dicho registro se comprobará mediante las placas de matrícula, la calcomanía vigente a éstas, la tarjeta de circulación y la autorización específica que se requiera tratándose de vehículos de carga de materiales, sustancias o residuos tóxicos o peligrosos. Los comprobantes del registro deberán llevarse en el vehículo.

"El Departamento otorgará las siguientes placas de matrícula:

"I) Servicio particular y mercantil;

"II) De servicio público;

"III) De demostración o traslado, y

"IV) Para diplomáticos, consulados y organismos internacionales.

"Los remolques, semi-remolques, motocicletas, motonetas y bicimotos sólo requerirán de una placa para su tránsito".

LEY QUE FIJA LAS BASES GENERALES A QUE HABRAN DE SUJETARSE EL TRANSITO Y LOS TRANSPORTES EN EL DISTRITO FEDERAL

"ART. 1o. Siendo de utilidad pública el servicio de transporte de pasajeros y de carga en el Distrito Federal, las autoridades locales de esa entidad, procederán a su planeación y fijarán, de acuerdo con las prescripciones de la presente ley y de sus reglamentos, las normas, rutas y demás condiciones a que deba sujetarse la prestación de dicho servicio".

"ART. 2o. Es de la competencia de las autoridades del Departamento del Distrito Federal, todo lo relativo al tránsito y transportes urbanos que se efectúen por calles, calzadas, avenidas, plazas y demás lugares públicos comprendidos en las poblaciones de dicha entidad. Igualmente es de la competencia de las mismas autoridades, el tránsito y los transportes suburbanos, siempre que no se efectúen por tramos de carreteras dependientes de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. En caso de que se lleven a cabo en tramos de dichas carreteras, la mencionada Secretaría de Comunicaciones celebrará convenios con las autoridades del Distrito Federal, para que éstas se encarguen del tránsito y policía en estas secciones d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3204-c6c9e06c/suspension-provisional-las-tarjetas-de-circulacion-son-insuficientes · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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