TABACO. EN LA REGULACIÓN PARA SU CONTROL Y VENTA EL EJECUTIVO INTERVIENE CON UNA FACULTAD REGLAMENTARIA PARA MANTENER EL ORDEN PÚBLICO Y SI LA NORMATIVIDAD ATIENDE LA NECESIDAD DE PRESERVAR LA SALUD PÚBLICA, QUE ES DE INTERÉS SOCIAL Y EN CUYO MANTENIMIENTO ESTÁ INTERESADA LA SOCIEDAD, LA SUSPENSIÓN QUE SE PIDA EN CONTRA DE SU APLICACIÓN ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE.
QUEJA 142/2023. RECURRENTE: JEFE DE DEPARTAMENTO ADSCRITO A LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE SALUD, POR SÍ Y EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA. 17 DE FEBRERO DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MAGISTRADO SERGIO EDUARDO ALVARADO PUENTE. SECRETARIO: ALEJANDRO CAVAZOS VILLARREAL.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO.—Es fundado el agravio primero y suficiente para revocar el auto impugnado.
En el auto recurrido, la Juez Federal, luego de precisar los actos reclamados, estableció que le asiste al quejoso interés legítimo, ya que si bien los actos reclamados no ocasionan agravio jurídico, sí causan uno de distinta naturaleza, como lo es el perjuicio meramente económico.
Lo anterior, ya que la parte quejosa celebró un contrato de comisión mercantil el tres de marzo de dos mil veintiuno con la persona moral denominada Cadena Comercial Oxxo, Sociedad Anónima de Capital Variable en donde, entre otras cláusulas, se comprometió a vender y promocionar los productos, mercancías y artículos que vende y distribuye el comitente (ente comercial).
Refirió que en el caso, la parte quejosa solicita la medida cautelar para el efecto de que se le permita seguir colocando los productos del tabaco a través de mostradores y/o exhibidores al interior de los puntos de venta, como parte del proceso de distribución y comercialización.
Luego, destacó que conforme a los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, al proveer sobre la suspensión de los actos reclamados, deben tomarse en consideración, en su orden, los siguientes requisitos: a) que la solicite el quejoso y b) que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, en los términos previstos en el artículo 129 del propio ordenamiento legal, que de manera enunciativa señala casos que se considera siguen perjuicio al interés social o contravienen disposiciones de orden público.
Después, refirió que se debe constatar el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley para después realizar el estudio de ponderación, pues sin la satisfacción de tales presupuestos no es procedente efectuar ponderación alguna, ni siquiera de manera preliminar y superficial con la finalidad de lograr una decisión de probabilidad respecto a la existencia del derecho discutido, dado que la técnica del estudio de la suspensión no lo permite.
Por tanto, concedió la suspensión provisional para el efecto de que, de momento, no se apliquen en su esfera legal individual las normas y acuerdo general que reclama, pudiendo generarse las consecuencias legales de tal proceder.
En oposición, en el primer agravio, la autoridad recurrente aduce que es ilegal la resolución recurrida, ya que con la concesión de la suspensión provisional se violenta el orden público y el interés social, transgrediendo con ello lo dispuesto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que se dejó de considerar que la naturaleza de las disposiciones reclamadas por la quejosa atentan contra las facultades de las autoridades sanitarias para que dejen de ejercer sus facultades de control sanitario; por ello, al tratarse de actos cuya naturaleza no permite ser suspendida la medida precautoria, no resulta procedente.
Agrega que la quejosa se encuentra impugnando el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2022, que se tildan de inconstitucionales por violar el derecho al libre comercio e industria, atentar contra el test de proporcionalidad y lacerar los principios de subordinación y de reserva de ley, así como los de legalidad y seguridad jurídica por restringir la publicidad y venta de los cigarros; sin embargo, en su parte considerativa refleja que es una disposición encaminada a proteger los derechos a la salud y al medio ambiente limpio de la población en general, por lo que el interés particular del quejoso no puede estar encima del interés general de la sociedad.
Bajo las consideraciones expuestas, refiere que el a quo, al conceder la suspensión provisional, dejó de observar que su fallo afecta el interés social y contraviene disposiciones del orden público contempladas en la Ley General de Salud, al eximir al gobernado de cumplir con sus prerrogativas sanitarias, respecto de la regulación sanitaria generada para prevenir y cuidar el derecho a la protección de la salud, lo cual es contrario a lo dispuesto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo.
Indica que de una confrontación entre la afectación que pudiera sufrir la quejosa, consistente en el impedimento de cumplir con sus obligaciones previstas en la Ley General para el Control de Tabaco, como son sus compromisos de carácter financiero, fiscal, familiar, personal, económico, laboral, profesional, escolar, entre otros, y las probables consecuencias que pudieran acontecer con la concesión de la medida suspensional traducida en no establecer medidas que garanticen la protección del derecho a la salud de la población mexicana, en específico de las niñas, niños y adolescentes sobre los efectos nocivos derivados de los productos del tabaco, así como prevalecer la protección del interés superior de la niñez mediante la eliminación total de la publicidad de estos productos, por lo que considera que aquéllas son de menor relevancia y, por ende, el otorgamiento de la suspensión provisional debe ser improcedente.
En adición, aduce que el a quo pasa por alto el interés de la colectividad y los motivos que llevaron al decreto impugnado proviene de la Ley General para el Control del Tabaco, la cual sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional, por lo que el decreto del reglamento impugnado, de igual manera, es un ordenamiento que tiene por objeto establecer el control, fomento y vigilancia sanitaria de los productos del tabaco, su elaboración, fabricación, importación y prohibiciones en toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los mismos, así como la regulación para la protección contra la exposición al humo del tabaco y sus emisiones; ello con base en la evidencia de los problemas a la salud y al ambiente limpio y sano que generan el humo del tabaco no sólo al consumidor, sino a terceros expuestos al mismo, porque contienen una serie de sustancias dañinas que afectan de manera grave la salud de la población en general, por lo que es evidente que se violentan las disposiciones de orden público e interés social respecto de las cuales la sociedad en general está interesada en que se dé cumplimiento a las medidas restrictivas o prohibitivas que garanticen los derechos constitucionales de la protección de la salud y a un medio ambiente limpio y sano.
Como se adelantó, es fundado el agravio de previa reseña.
El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo establece que la suspensión es improcedente cuando afecte al orden público e interés social, para lo cual no basta con que el acto se funde formalmente en una ley de interés público o que en forma expresa o implícita pretenda perseguir una finalidad de interés social, sino que es necesario que se acredite que la concesión de la medida causaría perjuicios al interés social o que implicaría una contravención ineludible a disposiciones de orden público por las características propias del acto.
En ese orden de ideas, el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas, en la medida en que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle alguna desventaja o trastorno.
El orden público y el interés social no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado, sino que ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto, ya que se trata de conceptos jurídicos indeterminados de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración.
Por tanto, para darles significado el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad.
Apoya a lo anterior la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 58 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 47, Tercera Parte, Séptima Época, registro digital: 818680, que dice:
"INTERÉS SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. SU APRECIACIÓN. La Suprema Corte sostiene, como se puede consultar en la tesis 131 del Apéndice de jurisprudencia 1917-1965, Sexta Parte, página 238, que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les someten para su fallo. El examen de la ejemplificación que contiene el artículo 124 de la Ley de Amparo para indicar cuándo se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, revela que se puede razonablemente colegir en términos generales, que se producen esas situaciones cuando se priva a la colectividad con la suspensión de un beneficio que le otorgan las leyes, o se les infiere un daño con ella que de otra manera no resentiría."
En ese sentido, con las constancias que obran agregadas en autos hasta este momento, se advierte que con la concesión de la medida cautelar, como lo refiere la autoridad recurrente, se seguiría un perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público.
Al respecto, los artículos 2, fracciones VI Bis, VI Ter, XVII, XVIII, 33, fracción II Bis, 40, fracción XI y 50 Bis del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco establecen lo siguiente:
"Artículo 2. Además de las definiciones establecidas en el artículo 6 de la ley, para los efectos de este reglamento, se entenderá por:
"...
"VI Bis. Exhibición directa, es la colocación de los productos de tabaco a través de estantes, mostradores, exhibidores, entre otros, al interior de los establecimientos y puntos de venta, que permitan al consumidor observar directamente dichos productos y, en su caso, tomarlos directamente, con el fin de promover y alentar la compra para su consumo, lo cual se considera una acción comercial de publicidad y promoción, en términos del artículo 6, fracción XXII, de la ley;
"...
"VI. Ter. Exhibición indirecta, es la colocación o almacenamiento de los productos de tabaco en recipientes cerrados o cajas que se encuentren encima o debajo del mostrador, en armarios o cajones cerrados que le permitan al consumidor observar indirectamente dichos productos, con el fin de promover y alentar la compra para su consumo, lo cual se considera una acción comercial de publicidad y promoción, en términos del artículo 6, fracción XXII, de la ley;
"...
"XVII. Publicidad, al mensaje dirigido al público en general, con el propósito directo o indirecto de informar sobre la existencia o las características de un producto de tabaco, sobre su fabricante o las actividades de éste, a través de cualquier medio de comunicación o difusión;
"XVIII. Punto de venta, es cualquier lugar que permite gestionar acciones de comercialización y venta de los productos de tabaco para su consumo."
"Artículo 33. Los puntos de venta de puros deberán cumplir con los requisitos siguientes:
"...
"II Bis. Queda prohibida la exhibición directa o indirecta de los productos elaborados con tabaco conforme al artículo 2, fracciones VI Bis y VI Ter, de este reglamento.
"Los puntos de venta a que se refiere el presente artículo deberán dar cumplimiento a las disposiciones del artículo 50 Bis de este reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables."
"Artículo 40. Queda prohibido realizar toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los productos elaborados con tabaco, en forma directa o indirecta, a través de cualquier medio de comunicación y difusión en términos del artículo 23 de la ley, por lo que quedan comprendidas, en otras acciones, las siguientes:
"...
"XI. El uso de logos, marcas o elementos de marca de productos del tabaco, en productos distintos al tabaco, que comprenda el aspecto distintivo, el arreglo gráfico, el diseño, el eslogan, el símbolo, el lema, el mensaje de venta, el color o combinación de colores reconocibles u otros elementos de identificación de los productos utilizados para cualquier marca de producto de tabaco o que lo representen."
"Artículo 50 Bis. En los puntos de venta y demás lugares en los que se comercialicen, vendan, distribuyan, suministren o expendan productos de tabaco queda prohibida la exhibición directa o indirecta de dichos productos en términos del artículo 2, fracciones VI Bis y VI Ter, de este reglamento, lo cual es conforme al artículo 23 de la ley.
"Para la comercialización de los productos de tabaco deberá realizarse a través de una lista textual y escrita de estos productos con sus precios, sin logotipos, sellos o marcas. Dicha lista de comercialización deberá cumplir con los requisitos y características que establezca la secretaría mediante disposiciones generales que al efecto emita, y deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación."
Así, este órgano de control constitucional estima que de concederse la medida cautelar para los efectos solicitados por la parte quejosa, esto es, para que no se le exija la obligación y prohibiciones previstas en los artículos 2, fracciones VI Bis y VI Ter, 33, fracción II Bis, 40, fracción IX y 50 Bis del reglamento reclamado se contravendrían disposiciones de orden público y se afectaría el interés social, pues es evidente que el decreto controvertido se encuentra dirigido a regular, controlar y fomentar la vigilancia sanitaria de los productos del tabaco, así como la regulación para la protección contra la exposición al humo del tabaco y sus emisiones, a fin de dar mayor protección a los miembros de la sociedad en general, específicamente a aquellos que no son consumidores de los productos del tabaco.
Incluso, las dos principales disposiciones del reglamento son la prohibición total de toda forma de publicidad y promoción de productos de tabaco, incluida su exhibición en los puntos de venta y la ampliación de la protección frente al humo y las emisiones de cualquier producto de tabaco y nicotina; ello con la finalidad de salvaguardar el interés superior de la niñez y la adolescencia, evitándoles el riesgo de que sean atraídos desde etapas tempranas de su vida por los productos del tabaco, que los exponen al riesgo de enfermedades graves y otras externalidades negativas más allá del ámbito sanitario.
Esto es, debe entenderse que la publicidad indirecta del tabaco comprende todo aquello que se relacione con el uso, venta o consumo de dicho producto, lo que abarca la sola utilización de las marcas con que se identifica, en cuanto éstas siempre están relacionadas comercialmente con el tabaco, lo que ya de por sí induce al consumo del producto que puede ser nocivo para la salud de las personas.
Lo anterior tiene sustento en la tesis 2a. XXIX/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, mayo de 2004, página 624, registro digital: 181418, de rubro y texto:
"TABACO. EL REQUERIMIENTO DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICIDAD DE ESTE PRODUCTO AUN CUANDO SÓLO SE ANUNCIE LA MARCA, COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 38 DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE CONTROL SANITARIO DE LA PUBLICIDAD (ABROGADO), NO TRANSGREDE EL CONTENIDO DE DICHA LEY. El artículo 301 de dicha ley establece que ‘será objeto de autorización por parte de la Secretaría de Salud, la publicidad que se realice sobre la existencia, calidad y características, así como para promover el uso, venta o consumo en forma directa o indirecta de los insumos para la salud, las bebidas alcohólicas y el tabaco; así como los productos y servicios que se determinen en el reglamento de esta ley en materia de publicidad’; por su parte, el primer párrafo del artículo 38 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Control Sanitario de la Publicidad (abrogado por el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación del cuatro de mayo del año dos mil), señalaba, en la parte que interesa, que sería objeto de autorización la publicidad de productos asociados con marcas propias del tabaco. Tal previsión no rebasa el contenido del precepto legal, pues debe entenderse que la publicidad indirecta del tabaco comprende todo aquello que se relacione con el uso, venta o consumo de dicho producto, lo que abarca la sola utilización de las marcas con que se identifica, en cuanto éstas siempre están relacionadas comercialmente con el tabaco, lo que ya de por sí induce al consumo del producto que puede ser nocivo para la salud de las personas."
Por lo tanto, el derecho a la salud, en su vertiente de control de tabaco, tiene un desarrollo progresivo y no regresivo, según el marco convencional para el control del tabaco.
Con relación a este cumplimiento de un convenio internacional es importante resaltar lo que se advierte de la página de las Naciones Unidas, México:
"La Organización Panamericana de Salud celebra la reforma de la Ley General para el Control del Tabaco aprobada esta semana por el Senado de México, con la que se establece ambientes 100 % libres de humo de tabaco y emisiones en todos los lugares públicos y de trabajo cerrados, así como la prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio de los productos del tabaco.
"Las dos medidas contempladas en la reforma recién aprobada son consideradas ‘mejores inversiones’ o ‘best buys’ para la prevención y control de las enfermedades crónicas no transmisibles.
"Es decir, forman parte de las medidas de control del tabaco más costo-efectivas necesarias para combatir la epidemia de tabaquismo. ‘Esta enmienda supone un avance histórico de México en sus políticas de lucha contra el tabaquismo y reivindica su papel como uno de los líderes en la lucha antitabáquica en el mundo’, afirmó el Dr. Cristian Morales Fuhrimann, representante de la OPS en México. La OPS prestó su apoyo hacia la aprobación de la ley, aportando evidencia sobre la costo-efectividad de las medidas para contrarrestar los argumentos de la industria del tabaco.
"La OPS presentó evidencia al cuerpo legislativo de México y demostró que la ley reformada está en consistencia con los requisitos del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT).
"La prevalencia del consumo diario de tabaco en México experimentó un descenso de 13.5 % a 7.7 % del 2002 a 2009, pero después se mantuvo prácticamente constante hasta la fecha. Cada año mueren en el país más de 63,000 personas por causas atribuibles al consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco, lo que representa el 10 % de las muertes en el país.
"El proyecto de ley aprobado ahora por el Senado –sin ningún voto en contra, al igual que en la Cámara de Diputados el pasado mes de abril– es consistente con el Convenio Marco, ratificado por México en 2004, siendo el primer país de la región que lo hizo. "La prohibición de consumir tabaco en todos los lugares públicos y de trabajo cerrados está en línea con el artículo 8 del CMCT. Con México, son ya 24 los países de las Américas que han establecido esta medida. La prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio de los productos del tabaco está contemplada en el artículo 13 del Convenio Marco. México se convierte en el noveno país de la región en implementarla.
"La presente administración ha impulsado otras medidas en control del tabaco, como el decreto que prohíbe la importación y exportación de los productos de nicotina y tabaco novedosos y emergentes, así como las advertencias sanitarias en el empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco que informan sobre el riesgo asociado de fumar y de padecer gravemente por infección de la COVID-19, medidas que le han valido incluso un reconocimiento por parte de la OMS.
"La decisión por ello es especialmente significativa en el contexto de la pandemia de la COVID-19, al ser el tabaco el único factor de riesgo común a los cuatro principales grupos de enfermedades no transmisibles y, como se sabe, nunca se ha visto una relación tan letal entre una enfermedad infecciosa (COVID-19) y las enfermedades no transmisibles. ‘La pandemia no eliminó la necesidad de aprobar estas medidas de control de tabaco, por el contrario, la reforzó’, concluyó el Dr. Morales.
"La aprobación de esta enmienda consolida una intensa lucha de 13 años, por impulsar que el país alcance las medidas esenciales dispuestas en el CMCT. La lucha fue encabezada por las autoridades nacionales, principalmente del sector sanitario, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, el sector académico nacional e internacional, y organismos internacionales, entre ellos, la OPS.
"La reforma aprobada por México se alinea con otros compromisos internacionales asumidos, principalmente en la Estrategia y Plan de Acción para Fortalecer el Control del Tabaco en la Región de las Américas 2018-2022 (líneas estratégicas 1 y 2) y las metas 3.4 y 3.a del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 (salud y bienestar)."(1)
En efecto, las reformas reclamadas se encuentran en el cumplimiento del llamado Convenio Marco para el Control del Tabaco, del que derivan no sólo principios, sino también reglas como las que nos ocupan.
Sobre este aspecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 119/2014 (10a.), sostuvo que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los derechos humanos previstos en los tratados internacionales se encuentran al mismo nivel que los reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conformando un mismo catálogo sin hacer referencia a una cuestión jerárquica, pero que cuando se esté en presencia de una restricción, prohibición, limitación o excepción constitucional, prevalece o tiene aplicación directa el texto de la Ley Fundamental frente a cualquier norma de carácter internacional.
Por mayoría de razón, cuando los pactos o convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano se implementan en el derecho interno, en complementación a las normas constitucionales, son el Orden Supremo de la Nación y no pueden confrontarse para su exclusión.
Sustenta el argumento anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 119/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, página 768, registro digital 2007932, de rubro y texto:
"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE PRETENDEN LA DESAPLICACIÓN DE UNA RESTRICCIÓN, PROHIBICIÓN, LIMITACIÓN O EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL, CON APOYO EN UNA DISPOSICIÓN DE CARÁCTER CONVENCIONAL. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los derechos humanos previstos en los tratados internacionales se encuentran al mismo nivel que los reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conformando un mismo catálogo sin hacer referencia a una cuestión jerárquica; pero que cuando se esté en presencia de una restricción, prohibición, limitación o excepción constitucional, prevalece o tiene aplicación directa el texto de la Ley Fundamental frente a cualquier norma de carácter internacional. En ese tenor, los agravios en los que se pretenda la desaplicación de una restricción, prohibición, limitación o excepción constitucional con apoyo en una disposición de carácter convencional resultan inoperantes, al tratarse aquéllas de una expresión del Constituyente que prevalece, en todo caso y condición, frente a cualquier otra norma derivada, con independencia de que ésta tenga el mismo nivel que la Constitución Federal."
Ahora bien, respecto a la facultad del Ejecutivo para emitir las disposiciones reclamadas, el artículo 89, fracción I y 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos disponen:
"Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes:
"I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia."
"Artículo 131. Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia."
Por su parte, el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece:
"Artículo 39. A la Secretaría de Salud, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
"I. Elaborar y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos, servicios médicos gratuitos universales y salubridad general, con excepción de lo relativo al saneamiento del ambiente; y coordinar los programas de servicios a la salud de la administración pública federal."
Además, los numerales 3o., fracciones XII, XX y XXII; 17 Bis, fracción VI y 194 de la Ley General de Salud y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 23, 26, 27, 28, 29, 35, 44 y 46 relativos de la Ley General para el Control del Tabaco disponen:
"Artículo 3o. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:
"...
"XII. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo;
"...
"XX. El programa contra el tabaquismo;
"...
"XXII. El control sanitario de productos y servicios, de su importación y exportación."
"Artículo 17 Bis. La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitarios que conforme a la presente ley, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y los demás ordenamientos aplicables le corresponden a dicha dependencia en las materias a que se refiere el artículo 3o. de esta ley en sus fracciones I, en lo relativo al control y vigilancia de los establecimientos de salud a los que se refieren los artículos 34 y 35 de esta ley: XIII, XIV, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, ésta salvo por lo que se refiere a cadáveres y XXVII, esta última salvo por lo que se refiere a personas, a través de un órgano desconcentrado que se denominará Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
"...
"IV. Evaluar, expedir o revocar las autorizaciones que en las materias de su competencia se requieran, así como aquellos actos de autoridad que para la regulación, el control y el fomento sanitario se establecen o deriven de esta ley, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y los demás ordenamientos aplicables."
"Artículo 194. Para efectos de este título, se entiende por control sanitario, el conjunto de acciones de orientación, educación, muestreo, verificación y en su caso, aplicación de medidas de seguridad y sanciones, que ejerce la Secretaría de Salud con la participación de los productores, comercializadores y consumidores ..."
"Artículo 1. La presente ley es de utilidad pública y sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. A falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente la Ley General de Salud."
"Artículo 2. La presente ley se aplicará a las siguientes materias:
"I. Control sanitario de los productos del tabaco, así como su importación, y
"II. La protección contra la exposición al humo de tabaco."
"Artículo 3. La concurrencia entre la federación y las entidades federativas en materia de la presente ley se hará conforme a las disposiciones correspondientes de la Ley General de Salud."
"Artículo 4. La orientación, educación, prevención, producción, distribución, comercialización, importación, consumo, publicidad, promoción, patrocinio, muestreo, verificación y en su caso la aplicación de medidas de seguridad y sanciones relativas a los productos del tabaco serán reguladas bajo los términos establecidos en esta ley."
"Artículo 5. La presente ley tiene las siguientes finalidades:
"I. Proteger la salud de la población de los efectos nocivos del tabaco;
"II. Proteger los derechos de los no fumadores a vivir y convivir en espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco y emisiones;
"III. Establecer las bases para la protección contra el humo de tabaco;
"IV. Establecer las bases para la producción, etiquetado, empaquetado, promoción, publicidad, patrocinio, distribución, venta, consumo y uso de los productos del tabaco;
"V. Instituir medidas para reducir el consumo de tabaco, particularmente en los menores;
"VI. Fomentar la promoción, la educación para la salud, así c
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31357-24d7ebb0/tabaco-en-la-regulacion-para-su-control-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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