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Modo: Corpus Pro

DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN. DERECHO A LA SALUD. LAS OBLIGACIONES QUE LA LEY IMPONE DAN FORMA A UNA ESPECÍFICA MODALIDAD DE GOCE DE AQUÉL, Y DELIMITAN SU CONTENIDO EN UNA SOCIEDAD DETERMINADA. DERECHO A LA SALUD. SU NATURALEZA NORMATIVA. DERECHO A LA SALUD. SU TUTELA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO HA SUFRIDO UNA GRAN VARIACIÓN, SINO QUE HA HABIDO CAMBIOS EN EL ENTENDIMIENTO DE LA SITUACIÓN EN LA CUAL PUEDE HABLARSE DE LA EXISTENCIA DE UN DERECHO "OBJETIVO" CONFERIDO POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 315/2010. · Registro digital (IUS): 23003
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JORGE FRANCISCO BALDERAS WOOLRICH.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Julio de 2011, , Pág. 1028.

AMPARO EN REVISIÓN 315/2010. JORGE FRANCISCO BALDERAS WOOLRICH.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.

SECRETARIAS: FRANCISCA MARÍA POU GIMÉNEZ, FABIANA ESTRADA TENA Y PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el punto tercero, fracción III, del Acuerdo General Plenario 5/2001, ya que se interpuso contra una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto en el que se cuestionó la constitucionalidad de diversas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco y, no obstante contener la sentencia recurrida un pronunciamiento de sobreseimiento, la Primera Sala determinó el veinticinco de noviembre de dos mil nueve ejercer su facultad para conocer del recurso de revisión, por la importancia y trascendencia de las cuestiones que en el mismo se plantean.

SEGUNDO. Oportunidad del recurso. El recurso de revisión es oportuno. De las constancias de autos se advierte que la sentencia recurrida fue dictada por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región el veintiséis de agosto de dos mil nueve y fue notificada por medio de lista al quejoso el primero de septiembre del mismo año. Dicha resolución surtió efectos para el quejoso al día hábil siguiente, es decir, el día dos siguiente.

El término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso empezó a correr a partir del tres de septiembre de dos mil nueve y concluyó el día veintiuno siguiente, descontando los días cinco, seis, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecinueve y veinte de septiembre por ser inhábiles conforme a los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Si el recurso se interpuso el jueves diecisiete de septiembre de dos mil diez, como se aprecia por el sello visible en la hoja número 3 del cuaderno de revisión, el mismo es oportuno.

TERCERO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto. Sintetizamos a continuación los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo, las consideraciones del Juez de Distrito que conoció del mismo y, finalmente, los agravios presentados por el quejoso en vía de recurso:

1. Conceptos de violación. En su primer concepto de violación, la parte quejosa alega que la reforma y derogación de los artículos 301, 308, 308 Bis, 309 y 309 Bis de la Ley General de Salud violan los artículos 4o. de la Constitución y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El artículo 4o., señala, establece la obligación del Estado de ofrecer las instituciones, infraestructura y servicios necesarios para salvaguardar la salud. La propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, continúa, ha reconocido que el derecho a la protección de la salud implica garantizar el disfrute de servicios de salud y asistencia social que satisfagan las necesidades de la población. Ello implica emprender acciones para proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Entonces, considera que, a contrario sensu, las acciones tendientes a desproteger la salud de las personas constituyen un incumplimiento del derecho a la salud. En todo caso, considera que si bien es cierto que el Estado no puede obligar a los individuos a no realizar una acción perjudicial -como lo es el consumo del tabaco- éste debe ofrecer a todas las personas los servicios e infraestructura que los proteja de la publicidad engañosa o inapropiada que se divulgue en los medios de información acerca del tabaco.

Asimismo, el artículo 26 del Pacto de San José reconoce la obligación de satisfacer progresivamente las normas económicas, sociales y sobre educación ciencia y cultura. Así, explica el quejoso que los derechos económicos y sociales reconocidos en el ordenamiento jurídico deben ser progresivos: es decir, deben desarrollarse constantemente para el beneficio de los gobernados. Por ello, el Estado no puede adoptar medidas normativas o fácticas que los perjudiquen o que obstaculicen su efectiva aplicación: ello significaría un retroceso prohibido. Esta obligación de progresividad se satisface de distintas maneras, de acuerdo con el derecho de que se trate. En principio, un Estado tiene la obligación positiva -de hacer- cuando promueve o brinda las prestaciones necesarias para hacer efectivo el derecho a la salud, toda vez que las obligaciones positivas son el fundamento principal de los derechos de prestación. Pero los derechos económicos y sociales también deben ser garantizados por el Estado de manera negativa, absteniéndose de dañar la salud y evitar las conductas de terceros que permitan la realización de ese daño. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha entendido que el derecho a la salud se encuentra protegido por el artículo 26 y se configura como el disfrute más alto de bienestar físico, mental y social.

Las reformas y derogaciones de los artículos antes mencionados de la Ley General de Salud que regulaban y controlaban la publicidad del tabaco han dejado un vacío en torno que resulta en un retroceso de la protección del derecho a la salud por parte del Estado. El vacío legal que denuncia permite, a su parecer, la colocación de anuncios publicitarios con características que podrían inducir a una persona a ser consumidor de tabaco en perjuicio de su salud.

El artículo 301, antes de ser reformado, establecía que la Secretaría de Salud debía revisar toda la publicidad concerniente al alcohol y al tabaco antes de permitir su exposición al público. De ese modo se aseguraba que existiera un filtro para que la publicidad manipulada o engañosa no desinformara al público. El texto del artículo reformado ya no se refiere al tabaco. La publicidad que ya ha sido propagada sin pasar por ese filtro ha ocasionado un daño irrevertible y ha dejado indefensos a los ciudadanos que no cuentan con información clara y exacta sobre los daños que ocasiona el consumo del tabaco. Ello constituye un retroceso a la protección del derecho a la salud. Antes de la reforma, la ley protegía a la salud imponiendo estándares más rígidos sobre la publicidad de productos nocivos para la misma.

Por su parte, el artículo 308 de ese mismo ordenamiento establecía los requisitos que debía cumplir la publicidad del tabaco para poder ser expuesta al público. Del mismo modo que en el artículo 301, se eliminó la palabra tabaco de dicho artículo. Los requisitos contemplados en la ley tenían el propósito de evitar que la publicidad permitiera la generación de falsas impresiones. Ahora se permite que el tabaco se relacione con conductas que reflejen bienestar o salud.

El 308 Bis de la Ley General de Salud, que sólo regulaba la publicidad del tabaco, fue derogado. Esta norma, atendiendo a las consecuencias dañinas a la salud pública derivadas de la enfermedad del tabaquismo, regulaba su publicidad mediante estándares especiales. Ahora es posible que la publicidad minimice los riesgos de su consumo e influya inadecuadamente en el consumidor.

Asimismo, el artículo 309 Bis del mismo ordenamiento tutelaba el derecho a la salud de los menores. Esto es especialmente grave, porque los menores de edad no tienen un criterio desarrollado y que por su inmadurez y vulnerabilidad no son capaces de proteger eficazmente sus derechos en algunos casos.

Por todo lo anterior, el artículo 306 de la Ley General de Salud ya no es aplicable al tabaco, porque dejó de ser uno de los artículos de publicidad a los que se refiere la ley. Por lo tanto, está permitido desvirtuar y contravenir principios, disposiciones y ordenamientos que en materia de prevención, tratamiento de enfermedades o rehabilitación establezca la Secretaría de Salud, pues se exenta de contenido educativo y orientador, que puede inducir prácticas y hábitos nocivos para la salud física y mental que ponen en riesgo la seguridad, integridad física y dignidad de las personas.

En el segundo concepto de violación, el quejoso recalca que el derecho a la salud genera obligaciones, tanto positivas como negativas para el Estado, que son desarrolladas por la Constitución, los tratados internacionales y las leyes. En este sentido, el artículo 23 de la Ley General para el Control del Tabaco viola el derecho a la salud, porque omite proteger eficazmente a las personas frente a la epidemia de tabaquismo al autorizar la promoción y la publicidad del tabaco y de sus productos que fomentan el consumo de una sustancia adictiva y letal para el cual no existen dosis seguras. A contrario sensu, el artículo también permite el patrocinio siempre y cuando no sea un medio para posicionar un elemento de marca o fomentar la compra y consumo de productos del tabaco. El artículo permite la publicidad, promoción y patrocinio cuando se dirija a mayores de edad y en los medios permitidos para ello. En este sentido, considera que la omisión de prohibir totalmente la promoción, publicidad y el patrocinio viola el derecho a la salud que la Constitución manda proteger.

El derecho a la salud constituye un principio fundamental de la Constitución. La misma no define de manera concreta y específica cómo debe protegerse. Sin embargo, las obligaciones concretas se desprenden del resto de las normas del sistema -incluyendo tratados internacionales-. En este sentido, el convenio marco para el Control del Tabaco ilustra las políticas públicas específicas que debe adoptar el Estado a fin de proteger a las personas de la epidemia del tabaquismo. En su artículo 13, el convenio establece una política de prohibición total a la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. Dicho artículo distingue entre los países que protegen la publicidad a partir de la libertad de expresión y aquellos que no lo hacen. En México, la publicidad comercial no goza de protección constitucional alguna y, por lo tanto, de acuerdo con el tratado, su prohibición debe ser absoluta.

Los artículos 23 y 25 de la Ley General para el Control del Tabaco desprotegen el derecho a la salud porque permiten colocar publicidad en revistas para adultos, autorizan el envío de publicidad y promoción vía correo -violando también el derecho a la privacidad que protege el artículo 16 constitucional- y autorizan la colocación de publicidad en establecimientos de acceso exclusivo de mayores de edad.

En su tercer concepto de violación, el quejoso advierte que el artículo 23 de la Ley General para el Control del Tabaco viola los derechos a la salud, a la información y de los consumidores protegidos por los artículos 4o., 6o. y 28 de la Constitución. Explica que la epidemia del tabaquismo se transmite principalmente por medio de la publicidad y de los hábitos sociales. Por lo tanto, la misma se debe prevenir mediante información oportuna, completa y veraz sobre sus consecuencias y su naturaleza adictiva. En este sentido, la protección de la salud está ligada con la satisfacción del derecho a la información y a la protección de los consumidores. No basta con adoptar medidas que protejan a los no fumadores de la exposición del humo, debe informarse oportunamente sobre los efectos del tabaquismo. Así, el Estado tiene un triple mandato: proteger a las personas de la publicidad asegurando que los mismos cuenten con información adecuada para evitar que fomente la expansión de la epidemia. La parte quejosa estima que no hay forma de que la publicidad del tabaco no desinforme: las razones que se pueden esgrimir para promover su consumo necesariamente son desinformativas, pues si se ofreciera información veraz se estaría desalentando su consumo. Por lo tanto, la única manera de evitar la desinformación es prohibiendo por completo su publicidad y adoptando políticas públicas que prevengan a la población acerca de sus riesgos y daños.

El quejoso considera que es aplicable al caso por mayoría de razón la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de rubro: "NORMA OFICIAL MEXICANA DE EMERGENCIA NOM-EM-012-SCFI-2006. PROCEDE NEGAR LA SUSPENSIÓN SOLICITADA EN SU CONTRA, YA QUE DE CONCEDERSE SE SEGUIRÍA UN PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL.". Esta tesis reconoce la intersección de los derechos aludidos frente a epidemias causadas por sustancias adictivas. Distingue entre consumidores actuales y potenciales señalando que todos tienen derecho a que se les provea de información veraz y oportuna. Las medidas que se deben adoptar para proteger esos derechos están en el convenio marco antes citado y consisten en elaborar políticas públicas para prevenir y reducir el consumo del tabaco, la adicción a la nicotina y la exposición al humo del tabaco, informar y prohibir toda forma de publicidad.

En el cuarto concepto de violación, el quejoso reclama la violación directa del artículo 133 e indirecta del 16 de la Constitución, así como del artículo 13, puntos 1 y 2, del Convenio Marco para el Control del Tabaco, por parte del artículo 23, segundo párrafo, de la Ley General para el Control del Tabaco. A su parecer, toda vez que el tratado internacional se ubica por encima de las leyes federales y locales, debe regir por encima de las mismas. La regulación de la publicidad del tabaco en la ley federal, al contravenir el convenio marco, carece de la fundamentación legal necesaria prevista por el principio de legalidad. Como ya ha dicho con anterioridad el quejoso, la ley no establece una prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. Recuerda que el convenio sólo permite la publicidad cuando la misma se encuentra protegida constitucionalmente. Sin embargo, reitera, esa excepción no es aplicable en México y, por lo tanto, debe seguirse el camino de la prohibición absoluta. Asimismo, señala que el plazo de cinco años previsto en el convenio para cumplir con sus disposiciones ya ha transcurrido en exceso. El legislador pretendió dar cumplimiento al convenio marco al crear la ley federal referida, pero su regulación deficiente se debe considerar un incumplimiento del pacto internacional.

Asimismo, el quejoso reitera que la ley sólo prohíbe el patrocinio en dos casos: cuando busca posicionar elementos de marca de un producto de tabaco y cuando fomenta la compra y el consumo de productos de tabaco. Esta regulación no atiende a otras actividades que tienen como fin facilitar su actividad comercial por vía indirecta, que permiten mejorar la imagen pública de la empresa, formar vínculos con funcionarios públicos y extender su influencia en diversos ámbitos. El convenio marco advierte acerca de la amenaza constante que representa el hecho de que la industria tabacalera busque influir en el establecimiento de políticas públicas sobre la regulación del tabaco.

En el quinto concepto de violación, el quejoso alega que los artículos 23 y 25 de la Ley General para el Control del Tabaco violan el artículo 1o. de la Constitución. La distinción que realiza la ley entre mayores y menores de edad reduce el estándar adecuado de protección del derecho a la salud -que se cumple con la prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio-. La distinción, a su parecer, carece de justificación, toda vez que la protección dirigida a los menores de edad no implica ni autoriza la desprotección de los mayores. Por lo tanto, desde su punto de vista, nos encontramos frente a una discriminación por motivos de edad prohibida por el artículo 1o. de la Constitución.

Por otra parte, el artículo 25 de esa misma ley permite la publicidad dirigida a los trabajadores de la industria tabacalera. Esto equivale a una discriminación por motivo del trabajo que atenta contra la dignidad humana.

Según la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, el trato diferenciado permitido por la Constitución debe descansar sobre una base objetiva y razonable que satisfaga: la persecución de un objeto constitucionalmente válido, que signifique un medio apto para la consecución del fin y proporcional a la finalidad que se persigue. El trato diferenciado en este caso perjudica a los mayores de edad y a los trabajadores en su derecho a la salud. Es decir, no busca un objetivo constitucionalmente válido, pues la Constitución consagra la protección de ese derecho.

En el sexto concepto de violación, el quejoso estima que el legislador incurrió en un fraude a la ley, toda vez que le proporcionó a la industria tabacalera una disposición para eludir las restricciones a la publicidad y promoción del tabaco. El artículo 25 antes citado les permite a las empresas tabacaleras imprimir publicaciones internas para posicionar los elementos de la marca y promover el consumo, ordenando a los trabajadores a que se las lleven consigo y las distribuyan bajo la amenaza de sanciones administrativas. La ley no prohíbe a los trabajadores publicitar y promover los productos del tabaco y, por lo tanto, se defraudan los principios y la finalidad de la ley. Por otra parte, resulta incongruente que el legislador conozca las consecuencias nocivas de la publicidad para la población en general pero las desconozca en lo que respecta a los trabajadores.

En el séptimo concepto de violación, el quejoso argumenta que el artículo 27 de la Ley General para el Control del Tabaco viola el artículo 4o. constitucional. La exposición al humo del tabaco está regulada en el artículo 8 de las directrices sobre la exposición al humo del tabaco del convenio marco. En el mismo, se considera que los espacios interiores aislados no protegen contra los efectos nocivos del humo del tabaco. Así, al contemplar la ley la posibilidad de consumir productos de tabaco en dichos espacios se contraviene el tratado internacional que es jerárquicamente superior. En todo caso, solicita que se interprete el sentido de la palabra "deberán" para determinar si se trata de una obligación o de un mandato opcional.

El quejoso afirma que no existe una exposición al humo -por más pequeña que sea- libre de riesgo. La exposición al humo del tabaco ajeno afecta el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente adecuado y el derecho a la niñez. Además, las directrices forman parte del convenio marco, tienen efectos vinculantes y establecen materiales descriptivos relacionados con la protección frente a la exposición del humo del tabaco. La ley no provee una protección mínima sobre la exposición del humo de tabaco ajeno, pues el mismo deviene ineficiente atendiendo a las evidencias que existen sobre espacios interiores aislados. La protección eficaz consiste en la no existencia de espacios interiores aislados, pues son ineficaces para proteger la salud de las personas.

El convenio marco señala que el Estado tiene el deber de proteger las generaciones presentes y futuras contra las consecuencias sanitarias, sociales y ambientales y económicas de la exposición del humo del tabaco y proporcionar un marco legislativo que reduzca la exposición del humo del tabaco. Para ello, el Estado debe informar de los riesgos de la exposición al humo de tabaco y adoptar las medidas legislativas que protejan a las personas.

2. Consideraciones del Juez de Distrito. El Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en el Distrito Federal, dictó sentencia en la que resolvió sobreseer en el juicio de amparo, en virtud de que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo.

El Juez señala que de conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución y 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de amparo debe seguirse a instancia de parte agraviada. Para que proceda el amparo contra leyes, entonces, aquéllas deben provocar un perjuicio jurídico al gobernado que lo legitime para interponer el juicio de control constitucional.

A juicio del juzgador, el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de mayo de dos mil ocho, mediante el cual se expidieron los artículos 23, 25, 26 y 27 de la Ley General para el Control del Tabaco y se reformaron y derogaron los artículos 301, 308, 308 Bis y 309 Bis de la Ley General de Salud, no le causaron afectación alguna ni le privaron de algún derecho al quejoso, por no estar contemplado en alguna de las hipótesis como sujeto obligado a observarlas.

El Juez estima que las normas impugnadas son de naturaleza autoaplicativa, en virtud de que las obligaciones que prevén son inevitables desde que entran en vigor, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia creando, transformando o extinguiendo situaciones concretas de derecho y no se requiere de la actualización de alguna condición para su aplicación.

Asimismo, señala que para acreditar la aplicación de las normas impugnadas, la parte quejosa debió acreditar alguna de las siguientes calidades: publicista o promotor de productos derivados del tabaco; propietario o poseedor de lugares concurridos, áreas interiores de trabajo, públicas o privadas, incluidas las universidades e instituciones de educación superior, o consumidor de productos derivados del tabaco. Sin embargo, a juicio del Juez, la parte quejosa no acreditó ninguna de estas calidades. En lo que se refiere a las primeras dos, no exhibió ninguna prueba. Por lo que hace a la tercera, no demostró su calidad de fumador de manera fehaciente.

Para la procedencia del juicio de amparo, debe acreditarse plenamente el interés jurídico con el que se comparece. En este caso, el quejoso no demostró fehacientemente ser sujeto de las normas que impugna. Tampoco demuestra que las normas le privaran de un derecho adquirido, pues no aportó ninguna prueba de que ello fuera así y no se advierte que las normas establecieran prerrogativas a favor de sujeto alguno. Las mismas únicamente establecen los requisitos y restricciones que se imponen a la comercialización y a la promoción de la industria de las bebidas alcohólicas y de los productos derivados del tabaco.

Finalmente, el Juez considera que no es obstáculo para lo anterior que el quejoso haya aducido violaciones al derecho a la protección de la salud previsto en el artículo 4o. constitucional y en los tratados internacionales que invoca, toda vez que dichas normas tutelan un derecho indeterminado y se refieren a una situación abstracta: es decir, a una de las prerrogativas que le asisten a la colectividad de manera genérica. El interés jurídico que tutela el juicio de amparo se traduce en la protección de derechos subjetivos determinados que obedecen a situaciones que se concretan de manera individualizada en los gobernados.

3. Agravios. En el primer agravio, el recurrente se refiere al principio de interés jurídico que rige en el juicio de amparo. Este interés -regulado en los artículos 107 constitucional y 4o. de la Ley de Amparo- se define como la pretensión reconocida por las normas para tutelar un derecho subjetivo mediante el ejercicio de una acción jurisdiccional. En el juicio de amparo, este interés se funda en la afectación del gobernado por un acto de autoridad. En la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia desde la Quinta Época se vinculó el interés jurídico con un derecho objetivo -derivado del entendimiento político y no normativo de la Constitución- de conformidad con el sistema "mecanicista". Las violaciones al Texto Constitucional no se sujetaban al escrutinio judicial a menos que existiera una norma secundaria que desarrollara el contenido de las garantías individuales. Sin embargo, en el siglo XXI se entendió el carácter normativo de la Constitución y, por lo tanto, se reconoció su violación como motivo de afectación a la esfera jurídica.

Así, el Juez razonó equivocadamente, porque partió de la falsa apreciación de que la norma que se combate en el amparo contra leyes debe estar destinada al quejoso. En realidad, la emisión de normas cuyos destinatarios son terceros puede afectar la esfera jurídica de una persona, pues su ejercicio puede generarle un perjuicio. Es obsoleto exigir que el quejoso sea el titular del derecho objetivo, pues lo que se debe analizar es la afectación a sus derechos públicos subjetivos. En el presente asunto, si bien las normas combatidas de la Ley General para el Control del Tabaco tienen como destinatario a la industria tabacalera, su finalidad es tutelar el derecho a la salud de las personas. Además, la jurisprudencia más reciente sobre este tema ya no hace alusión al derecho objetivo, sino a la afectación de los intereses jurídicos de la persona. No es adecuado que se eleven los estándares fuera del alcance de los justiciables cuando las normas causan un perjuicio concreto y real a las personas que no son destinatarias de las normas.

La parte recurrente combate los razonamientos del Juez en torno a los artículos combatidos de la Ley General para el Control del Tabaco. En vez de analizar si las normas le afectaban en su esfera jurídica, el Juez se detuvo en cuestionarse si él era destinatario de la norma, adoptando la posición de la Quinta Época sobre el concepto de derecho objetivo. Ese entendimiento anacrónico no le permite observar al Juez que su interés jurídico surge de los artículos 1o., 4o., 6o., 16 y 28 de la Constitución. Así, si el artículo 4o. constitucional protege su derecho a la salud, el Juez debió realizar el cotejo de las normas impugnadas. El perjuicio real del recurrente se demuestra con el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud, que reconoce el tabaquismo como una epidemia que daña tanto a los fumadores como a los no fumadores. Por lo tanto, la autorización de su publicidad viola los derechos a la salud y a la información del recurrente. Así, el artículo 4o. no contempla un conjunto de buenas intenciones abstractas que no son justiciables. Sin embargo, aun suponiendo que el recurrente sí es el destinatario de las normas, el quejoso presentó diversas pruebas que le dieron el carácter de consumidor de cigarrillos. Además, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia le es obligatoria en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo y en la misma ya se ha establecido que existen normas cuya emisión puede perjudicar a personas distintas a sus destinatarios.

En este mismo concepto de agravio, el recurrente también se refiere a los razonamientos del Juez en torno a los artículos combatidos de la Ley General de Salud en los que sostiene que no existen derechos adquiridos ni contienen prerrogativas a su favor. El recurrente estima que no tiene que probar la existencia de algún derecho adquirido: a través de los artículos derogados se buscaba proteger la salud de todos los mexicanos. Su derogación perjudicó a todos los mexicanos -incluyéndolo a él- al reducir la protección de la salud de manera generalizada y violar el principio de no regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales. El concepto de prerrogativa se prevé únicamente respecto de los derechos exclusivos de los ciudadanos, pero en todo caso existía en dichos artículos una protección general frente a la publicidad del tabaco.

En cuanto a la violación del artículo 6o. constitucional, el recurrente estima que el Juez no se percató de que el derecho a la información debe analizarse a la luz de sus derechos como consumidor. De las cajetillas aportadas al juicio es sencillo advertir que no contienen suficiente información acerca del daño que puede causar su consumo y, por lo tanto, se encuentra desinformado. La configuración de la afectación del derecho a la salud del recurrente se actualiza por la derogación de las normas que lo protegían y el daño que acreditó al proporcionar ejemplos de la publicidad y estudios sobre el daño ocasionado por la exposición al humo del tabaco.

El recurrente explica que la protección de su salud se construye a partir de prohibiciones a terceros. Por ello, solicita que se emita una interpretación constitucional de los artículos 17, 103 y 107 de la Ley de Amparo sobre la conformación del interés jurídico cuando los derechos de un grupo de personas se afectan a partir de permisiones a otros particulares y sobre la constitucionalidad de las normas que lo protegen a partir de prohibiciones a terceros que resultan insuficientes. En ese sentido, solicita la formación de una contradicción de tesis entre los criterios de la Quinta y la Novena Épocas para que se fije el alcance del interés jurídico y también solicita un pronunciamiento acerca de la vigencia en su patrimonio jurídico de los tratados internacionales.

En el segundo agravio, la parte recurrente alega que el Juez no estudió los conceptos de violación que esgrimió ni valoró las pruebas que ofreció. En este sentido, expone detalladamente las opiniones de los peritos acerca de las consecuencias nocivas del tabaco y sus opiniones en torno a las medidas más eficaces para evitar la exposición al humo del tabaco. Asimismo, resume los conceptos de violación que no fueron estudiados por el Juez, al considerar que carecía de interés jurídico en el juicio de amparo. Los conceptos de violación ya fueron sintetizados en el apartado anterior, por lo tanto, se omite sintetizarlos de nueva cuenta.

En el tercer agravio, la parte recurrente se duele de la violación al principio de inmediación. A su parecer, el Juez de Distrito violó el artículo 155 de la Ley de Amparo, pues fue un Juez distinto quien valoró las pruebas y otro quien dictó sentencia. La audiencia constitucional se celebró en presencia del Juez Primero de Distrito y la sentencia la dictó el Juez tercero auxiliar. De conformidad con el principio de inmediación, el Juez debe valorar las pruebas para estar en condiciones de dictar sentencia. Todos lo elementos aportados al juicio para formar la convicción del juzgador perdieron

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23003-3602a812/derecho-a-la-salud-impone-al-estado-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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