PERSONA PRIVADA CON PROYECCIÓN PÚBLICA. ES INCONSTITUCIONAL CONSIDERAR QUE SE TIENE ESE CARÁCTER POR LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE UNA PERSONA SEA IMPUTADA EN UN PROCESO PENAL.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2661/2021. UNIÓN EDITORIALISTA S.A. DE C.V. 25 DE MAYO DE 2022. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN ESTÁ CON EL SENTIDO, PERO POR CONSIDERACIONES DISTINTAS Y FORMULÓ VOTO CONCURRENTE Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. DISIDENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MINISTRA PRESIDENTA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIAS: IRLANDA DENISSE ÁVALOS NÚÑEZ Y EMMA MAGNOLIA AYALA RIVERA.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: El veintisiete de julio de dos mil dieciséis se publicó una nota en el diario ********** en la que se aludía a la detención del señor ********** por falsear hechos en una demanda laboral.
El señor ********** demandó en la vía ordinaria civil a ********** S.A. de C.V., encargada del diario ********** diversas prestaciones por daño moral. El Juez de instancia dictó sentencia en la que absolvió a **********.
En la apelación, la Sala Civil responsable revocó la resolución y condenó al demandado a pagar a la actora por concepto de reparación del daño, el equivalente a ********** Unidades de Medida de Actualización, al momento en que se verifique el pago; a eliminar de la página de Internet la publicación materia de la litis; a publicar un extracto de la sentencia en los mismos medios de difusión, es decir, tanto el impreso y como en la página de Internet; se absolvió a la sociedad enjuiciada de publicar del extracto de la sentencia en los diversos medios de información y del pago de los gastos y costas.
En contra de la anterior determinación ambas partes promovieron juicios de amparo directo, el de ********** S.A. de C.V, radicado con el número **********, mientras que el del señor ********** con el expediente **********. En sesión de diecinueve de abril de dos mil veintiuno el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, resolvió conceder el amparo a ********** y sobreseer en el juicio del señor **********.
En contra de la concesión de amparo, el señor **********, en su calidad de tercero interesado, interpuso el presente recurso de revisión.
Ver índice temático
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticinco de mayo de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 2661/2021, interpuesto en contra de la sentencia dictada en sesión de diecinueve de abril de dos mil veintiuno por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en el juicio de amparo **********.
El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en verificar si fue correcta la interpretación constitucional efectuada por el Tribunal Colegiado respecto al conflicto entre el derecho a la libertad de expresión, en su vertiente a la información de una editorial, con los derechos al honor, vida privada y presunción de inocencia de una persona imputada en un proceso penal.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Hechos. ********** demandó, en la vía laboral, a ********** (en adelante **********), operadora del diario **********, por el despido injustificado del que fue objeto. El conocimiento de la demanda correspondió a la Primera Junta Especial Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco (radicada con el número de expediente **********).
2. Posteriormente, ********** denunció a ********** ante el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado de Jalisco por realizar declaraciones falsas en su demanda laboral. A partir de lo anterior, se inició la averiguación previa correspondiente (bajo el número **********).
3. El veintisiete de julio de dos mil dieciséis, se publicó en la página de Internet del diario ********** una nota periodística en la que se aludía a la detención de **********, por presuntamente ratificar, inventar y fabricar hechos falsos en su demanda laboral. El contenido de la columna es el siguiente:
"Detienen a extrabajador por falsear demanda laboral
"La falsedad de declaraciones se castiga hasta con cinco años de cárcel
"Guadalajara, Jalisco (27/jul/2016). La Fiscalía General de Jalisco detuvo ayer a **********, excomisionista mercantil de una empresa de impresión y edición, acusado de fabricar, inventar y ratificar hechos falsos en una demanda laboral.
"********** se desempeñó en la compañía referida de 2005 a 2007 como ‘comisionista mercantil’, un servicio externo, según la averiguación previa **********. No obstante, en marzo de 2015 demandó un despido injustificado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Jalisco. Allí declaró que empezó a trabajar en la empresa desde el 8 de mayo de 1989 con un salario fijo, cuando la compañía demandada se creó apenas en el año 2000.
"‘Lo anterior hace evidente la imposibilidad de que el denunciado haya comenzado a laborar como empleado de mi representada a partir del año 1989, pues en tal fecha ni siquiera existía la empresa en cita’, indica en la denuncia el representante legal de la empresa afectada.
"El artículo 168 del Código Penal de Jalisco castiga hasta con cinco años de cárcel y multas de 100 a 300 salarios mínimos a quien comete el delito de falsedad de declaraciones.
"El expediente también consigna otras manifestaciones ‘absurdas’ y ‘dolosas’ en contra de la empresa como supuestos despidos injustificados y situaciones que nunca ocurrieron.
"La denuncia asentada en la averiguación previa, acusa asimismo a **********, representado por el litigante **********, de recurrir a prácticas de los denominados abogados **********. Es decir: falsear declaraciones, inflar salarios, presentar documentación apócrifa y argumentar despidos injustificados con el fin de ganar demandas millonarias contra empresarios, asociaciones o dependencias públicas.
"En 2013, la Secretaría del Trabajo de Jalisco reveló que 66 ********** representaban más de tres mil juicios irregulares.
"Con la intención de combatir este fenómeno, en agosto de 2015, el Congreso de Jalisco aprobó reformar el artículo 154 del Código Penal del Estado para tipificar como delito las prácticas de abogados para ganar juicios de forma fraudulenta."
4. Juicio ordinario civil **********. El trece de julio de dos mil dieciocho, ********** demandó, en la vía ordinaria civil, a **********, operadora del diario **********, por la responsabilidad por daño moral derivada de la publicación de la columna referida en el párrafo anterior. Las prestaciones que reclamó fueron las siguientes:
a) El pago de la indemnización por reparación del daño moral exponencial causado, presente y futuro, debido a la afectación sufrida en su integridad personal, sentimientos, afectos, vida privada y familiar, honor, reputación y buen nombre, derivado del abuso del derecho a la información;
b) La publicación de la sentencia por parte de la demandada en **********, en la misma sección editorial y formato del diario impreso, así como en su página web, y que la nota impugnada sea eliminada de sus páginas;
c) La publicación de la sentencia en el diario de circulación estatal ********** o **********, en la misma sección editorial de la publicada, y
d) El pago de gastos y costas que se originen del juicio.
5. El veintidós de enero de dos mil diecinueve, ********** contestó la demanda en la que negó que la nota periodística hubiera transgredido los derechos del señor **********.
6. Desahogadas las etapas del procedimiento, el trece de agosto de dos mil diecinueve, la Jueza Octava de lo Civil del Primer Partido Judicial dictó sentencia en la que determinó que la parte actora no probó su acción, por lo que absolvió a la demandada y condenó al señor ********** al pago de costas judiciales. Lo anterior, al considerar que con las pruebas ofrecidas no se acreditaron las afectaciones que el actor dijo haber sufrido en su vida social, familiar, decoro, honor, reputación y vida privada.
7. Toca de apelación civil **********. Inconforme, el señor ********** interpuso recurso de apelación en ambos efectos, al cual se adhirió la demandada **********.
8. El cuatro de marzo de dos mil veinte, la Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco dictó sentencia en la que declaró fundados los agravios formulados por el señor **********, al considerar que acreditó los elementos constitutivos de la acción.
9. Por tanto, revocó la sentencia recurrida y, por un lado, condenó a ********** a pagar, por concepto de reparación del daño, el equivalente a ochocientos cincuenta Unidades de Medida de Actualización; a eliminar de la página la publicación de la nota periodística; a publicar un extracto de la sentencia en los mismos medios de difusión, es decir, tanto el impreso y como en la página de Internet, y, por otro lado, absolvió a la sociedad demandada de publicar el extracto de la sentencia en los diversos medios de información ********** o ********** y del pago de los gastos y costas.
10. De manera destacada, la Sala Civil consideró que los elementos constitutivos de la acción quedaron demostrados en virtud de que los datos personales e imagen del señor ********** fueron exhibidos en la nota periodística, sin el cuidado de preservar su identidad. Lo anterior, a pesar de que estos datos no contribuyen al debate sobre algún tema o cuestión de interés público o interés general de la sociedad, ya que se trata de una persona privada o particular.
11. Por tanto, la Sala consideró que con la nota periodística, adminiculada con otros medios de convicción, se demostró la afectación a sus derechos de personalidad; especialmente, al derecho a la vida privada y al honor, pues la publicación se realizó sin su consentimiento, rebasándose los límites de la libertad de prensa y de la libertad de expresión, con lo que se afectó el derecho a la intimidad y a la libertad respecto de la forma en que desea que su imagen sea mostrada al público, transgrediéndose a su vez el principio de presunción de inocencia, en su vertiente extraprocesal.
12. Demanda de amparo directo ********** (relacionado con el **********). Inconforme con la anterior determinación, el siete de agosto de dos mil veinte, **********, por conducto de su representante legal, presentó demanda de amparo, en la que expresó, esencialmente, los siguientes argumentos:
a) La Sala responsable aplicó de manera incorrecta la doctrina constitucional desarrollada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con el conflicto entre el derecho de libertad de expresión, en su vertiente de información, con los derechos de la personalidad, pues no atendió a lo resuelto en el amparo directo 3/2011,(1) el cual guarda estrecha relación y similitud con el presente caso.
b) La Sala responsable concluyó de forma equivocada que estaba acreditada la ilicitud de la conducta, sin tomar en consideración los lineamientos establecidos en el citado amparo directo 3/2011, respecto de la atribución de responsabilidad cuando se alega una violación a los derechos de la personalidad (derecho al honor y a la intimidad) por el ejercicio del derecho de libertad de expresión (derecho a la información). De acuerdo con dicho precedente, es legítima una invasión a los derechos al honor y a la intimidad (al mencionar datos privados de un particular) cuando se trata de cuestiones de interés público, para garantizar el derecho de libertad de expresión, en su vertiente de libertad de información, por lo que se elimina el carácter ilícito de la conducta.
c) La nota periodística materia de la litis guarda una amplia y directa relación con un tema de interés público ya que su objeto principal no se limita a dar a conocer la detención del tercero interesado (**********), sino que tiende a cubrir y revelar un tema importante para la comunidad jalisciense, consistente en las prácticas realizadas por un grupo de personas abogadas denominadas **********: simular actos, alterar elementos de prueba, falsear testigos, faltar a la verdad en procedimientos laborales para obtener resoluciones desproporcionadas a su favor y perjudicar tanto el erario público, como a las instituciones de gobierno.
d) La noticia cobra aún mayor interés público, pues en ella se menciona la probable comisión de un delito o la denuncia realizada por la comisión de un delito. Por tanto, la prensa cuenta con la legitimación para dar cobertura a ese tipo de hechos, ya que no sólo se contribuye al escrutinio de la actuación de las autoridades encargadas de investigar y sancionar los delitos, sino que ayuda a comprender la razones por las cuales se cometen estas conductas, las circunstancias que dan lugar al fenómeno y visibiliza sus consecuencias.
e) El interés público de la noticia no deriva de la función pública del señor **********, ya que no es un funcionario público, sino de las acciones que realizó y en las que se vio envuelto, las cuales están directamente relacionadas con una problemática que es indiscutiblemente relevante para nuestra sociedad. Por tanto, la Sala responsable limitó incorrectamente la libertad de expresión, en su vertiente de información, al considerar que el interés público sólo deriva de que la persona sea funcionaria pública.
f) Si bien en la nota periodística se menciona una disputa laboral, esto es únicamente el punto de partida para abordar el tema principal que sí reviste interés público que es lo relativo a las conductas ilícitas realizadas por un grupo de personas abogadas y que a la postre provocó la detención del señor ********** por parte de las autoridades correspondientes.
g) Contrario a lo que sostuvo la Sala responsable, el hecho de que el tercero interesado y la quejosa tuvieran una relación preexistente no es una causa suficiente para demostrar la falta imparcialidad en su actuar, pues sí actuó con la diligencia que exige su labor periodística, ya que realizó una investigación seria (con las autoridades competentes) para comprobar y corroborar la veracidad de los hechos (averiguación previa), a fin de ponerlos a consideración del lector.
h) No se actuó de forma imparcial, ni se calificó al tercero interesado como un delincuente, sino como una persona sujeta a una investigación penal, que fue detenida con motivo de una investigación llevada en su contra; hechos que no fueron negados durante la secuela procesal.
i) No se vulneró la presunción de inocencia del tercero interesado como equivocadamente sostiene la Sala responsable, ya que se presentó de forma descriptiva y no valorativa la información relativa a la causa penal de interés público en la que se vio involucrado el tercero interesado.
j) La imparcialidad no es un requisito para determinar el interés público que puede o no revestir una publicación, sino uno de los elementos usados en el ejercicio de ponderación para determinar la prevalencia del derecho a informar o del derecho al honor, cuando se encuentran en conflicto.
k) La volanta es el género conocido en el periodismo cuya única función es anticipar el tipo de información que se expondrá. En el caso, en la noticia de veintisiete de julio de dos mil dieciséis se usó como volanta la frase "recurre a prácticas de los denominados abogados **********", mientras que en la página de Internet se utilizó como volanta el siguiente encabezado: "Detienen a extrabajador por falsear demanda laboral". Por tanto, de dichas cuestiones se puede advertir cuál es el propósito principal y fundamental de la publicación de mérito.
l) La Sala responsable se equivoca al considerar que actuó de forma ilícita con la publicación de la nota periodística, ya que no se advertía que el abogado al que se hacía mención en dicha nota fuera miembro del grupo denominado como **********, pues esto no es un requisito para determinar el interés público que puede o no revestir una publicación.
m) Las personas periodistas tienen la facultad de decidir en qué casos es pertinente divulgar información íntima que guarda conexión con un tema de interés público; es decir, cuentan con un margen de apreciación que no debe ser calificado por las autoridades jurisdiccionales, ya que esto representaría una limitación indirecta al derecho de libertad de expresión.
n) En el caso, la publicación fue únicamente de la fotografía y el nombre del tercero interesado, los cuales son datos contenidos en la carpeta de averiguación previa, lo cual revela que la publicación no abordó aspectos especialmente íntimos como podrían ser su vida privada, su familia, su domicilio, su religión, su situación económica o preferencias sexuales; es decir, la invasión a la intimidad no fue de gran intensidad, por lo que no existía expectativa de privacidad.
o) Contrario a lo que resolvió la Sala responsable, no está acreditado el segundo de los elementos de la acción consistente en el criterio subjetivo de imputación, pues de acuerdo con la doctrina desarrollada por la Suprema Corte en relación con la malicia efectiva o sistema dual de protección, la imposición de sanciones civiles procederá exclusivamente en aquellos casos en que se publica información falsa, a sabiendas de que ésta tiene tal carácter con la intención de dañar o con negligencia inexcusable; de allí que es necesario que tratándose del derecho a la información esté acreditado que su ejercicio se realizó con la intención de dañar.
p) En el caso de particulares se necesita que haya sido divulgada con negligencia inexcusable, por lo que es necesario que, a través de pruebas directas e indirectas, la persona afectada por la publicación acredite tal circunstancia, por ser una condición esencial para la procedencia de la acción. Cuestión que en el caso no ocurre ya que la información publicada no es falsa.
q) La autoridad responsable partió de la premisa equivocada de que la publicación realizada no fue un reportaje neutral y transgredió los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Política del País, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al requerir que se manifieste la fuente material de la nota periodística, a pesar de que quienes se dedican al periodismo no tienen obligación ni se les puede exigir que revelen el nombre de quien realiza una u otra publicación o las fuentes de donde se obtiene la respectiva información, pues es confidencial. Además, en la nota se precisaron los datos de la averiguación previa, a fin de que los destinatarios de la información pudieran juzgar sobre su confiabilidad o credibilidad.
r) Conforme a la tesis aislada de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA AFECTACIÓN AL DERECHO A LA INTIMIDAD NO PUEDE JUSTIFICARSE EN LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN.",(2) la quejosa actuó con justificación al publicar la información, aunado a que la carga de la prueba de acreditar el daño era del tercero interesado, pues así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte al resolver el amparo directo revisión 2044/2008.(3)
s) En el escrito inicial de demanda el tercero interesado se limitó a indicar que sufrió un daño, pero no precisó cuál era la afectación y en qué medida repercutió en su patrimonio moral la publicación de mérito, por lo que la conclusión del Juez de primera instancia fue correcta, al sostener que las pruebas documentales ofrecidas por el tercero interesado fueron ineficaces e insuficientes para demostrar los daños y perjuicios que alegaba y así colmar los requisitos de la acción intentada.
t) La responsable actuó incorrectamente al cuantificar el monto por concepto de daño causado ya que debió respetar la elección del ofendido, en atención al contenido del artículo 1390 del Código Civil del Estado de Jalisco; esto es, debió atenderse a lo que el propio actor en el juicio de origen demandó, que era el pago de un peso por concepto de indemnización, así como una disculpa pública, la publicación de la sentencia y los gastos del abogado. Por lo que, la sentencia transgrede el principio de congruencia y exhaustividad. u) La Sala responsable transgredió sus derechos al realizar un análisis defectuoso de las excepciones planteadas en el juicio de origen. Además, no relacionó las pruebas aportadas al juicio ni señaló su alcance probatorio, con lo cual se transgredió su derecho a un debido proceso.
v) Fue incorrecto que la Sala responsable desestimara la apelación adhesiva y no condenara al pago de costas al tercero interesado.
13. Sentencia del Tribunal Colegiado. En sesión virtual de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito concedió el amparo, bajo las consideraciones torales siguientes:
a) Asiste razón a la quejosa al aducir que la publicación cuestionada, al ser de un tema penal, cobra relevancia pública. Lo anterior, con base en lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte, en el amparo directo 3/2011,(4) en el sentido de que: "... si se parte de la premisa de que los hechos delictivos repercuten de manera negativa en la sociedad, es innegable que las investigaciones periodísticas encaminadas a su esclarecimiento y difusión están dotadas de un amplio interés público". Al respecto, es pertinente considerar el contenido de la nota periodística que involucró al señor **********, cuya autoría reconoció la sociedad quejosa, ********** y en la que se estableció lo siguiente:
i. **********, fue detenido un día antes por la Fiscalía General de Justicia de Jalisco, acusado de fabricar, inventar y ratificar hechos falsos en una demanda laboral.
ii. La referida persona se desempeñó en una empresa de impresión y edición [**********], como "comisionista mercantil", es decir, un servicio externo, de dos mil cinco a dos mil siete.
iii. En marzo de dos mil quince, el señor ********** demandó un despido injustificado, declarando ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Jalisco que empezó a trabajar en la empresa demandada desde el ocho de mayo de mil novecientos ochenta y nueve con un salario fijo. El representante de ********** destacó la imposibilidad de que el demandante y denunciado hubiera comenzado a laborar a partir de mil novecientos ochenta y nueve, porque en esa fecha ni siquiera existía la referida empresa.
iv. En el expediente [laboral] también se consignan otras manifestaciones "absurdas" y "dolosas" en contra de la empresa, como supuestos despidos injustificados y situaciones que nunca ocurrieron.
v. En la denuncia, radicada bajo averiguación previa **********, se acusa a **********, representado [en la demanda laboral] por el litigante **********, de recurrir a prácticas de los denominados abogados **********.
vi. Esas prácticas consisten en falsear declaraciones, inflar salarios, presentar documentación apócrifa y argumentar despidos injustificados con el fin de ganar demandas millonarias contra empresarios, asociaciones o dependencias públicas.
vii. En dos mil trece, la Secretaría del Trabajo de Jalisco reveló que 66 ********** representaban más de tres mil juicios irregulares, por lo que en agosto de dos mil quince, el Congreso de Jalisco aprobó reformar el artículo 154 del Código Penal del Estado, para tipificar como delito las prácticas de abogados para ganar juicios de forma fraudulenta.(5)
viii. El artículo 168 de la referida legislación castiga hasta con cinco años de cárcel y multas de cien a trescientos salarios mínimos, a quien comete el delito de falsedad de declaraciones.(6)
b) En ese sentido, la publicación controvertida da cuenta de una denuncia presentada por la sociedad mencionada en contra del señor **********, que motivó la radicación de una averiguación previa **********, por virtud de la cual, se giró orden de aprehensión en su contra por realizar, presuntamente, prácticas de falsedad de declaraciones y presentación documentación apócrifa en un juicio laboral, las cuales son constitutivas del delito previsto en el artículo 168 del Código Penal del Estado de Jalisco.
c) La difusión de la información personal del señor ********** no vulnera su derecho al honor porque para ello era necesario que ésta fuera falsa; mientras que, en el caso particular, la nota periodística contiene información veraz. Por tanto, su difusión consiste en la denuncia pública de la comisión de un presunto delito y tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos, la protección de la víctima, procurar que el culpable no quede impune y que, en su caso, los daños causados se reparen. Resulta aplicable la tesis 1a. CLX/2013 (10a.) de la Primera Sala, de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. INTERÉS PÚBLICO DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA."(7)
d) El supuesto analizado se enmarca en el derecho de libertad de información, pues los hechos difundidos son susceptibles de prueba y, por tanto, su divulgación queda a consideración del medio de comunicación para definir cuáles son noticiables, lo cual estará protegido constitucionalmente en la medida en que sea veraz e imparcial.
e) Si bien existió una relación preexistente entre los contendientes (la demanda laboral presentada por el señor **********, en contra de **********, así como que debido a esa demanda, la referida sociedad presentó una denuncia en contra de aquél), lo cierto es que eso no implica parcialidad en el contenido de la nota periodística, pues en atención al contenido de la nota controvertida, no se advierte tergiversación, inexactitud ni tratamiento no profesional alguno; sobre todo cuando el propio actor no alegó que el contenido de la referida nota periodística fuera falso.
f) Respecto a la naturaleza del actor, debe tomarse en consideración lo establecido en el amparo directo en revisión 3619/2015,(8) al ser aplicable, por analogía, habida cuenta que, en ambos supuestos, se trata de la publicación de información íntima contenida en procesos o investigaciones penales.
g) Como lo señaló la quejosa, **********, el señor ********** adquirió proyección pública por estar directamente relacionado con información de interés público, como lo es, la denuncia de un delito, habida cuenta que la información difundida en la nota periodística cuestionada es sobre un tema penal y, ********** por tanto, de trascendencia para la comunidad, lo que a su vez provoca una protección menos extensa de sus derechos de la personalidad.
h) Fue incorrecto que la Sala responsable haya considerado como "persona privada" al señor **********, en la medida que, como se evidenció, éste fue denunciado por la comisión de un delito, radicándose una averiguación previa, por virtud de la cual se ordenó su detención, por lo que lo correcto era considerarlo como una "persona privada con proyección pública", específicamente, en lo que tiene directa relación con dicha denuncia penal.
i) Contrario a lo señalado por la Sala responsable, no se vulneró el derecho de inocencia del señor **********, ya que, como lo señala **********, en la publicación de mérito no se expone al accionante como culpable, sino que únicamente se describe el delito y los hechos que se le imputan, sin realizar juicio de valor respecto de su actuar, de ahí que no tenga aplicación la tesis 1a. CLXXVIII/2013 (10a.), de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU RELACIÓN CON LA EXPOSICIÓN DE DETENIDOS ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.",(9) que citó la autoridad responsable.
j) La información privada del señor **********, contenida en la nota periodística materia de la litis, sí es de relevancia social, porque está vinculada con la denuncia de un delito y, por tanto, cuenta con el carácter de interés público.
k) Consecuentemente, al demostrarse la indebida fundamentación y motivación del acto reclamado, en lo relativo al estudio del interés público de la información general publicada y la naturaleza de la parte actora, así como, la omisión de estudiar el segundo requisito del test de interés público de la información privada, se evidencia la violación de los derechos fundamentales de seguridad jurídica y legalidad, así como el principio de exhaustividad. Por tanto, debe concederse el amparo para el efecto de que se deje sin efectos la sentencia reclamada y se dicte otra en la que se resuelva la litis tomando en consideración que la información general contenida en la nota periodística materia de la litis es de interés público, lo que lleva a aplicar el test de interés público de la información privada, y considerar que el señor ********** es una persona privada con relevancia pública y con base en ello, determinar que existe una conexión patente entre la información privada y el tema de interés público.
14. Recurso de revisión. En desacuerdo con la sentencia reseñada anteriormente, el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el señor ********** interpuso recurso de revisión, en el que hizo valer, en síntesis, los siguientes agravios:
a) Primero. La ponderación realizada por el Tribunal Colegiado respecto a la colisión de los derechos es inconvencional e inconstitucional, ya que no debió aplicar por analogía el precedente sobre el "sistema dual de protección y del estándar de malicia efectiva".
b) Fue incorrecto que en la sentencia recurrida se considerara que por ser acusado de un delito adquiría relevancia pública, por lo que sus datos personales como nombre e imagen podían ser publicados en un periódico, sin limitación alguna, a pesar incluso de que no se había sustanciado el juicio penal en todas sus instancias.
c) El Tribunal Colegiado tergiversó las consideraciones establecidas por la Primera Sala en el amparo directo en revisión 3619/2015,(10) pues el análisis y desarrollo del test de información pública no encuentra aplicación a la luz de la nota periodística, ya que de lo contrario podría caerse en el exceso de considerar que cualquier nota periodística podría vincularse con un hecho de relevancia pública y así justificar que, bajo el derecho a informar, se
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31370-6b5ce6dc/persona-privada-con-proyeccion-publica-es-inconstitucional-considerar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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