DERECHO A LA PROPIA IMAGEN. LOS ARTÍCULOS 87 Y 231, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR NO VULNERAN LAS LIBERTADES DE EXPRESIÓN Y DE IMPRENTA, NI EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. DERECHO A LA PROPIA IMAGEN. SU PROTECCIÓN EN EL CASO DE PERSONAS PRIVADAS. INFRACCIONES EN MATERIA DE COMERCIO. EL ARTÍCULO 231 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2808/2025. 23 DE FEBRERO DE 2026. PONENTE: MINISTRO PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ. SECRETARIAS: ALEJANDRA LOYA GUERRERO Y EDITH GUADALUPE ESQUIVEL ADAME.
SÍNTESIS CIUDADANA
En este asunto, se analiza la constitucionalidad de los artículos 87 y 231, fracción II, de la Ley Federal del Derecho de Autor, los cuales establecen que el retrato de una persona sólo puede ser usado o publicado con su consentimiento expreso, excepto cuando forme parte menor de un conjunto o la fotografía sea tomada en un lugar público y con fines informativos o periodísticos; así, como la sanción administrativa cuando dicho uso se realiza con fines de lucro directo o indirecto.
El caso deriva de una multa impuesta a un medio de comunicación por utilizar la imagen de una persona, sin autorización, para promocionar una serie de televisión.
Por un lado, en la sentencia se analizó si la falta de un plazo específico en la ley para que la autoridad imponga sanciones por el uso indebido de la imagen vulnera el derecho a la seguridad jurídica. El Pleno concluyó que no existe tal violación, ya que, aunque la Ley Federal del Derecho de Autor no fija un plazo expreso, la facultad sancionadora de la autoridad se encuentra sujeta a un plazo de prescripción de cinco años, previsto en el artículo 79 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aplicable de manera supletoria.
Por otro lado, se examinó si es constitucional que se restringa el uso del retrato de una persona sin su consentimiento, salvo que forme parte menor de un conjunto o la fotografía sea tomada en un lugar público y con fines informativos o periodísticos. Se llegó a la conclusión que dichos preceptos sí son constitucionales en tanto que tienen por objeto proteger el derecho a la propia imagen y a la intimidad de la persona retratada y, que los límites a esos derechos solo son válidos cuando atienden a una cuestión de interés público.
En consecuencia, se confirmó la sentencia recurrida y se negó el amparo, al estimar infundados los planteamientos de inconstitucionalidad respecto de los artículos 87 y 231, fracción II, de la Ley Federal del Derecho de Autor.
ÍNDICE
Ver índice
Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el día veintitrés de febrero de dos mil veintiséis emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 2808/2025, interpuesto por Medio de comunicación, contra la sentencia de veinte de marzo de dos mil veinticinco, dictada por el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el juicio de amparo 499/2024.
I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Solicitud de infracción administrativa en materia de comercio. Por escrito de diecinueve de enero de dos mil veintidós, una ciudadana, por derecho propio, solicitó la declaración de infracción en materia de Comercio prevista en el artículo 231, fracción II, de la Ley Federal del Derecho de Autor,(1) toda vez que en el sitio de internet del medio de comunicación, la empresa Medio de comunicación, mostró un video en el que se utilizó su imagen para promocionar la serie de televisión “Serie de Televisión”.
2. La persona moral, el Medio de comunicación, opuso como defensa, entre otras, que se encontraba en el supuesto de excepción contenido en el artículo 87, tercer párrafo, de la Ley Federal del Derecho de Autor,(2) relativo a que era innecesario el consentimiento de la denunciante para el uso de su imagen cuando la fotografía sea tomada en un lugar público y con fines informativos o periodísticos.
3. Resolución administrativa. El treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, el Subdirector Divisional de Infracciones Administrativas en Materia de Comercio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial emitió resolución en el expediente de la infracción administrativa, en la cual, determinó, entre otras cuestiones, que la empresa Medio de comunicación, incurrió en la infracción administrativa prevista en el artículo 231, fracción II, de la Ley Federal del Derecho de Autor, al no actualizarse la excepción prevista en el artículo 87 del propio ordenamiento y, en consecuencia impuso a la empresa una multa equivalente a un número de veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al tres de diciembre de dos mil veintiuno.
Lo anterior, al considerar que:
• De las pruebas aportadas se advertía que la empresa utilizó la imagen de la ciudadana sin la autorización correspondiente y que no se actualizaba la excepción del artículo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor, pues el uso de su imagen no tuvo fines informativos o periodísticos, sino que se empleó para la promoción de la serie televisiva “Serie de Televisión”.
• Asimismo, se estimó que dicho uso perseguía fines de lucro, ya que para acceder a la serie era necesario contratar un plan de la plataforma de streaming determinada cuyos costos oscilaban entre una cantidad mínima y una cantidad máxima de pesos mensuales, de donde se advertía un lucro indirecto derivado de la difusión de la serie.
4. Juicio de nulidad. En desacuerdo con esa resolución, el Medio de comunicación, a través de su apoderado Persona “A”, presentó demanda de nulidad de la que correspondió conocer a la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el expediente del juicio de nulidad, quien en sentencia de dos de mayo de dos mil veinticuatro reconoció la validez de la resolución impugnada, bajo las siguientes consideraciones:
• La Sala determinó que se actualizaron los elementos de la infracción consistentes en: a) que la solicitante acredite cuál es su imagen; b) que dicha imagen sea utilizada por un tercero y sin su autorización o la de sus causahabientes; y, c) que la conducta sea realizada con fines de lucro directo o indirecto.
• Consideró infundado que la autoridad hubiese omitido analizar la excepción prevista en el artículo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor y concluyó que ésta no podía actualizarse, pues la imagen no se utilizó con fines informativos o periodísticos, sino como preámbulo para la promoción de la serie Serie de Televisión. Además, no se trató de la comunicación de una noticia de actualidad, ya que la detención o aprehensión de la ciudadana no era un acontecimiento vigente al momento de difundirse el video.
• También estimó infundado que el hecho de que el dueño de la página de internet fuera un tercero (empresa dueña de la página) eximiera de responsabilidad al Medio de comunicación, pues del aviso de privacidad y de los términos y condiciones se desprendía que el Medio de comunicación era responsable del mantenimiento y contenido del sitio web del medio de comunicación, en el cual se difundió la imagen de la ciudadana.
• Concluyó que la multa se encontraba debidamente fundada y motivada, ya que se sustentó en los artículos 232, fracción II, de la Ley Federal del Derecho de Autor, y 392 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial,(3) imponiéndose el mínimo previsto en la ley al día tres de diciembre de dos mil veintiuno, fecha en que se comprobó la comisión de la infracción.
5. Juicio de amparo directo. En desacuerdo con la sentencia precisada en el párrafo que antecede, el Medio de comunicación, por conducto de su apoderado Persona “A”, promovió juicio de amparo directo del cual correspondió conocer al Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el expediente 499/2024. La parte quejosa hizo valer los siguientes conceptos de violación:
a) La autoridad responsable omitió aplicar la excepción del artículo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor, que permite el uso de la imagen de una persona sin consentimiento cuando la fotografía se toma en un lugar público y con fines informativos o periodísticos y, que introdujo además un requisito no previsto en dicho precepto legal consistente en que para considerarse información periodística debe tratarse de información actual ya que en nuestro orden jurídico no existe el llamado derecho al olvido.
Cita la tesis 1ª. II/2023 (11ª.) de la Primera Sala de rubro: “DERECHO AL OLVIDO. EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1392 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO QUE ESTABLECE ESTE DERECHO ES INCOMPATIBLE CON LAS NORMAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN.”
b) Argumentó que, aun con el transcurso del tiempo, la difusión de información relacionada con la impartición de justicia, incluida la relativa a la ciudadana, seguía siendo de interés público. Sostiene que por la proyección pública que adquirió dicho personaje, era lícito referirse a ella en el contexto de sus acusaciones, detención y extradición.
Cita la tesis de la Primera Sala 1ª. CXXVI/2013 (10ª.), de rubro: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. UNA PERSONA PUEDE ADQUIRIR PROYECCIÓN PÚBLICA, SI ESTÁ RELACIONADA CON ALGÚN SUCESO QUE, POR SÍ MISMO, REVISTE INTERÉS PÚBLICO PARA LA SOCIEDAD.”
c) Sostuvo que, al desconocerse si una de las fotografías fue tomada en un lugar público, la autoridad debió aplicar los principios del derecho penal supletorios al derecho administrativo sancionador, particularmente la presunción de inocencia y la regla in dubio pro reo. A su juicio, ante la duda sobre la licitud de la conducta, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) debía abstenerse de sancionar.
d) Controvirtió que las fotografías perdieran su carácter informativo por utilizarse en el contexto promocional de la serie “Serie de Televisión”. Afirma que el periodismo consiste en informar al público sobre hechos de interés general y que la cobertura de procesos penales, detenciones, extradiciones y fenómenos sociales vinculados al entretenimiento también constituye actividad periodística.
e) Agregó que informar sobre la existencia, estreno o contenido de una serie televisiva puede constituir actividad periodística si existe interés del público en conocer esos datos. De ahí que el carácter informativo no se pierda por el hecho de tratarse de un contenido relacionado con entretenimiento.
f) Por su parte, hizo valer la inconstitucionalidad de los artículos 87 y del artículo 231, fracción II, de la Ley Federal del Derecho de Autor, por estimar que vulneraban los derechos previstos en los artículos 6º y 7º Constitucionales relativos a la libertad de expresión, información y libertad de imprenta ya que, prohibir el uso de la imagen de una persona sin su consentimiento excede las restricciones constitucionales permitidas, ya que los únicos límites constitucionales a esos derechos deben ser los ataques a la moral, a la vida privada, a los derechos de terceros, la provocación de delitos o la perturbación del orden público. Por lo que la prohibición de expresarse con la imagen de otras personas sin su autorización es inconstitucional al no perseguir proteger esos derechos.
Citó las tesis 2ª. LXXXV/2016 (10a) de rubro: “DERECHO A LA INFORMACIÓN. GARANTÍAS DEL.”. 1ª. CCIX/2012 (10ª) de título: “LIBERTAD DE IMPRENTA. SU MATERIALIZACIÓN EN SENTIDO AMPLIO EN DIVERSAS FORMAS VISUALES, ES UNA MODALIDAD DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ENCAMINADA A GARANTIZAR SU DIFUSIÓN.”
g) También hizo valer la inconstitucionalidad del artículo 231, fracción II de la Ley Federal del Derecho de Autor, por violar los artículos 14 y 16 constitucionales al no prever plazos de prescripción para el ejercicio de la acción ni para imponer la sanción, lo que genera incertidumbre e inseguridad jurídica.
Para ello, citó las tesis de la Primera Sala 1ª./J. 40/2009 de rubro: “FACULTADES DE COMPROBACIÓN SOBRE MERCANCÍAS DE DÍFICIL IDENTIFICACIÓN. EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY ADUANERA, AL NO ESTABLECER UN PLAZO CIERTO PARA QUE LA AUTORIDAD EMITA Y NOTIFIQUE EL ACTA DE OMISIONES O IRREGULARIDADES, VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.”; y, LIII/2021 (10ª) de rubro: “TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS. LOS ARTÍCULOS 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Y 31 DE LA LEY RELATIVA, AL NO PREVER UN PLAZO PARA QUE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) DICTE RESOLUCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, VIOLAN EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.”
h) En otro aspecto, alegó que fue incorrecto que se le haya sancionado por actos u omisiones de otra persona moral, dado que la propietaria del dominio de la página de internet del medio de comunicación donde ocurrió la infracción es otra empresa dueña de la página, por lo que era incorrecto que se le fincara una responsabilidad aquiliana por el contenido del sitio de internet.
i) Finalmente, consideró que la multa impuesta es excesiva, pues lejos de aplicarse la prevista en el mínimo del artículo 232, fracción II, se le impuso la máxima. Sostiene que la autoridad no valoró los criterios del artículo 392 para graduar la sanción, como la intencionalidad, que niega haber tenido al creer que no necesitaba consentimiento, ni la inexistencia de perjuicio, ya que el contenido del video era de conocimiento público.
6. Sentencia de amparo directo. El veinte de marzo de dos mil veinticinco, el Tribunal Colegiado de Circuito negó el amparo por las siguientes razones:
• Los argumentos de inconstitucionalidad de los artículos 87 y 231, fracción II, de la Ley Federal del Derecho de Autor, fueron declarados inoperantes, debido a que el promovente los hizo depender de su situación particular en relación con la interpretación que realizó la Sala responsable. Por lo tanto, no resultaban aptos para demostrar una violación a los derechos constitucionales que refirió.
• Los conceptos de violación de legalidad se declararon infundados. Como lo sostuvo la autoridad responsable, el uso de la imagen de la ciudadana no fue con efectos informativos o periodísticos, sino para la promoción de la serie “Serie de Televisión”, pues en la nota se mencionaba el estreno de la serie y que se encontraba inspirada en la vida de la ciudadana; no así para hacer del conocimiento público un acontecimiento informativo o periodístico, como lo sería que acusaran a una persona de cometer narcotráfico.
• De ahí, que la finalidad del video infractor era hacer del conocimiento público el estreno de un nuevo producto audiovisual y, no como tal, comunicar el contexto que llevó a la acusación, detención y aprehensión de la tercera interesada.
• De igual modo, sostuvo que a la actora le correspondía la carga de la prueba de la afirmación que realizó consistente en que las fotografías se tomaron en un lugar público, lo que no aconteció.
• Estimó que la norma lo que busca proteger es el derecho fundamental a la imagen, la cual tenía una protección específica frente a la utilización no consentida de la propia imagen con fines meramente comerciales o lucrativos.
• Por su parte, consideró que la quejosa no combatió las consideraciones de la autoridad responsable relativas a que, en los términos de servicio de la página de internet del medio de comunicación, se señaló expresamente el medio de comunicación, mantenía el sitio de internet, lo que vinculaba a la quejosa con la responsabilidad por el contenido de la misma, dado que los conceptos de violación que hizo valer en ese sentido eran una reproducción casi literal de los conceptos de nulidad.
• En consecuencia, consideró que fue correcta la multa impuesta a la quejosa, dado que la autoridad responsable destacó la intención de la quejosa de llevar a cabo la conducta sancionable, debido a que utilizó la imagen de la tercera interesada la ciudadana sin contar con la debida autorización y con la finalidad de promocionar el producto audiovisual próximo a estrenarse, específicamente, la serie “Serie de Televisión”, obteniendo ventajas indebidas.
• Asimismo, en cuanto a la gravedad de la infracción cometida, resaltó que la autoridad demandada consideró como grave el perjuicio ocasionado a la tercera interesada, ante la violación a los derechos y bienes tutelados tanto en la Ley Federal del Derecho de Autor como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al obtener ilícitamente un lucro indirecto sustentado en la imagen de la tercera interesada, quien en su calidad de persona física tiene el derecho personalísimo, inherente e inseparable de ser titular de su imagen. Consideraciones que no fueron controvertidas de manera directa y efectiva por la quejosa.
7. Recurso de revisión. En contra de la sentencia señalada en el párrafo anterior, la parte quejosa, por conducto de su apoderado, interpuso el presente recurso de revisión. En sus agravios, argumenta lo siguiente:
• Que fue incorrecto que el Tribunal Colegiado declarara inoperantes sus agravios respecto de la constitucionalidad de los artículos 87 y 231, fracción II, de la Ley Federal del Derecho de Autor, bajo el argumento de que se hacían valer bajo la situación particular en la que se encontraba la quejosa, pues las menciones a esta situación eran solo para ejemplificar la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados los cuales fueron reclamados por ser contrarios a los derechos humanos a la seguridad jurídica, libertad de expresión, acceso a la información y libertad de imprenta, protegidos por los artículos 6º, 7º, 14 y 16 de la Constitución General.
• En cuanto al artículo 231, fracción II, de la Ley Federal del Derecho de Autor, sostiene que transgrede el derecho humano a la seguridad jurídica previsto en los artículos 14 y 16 Constitucionales, al no contener un plazo en el cual se pueda iniciar el procedimiento para sancionar la comisión de alguna de las conductas tipificadas como “infracciones en materia de comercio”, o bien, para sancionarlo, lo que crea inseguridad jurídica al impedirse al gobernado conocer en qué tiempo podrán ser infraccionados.
Argumenta que, para ejercer la acción de daños en materia civil, la Ley Federal del Derecho de Autor establece que es supletorio el Código Civil Federal, en cuyo artículo 1934 se establece que dicha acción se podrá ejercer en dos años a partir de que se haya causado el daño. Sin embargo, no se hace mención del procedimiento administrativo que debe llevarse ante el IMPI.
• Por otro lado, sostiene que los artículos 87 y 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor son contrarios a los derechos humanos de libertad de expresión, acceso a la información y libertad de imprenta contenidos en los preceptos 6º y 7º de la Constitución General, dado que imponen como restricción para que se utilice la imagen de una persona sin su consentimiento el que sea para fines informativos o periodísticos, cuando en términos de la Constitución únicamente se pueden limitar esos derechos para proteger la moral, la vida privada, los derechos de terceros, la provocación del delito y la perturbación al orden público.
También sostiene que esa causa de exclusión crea inseguridad jurídica, dado que queda al arbitrio de la autoridad qué debe entenderse por fines informativos o periodísticos pues no se definen en ningún precepto de la Ley Federal del Derecho de Autor ni de sus ordenamientos supletorios, lo que trae como consecuencia que sea un término subjetivo y arbitrario que no es propio del derecho administrativo sancionador.
8. Trámite ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. El recurso de revisión se admitió a trámite por acuerdo de Presidencia de doce de mayo de dos mil veinticinco con el expediente 2808/2025, y reservó el turno del asunto para que la nueva integración de este Alto Tribunal determinara lo conducente.
9. Turno del asunto. Por acuerdo de dos de septiembre de dos mil veinticinco, el recurso de revisión se turnó al Ministro Presidente Hugo Aguilar Ortiz.
10. Publicación del proyecto. De conformidad con los artículos 73, segundo párrafo y 184, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, el proyecto de sentencia se hizo público, con la misma anticipación que la publicación de las listas de los asuntos.
II. COMPETENCIA
11. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente amparo directo en revisión en términos de lo previsto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución General; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo; 16, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el punto segundo, fracción VIII, inciso b) del Acuerdo General 2/2025 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
III. OPORTUNIDAD
12. La sentencia recurrida fue notificada por lista a las partes el veintiocho de marzo de dos mil veinticinco, y surtió sus efectos el treinta y uno siguiente. Por lo tanto, el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del uno al catorce de abril de dos mil veinticinco, descontando los días cinco, seis, doce y trece del mismo mes y anualidad, por ser inhábiles de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
13. De modo que, si el recurso de revisión se presentó ante el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito el catorce de abril de dos mil veinticinco, se concluye que se interpuso de forma oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
14. El presente recurso de revisión fue interpuesto por parte legitimada, toda vez que a Persona “A”, se le reconoció el carácter de apoderado de la parte quejosa Medio de comunicación en el juicio de amparo directo 499/2024.
V. PROCEDENCIA DEL RECURSO
15. Este Tribunal Pleno debe verificar la procedencia del presente recurso de revisión, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales establecen que el recurso de revisión en amparo directo procede siempre que se satisfagan los siguientes dos requisitos:
a) Que la sentencia de amparo resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de normas generales, se interprete de forma directa un precepto de la Constitución o un derecho humano establecido en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte o se omita decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas; y
b) Que el problema de constitucionalidad revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, lo que se actualiza cuando esta Suprema Corte de Justicia de la Nación advierta que el problema de constitucionalidad puede dar lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional. O bien, cuando lo decidido en la sentencia recurrida implique el desconocimiento de un criterio sostenido por este Alto Tribunal relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación.
16. Aunado a ello, de conformidad con el Acuerdo General 3/2025 (12ª.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de tres de septiembre de dos mil veinticinco, que regula la procedencia y trámite de los recursos de revisión en amparo directo, se entenderá que se actualiza un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, cuando:
I. El asunto plantee una problemática novedosa o que requiera un análisis más profundo por la SCJN, especialmente en torno a la interpretación de normas constitucionales o de derechos humanos;
II. El problema jurídico involucre una violación grave a los derechos humanos;
III. Si la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito hace una interpretación restrictiva de algún precepto de la CPEUM, o de derechos humanos, o
IV. Si la sentencia recurrida contradice o desconoce un criterio sostenido por la SCJN en materia constitucional o de derechos humanos.
17. Conforme a los parámetros antes relatados, este Tribunal Pleno arriba a la conclusión de que el presente recurso de revisión es procedente.
18. Ello, toda vez que una vez analizadas las constancias este Pleno advierte que en el caso se actualiza una cuestión constitucional, pues la parte recurrente (quejosa en el juicio de amparo), planteó la inconstitucionalidad de los artículos 87 y 231, fracción II, de la Ley Federal del Derecho de Autor, por considerar que restringen los derechos a la libertad de expresión, acceso a la información, libertad de imprenta y seguridad jurídica, protegidos por los numerales 6º, 7º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
19. Aspecto que el Tribunal Colegiado omitió analizar al determinar que no se encontraba en aptitud de emprender el estudio de constitucionalidad propuesto ya que estimó que la quejosa sólo se refirió a cuestiones relativas a su situación particular y no a los vicios de constitucionalidad que les atribuyó a las normas reclamadas; decisión que se controvierte de manera efectiva en los agravios del presente recurso.
20. En efecto, la quejosa, ahora recurrente sostiene que fue incorrecto que el Tribunal Colegiado declarara inoperantes sus agravios respecto de la constitucionalidad de los artículos 87 y 231, fracción II, de la Ley Federal del Derecho de Autor.
21. Sostiene que sí impugnó de manera efectiva el contenido de éstos, y que los motivos por los cuales aludió a su situación particular fue para ejemplificar de qué manera se materializaba la inconstitucionalidad alegada en sus derechos.
22. Así, de una lectura de los conceptos de violación, se advierte que como lo sostiene la parte recurrente en sus agravios, en el juicio de amparo directo sí expresó de qué manera las normas impugnadas eran inconstitucionales.(4) Por una parte, sostuvo que el artículo 231, fracción II, de la Ley Federal del Derecho de Autor, violaba los artículos 14 y 16 Constitucionales, al no prever un plazo para que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial iniciara el procedimiento administrativo para imponer la infracción en materia de comercio, ni tampoco un plazo para que esa conducta fuera sancionada.
23. Por otro lado, alegó que los artículos 87 y 231, fracción II, de la Ley Federal del Derecho de Autor, eran contrarios a los derechos humanos de libertad de expresión, acceso a la información y libertad de imprenta, por establecer restricciones a la libertad de expresión que no están previstas en el artículo 6º Constitucional.
24. De modo que, fue incorrecto que el órgano colegiado omitiera el estudio de los conceptos de violación dirigidos a combatir las normas impugnadas. Por ende, subsiste una cuestión propiamente constitucional en términos del artículo 81, fracción II, de la Ley de Amparo, relativa a la procedencia del recurso de revisión en amparo directo en contra de las sentencias que omitan decidir sobre la constitucionalidad de normas generales, cuando hubieren sido planteadas.(5)
25. De igual forma, la resolución del asunto reviste un interés excepcional en materia constitucional y de derechos humanos, dado que el asunto permitirá delimitar el alcance constitucional de los artículos 87 y 231, fracción II, de la Ley Federal del Derecho de Autor, respecto de diversos problemas jurídicos que no han sido analizados por esta Suprema Corte.
26. El primero, relativo a la determinación de los límites temporales que debe observar el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para iniciar el procedimiento administrativo sancionador e infraccionar en materia de comercio en términos del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor, por el uso de la imagen de una persona sin su consentimiento.
27. De modo que, resolver esta cuestión permitirá dar certeza a los gobernados frente al plazo con el que cuenta el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial para sancionar en materia de derechos de autor.
28. El segundo problema constitucional se relaciona con la definición de los límites constitucionales a los derechos humanos de libertad de expresión, acceso a la información y libertad de imprenta, frente al derecho a la propia imagen, en los términos previstos en la Ley Federal del Derecho de Autor.
29. En particular, el presente asunto permitirá establecer si resulta constitucional que el ejercicio de esos derechos se restrinja para prohibir el uso de la imagen de una persona sin su consentimiento, salvo cuando se trate de un retrato que forme parte menor de un conjunto o la fotografía sea tomada en un lugar público y con fines informativos o periodísticos, y cómo debe realizarse dicha ponderación.
30. Lo que evidencia el interés excepcional en materia constitucional y de derechos humanos, sobre todo en el contexto tecnológico actual, caracterizado por una circulación masiva y transversal de imágenes en entornos digitales, en el que la libertad de expresión constituye un pilar esencial del sistema democrático y una condición para el debate público.
31. Ahora bien, no pasa desapercibido para este Alto Tribunal que la parte quejosa, ahora recurrente, en sus agravios introduce cuestiones novedosas de constitucionalidad que no fueron planteadas ante el Tribunal Colegiado, en particular que los artículos 87 y 231, fracción II, de la Ley Federal del Derecho de Autor, resultan inconstitucionales al ser contrarios a la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 Constitucional, al no establecer qué debe entenderse por “fines informativos o periodísticos”, a efecto de permitir el uso de la imagen de una persona sin su consentimiento.
32. Sostiene que estos fines informativos o periodísticos no se encuentran definidos en ningún precepto de la Ley Federal del Derecho de Autor, ni en sus ordenamientos supletorios, lo que permite que la autoridad le de contenido propio a los conceptos en forma subjetiva y arbitraria, permitiendo una sanción a un particular mediante un ejercicio de interpretación.
33. Agrega que si bien se debe proteger el derecho de imagen de las personas, permitir que sea la autoridad administrativa quien determine lo que es o no un fin informativo o periodístico, al
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34350-af7a6d59/derecho-a-la-propia-imagen-los-articulos-87 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- DERECHO A LA IMAGEN. EL ARTÍCULO 216 BIS DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR ES APLICABLE PARA SU PROTECCIÓN CUANDO AQUÉLLA SE UTILIZA SIN CONSENTIMIENTO DEL TITULAR. (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
- DERECHO A LA PROPIA IMAGEN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 87 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR EN RELACIÓN CON LA ACEPCIÓN "RETRATO". (AMPARO DIRECTO)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- DERECHO A LA PROPIA IMAGEN. LOS ARTÍCULOS 87 Y 231, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR NO VULNERAN LAS LIBERTADES DE EXPRESIÓN Y DE IMPRENTA, NI EL DERECHO DE ACCE (P./J. 214/2026 (12a.))
- DERECHO A LA PROPIA IMAGEN. SU PROTECCIÓN EN EL CASO DE PERSONAS PRIVADAS. (P./J. 213/2026 (12a.))
- DERECHO A LA IMAGEN. SON VÁLIDAS SU PROTECCIÓN Y REGULACIÓN POR LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR. (2a. XXIV/2016 (10a.))
- DERECHO A LA PROPIA IMAGEN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 87 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR EN RELACIÓN CON LA ACEPCIÓN "RETRATO". (1a./J. 166/2023 (11a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis