DERECHO A LA PROPIA IMAGEN. LOS ARTÍCULOS 87 Y 231, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR NO VULNERAN LAS LIBERTADES DE EXPRESIÓN Y DE IMPRENTA, NI EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.

Hechos: Una persona solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) que impusiera a un medio de comunicación la sanción administrativa en materia de comercio prevista en el referido artículo 231, fracción II, al estimar que utilizó su imagen sin su autorización para la promoción de una serie de televisión.

La autoridad administrativa declaró actualizada la infracción. El medio de comunicación acudió al juicio de nulidad, en el que se reconoció la validez de la resolución combatida.

Posteriormente, el medio de comunicación promovió amparo directo en el que cuestionó la constitucionalidad de los artículos 87 y 231, fracción II, de la Ley Federal del Derecho de Autor, al considerar que vulneran las libertades de expresión, de imprenta, y el derecho de acceso a la información.

El Tribunal Colegiado de Circuito negó el amparo y la parte quejosa interpuso recurso de revisión.

Criterio jurídico: Los artículos 87 y 231, fracción II, de la Ley Federal del Derecho de Autor no vulneran las libertades de expresión y de imprenta, ni el derecho de acceso a la información, pues la regla que exige el consentimiento de la persona retratada para el uso o publicación de su imagen, salvo cuando se trate de un retrato que forme parte menor de un conjunto o la fotografía sea tomada en un lugar público y con fines informativos o periodísticos, así como la sanción administrativa por su uso no autorizado con ánimo de lucro directo o indirecto, constituyen restricciones constitucionalmente permisibles dirigidas a proteger derechos de terceros, en particular a la propia imagen y a la intimidad.

Justificación: Los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconocen las libertades de expresión y de imprenta y el derecho de acceso a la información, pero establecen expresamente como límite a su ejercicio la afectación de derechos de terceros.

El derecho a la propia imagen constituye precisamente uno de esos derechos, de manera que las restricciones previstas en los indicados artículos 87 y 231, fracción II, no son ajenas al diseño constitucional de esas libertades, sino que se insertan dentro de los límites que la propia Constitución Federal les impone.

Bajo esa lógica, cuando el uso de la imagen de una persona no se realiza con fines informativos o periodísticos, dicho uso no contribuye al debate democrático ni satisface una necesidad informativa relevante para la comunidad, por lo que no merece la protección reforzada que el orden constitucional reconoce a la libertad de expresión.

En esos casos, cuando la imagen es aprovechada con fines comerciales o de explotación económica –lo que se refleja en el elemento de lucro directo o indirecto que exige el artículo 231, fracción II–, es constitucional que se condicione su uso al consentimiento de la persona retratada.

De igual modo, el requisito de que la fotografía haya sido tomada en un lugar público como condición para prescindir del consentimiento encuentra fundamento en la protección reforzada del derecho a la intimidad, reconocido por los artículos 6o., 7o. y 16 constitucionales, así como 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Este derecho garantiza a toda persona un ámbito de reserva frente a la mirada ajena dentro del cual puede desarrollar su vida sin injerencias arbitrarias, de modo que cuando la imagen es captada en un espacio privado, su difusión sin consentimiento constituye una intromisión especialmente intensa en los derechos de la personalidad que la Constitución busca proteger.

Por ello, la distinción que introducen los aludidos artículos 87 y 231, fracción II, entre fotografías tomadas en lugares públicos con fines informativos o periodísticos y las obtenidas en espacios privados o destinadas a fines comerciales es constitucional, pues responde a la necesidad de preservar el núcleo esencial del derecho a la intimidad frente a usos de la imagen que, al no estar justificados por un interés informativo legítimo, no pueden imponerse sobre la esfera privada de la persona retratada sin su consentimiento.

PLENO.