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Modo: Corpus Pro

DERECHO A LA IMAGEN. EL ARTÍCULO 216 BIS DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR ES APLICABLE PARA SU PROTECCIÓN CUANDO AQUÉLLA SE UTILIZA SIN CONSENTIMIENTO DEL TITULAR.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4083/2020. · Registro digital (IUS): 30491
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-04-08
Promovente: INGRID CORONADO FRITZ Y OTRO.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Abril de 2022, Tomo II, Pág. 658.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4083/2020. INGRID CORONADO FRITZ Y OTRO. 11 DE AGOSTO DE 2021. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIA: MIREYA MELÉNDEZ ALMARAZ.

SUMARIO

Este asunto deriva de una controversia civil en la que se demandó la declaración de que la demandada actuó ilícitamente al utilizar la imagen de la accionante, entre otras prestaciones. El Juez de primera instancia acogió parcialmente las pretensiones de los actores. Inconformes con la decisión anterior las partes interpusieron sendos recursos de apelación, que llevaron a modificar la sentencia de primera instancia. En contra del fallo de segunda instancia, la demandada promovió juicio de amparo directo. El Tribunal Colegiado concedió el amparo para el efecto de que se inaplicara el artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor. No conformes con lo anterior, los terceros interesados interpusieron el recurso de revisión de amparo directo, que es materia de esta resolución.

CUESTIONARIO

¿La interpretación de los artículos 87 y 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, en el sentido de que son inaplicables cuando se alega la violación al derecho a la propia imagen, transgrede el derecho a una reparación integral?

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de once de agosto de dos mil veintiuno, emite la siguiente

RESOLUCIÓN

Correspondiente al amparo directo en revisión 4083/2020, interpuesto por Ingrid Coronado Fritz y Otro, en contra de la sentencia dictada el quince de octubre de dos mil veinte por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo **********.

I. ANTECEDENTES

1. Juicio de Origen. Ingrid Coronado Fritz, por sí y en representación de Emiliano López Coronado, promovió juicio ordinario civil en contra de Grupo Editorial Notmusa, Sociedad Anónima de Capital Variable (en adelante Grupo Editorial Notmusa), de quien demandó lo siguiente:

A. La declaración judicial de que la demandada actuó ilícitamente en contra de la parte actora, al utilizar su imagen, sin autorización, para la comercialización de distintos ejemplares de la revista "TV Notas".

B. EI pago de daños y perjuicios, por el daño material causado, que no podrá ser inferior a 40% (cuarenta puntos porcentuales) del precio de venta al público de cada revista en la que se ha cometido la conducta ilícita, cuantificados en la secuela procesal, de acuerdo con lo previsto por el artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor. (Énfasis añadido)

C. EI pago de intereses causados, desde la fecha en que quede firme la condena al pago de la indemnización en cantidad líquida, hasta que se satisfaga totalmente, al tipo legal.

D. La declaratoria judicial de que la demandada causó daño moral a los actores, como consecuencia de la divulgación de información de su vida privada e íntima, así como del uso indebido de su imagen en la revista "TVNotas" y en Internet, bajo el supuesto ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información, por afectar la vida privada, el honor, la reputación, así como la percepción y consideración que de los actores se tiene.

E. EI pago de una indemnización por el daño moral causado por la divulgación de esa información, los cuales deberán ser cuantificados a partir de las circunstancias del caso.

F. La publicación y divulgación de la sentencia de condena que se dicte en el juicio, a costa de la demandada, en todos los medios de comunicación y formatos en que la demandada causó daño moral, con igual relevancia y número de ocasiones en que fueron difundidas las agresiones.

G. Costas.

2. Del asunto conoció la Juez Cuarta de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien registró el asunto con el número ********** y mediante sentencia dictada el veintiuno de abril dos mil diecisiete, en la que declaró la actuación ilícita de la demandada al realizar diversas publicaciones en la revista, la condenó a la reparación del daño moral, al pago de daños y perjuicios causados por daño material cuantificables en ejecución de sentencia, así como al pago de intereses.

3. Recurso de apelación. En contra de tal determinación, las partes interpusieron sendos recursos de apelación de los que conoció la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el cual se registró con el número de toca **********. El siete de febrero de dos mil veinte se resolvió modificar la sentencia apelada.

4. La Sala responsable modificó la sentencia de primera instancia para hacer relación de otras publicaciones en las que la demandada actuó ilícitamente, determinó que la indemnización por daño moral sería de $********** M/N (**********) para cada uno de los actores y, condenó a la demandada al pago de daños y perjuicios equivalentes al 40% del precio de venta al público de cada revista en la que se utilizó la imagen de la actora, en términos del artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor.

II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO

5. Juicio de amparo directo. La demandada promovió juicio de amparo directo, cuyo conocimiento correspondió al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en donde quedó registrado como amparo directo **********.

6. En sesión de quince de octubre de dos mil veinte, dicho Tribunal Colegiado concedió el amparo, para los efectos siguientes:

a) La autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada;

b) En su lugar, dicte nueva sentencia, en la cual:

1. Reitere lo que no es materia de la concesión del amparo.

2. Sobre la base de las consideraciones de esta ejecutoria, estime que el artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor es inaplicable al caso, por lo que los daños y perjuicios deben examinarse conforme, a la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen aplicable en esta ciudad.

3. En lo demás, resuelva conforme a sus atribuciones, con plenitud de jurisdicción.

7. Recurso de revisión. Los terceros interesados interpusieron recurso de revisión mediante escrito presentado el doce de noviembre de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

8. Recibidos los autos en este Alto Tribunal, en acuerdo de primero de diciembre de dos mil veinte, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación registró el asunto con el número de expediente 4083/2020, admitió a trámite el recurso de revisión y lo turnó para su estudio al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

9. Avocamiento. En proveído de diez de marzo de dos mil veintiuno, la Ministra presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avocó el asunto a la Sala que preside y ordenó el envío de los autos a la ponencia designada para la elaboración del proyecto correspondiente.

III. PRESUPUESTOS PROCESALES

10. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es constitucional y legalmente competente(1) para conocer el presente recurso de revisión, mismo que fue interpuesto de manera oportuna(2) y por parte legitimada.(3)

IV. PROCEDENCIA

11. El presente recurso de revisión resulta procedente, según lo previsto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y tercero del Acuerdo General Plenario Número 9/2015.

12. En las disposiciones apuntadas consta que, por regla general, las sentencias que dicten los Tribunales Colegiados de Circuito en los juicios de amparo directo son inatacables; sin embargo, por excepción, tales sentencias serán susceptibles de ser impugnadas mediante recurso de revisión, si el Tribunal Colegiado de Circuito se pronunció u omitió hacerlo sobre temas propiamente constitucionales; es decir, sobre la constitucionalidad de una norma general o sobre la interpretación directa de algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de algún derecho humano reconocido en los tratados suscritos por el Estado Mexicano.

13. Adicionalmente al requisito apuntado, se exige que la resolución del asunto permita fijar un criterio de importancia y trascendencia, entendiéndose que será así cuando se advierta que: a) dará lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional; b) lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación.(4)

14. En el caso, ambas exigencias se encuentran satisfechas pues, como lo afirma el recurrente, el Tribunal Colegiado llevó a cabo la interpretación del artículo 87 de la Ley Federal sobre Derechos de Autor, para concluir que si bien esa norma tutela de manera incipiente el derecho a la imagen, esto acontece como una reminiscencia protectora mínima de ese derecho, que se introdujo como contrapeso al derecho de autor en casos vinculados con la imagen aprovechada por un autor en ejercicio de derechos autorales o conexos, en momentos en que no existía una regulación interna al respecto; empero, que, acorde con los artículos 1, 3 y 5 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, en el supuesto en que surja una afectación al derecho a la propia imagen derivado del abuso del derecho de la información y de la libertad de expresión, es indiscutible que la ley aplicable será, a nivel interno, dicha ley local y ninguna otra con preferencia, con la salvaguarda prevista en el artículo 2o. de la ley de responsabilidad, que dice que a falta de disposición expresa de este ordenamiento, serán aplicables las del derecho común contenidas en el Código Civil para esta ciudad, en todo lo que no se contraponga al ordenamiento.

15. A partir de esa consideración, el tribunal de amparo estimó igualmente inaplicable el artículo 216 Bis de la propia ley.

16. En opinión de la recurrente, la interpretación que en tal sentido formuló el tribunal de amparo es restrictiva de sus derechos humanos, pues le impide ejercer su derecho a una reparación integral, específicamente su derecho a ver retribuidos los daños y perjuicios que, como un aspecto de índole material, se generaron en su esfera jurídica.

17. Al respecto, no pasa por alto para esta Primera Sala que dicha interpretación guarda estrecha relación con aspectos relativos a la aplicación de la ley lo que, por regla general, atiende a una cuestión de legalidad; sin embargo, el planteamiento de la recurrente descansa en que dicha interpretación tiene un alcance de mayor relevancia al inmiscuir también una cuestión de carácter sustantivo, como es la restricción al derecho a una reparación integral por los daños que, en su concepto, se generaron a la demandante, con motivo de la publicación de las imágenes que estima transgresoras de su derecho a la propia imagen.

18. En ese tenor, si bien la aplicación de la ley a un caso concreto constituye un aspecto de legalidad, lo cierto es que cuando se alega que la interpretación a partir de la cual se estima aplicable, o inaplicable, cierta disposición, no se apega al marco de regularidad constitucional, la sospecha así planteada da lugar a que el tribunal de control constitucional deba verificar que sea correcta la interpretación que dio lugar a su aplicación o inaplicación al caso concreto.

19. Es aplicable, contrario sensu, la tesis aislada 2a. LXIX/2018 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esta Primera Sala comparte(5) y que a la letra dice:

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA APLICACIÓN DE UNA LEY PUEDE ANALIZARSE EN ESE RECURSO CUANDO EXISTAN ELEMENTOS PARA CONSIDERAR QUE LA INTERPRETACIÓN QUE LLEVÓ A AQUÉLLA ES INCONSTITUCIONAL. Si bien la aplicación de la ley a un caso concreto constituye un aspecto de legalidad, lo cierto es que cuando se alega que una norma no se apega al marco de regularidad constitucional, y ante la sospecha sobre su inaplicabilidad al caso específico, el tribunal de control constitucional puede, en primer orden, verificar que sea correcta la interpretación que dio lugar a su aplicación al caso concreto, pues de ello depende que realice o no el examen sobre su inconstitucionalidad. Considerar lo contrario, es decir, entender que el tribunal de control constitucional no debe cuestionar lo que llevó a aplicar la norma al caso específico, limitaría sus atribuciones obstaculizando su labor de control constitucional so pretexto de no estar facultado para resolver cuestiones de legalidad, cuando éstas son condición para el ejercicio de protección de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."(6)

20. Por otro lado, el análisis de esa cuestión puede dar lugar a la emisión de un criterio importante y trascendente para el orden jurídico nacional, pues si bien existen precedentes en torno a esa cuestión, lo definitivo es que se trata de consideraciones que, en su momento, fueron emitidas obiter dicta, al no corresponder a la cuestión principal entonces planteada.

V. ESTUDIO

21. El estudio de este asunto se realizará a partir de la siguiente pregunta:

¿La interpretación de los artículos 87 y 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, en el sentido de que son inaplicables cuando se alega la violación al derecho a la propia imagen, transgrede el derecho a una reparación integral?

22. Para dar respuesta a dicha interrogante, resulta conveniente sintetizar los argumentos de la demanda de amparo, las consideraciones de la sentencia recurrida y los agravios propuestos por los recurrentes.

23. Demanda de amparo. En vía de conceptos de violación, la quejosa Grupo Editorial Notmusa, Sociedad Anónima de Capital Variable, alegó que la sentencia emitida por la Sala responsable es violatoria de los artículos 1o., 14, 16 y 17 de Constitución Federal, ya que fue emitida en contravención a los derechos de igualdad, debido proceso, fundamentación, motivación e imparcialidad.

24. Dicha peticionaria del amparo adujo que al juicio de origen no le era aplicable la Ley Federal del Derecho de Autor, ya que las partes no son autores de obra alguna ni son titulares de derecho conexo alguno (intérpretes o ejecutantes).

25. También argumentó que la Sala responsable indebidamente pretende que una persona moral asuma responsabilidades que solamente pueden ser cumplidas por una persona física como son la autoría de una nota periodística, expresión de opiniones y libertad de información.

26. Además, la sociedad quejosa refirió que la autoridad responsable dejó de lado que la misma tercero interesada hizo publicidad de su vida en medios. En ese tenor, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, pues la privacidad y el derecho que aduce la tercero interesada que se transgredió en su perjuicio, fue agotado previamente, pues fue la misma tercera quien ventiló su vida privada en los medios, de ahí que, en su opinión, debía declararse la ausencia de responsabilidad.

27. También la editorial demandada se dolió de que se le arrojó la carga probatoria respecto a la veracidad o no de las notas periodísticas, pasando por alto que solamente el autor de las notas tiene acceso y conocimiento de ellas.

28. Asimismo, en sus conceptos de violación expuso que debió dictarse una sentencia atendiendo a las particularidades del caso, pues la tercero interesada se ubica en una situación especial al pertenecer al mundo del espectáculo y, por ello, como sucedió en el caso, su vida privada se ventila por ella misma o por terceros en los medios. En esa línea, refirió que al ser una figura pública, despliega actos de interés público en términos de lo dispuesto en los artículos 7, fracción VII, y 34, fracción II, ambos de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia imagen en el Distrito Federal.

29. En otro aspecto, la sociedad quejosa argumentó que se le da un trato discriminatorio, ya que sólo se llamó a la peticionaria del amparo a juicio y no a los demás medios de comunicación que han publicado información privada de la tercero interesada.

30. Por otra parte, la quejosa manifestó que en el caso no se actualizó la figura de real malicia o malicia efectiva, ya que se debió difundir información falsa y no sólo eso, sino que se debió tener la intención de dañar, lo cual no sucedió y la tercero interesada no lo acreditó. Aunado a ello, se dolió de que se violaron sus derechos, ya que la Sala responsable pretendió aplicarlo a una figura pública y no a un servidor público.

31. En otro orden de ideas, se inconformó de que no se aplicaron las leyes correspondientes al caso en concreto, cuando desde la contestación del juicio de origen se expresó que lo legal es que se resolviera el asunto con base en la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal y al Código Civil para el Distrito Federal, por cuanto a los supuestos daños causados.

32. En la misma línea argumentativa, expuso que era inaplicable el artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, pues era un hecho controvertido que al no estar en venta obras fotográficas por parte de la quejosa, sino que se trató de publicaciones periódicas en las que apareció el retrato de la actora y tampoco se trató de servicios a través de los cuales se viole algún derecho de autor cuya titularidad le corresponda a la tercero interesada.

33. Refirió que no obstante lo antes expuesto, en caso de considerar procedente el precepto legal de referencia, se estaría en el supuesto del párrafo segundo del artículo en cita, corriendo a cargo de la actora el acreditamiento de ese extremo, tan fue así que la actora ofreció la prueba testimonial para intentar demostrar su extremo, aunque sin lograrlo.

34. Por otra parte, se dolió de que la autoridad responsable al determinar que la sanción impuesta de pagar el 40% del precio de cada uno de los ejemplares vendidos en los que se ocasionó daño a la tercero interesada, no se atendió a lo establecido en el artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, ya que la quejosa no vendió en ningún momento las obras fotográficas materia del juicio natural.

35. Ahora, la quejosa adujo que la Sala responsable pasó por alto que la actora no acreditó encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 1,916 del Código Civil para el Distrito Federal, ya que no se acreditó que el hecho imputable sea ilícito, haber sufrido con motivo del hecho una afectación, así como que existiera alguna relación de causalidad directa entre el hecho que constituye la causa y el perjuicio.

36. También expreso, en vía de conceptos de violación, que la Sala responsable paso por alto que objetó todas las pruebas ofrecidas por la tercero interesada y, al efecto hizo referencia a diversos correos electrónicos ofrecidos en el juicio de origen.

37. La peticionaria del amparo arguyó que la Sala responsable le impuso una triple condena, pues a pesar de haberla condenado por daño material, la condena también por daño moral, así como por daños y perjuicios, siendo que el artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, prevé una sola sanción para la configuración de todos los elementos mencionados, aunado a que la tercero interesada no acreditó los daños y perjuicios ocasionados en su patrimonio.

38. Sentencia del juicio de amparo. El Tribunal Colegiado desestimó algunas de las alegaciones expresadas, pero consideró fundadas otras, por lo que concedió el amparo solicitado con base a lo siguiente:

39. El tribunal de amparo estimó infundado el argumento de la quejosa consistente en que la actora ha expuesto distintos aspectos de su vida privada a los medios de comunicación previamente, mediante entrevistas, reportajes y programas de televisión, por lo que no tiene derecho a demandar.

40. Lo infundado de tal planteamiento derivó de que, si una persona aduce violación a sus derechos a la vida privada, al honor y/o a la propia imagen por el abuso del derecho de la información y de la libertad de expresión, en términos del artículo 12 de la Declaración de Derechos Humanos, artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 1o. de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en esta ciudad, se encuentra legitimada para promover una acción civil donde reclame su reparación.

41. El Tribunal Colegiado consideró, que el hecho de que una persona sea una figura pública, por haber adquirido notoriedad o fama en el medio artístico, no la abstrae de la protección que las normas internacionales y nacionales le otorgan sobre su vida privada, pues en cada caso debe determinarse el umbral mínimo de protección que les asiste, en consonancia con el interés público de recibir una información específica de su vida privada y el derecho a la libertad de expresión y difusión de contenidos, pero indudablemente debe respetarse el núcleo o contenido esencial de ese derecho humano, para evitar que su excesiva restricción o limitación vacíen su contenido normativo.

42. De ahí que, consideró que el que una persona sea una figura pública por difundir habitualmente hechos y acontecimientos de su vida privada, no quiere decir que el resto de las personas estén autorizadas para entrometerse o inmiscuirse en cualquier aspecto de ésta, sin responsabilidad alguna, porque la fama no elimina sus derechos humanos.

43. Por otro lado, el Tribunal Colegiado desestimó el concepto de violación en el que la quejosa adujo que no es la persona a la que pueden reclamarse válidamente las prestaciones de la demanda, porque es una persona moral que nada tiene que ver con la afectación de derechos de la actora, que no puede asumir responsabilidades y obligaciones que corresponden a una persona física, derivadas de la autoría y creatividad de la nota periodística.

44. Tal planteamiento fue desestimado por el órgano colegiado, ya que en el caso advirtió que la autoridad responsable estimó que la empresa editorial utilizó tipografías y colores para resaltar ciertos aspectos, lo cual es una aportación editorial de la demandada para jerarquizar la información, lo cual trascendió al fondo de la nota, de ahí que, efectivamente, se actualizó esa causa de responsabilidad de la empresa editorial, en razón de lo siguiente:

45. La casa editorial es responsable de la reparación del daño causado por su actuar ilícito, cuando las características del formato o estilo del diseño gráfico puede contribuir a agravar la afectación ilegal de aspectos concernientes a la vida privada.

46. Así, la demandada, como casa editorial de las revistas cuestionadas, utilizó en todas ellas un diseño para ocasionar un impacto mayúsculo en el público objetivo, lo que generó mayores ganancias, no solamente en la venta de los ejemplares, sino por los insertos de publicidad que contratan distintas marcas comerciales, de manera que no es verdad que solamente haya sido un vehículo para la comisión de los hechos ilícitos, sino la responsable de imposición de estilo y formato en el diseño gráfico final de las publicaciones que sumaron relevancia para la generación del hecho ilícito.

47. Por tanto, contrariamente a lo estimado por la quejosa, como persona moral y empresa editorial, es responsable de la afectación a la vida privada y uso de la imagen de la actora, al realizar con su diseño editorial, aportaciones de fondo.

48. Por otra parte, calificó infundado lo expuesto por la quejosa consistente en que la tercero interesada previamente expuso a los medios de comunicación su vida privada, mediante entrevistas y programas de televisión, por lo que su vida íntima se agotó a tal grado que forma parte del mundo del espectáculo del que tiene derecho de reportar la casa editorial.

49. Lo anterior, ya que el tribunal de amparo determinó que el derecho a la vida privada protege la dignidad y autonomía de las personas de ser independientes y tomar sus propias decisiones relativas a su forma de vivir.

50. Que, ese derecho incluye aspectos tan variados como el respeto a la sexualidad, a la autonomía, a la integridad física y psicológica, el derecho a mantener en sigilo información privada y confidencial, la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, el derecho de que no se almacene y/o divulgue información personal, el impedimento para que una persona sea sujeta a acoso o vigilancia ilegal, las relaciones familiares en su aspecto afectivo, económico y social, la información relativa al culto religioso o ateísmo que se profesa, las preferencias electorales, la prohibición de irrumpir o vigilar ilegalmente el domicilio de las personas, así como el derecho de controlar la difusión de la información que involucre las cuestiones indicadas de manera enunciativa y no limitativa.

51. Que existe una excepción a lo anterior, consistente en que la persona con proyección pública haya difundido voluntariamente la información que le otorga tal calidad, en cuyo caso podrá indagarse y publicarse en ejercicio de la libertad de expresión y derecho a la información.

52. Por otra parte, la quejosa tenía la carga de demostrar que la actora, previa y voluntariamente, ventiló toda la información que la demandada publicó en las revistas controvertidas, toda vez que fue dicha enjuiciada quien aseveró tal situación, por lo que en términos del artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles aplicable en esta ciudad, debió asumir esa carga.

53. La autoridad de amparo consideró inatendible el concepto de violación en el que la quejosa adujo que la Sala responsable aplicó incorrectamente la doctrina de la "malicia efectiva", porque la actora no es un servidor público y, además, porque corresponde demostrar a dicha demandante que la casa editorial tuvo intención de dañarla, lo cual no aconteció.

54. En opinión del tribunal de amparo, la información e imágenes difundidas sobre la actora son claramente íntimas, no se encuentran en el rango del interés público, tampoco versan sobre la actividad desarrollada por la persona que es figura pública, en sus actividades profesionales o artísticas, ni tiene vinculación alguna con la circunstancia que le da proyección pública, y tampoco quedó demostrado que ella la haya difundido voluntariamente.

55. De esa manera, esa información no entra en el rango de protección de la libertad de expresión e información, por lo que resulta innecesario realizar una ponderación entre el derecho a la información y expresión frente al de intimidad y a la propia imagen. Por lo anterior, en el caso, la acreditación de la malicia efectiva resulta irrelevante en el caso planteado.

56. Finalmente, el órgano jurisdiccional federal estimó fundadas las manifestaciones de la quejosa en las que expresó que la Ley Federal del Derecho de Autor es inaplicable al caso, por no actualizarse el supuesto normativo previsto en el artículo 1o. de dicho ordenamiento, toda vez que la parte demandante no es la autora de obra literaria o artística alguna, ni tampoco titular de derecho conexo alguno, por no ser artista intérprete o ejecutante y, que es inaplicable el artículo 216 Bis de la ley antes referida, de manera que la demandante no tiene derecho a la indemnización prevista en ese precepto, decretada por la Sala responsable.

57. La estimación de esa disidencia estribó en que la ley autoral tiene su fuente original en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con una esfera material de competencia bien delimitada, especializada y exclusiva al derecho de autor y sus derechos conexos, porque expresamente tiene como competencia la protección de los derechos autorales y afines, en donde se incluyen todos los intereses de personas físicas y morales que contribuyen a poner las obras a disposición del público, tales como intérpretes, ejecutantes, productores, etcétera.

58. La autoridad federal hizo referencia a que, los artículos 3 y 4 de la ley autoral, establecen que las obras protegidas por esta ley son aquellas de creación original susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio, y que las obras objeto de protección pueden ser: a) según su autor, conocido, anónimas, seudónimas; b) según su comunicación: divulgadas, inéditas, publicadas; c) según su origen: primigenias, derivadas; d) según los creadores que intervienen: individuales, de colaboración, colectivas.

59. En esa misma línea normativa, explicó que el artículo 5 de esa ley prevé que la protección que otorga se concede a las obras desde el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión, y que el reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no requiere registro ni documento de ninguna especie ni quedará subordinado al cumplimiento de formalidad alguna.

60. Destacó que en su artículo 11, ubicado en el capítulo de reglas generales, define el derecho de autor como el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 siguiente, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal (derecho moral) y p

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30491-8c2b6690/derecho-a-la-imagen-el-articulo-216-bis · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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