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Modo: Corpus Pro

REVISION FISCAL. BASES PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA, POR RAZON DE CUANTIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/95. · Registro digital (IUS): 3139
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SUSTENTADA ENTRE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, , Pág. 192.

CONTRADICCION DE TESIS 5/95. SUSTENTADA ENTRE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.- La resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la revisión fiscal 38/93 en la parte que interesa a esta contradicción señaló:

"III.- Las anteriores transcripciones se realizaron con el objeto de evidenciar la improcedencia de este recurso de revisión, como en seguida se verá. Por eso no se hará estudio de fondo de lo planteado. En efecto, su interposición se plantea en los términos del párrafo primero del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, pues la parte recurrente, para tratar de justificar la procedencia del recurso, sostiene: `Procedencia del recurso: de conformidad con el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, es procedente el recurso de revisión, toda vez que la resolución impugnada excede de tres mil quinientas veces al salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal vigente en el momento de su emisión; además, por violaciones cometidas en la propia sentencia afectando los intereses de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público'. Las afirmaciones transcritas son inexactas, ya que si bien es cierto que de la resolución combatida de nulidad y de la demanda de nulidad respectiva (fojas 1 a 6 y 8 a 10 del expediente fiscal) se aprecia que originalmente la controversia gira sobre la legalidad de cuatro créditos que en su totalidad ascendieron a una cantidad de $77'109.95 (setenta y siete mil ciento nueve nuevos pesos 95/100 moneda nacional), y que dicha cantidad rebasa el monto de tres mil quinientas veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal (N$49,945.00 = N$14.27 X 3,500), vigente en la fecha de emisión de la sentencia venida a revisión (treinta de junio de mil novecientos noventa y tres), sin embargo, el monto original de los créditos combatidos no sobrevivió en esta instancia, toda vez que, como se aprecia del contenido de la sentencia recurrida, así como del escrito en que se interpone el recurso de revisión de que se trata, que se transcribieron en los considerandos que a éste preceden, la Sala que declaró la nulidad del fallo administrativo únicamente por lo que atañe a los créditos derivados del Impuesto General de Importación en cantidad $12'590,641.00 = N$12,590.65 (doce mil quinientos noventa nuevos pesos 65/100 M.N.), y de la multa impuesta con base en la Ley Aduanera en cantidad de $34'170,169.00 = N$ 34,170.17, sumando créditos la cantidad de N$ 46,760.80 (cuarenta y seis mil setecientos sesenta nuevos pesos, 80/100 moneda nacional). Ahora bien, el párrafo primero del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, claramente establece como uno de los requisitos de procedencia del recurso de revisión, por razón de la cuantía, en contra de las sentencias definitivas que emitan las Salas Regionales del Tribunal Fiscal de la Federación, que el monto del asunto exceda de 3,500 veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, vigente en el momento de su emisión. La interpretación lógico sistemática del aludido precepto legal, que permite establecer que para determinar la cuantía del asunto de que se trate debe estarse al momento de la emisión de la sentencia sujeta a revisión, materia u objeto del recurso, y no a la fecha de emisión de los créditos combatidos, toda vez, que lo que constituye materia de la revisión no son realmente los créditos impugnados sino el pronunciamiento que sobre los mismos realice la Sala Fiscal en la sentencia que emite, es decir, la materia del recurso de revisión fiscal lo constituye el fallo que emita la Sala Regional, dado que a partir de este fallo se determina si el asunto es o no de cuantía determinada, o bien, es hasta el momento de dictarse la sentencia definitiva cuando se puede determinar si los créditos combatidos sobreviven o no en su monto original. En la especie, como antes se dijo, la materia a que se contrae la controversia en la sentencia venida en revisión, son dos créditos que suman la cantidad de N$46,760.80, que no excede al monto de 3,500 veces del salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal (N$49,945.00 = N$14.27 x 3,500), vigente en la fecha de emisión de la sentencia objeto del recurso de revisión (treinta de junio de mil novecientos noventa y tres). De ahí que, por razón de la cuantía, no se dé la procedencia de este recurso a revisión en los términos del artículo 248, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación".

El anterior criterio dio origen a la siguiente tesis:

"REVISION FISCAL, PROCEDENCIA DEL RECURSO DE, POR RAZON DE LA CUANTIA. DEBE ATENDERSE AL SALARIO MINIMO VIGENTE EN LA FECHA DE EMISION DE LA SENTENCIA MATERIA DEL RECURSO.- La recta interpretación del primer párrafo del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación permite establecer que, para determinar la cuantía del asunto, para efectos de la procedencia de la revisión fiscal, ante los Tribunales Colegiados de Circuito, debe atenderse al salario vigente al momento de la emisión de la sentencia recurrida, no al que regía en la fecha de emisión del crédito impugnado de nulidad, pues tal precepto, al disponer literalmente que: `...Las resoluciones de las Salas Regionales... y las sentencias definitivas, podrán ser impugnadas... interponiendo el recurso de revisión ante...; cuando la cuantía del asunto exceda de tres mil quinientas veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, vigente en el momento de su emisión.', evidentemente que se refiere a la emisión del fallo en contra del cual se interpone el recurso de revisión, no a la emisión del crédito combatido en el juicio de nulidad.- PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO."

TERCERO.- La resolución del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, del Tercer Circuito, al resolver la revisión fiscal 32/92 en la parte en que nos interesa señaló:

"SEGUNDO.- El presente recurso es procedente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 248, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, ya que se interpuso contra una sentencia definitiva de la Sala Regional de Occidente del Tribunal Fiscal de la Federación, por la Jefe de la Unidad Jurídica `A' de la Subprocuraduría Fiscal Regional de Occidente, en ausencia del titular, a quien le compete representar los intereses de la Federación en controversias fiscales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a las autoridades dependientes de la misma Secretaría en toda clase de juicio, en relación a los asuntos de la competencia de la Administración Fiscal Federal de Guadalajara. Estas facultades de representación y substitución están previstas por los artículos 116, fracción II y 124, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y dos. Además, porque la cuantía del asunto excede de tres mil quinientas veces al salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, vigente en el momento en que se emitió la resolución impugnada. Esta se emitió el veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y uno y determinó a cargo de la actora un crédito por setenta y cinco millones seiscientos ochenta y tres mil ciento ochenta y dos pesos y treinta centavos, como se ve del original de la resolución que aparece a fojas de la 125 a la 131 de los autos que se revisan. El salario mínimo general diario correspondiente en la fecha en que se emitió la resolución impugnada, era de once mil novecientos pesos; multiplicado por tres mil quinientas veces, da una base de cuarenta y un mil seiscientos cincuenta pesos, por lo que indudablemente la cuantía del asunto excede de esta base".

CUARTO.- De la lectura del segundo y tercer considerando del presente fallo, se advierte que en el caso sí existe contradicción de tesis toda vez que de las revisiones fiscales de referencia se concluye que en relación con la determinación de criterios de procedencia, desde el punto de vista de cuantía del asunto, los Tribunales Colegiados referidos asumieron criterios jurídicos discrepantes.

En efecto, mientras el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en la revisión fiscal 32/92, señaló que para determinar la cuantía del asunto, para efectos de establecer la procedencia de la revisión fiscal, se debía partir del monto inicial del crédito fiscal fincado por la autoridad hacendaria a cargo del contribuyente, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, estimó que para determinar la cuantía del asunto, para efectos de establecer la procedencia de la revisión fiscal, se debía partir del monto de crédito fiscal anulado por la Sala Regional responsable.

Asimismo, se genera la discrepancia respecto al monto de salario mínimo que se debe estimar. Puesto que mientras el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, considera que debe calcularse para efectos de la procedencia de la revisión fiscal el salario mínimo vigente en el momento del fincamiento del crédito fiscal en contra del contribuyente multiplicado por tres mil quinientas veces, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del mismo Circuito, considera que debe calcularse para la procedencia de la revisión fiscal el salario mínimo vigente en el momento en que se dicta la resolución impugnada, multiplicado por tres mil quinientas veces.

QUINTO.- Para estar en aptitud de determinar cuál es el criterio que debe imperar, resulta procedente hacer una breve referencia a las reformas efectuadas al artículo 104 de la Constitución Federal y al citado artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, a partir de mil novecientos ochenta y ocho a la fecha.

En la exposición de motivos que se acompañó el seis de abril de mil novecientos ochenta y siete, al proyecto de reformas a la Constitución General de la República, que entraron en vigor el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, en relación a este tema se dice:

"...Se propone la adición de la fracción I-B al artículo 104, con similar contenido de los párrafos tercero y cuarto de la fracción I, del artículo 104 vigente, para que los tribunales de la Federación conozcan de los recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones definitivas de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo a que se refiere la fracción XXXIX-G del artículo 73. Por ello, se propone la derogación de los párrafos segundo, tercero y cuarto de la fracción I, del citado artículo 104.

"Los recursos de revisión en contra de resoluciones definitivas de los mencionados Tribunales de lo Contencioso Administrativo, se han otorgado para que los órganos del Estado puedan proponer a la Justicia Federal las cuestiones que presentan problemas de legalidad, modificando la competencia que para conocer de los mismos tiene actualmente la Suprema Corte de Justicia, propuestas que son congruentes con los propósitos centrales de esta iniciativa.

"Se propone que estos recursos sean de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, por plantear siempre problemas de legalidad, modificando la competencia que para conocer de las mismas tiene actualmente la Suprema Corte de Justicia, propuestas que son congruentes con los propósitos centrales de esta iniciativa".

El dictamen de primera lectura de fecha veintitrés de abril de mil novecientos ochenta y siete, expresa al respecto lo siguiente:

"... En congruencia con la modificación anterior se propone reformar el artículo 104 constitucional, tercero del decreto, para derogar, en primer término, sus actuales párrafos segundo, tercero y cuarto de la fracción I.

"La derogación del segundo párrafo se explica por la incorporación de los términos del mismo al artículo 73, según la fracción que se le adiciona y a la que ya hemos hecho referencia.

"La derogación de los párrafos tercero y cuarto tiene como propósito sustituirlos por una fracción I-B que se añade inmediatamente después de la fracción I.

"Esta fracción I-B mantiene la existencia del recurso de revisión contra resoluciones definitivas de tribunales administrativos. Este recurso ya estaba previsto en el párrafo tercero y permite a la autoridad que ha recibido un fallo adverso, en un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, disponer de un mecanismo de control de la legalidad de las resoluciones emitidas por dichos tribunales. Desde el momento que las propias autoridades no pueden iniciar el juicio de amparo, el recurso de revisión es indispensable para garantizar la plena vigencia del principio de legalidad.

"La novedad que se introduce consiste precisamente en que, dado que el mencionado recurso involucra problemas de legalidad, su conocimiento queda atribuido a los Tribunales Colegiados de Circuito y no a la Suprema Corte de Justicia.

"Los integrantes de las Comisiones dictaminadoras proponemos que de la fracción I-B se supriman las palabras; `y siempre que esas resoluciones hayan sido dictaminadas como consecuencia de un recurso interpuesto dentro de la jurisdicción contencioso administrativa', porque dejarlas implica vincular el precepto constitucional a un texto legal que ahora existe, pero que en el futuro puede no existir, lo que traería por consecuencia que una modificación legal determinase la necesidad de una reforma constitucional; en cambio suprimiéndolas, la fracción I-B resulta congruente, por su amplitud, con el texto legal actual con cualquiera otro que se estableciera.

"Proponemos que la fracción I-B tenga el siguiente texto: `De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo a que se refiere la fracción XXXIX-H del artículo 73 de esta Constitución, sólo en los casos que señalan las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno."

Por Decreto publicado el cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho, en el Diario Oficial de la Federación se derogó la Sección Tercera del Código Fiscal de la Federación, dentro de la cual se encontraba el recurso de revisión, regulado en los artículos 248 y 249 y se establece un nuevo artículo 248 en el cual se crea un recurso denominado de revisión.

En la iniciativa de fecha diez de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, presentada a la Cámara de Senadores, el Presidente de la República expresó en lo conducente:

"La resolución definitiva de la controversia en la región en que surge, al sustituir la revisión en la ciudad de México por una revisión ante los Tribunales Colegiados de Circuito establecidos en todo el territorio nacional, lleva a sus últimas consecuencias la regionalización de la Justicia Fiscal Federal..."

En el dictamen correspondiente a la anterior iniciativa en primera lectura, se determinó en relación al artículo 248, lo siguiente:

"... X.- Una reflexión particular merece a las comisiones dictaminadoras el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación que la iniciativa propone. En él se previene que la autoridad fiscal podrá, a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, mediante la interposición del recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente, en la sede de la Sala Regional respectiva, impugnar las resoluciones de las Salas Regionales que decreten o nieguen sobreseimiento y las sentencias definitivas, mediante escrito que se presente dentro del término de quince días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación, o por violaciones procesales que se hayan cometido durante el juicio se afecten las defensas del recurrente y trasciendan al sentido del fallo; también por violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias, siempre que el asunto exceda, propone la iniciativa, de quinientas veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, vigente al momento de su emisión. Da luego una fórmula, segundo párrafo, para determinar la cuantía del asunto cuando se trate de contribuciones que deban determinarse o cubrirse por períodos inferiores a doce meses."

A juicio de estas comisiones, si se acepta la cuantía de quinientos salarios mínimos generales diarios que la iniciativa propone, en todos los casos, los Tribunales Colegiados de Circuito sustituirán la actual atribución que tiene la Sala Superior del Tribunal para conocer de estos recursos y serán los tribunales de amparo los que hagan las veces de dicha Sala Superior. Los quinientos salarios mínimos, al presente equivale aproximadamente a dos millones quinientos mil pesos cantidad pequeña que fácilmente pueden valer muchos asuntos en trámite. Se produciría una multiplicación de interposiciones del recurso de revisión, máxime si se considera que bastará para que se interponga que lo decida la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica, quitando el escollo procesal de que sea el Secretario de Estado, o Jefe del Departamento Administrativo o Director de Organismo Descentralizado el que interponga el recurso.

La multiplicidad de revisiones produciría rezago en el Poder Judicial Federal, desvirtuando uno de los propósitos esenciales de la reforma constitucional, antecedente inmediato de esta iniciativa, que es terminar con el rezago en el Poder Judicial Federal.

Recabaron información las comisiones dictaminadoras de que en el año de mil novecientos ochenta y siete la Sala Superior del Tribunal Fiscal recibió aproximadamente tres mil quinientos recursos de revisión y es previsible que durante mil novecientos ochenta y ocho se interpongan, por lo menos el mismo número de recursos, aunque lo más probable es que aumente su número. Sería una grave consecuencia de esta reforma el que los Tribunales Colegiados de Circuito con sede en los lugares donde existen Salas Regionales, se vean saturados de asuntos fiscales, con detrimento serio para la impartición de Justicia Federal en otras materias y, desde luego, el consiguiente rezago. Para tratar de superar estos problemas, sin dejar indefensa a la autoridad, las comisiones dictaminadoras proponen que el recurso de revisión sólo proceda cuando la cuantía del asunto exceda de mil quinientas veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, vigente en el momento de la emisión de la resolución que se impugne. Al mismo tiempo, se propone también que se presuma esa importancia en determinados casos que, aunque no lleguen a esa cuantía, esté en litigio la determinación de sujetos obligados, de conceptos que integran la base de cotización y el grado de riesgo de las empresas para los efectos del seguro de riesgo del trabajo, en tratándose de aportaciones de seguridad social o bien cuando a juicio del recurrente el asunto sea de importancia y trascendencia, pero en este caso deberá razonarlo así en la interposición de su recurso para efectos de su admisión.

"El mismo tratamiento se da para aquellos casos en que a juicio de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público la sentencia afecte el interés fiscal de la Federación y tenga importancia, por tratarse de interpretación de leyes o reglamentos, de las formalidades esenciales del procedimiento o por fijar el alcance de los elementos constitutivos de una contribución.

"Por todo lo expuesto, los senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras hemos introducido en el texto de la iniciativa analizada todas las modificaciones pertinentes a los razonamientos expuestos en los diez puntos anteriores y proponemos a esta Asamblea la aprobación del siguiente: `PROYECTO DE DECRETO...'."

El dictamen de segunda lectura de fecha quince de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, aprobó la reforma entre otras, del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, la cual quedó, en la parte en que nos interesa de la siguiente forma:

"Artículo 248.- Las resoluciones de las Salas Regionales que decreten o nieguen sobreseimientos y las sentencias definitivas, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede de la Sala Regional respectiva, mediante escrito que presente ante esta última dentro del término de quince días siguientes al día en que surta efectos su notificación, por violaciones procesales cometidas durante el juicio, siempre que afecten las defensas del recurrente y trasciendan al sentido del fallo, o por violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias; cuando la cuantía del asunto exceda de tres mil quinientas veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, vigente al momento de su emisión."

De lo dispuesto en el indicado precepto se advierte que para determinar la cuantía de un asunto, como requisito para la procedencia del recurso de revisión fiscal, habrá que atender a dos datos: uno, concerniente a la cuantía que la ley señala como necesaria para la procedencia del recurso, y otro, relativo a la cuantía propia del negocio, con miras a establecer si supera o no la que la ley exige.

Pues bien, en ambos casos es necesario atender a la sentencia recurrida, dictada por alguna de las Salas, Superior o Regionales, del Tribunal Fiscal de la Federación, dado que el recurso de revisión procede precisamente en contra del fallo y no en contra de los créditos fiscales impugnados en el juicio anulatorio.

De lo anterior se deriva que cuando el precepto citado menciona el salario mínimo "vigente en el momento de su emisión", como factor para determinar el requisito de la cuantía legal, es claro que se refiere a la fecha en que fue dictada la sentencia recurrida, y no a la fecha del crédito fiscal impugnado. Por tanto, el salario mínimo que se debe tener en cuenta para la determinación del primero de esos requisitos, es el que corresponde a la fecha de la sentencia; y en este sentido debe prevalecer el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

En el otro punto de contradicción, cabe considerar que, si la finalidad de la reforma de que fue objeto el indicado artículo 248, fue la de establecer criterios de selectividad, desde el punto de vista económico, que eviten la concentración excesiva de juicios en los Tribunales Colegiados, forzoso es concluir que para determinar la cuantía de un negocio específico, hay que atender únicamente a los créditos que hayan sido anulados en la sentencia recurrida por la Sala Fiscal correspondiente, y no al monto total de los créditos impugnados en el juicio anulatorio.

Lo anterior es así porque solamente la parte de la sentencia en la que se establece la nulidad de algunos créditos es la que será materia de revisión ante el Tribunal Colegiado correspondiente; y es evidente, que sólo en esa medida se afecta el interés fiscal de la Federación, puesto que, aquella otra parte del fallo que reconoce la validez de los créditos, de ningún modo afecta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Conforme a lo antes dicho, en este otro punto de contradicción debe prevalecer también el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Sin embargo, se estima conveniente que esta Sala sustente de manera directa la tesis correspondiente, la cual se emite en los siguientes términos:

"- De lo dispuesto por el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación se advierte que para determinar la cuantía de un asunto, como requisito para la procedencia del recurso de revisión fiscal, habrá que atender a dos datos: uno, concerniente a la cuantía que la ley señala como necesaria para la procedencia del recurso, y otro, relativo a la cuantía propia del negocio, con miras a establecer si supera o no la que la ley exige. En ambos casos es necesario atender a la sentencia recurrida, dictada por alguna de las Salas, Superior o Regionales, del Tribunal Fiscal de la Federación, dado que el recurso de revisión procede precisamente en contra del fallo y no en contra de los créditos fiscales impugnados en el juicio anulatorio. De lo anterior se deriva que cuando el precepto citado menciona el salario mínimo `vigente en el momento de su emisión', comofactor para determinar el requisito de la cuantía legal, es claro que se refiere a la fecha en que fue dictada la sentencia recurrida, y no a la fecha del crédito fiscal impugnado. Por tanto, el salario mínimo que se debe tener en cuenta para la determinación del primero de esos requisitos, es el que corresponde a la fecha de la sentencia. Por otra parte, cabe considerar que, si la finalidad de la reforma de que fue objeto el indicado artículo 248, fue la de establecer criterios de selectividad, desde el punto de vista económico, que eviten la concentración excesiva de juicios en los Tribunales Colegiados, forzoso es concluir que para determinar la cuantía de un negocio específico, hay que atender únicamente a los créditos que hayan sido anulados en la sentencia recurrida por la Sala Fiscal correspondiente, y no al monto de los créditos impugnados en el juicio anulatorio. Lo anterior es así porque solamente la parte de la sentencia en la que se establece la nulidad de algunos créditos es la que será materia de revisión ante el Tribunal Colegiado correspondiente, y es evidente, que sólo en esa medida se afecta el interés fiscal de la Federación, puesto que, aquella otra parte del fallo que reconoce la validez de los créditos, de ningún modo afecta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público."

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

UNICO.- Debe prevalecer el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

Notifíquese; remítanse las tesis jurisprudenciales al Pleno, a la otra Sala y a los Tribunales Colegiados de Circuito que no intervinieron en la contradicción, así como al Semanario Judicial de la Federación y a su Gaceta para su publicación; con copia de esta ejecutoria a los Tribunales Colegiados de los que derivó la contradicción. En su oportunidad, archívese el toca.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Genaro David Góngora Pimentel, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Presidente Juan Díaz Romero. Fue ponente el cuarto de los ministros antes mencionados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3139-557bbe05/revision-fiscal-bases-para-determinar-su-procedencia-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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