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Modo: Corpus Pro

SECRETO BANCARIO. NO SE VIOLA CUANDO UNA AUTORIDAD JUDICIAL SOLICITA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EMPLAZAR A LA PERSONA TITULAR DE UNA CUENTA BANCARIA, EN SU CARÁCTER DE TERCERO LLAMADO A JUICIO, QUE SUPUESTAMENTE RECIBIÓ LOS FONDOS INDEBIDAMENTE TRANSFERIDOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS DESDE OTRA CUENTA. TERCERO LLAMADO A JUICIO. TIENE ESE CARÁCTER LA PERSONA TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA QUE SUPUESTAMENTE RECIBE LOS FONDOS INDEBIDAMENTE TRANSFERIDOS DESDE OTRA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 614/2021. · Registro digital (IUS): 31460
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2023-05-26
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Mayo de 2023, Tomo III, Pág.2931.

AMPARO DIRECTO 614/2021. 2 DE FEBRERO DE 2022. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO. SECRETARIA: MARÍA ALEJANDRA SUÁREZ MORALES.

QUINTO.—Estudio de la violación procesal.

La peticionaria de amparo alega como violación procesal la sentencia de 28 de febrero de 2020, dictada en el toca **********, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el proveído de 29 de noviembre de 2019 en el que, medularmente, el Juez de origen determinó que no había lugar a llamar a juicio a la titular de la cuenta **********, CLABE **********, donde se hicieron los depósitos cuya nulidad se reclama, dado que se advirtió que el contrato base de la acción sólo se firmó entre la actora y la demandada.

En ese sentido, la quejosa alega una violación procesal durante la sustanciación del procedimiento de origen, misma que, de ser fundada, sería suficiente para otorgar la protección constitucional, por lo que es de estudio preferente.

Lo anterior encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 627, con número de registro digital: 918161, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, jurisprudencia TCC, página 570, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, misma que el Pleno de este tribunal comparte, cuyos rubro y contenido se transcriben a continuación:

"VIOLACIONES PROCESALES EN AMPARO DIRECTO. CÓMO DEBEN ANALIZARSE LAS. De lo dispuesto por los artículos 158, 159, 160 y 161 de la Ley de Amparo, se desprende que en los juicios de amparo directo a propósito del estudio de las violaciones procesales, el órgano de control constitucional debe examinar si la violación al procedimiento que propone el quejoso es de aquellas comprendidas en las diferentes fracciones de los artículos 159 y 160 del ordenamiento legal citado según sea el caso civil o penal, respectivamente; segundo, si así fuera, el órgano de control constitucional debe a continuación determinar si el hecho en que se hace consistir la violación procesal es cierto o no; si la respuesta es positiva, debe después establecer si el amparo por la materia del acto reclamado debió o no prepararse en términos del artículo 161 de la ley de la materia; y si fue observado este precepto legal, acto seguido, el órgano de control constitucional debe estudiar si la violación procesal es contraria a la ley y a las garantías que al efecto haga valer el quejoso, aplicando las reglas de estricto derecho o suplencia de queja según el caso, previo constatar si la violación trascendió al resultado del fallo. No debiendo olvidarse que el estudio de las violaciones procesales es previo al de las violaciones de fondo y que si prosperan las primeras ya no procede el estudio de estas últimas porque deberá invalidarse la sentencia y reponerse el procedimiento para reparar las violaciones procesales."

Así, conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las violaciones procesales cometidas en el curso del procedimiento mercantil puedan ser analizadas en el amparo directo, se requiere de la satisfacción de los requisitos siguientes:

1. La violación emane directamente del procedimiento en que se dictó la resolución reclamada –artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo–.

2. Afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo –mismo artículo y fracción–.

3. Haya sido combatida durante el procedimiento a través del recurso ordinario idóneo previsto en la ley (numeral 171 de la Ley de Amparo).

Es aplicable la tesis de jurisprudencia que se comparte número I.4o.C. J/5, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-2, enero a junio de 1989, página 961, con número de registro digital: 229408, que es del tenor literal siguiente:

"VIOLACIONES PROCESALES. REQUISITOS PARA RECLAMARLAS EN AMPARO DIRECTO. Conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República y 158 de la Ley de Amparo, para que las violaciones a las leyes del procedimiento puedan impugnarse en amparo directo, es necesario que se reúnan los siguientes requisitos: a) que la violación emane directamente del procedimiento en que se dictó la resolución reclamada; b) que afecte las defensas del quejoso; y c) que trascienda al resultado del fallo. Por tanto, ante la falta de alguno de estos requisitos, la impugnación relativa resulta inatendible."

En los propios términos es aplicable la tesis de jurisprudencia número 186 de la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 139 del Informe de Labores rendido al más Alto Tribunal, al terminar el año de 1987, Segunda Parte, en la que se sustenta lo siguiente:

"VIOLACIONES PROCESALES. PARA QUE PUEDAN ESTUDIARSE EN AMPARO DIRECTO DEBE PREPARARSE SU IMPUGNACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso a) de la Constitución Federal, cuando se trata de violaciones al procedimiento que afectan las defensas del quejoso y que trascienden al resultado del fallo, es requisito indispensable para que sean estudiadas dichas violaciones procesales en el amparo directo, el que se agote el recurso ordinario correspondiente, ya sea la revocación o la apelación, si se cometió en primera instancia y si no ha sido reparada mediante el recurso ordinario, es necesario que tal violación sea reiterada nuevamente ante el tribunal de apelación, en los agravios que sean formulados contra la sentencia de fondo de primera instancia, reiteración que es necesaria por así establecerlo la Constitución Federal."

En ese sentido, para que este Tribunal Colegiado de Circuito se encuentre en posibilidad de entrar al estudio de fondo respecto de las violaciones procesales propuestas por la peticionaria de amparo, es necesario que se colmen los requisitos que ya se expusieron.

Ahora bien, por lo que hace al primero de los requisitos señalados, se cumple, dado que la sentencia de 28 de febrero de 2020, dictada en el toca **********, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el proveído de 29 de noviembre de 2019, se pronunció en el juicio de origen; de modo que la violación procesal emana de la contienda natural.

Por lo que hace al segundo de los requisitos mencionados se acredita que, como se advierte de la sentencia de 28 de febrero de 2020, dictada en el toca **********, el Tribunal Unitario de Circuito responsable sostuvo que fue legal que no se llamara a juicio al titular de la cuenta que solicitó la quejosa al contestar la demanda en la controversia de origen, lo que transcendió al resultado del fallo, pues se dictó la sentencia definitiva sin llamar a juicio al titular precisado por la solicitante de amparo.

Así, el último de los requisitos señalados también se colma, en tanto que la peticionaria de amparo interpuso recurso de apelación contra el auto de 29 de noviembre de 2019 en el que, medularmente, el Juez de origen determinó que no había lugar a llamar a juicio a la titular de la cuenta **********, CLABE **********, donde se hicieron los depósitos cuya nulidad de reclama, dado que se advirtió que el contrato base de la acción sólo se firmó entre la actora y la demandada, el que se resolvió mediante resolución de 28 de febrero de 2020.

De modo que se acataron los citados requisitos para que este órgano colegiado proceda a analizar la referida violación procesal. Así, para combatirla, la quejosa aduce en esencia, lo que sigue:

El Tribunal Unitario de Circuito responsable violó en su perjuicio el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contempla el derecho humano de acceso efectivo a la justicia, porque omitió llamar a juicio al titular de la cuenta bancaria que recibió los fondos cuyas transferencias se desconocen en el juicio de origen, con lo que se le privó de la posibilidad de demostrar plenamente sus excepciones y defensas, pues si bien es cierto que sólo existe relación contractual entre las partes contendientes, también lo es que se impidió conocer la relación entre la actora en el juicio de origen y la persona que recibió los recursos en su cuenta bancaria, así como el concepto por el cual se recibieron esos recursos, esto es, se negó el derecho a saber la verdadera intención de la actora y de la persona que recibió los recursos mediante transferencias electrónicas que en el contradictorio de origen se desconocieron, siendo que notablemente pudiera existir una intención de obtener un lucro que no le corresponde.

Además, por tal omisión no quedó debidamente integrada la litis, lo que trascendió al resultado del fallo, pues al tratarse de información protegida por el secreto bancario, no estuvo en aptitud de demostrar las excepciones y defensas que se hicieron valer en la contestación de la demanda, por ello, se le privó de aportar las pruebas necesarias; de ahí que, reiteró, con la resolución que constituye el acto reclamado se viola el derecho de acceso a la justicia, por lo que procede la concesión del amparo solicitado, ya que tal situación trascendió al resultado del fondo del asunto, al no conocerse plenamente la identidad de la persona a la cual la actora transfirió los fondos reclamados.

La autoridad responsable viola los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, al resolver: "... la institución de crédito y, no el beneficiario, es la obligada a restituir el numerario de dichas transferencias...", porque indebida e ilegalmente prejuzgó sobre el fondo del asunto; esto es, ilegalmente determinó que el tercero llamado al procedimiento carece de interés en el juicio de origen, incluso, va más allá de sus facultades, al señalar que la obligada a restituir los fondos, cuyas transferencias se desconocen, es la quejosa, lo cual resulta ilegal, pues aún no se había tramitado toda la instancia procesal y arribó a una conclusión sobre el fondo del asunto; por ello, se actuó de forma parcial, pues no se integró debidamente la litis ni el consorcio pasivo necesario.

Asimismo, aduce que la responsable no consideró que para llamar a juicio a un tercero basta que se advierta un interés en el juicio, esto es, que las personas a las que se denuncia el juicio puedan ser afectadas por la resolución de un conflicto; en el caso, sí existe una relación entre las personas mencionadas en el juicio de origen (actora y tercero), ya que las transferencias tildadas de nulidad absoluta fueron efectuadas por la actora en el juicio de origen, con el dispositivo que le fue entregado y con las claves confidenciales que obran en su poder que hacen las veces de firma electrónica, por lo que se debió ordenar el llamamiento a juicio a fin de no dejar en estado de indefensión a ninguno de los interesados; máxime que el objetivo de llamarlos a juicio, es evitar el surgimiento posterior de nuevos procesos en defensa de los mismos intereses, brindando seguridad jurídica a las partes en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, lo que no fue analizado ni considerado por la autoridad responsable, lo cual trascendió al resultado del fallo, pues se le privó de ejercitar un derecho sustantivo para que le pare perjuicio la sentencia que eventualmente dicte el Juez de origen a las personas involucradas.

No es obstáculo a lo anterior, el señalamiento en el sentido de que puede repetir contra del tercero, pues ello implicó un juicio parcial que prejuzgó sobre el fondo del asunto y generó ahora una resolución de fondo absolutamente arbitraria. Por ello, arguye que la responsable no analizó exhaustiva y congruentemente las constancias de autos pues, en caso contrario, se habría percatado del interés por el cual está vinculado al juicio de origen el tercero llamado.

De igual forma, la quejosa se duele de que, con la referida violación procesal, se produjo una cadena de diversas violaciones al procedimiento que la dejaron sin defensa, en tanto que, al no haberse conocido en forma fehaciente los datos del tercero, las condiciones de las operaciones y, eventualmente, la relación que dicho tercero pudiera tener con la actora, no se contó con los elementos suficientes para realizar el ofrecimiento de pruebas y obtener un resultado distinto en el fondo del asunto.

A efecto de dar respuesta a tales argumentos, es menester retomar que la acción de origen es la nulidad absoluta de las transferencias electrónicas de la cuenta de cheques de la hoy tercera interesada, número **********, llevadas a cabo el 20 y 21 de diciembre de 2018, por las cantidades de ********** y **********, respectivamente, por el concepto de pagos a terceros.

En ese sentido, resulta necesario precisar que la utilidad jurídica de llamar a juicio a un tercero es que éste puede ser condenado en el juicio siempre que se demuestren los elementos de la acción, o sea que él es titular de una obligación principal acreditada plenamente, siempre que haya tenido audiencia previa con toda plenitud.

El tercero que es llamado a juicio puede quedar asimilado a una de las partes en el juicio, con legitimación en la causa activa o pasiva, por lo que en función del principio de congruencia puede ser condenado o absuelto, y no limitarse a una simple declaración de que le para o no perjuicio la sentencia dictada.

En sentido ordinario, es contrario a la esencia y finalidad de un juicio que una persona intervenga y no pueda obtener una declaración de fondo en su favor, incluso, el derecho a las costas, porque todo resultado del juicio debe atender a los elementos de la acción, requisitos de procedibilidad, objeto o pretensión y sujetos, que comprende la intervención de terceros en un juicio, la función de éstos en el procedimiento y los efectos que puede producir en su contra la sentencia.

Así, la acción es un medio que otorga la ley para obtener el reconocimiento de un derecho violado o de uno desconocido, cuyo ejercicio está condicionado a la voluntad de la parte a quien corresponde, y sujeta al cumplimiento de sus presupuestos, con independencia del resultado de las defensas y excepciones opuestas por el demandado.

Por ello, tiene por objeto que un órgano jurisdiccional decida un punto de hecho o un punto de derecho, pues se trata de saber si estima que el hecho sometido a su conocimiento es verdadero o no, y entonces la decisión no puede tener otra base que las pruebas con las que acredite su acción.

Los sujetos principales en la acción son el actor y demandado; la causa de pedir u origen de pretensión es un estado de hecho y de derecho, que es la razón por la cual corresponde la acción y, por último, el objeto es la pretensión del demandante, esto es, la acción y la pretensión comprenden la intervención del órgano jurisdiccional a fin de alcanzar la actuación de la ley, así como la finalidad concreta que se persigue en cada caso en particular.

La titularidad de un derecho en la legitimación activa o de una obligación contractual o extracontractual, para la legitimación pasiva, que corresponde a la situación específica que guarda una persona en determinada relación jurídica, o que tenga su origen en un hecho, es un elemento necesario para poder ejercer una acción y responder de ella, para la acción, la legitimación en la causa, se trata de una condición necesaria para obtener sentencia favorable.

De modo que existe un vínculo necesario entre interés jurídico y la legitimación activa en la causa, porque es una condición necesaria para obtener sentencia favorable y, generalmente, por su naturaleza, es un elemento que se analiza al dictarse la sentencia de fondo, que se ocupa, precisamente, de decidir sobre la procedencia de la acción en relación con las excepciones y defensas.

La legitimación procesal pasiva se presenta cuando a través del ejercicio de la acción, se vincula a una persona como demandado, a quien se le exige que cumpla con una determinada obligación. La legitimación procesal nace del solo ejercicio de la acción, que vincula al demandado con las prestaciones que se le demandan, mientras que la legitimación en la causa implica la demostración plena de que determinada persona es la titular de una obligación o sea la que debe responder frente al derecho exigido, sea que tenga su origen en un contrato o en un hecho u omisión en responsabilidad extracontractual.

En el proceso pueden intervenir otras personas como sería un tercero, pues éste podría tener interés en el resultado de la sentencia.

Existe legitimación de los terceros que justifiquen su intervención, cuando éstos tienen que hacer valer intereses jurídicamente tutelados en un proceso dado, o cuando por existir una relación material o disposición legal, puedan ser llamados de oficio o a petición de alguna de las partes.

El tercero, en un principio no es parte formal y material en el juicio de que se trate, pues no está identificado expresamente en la demanda con la calidad de demandado o sujeto pasivo de la pretensión del actor, pero cuando es emplazado al juicio deja de ser un tercero y puede llegar a asimilarse a la situación de una de las dos partes que iniciaron con la presentación de la demanda.

La participación del tercero en el proceso puede ser para colaborar con alguna de las partes en el juicio en la defensa del derecho hecho valer por alguno de ellos, incluso, para aportar elementos que se encuentren en poder del tercero y que sirvan para dilucidar la controversia, por los perjuicios que pudiera reportarle el dictado de la sentencia. A esa calidad que deriva de esa situación se le denomina tercero coadyuvante.

El tercero coadyuvante, si bien está interesado en la contienda y la eventual sentencia le puede generar un perjuicio, no puede deducir pretensiones contradictorias durante el juicio, ni ejercer acciones o defensas distintas de las surgidas en el procedimiento.

Por otro lado, el tercero puede acudir también al juicio cuando tiene un interés jurídico propio o diferente al de las partes, para excluir un derecho que es materia del juicio o para que se le pague un crédito en forma preferente.

Sobre el interés para obrar en los terceros intervinientes, el tratadista Hernando Devis Echandía,(1) distingue entre un interés derivado del posible beneficio material o moral que puedan recibir de la prosperidad o frustración de la demanda, para intervenir como coadyuvante, del interés jurídico necesario para intervenir en el juicio como litisconsorte o como principal excluyente, de modo que la sentencia puede lesionar o beneficiar un derecho propio de ese tercero, debido a la conexión jurídica que exista entre éste y la relación sustancial que es objeto del proceso.

El tratadista Ramiro Podetti recurre a Nencioni, en estos términos:

"13. Legitimación para obrar o contradecir, según Nencioni.

"Esta idea de la legitimación para obrar o contradecir, como base de la intervención de terceros, aparece nítida en Nencioni, quien clasifica a los terceros en cinco grupos, según su posición con respecto a la cuestión litigiosa; clasificación que sigue el grado progresivo de su interés sustancial, con relación al interés sustancial discutido.

"a) Indiferentes, carecen de legitimación para intervenir.

"b) Indirectamente, las pretensiones de las partes pueden producirles un gravamen de hecho a su derecho (caso de los acreedores con respeto a su deudor ejecutado por otro); en este supuesto el tercero puede o no estar legitimado para obrar como terceristas coadyuvante o substituto y en caso de privilegio, como terceristas de mejor derecho.

"c) Cuando existe conexión entre su interés sustancial y el discutido o sea cuando una relación sustancial condiciona a la otra como en el caso de locación y sublocación, deudor y fiador, asegurado y asegurador. En estos casos existen entre las dos relaciones sustanciales elementos subjetivos comunes (deudor y acreedor recíprocos), o elementos objetivos comunes (propietarios y usufructuario de un inmueble), o elementos causales comunes (comprador y vendedor). "d) Cuando existe identidad en la relación causal, tal el caso de muchos titulares contemporáneos de un derecho (servidumbre predial) o sucesivos (propietario y usufructuario).

"e) Cuando existe incompatibilidad entre las diversas relaciones sustanciales. Tal por ejemplo, pretensiones que surgen contemporáneamente de relaciones diversas que pueden coexistir, (propiedad, usufructo y locación), o que no pueden coexistir, siendo la inexistencia de una, condición de la existencia de otra: dos personas que se pretenden titulares del mismo derecho (v.gr.: propiedad).

"-Resulta de este planteo, que la legitimación para intervenir en un proceso ya iniciado puede corresponder:

"1o. A quien es titular de la misma relación o pretensión deducida en el juicio.

"2o. A quien es sujeto del mismo acto jurídico controvertido (caso del escribano cuando se discute la nulidad de una escritura pasada ante él).

"3o. A quien es titular de una relación conexa con la deducida en juicio (sub-inquilino, en el juicio de desalojo entre locador y locatario y fiador en el juicio por cobro de la deuda afianzada entre acreedor y fiado).

"4o. A quien está legitimado para intervenir en la relación o acto discutido en el proceso, independientemente de ser titular o sujeto del derecho discutido (acción popular, acción familiar). Este autor concluye dividiendo a los terceros en legitimados para intervenir (pero no para deducir el proceso) y en legitimados para accionar e intervenir."(2)

En ese contexto pueden darse las conclusiones siguientes:

a) Las diversas opiniones doctrinales transcritas coinciden en que dentro del proceso civil surge una clase de tercero absoluto que es la persona que es indiferente a la controversia o relación jurídica sustancial y que carece de un interés legítimo o jurídico en el proceso.

b) En cambio, este tribunal advierte que dentro del proceso civil existe otra clase de terceros que son los que tienen un interés que denominamos legítimo(3) porque no es un interés simple, sino cualificado o especial por el beneficio material o moral que pudiera resultar de una sentencia condenatoria o absolutoria y que corresponde a las tercerías coadyuvantes, en donde el beneficio o el perjuicio dependerá de la suerte que corra la parte con la que coadyuven y en la que no tienen una condena o absolución porque no se asimilan a ninguna de las partes formal y materialmente consideradas.

En esos grados, entre el interés simple, el interés legítimo y el interés jurídico se puede dar la posibilidad de intervención en un juicio, para que sean objeto de la decisión en la sentencia, o que por esa vinculación con la relación sustancial, el interés de los terceros puede ser molestado o perturbado de alguna manera, con la decisión jurisdiccional del litigio, que les puede beneficiar o perjudicar.

Por ese grado de interés una o ambas partes, o la ley, consideran conveniente o necesario llamar al tercero o acudir al proceso en curso, para fijar su posición y actuar en defensa de su propio interés, para tratar de asegurar el beneficio al que cree tener derecho, o evitar el perjuicio posible o previsible, y en casos de legitimación en la causa respecto de una obligación sustancial materia de la controversia obtener una sentencia estimatoria de absolución o condena.

c) Por otra parte, dentro del proceso civil pueden surgir los terceros con un interés jurídico propio respecto de un derecho de propiedad que se perjudique con la materia de la controversia, o de un crédito para que se pague de modo preferente; tienen una acción propia e independiente a la del juicio en el que intervienen y da lugar a la acción de tercería excluyente de dominio o de preferencia.

d) Otra clase de terceros es la que formal y materialmente queda asimilada a una de las partes, por virtud del litisconsorcio pasivo necesario activo o pasivo, como el tercero llamado a la evicción.

e) Y una diversa clase de tercero con interés jurídico propio, es la que resulta de la propia situación del tercero respecto de la relación sustancial materia del juicio al que es llamado o al que comparece voluntariamente y que puede ser condenado o absuelto.

Entonces, la intervención procesal puede encontrar su génesis en torno a su carácter voluntario o provocado. Si la intervención se produce por la mera voluntad del tercero, se trata de una intervención voluntaria o facultativa; cuando resulta de la iniciativa o de la llamada de las partes iniciales, se habla de intervención provocada.

a) Intervención voluntaria.

La intervención voluntaria parte del deseo del tercero y se funda en un interés directo y legítimo en el resultado del pleito. La doctrina ha distinguido dos clases de intervención voluntaria: la principal y la adhesiva.

b) Intervención provocada en un proceso.

Llamar a un tercero a juicio o litisdenunciación, es poner en conocimiento de un tercero la existencia del litigio, que se estima, podría producir efectos directos, ejecutivos o constitutivos, en la esfera jurídica de dicha persona. Esta intervención provocada –en un proceso pendiente– puede ser promovida por una de las partes o por el Juez, con el fin de que el tercero quede vinculado a juicio, incorporándolo al mismo como parte principal litisconsorte, interviniente adhesivo, etcétera.

La intervención provocada en el proceso no contiene la voluntad del tercero para intervenir en el litigio; sin embargo, ello no trae como consecuencia que se considere forzosa o coactiva, pues el tercero sólo tiene el derecho y la carga de comparecer en su interés, es decir, no tiene la obligación de hacerlo ni incurre en rebeldía; su actuación es voluntaria, aunque queda obligado a soportar las consecuencias adversas que le resultan en la sentencia, después de haber sido vinculado al proceso y que la vinculación quede firme si fue impugnada; aunque no necesariamente le traerá perjuicios, por el hecho de que se mantenga ausente, sino que dependerá de la medida de su interés legítimo o jurídico, o excluyente de dominio o de preferencia, o al haberse asimilado a una de las partes y, en esta medida, obtendrá una sentencia estimatoria de condena o absolución.

De esta forma, se considera que la litisdenunciación constituye no sólo el derecho de audiencia concedido en favor del tercero interesado, quien mediante su intervención en el procedimiento puede evitar los efectos directos o reflejos de la cosa juzgada, sino que también significa para el denunciante la posibilidad de que la sentencia que llegare a dictarse vincule al tercero en sus efectos constitutivos o ejecutivos.

De manera que éste no pueda oponer defensas a la cosa juzgada, distintas de las analizadas en el juicio donde se formule la denuncia, en el posterior proceso que éste siga en su contra o en el que incoe el propio tercero.

También podrá resultar condenado o absuelto en la medida en que tenga interés jurídico o resulte titular de una obligación sustancial en relación con la materia del juicio.

Una vez determinada la naturaleza de la figura del tercero llamado o litisdenunciación, corresponde analizar lo relativo al alcance que pueden tener los efectos o consecuencias de esa intervención de los terceros.

Las consideraciones precedentes dan la pauta para determinar que, en principio, con el acto del emplazamiento al juicio, los terceros se encuentran en aptitud de actuar y obrar con la mayor libertad en los procedimientos, presentar promociones, pruebas, alegatos, recursos, etcétera; intervenir en las audiencias y demás actos procesales de su incumbencia, con la única medida racional de que su intervención se dirija a la defensa de su interés.

El alcance y consecuencias que el proceso va a producir o generar la sentencia para el tercero, en su esfera jurídica, será directamente proporcional al grado y naturaleza del interés que tiene el interviniente, y en modo alguno podrá desbordarlo, aunque sea llamado y se abstenga de comparecer al procedimiento.

Así, para determinar los efectos de la sentencia respecto al tercero es necesario acudir, en cada caso, al interés que tiene al respecto.

La conversión en parte demandada de los terceros puede ocurrir si concurren los siguientes requisitos:

a) Los terceros son parte indiscutible de la relación sustantiva objeto del juicio (acreedor o deudor, vendedor o comprador, arrendador o arrendatario, aseguradora o asegurado, etcétera);

b) Su intervención excede a la simple coadyuvancia, al asumir posiciones propias respecto de las pretensiones y los hechos frente al actor o el demandado.

c) Que haya tenido el derecho de audiencia previa con toda plenitud en donde haya sido emplazado a juicio, y si contestó la demanda que haya tenido la oportunidad de hacer valer excepciones y defensas, así como que no tenga obstáculos legales para actuar en las demás etapas del proceso (aporte pruebas para fortalecer su postura, intervenga para objetar las de la contraria y, en general, ejerza todos los derechos correspondientes a la demandada).

De la regulación legal deriva que el proceso está integrado por fases o etapas indispensables que se componen de diversos actos, por lo que aparece como un conjunto concatenado de actos y formalidades que pueden culminar con una sentencia que resuelva el fondo de la controversia.

Ese conjunto de actos y formalidades tiene por objeto garantizar el respeto de todos los derechos de las partes en las distintas etapas del proceso, a fin de preparar la resolución con la garantía de plena intervención de todos los interesados.

En esas condiciones, lo ordinario es que la relación jurídica procesal se integre entre quien ejerce la acción y la persona demandada por éste en el escrito inicial, como base para asegurar el respeto pleno a su intervención en todas las fases (integración de la litis, periodo probatorio, alegatos, etcétera), lo cual se lleva a cabo mediante el emplazamiento, como instrumen

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31460-947f2996/secreto-bancario-no-se-viola-cuando-una-autoridad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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