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Modo: Corpus Pro

NEGATIVA FICTA O TÁCITA DEL BENEFICIO DE AMNISTÍA. ANTE LA FALTA DE REGULACIÓN EN LA LEY DE AMNISTÍA SOBRE EL RECURSO EFECTIVO EN SU CONTRA, RESULTA PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NEGATIVA FICTA O TÁCITA DEL BENEFICIO DE AMNISTÍA. EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE AMNISTÍA VULNERA LOS DERECHOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO AL NO ESPECIFICAR EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN APLICABLE.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 317/2022. · Registro digital (IUS): 31551
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-06-23
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Junio de 2023, Tomo IV, Pág.3574.

AMPARO EN REVISIÓN 317/2022. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y DE LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: MINISTRA PRESIDENTA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIAS: IRLANDA DENISSE ÁVALOS NÚÑEZ Y SOFÍA REGALADO ESPINOSA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: El señor ********** fue condenado por el delito contra la salud en la modalidad de transporte del narcótico denominado cannabis sativa L, tipificado en el artículo 194, fracción I, del Código Penal Federal, por lo que se le impuso una pena de siete años de prisión. El diez de septiembre de dos mil veinte, el señor ********** solicitó el beneficio de amnistía contemplado en la Ley de Amnistía, publicada el veintidós de abril de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación.

Ante la negativa de la Comisión de Amnistía de otorgarle tal beneficio –ya que conforme a la Ley de Amnistía si en un plazo de cuatro meses no ha notificado su determinación sobre la solicitud se considerará en sentido negativo– el señor ********** promovió un juicio de amparo en el que reclamó dicho acto, así como la inconstitucionalidad del penúltimo y último párrafos del artículo 3 de la citada ley.

El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio al considerar que la falta de respuesta de la autoridad administrativa constituyó una negativa ficta, por lo que debió agotar el procedimiento contencioso administrativo, sin que se actualizara una excepción al principio de definitividad, pues no se trataba de actos preliberacionales relacionados con la materia penal.

En desacuerdo, el señor ********** interpuso recurso de revisión. El Tribunal Colegiado del conocimiento levantó el sobreseimiento decretado y reservó jurisdicción a este Alto Tribunal para analizar la constitucionalidad del penúltimo y último párrafos del artículo 3 de la Ley de Amnistía.

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al treinta de noviembre de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 317/2022, interpuesto por **********, por conducto de su defensor público federal **********, en contra de la resolución dictada el diez de noviembre de dos mil veintiuno por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, en el amparo indirecto **********.

El problema jurídico que debe resolver esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si el artículo 3, penúltimo y último párrafos, de la Ley de Amnistía es inconstitucional, al no establecer qué medio de defensa es el que resulta aplicable contra la negativa de la Comisión de Amnistía de resolver procedente dicho beneficio.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Hechos.(1) El tres de marzo de dos mil diecinueve, aproximadamente a las once horas, el señor ********** viajaba en una camioneta de Matehuala a San Luis Potosí, cuando fue detenido por un agente de la policía al transitar con exceso de velocidad e invadir el carril contrario. El agente policial inspeccionó la camioneta y encontró cincuenta paquetes de cannabis sativa L (marihuana), con un peso total de quinientos dos kilos con sesenta y ocho gramos, por lo que el señor ********** fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

2. Causa penal (expediente **********). Por esos hechos, el quince de marzo de dos mil diecinueve, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de San Luis Potosí, mediante un procedimiento abreviado, declaró al señor ********** penalmente responsable (como autor material directo), por la comisión del delito contra la salud en la modalidad de transporte del narcótico denominado cannabis sativa L, tipificado en el artículo 194, fracción I, del Código Penal Federal.(2)

3. Por esa razón, el Juez le impuso una pena privativa de la libertad de siete años; cien días de multa, equivalente a ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos; y le suspendió sus derechos civiles y políticos.

4. Asimismo, por lo que hace a la ejecución de la pena, el Juez estableció que de conformidad con el artículo único del Acuerdo General Número 28/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual se habilita a los Jueces de Distrito de los Centros de Justicia Penal Federal para ejercer funciones de ejecución de sanciones penales, la ejecución de la sentencia estaría a su cargo hasta la total resolución de los asuntos sobre el tema.

5. Publicación de la Ley de Amnistía. El veintidós de abril de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Amnistía, la cual concede este beneficio en favor de las personas respecto de las cuales se haya ejercitado acción penal y que hayan sido procesadas o sentenciadas, siempre que no sean reincidentes por los delitos cometidos antes de la fecha de entrada en vigor de la ley, incluido el delito contra la salud, en su modalidad de transporte de narcóticos.(3)

6. Dicha ley establece que el Ejecutivo Federal integrará una Comisión que tendrá por objeto coordinar los actos para determinar la procedencia del beneficio de amnistía.(4) Así, el dieciocho de junio de dos mil veinte se emitió en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se creó la Comisión de Amnistía.(5)

7. Asimismo, el citado ordenamiento establece que la persona interesada o su representante legal podrá solicitar a la Comisión el beneficio de amnistía, quien determinará su procedencia y someterá la decisión a la calificación de un Juez Federal. Esta solicitud deberá ser resuelta por la Comisión en un plazo máximo de cuatro meses contados a partir de la presentación; transcurrido ese plazo, se considerará resuelta en sentido negativo y la persona interesada podrá interponer los "medios de defensa que resulten aplicables".

8. Solicitud de amnistía. El diez de septiembre de dos mil veinte, el señor **********, mediante correo electrónico enviado a amnistia@segob.gob.mx, solicitó a la Comisión de Amnistía que se le aplicara en su favor el beneficio de amnistía. Lo anterior, porque a su consideración cumple con los requisitos previstos en la ley, pues no es reincidente respecto del delito por el que fue sentenciado, y tiene una discapacidad física permanente en la pierna izquierda.(6)

9. Amparo indirecto. Después de transcurrido el plazo de cuatro meses que establece la Ley de Amnistía en su artículo 3, el trece de mayo de dos mil veintiuno, el señor **********, por conducto de su defensor público federal, **********, promovió un juicio de amparo en contra de las autoridades y por los actos siguientes:

a) Los integrantes de la Comisión de Amnistía, por la improcedencia del beneficio de amnistía solicitado y, en consecuencia, la negativa de someter su procedencia a la calificación de un Juez Federal.

b) La ejecución de dicha determinación por parte de la Secretaría Técnica de la Comisión, en términos del artículo 3, párrafo quinto, de la Ley de Amnistía.

c) La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Secretaría de Gobernación y el presidente de la República, respectivamente por la discusión, aprobación, refrendo(7) y publicación de los párrafos penúltimo y último del artículo 3 de la Ley de Amnistía.

10. En su demanda, el quejoso expuso los siguientes conceptos de violación:

a) El artículo 3, en sus párrafos penúltimo y último, de la Ley de Amnistía (publicada el veintidós de abril de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación) es violatorio del principio de legalidad y de seguridad jurídica, así como del derecho a un recurso efectivo, contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respectivamente, porque si bien dispone que ante la negativa de la solicitud de amnistía los interesados podrán interponer los medios de defensa que resulten aplicables, lo cierto es que no especifica de manera clara ni precisa cuál es el recurso y en qué ley se establece.

b) La negativa de la Comisión de Amnistía de someter la procedencia del beneficio solicitado por el quejoso **********, a la calificación de un Juez Federal, es violatoria de los derechos a la tutela judicial efectiva, al acceso a la justicia y al de libertad personal, así como del principio pro persona, por las siguientes razones:

• La Comisión transgredió el derecho a la libertad personal por no contestar positivamente la solicitud de amnistía y por no remitirla para la determinación del Juez penal competente.

• Con base en el derecho de tutela judicial efectiva y de acceso a la justicia, la Comisión responsable estaba obligada a resolver en tiempo y forma la solicitud mencionada y a privilegiar tales derechos declarándola procedente.

• La autoridad responsable vulneró el principio pro persona en perjuicio del quejoso, porque, en el caso, su observancia se traducía en que al reunirse los requisitos previstos en el artículo 3o. de la Ley de Amnistía para el otorgamiento del beneficio de la amnistía, entonces debió declararlo procedente.

• Debió considerarse que la Ley de Amnistía resulta aplicable a los delitos cometidos con anterioridad a su entrada en vigor (veintidós de abril de dos mil veinte) y para quienes no tengan el carácter de reincidentes, lo cual acontece en el caso; además, debió valorarse que tiene una discapacidad motriz en la extremidad inferior izquierda.

11. Sentencia de amparo (expediente **********). El diez de noviembre de dos mil veintiuno, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí sobreseyó en el juicio de amparo al considerar actualizada la causa de improcedencia de la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 1o., fracción I, y 107, ambos de la Ley de Amparo,(8) consistente en la falta de agotamiento de los recursos ordinarios, por las razones siguientes:

a) La falta de respuesta por parte de la Comisión de Amnistía es una negativa ficta, pues deriva del silencio de la autoridad administrativa. La negativa ficta es la presunción de que la petición fue denegada por la autoridad administrativa cuando transcurre el plazo legal correspondiente sin mediar resolución alguna, cuyo objetivo es que el particular tenga acceso a la jurisdicción.

b) La Ley de Amparo establece la procedencia del juicio de amparo contra normas generales y contra actos de autoridad existentes, en los que sí se cuenta con la voluntad de la autoridad, o contra omisiones, pero no contra la negativa ficta. Ello, toda vez que esta figura no es un acto jurídico sino un instrumento que faculta al solicitante a acudir a sede administrativa para exigir una respuesta.

c) El quejoso debió acudir primeramente al juicio contencioso previsto en el artículo 3, fracción XV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como los diversos 2 y 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

d) No es aplicable la excepción de agotamiento de recursos ordinarios por beneficios preliberacionales o relacionados con el cómputo de la pena, pues el acto reclamado proviene de autoridad administrativa. Lo anterior, ya que no ha intervenido el Juez especializado como autoridad penal, y sólo hasta ese momento el acto tendría esta última naturaleza.

e) Es improcedente el análisis de constitucionalidad del artículo 3 de la Ley de Amnistía ya que no existe un acto concreto de aplicación. La negativa ficta constituye dicho acto una vez que se resolvió el juicio de nulidad de forma desfavorable.

f) Por lo tanto, procede extender el sobreseimiento al artículo 3 de la Ley de Amnistía, impugnado con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en la negativa ficta de la Comisión de Amnistía.

12. Recurso de revisión. Inconforme, el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, el señor **********, por conducto de su defensor público federal, **********, interpuso recurso de revisión en el que alegó esencialmente lo siguiente:

a) Fue incorrecto que el Juez de Distrito haya sobreseído en el juicio de amparo, pues parte de la premisa falsa de que se reclamó una negativa ficta, cuando en realidad fue la negativa directa de otorgar el beneficio amnistía de conformidad con la ley de la materia.

b) La sentencia reclamada vulnera el derecho al acceso a la justicia al declararse el sobreseimiento basado en que el acto reclamado carece de definitividad. Lo anterior, pues se actualiza la excepción a este principio en tanto que la negativa de otorgar el beneficio le continúa violando el derecho a la libertad.

13. Recurso de revisión adhesiva. El ocho de marzo de dos mil veintidós, la titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos, designada por el secretario de Gobernación, en su carácter de presidente de la Comisión de Amnistía, y en representación del titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, en su carácter de secretario técnico de dicha Comisión y del presidente de la República, interpuso recurso de revisión adhesiva. En su escrito, las autoridades recurrentes sostuvieron lo siguiente:

a) Son inoperantes los argumentos del recurrente que tratan de combatir el sobreseimiento decretado, ya que parten de la premisa falsa de que el procedimiento para obtener la amnistía es penal. Como lo señaló el Juez de Distrito, las primeras etapas del procedimiento de amnistía se ejecutan ante autoridades de carácter administrativo, y es hasta que se turna el expediente al Juez Federal competente que se podría considerar como penal.

b) La sentencia recurrida no transgrede el derecho de libertad personal del recurrente, pues ya fue procesado y sentenciado por un Juez penal previamente al proceso de amnistía.

c) Debe confirmarse el sobreseimiento decretado, pues la negativa ficta es propia del derecho administrativo y sólo es combatible a través del juicio contencioso administrativo, no vía juicio de amparo.

d) Debe quedar firme el sobreseimiento extensivo a los actos consistentes en la aprobación, expedición, promulgación y refrendo del artículo 3 de la Ley de Amnistía, ya que el quejoso no se inconformó contra esta determinación.

e) Se actualizan las causales de improcedencia que las autoridades hicieron valer en los informes justificados, consistentes en que la demanda de amparo es extemporánea y que el defensor público federal carece de legitimación para defender al quejoso.

14. Reserva de jurisdicción. El nueve de junio de dos mil veintidós, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito dictó sentencia en la que levantó el sobreseimiento decretado y reservó jurisdicción a este Alto Tribunal, en los siguientes términos:

a) Es incorrecto el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, pues parte de la premisa falsa de que el asunto en estudio es de naturaleza administrativa porque ninguna autoridad judicial en materia penal ha tenido injerencia. No obstante, el acto reclamado es de naturaleza penal, ya que lo que se reclamó fue la determinación en sentido negativo sobre la solicitud de amnistía de la Comisión y, por ende, la negativa de someter su procedencia a la calificación de un Juez de ejecución penal.

b) El acto reclamado por el quejoso está relacionado con la obtención del beneficio de amnistía, la cual es una causa de extinción de la acción penal, y dado que los eventos derivados de la ejecución de la pena son de naturaleza penal, es claro que lo que se reclama es de esta naturaleza y no una administrativa.

c) La Ley de Amnistía no establece de manera clara qué recurso de los señalados en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria, procede en contra de la negativa de otorgar el beneficio de amnistía, por lo que es incorrecto que el Juez de Distrito haya establecido que procede el juicio contencioso administrativo.

d) No se actualiza la causal de improcedencia sobre extemporaneidad. Lo anterior, dado que la Ley de Amnistía no fija un plazo para impugnar la negativa de otorgar el beneficio.

e) Tampoco se actualiza la causal de improcedencia relacionada con que el defensor público federal carece de facultades para representar al quejoso en el juicio de amparo, pues de constancias no se desprende el nombramiento. Lo anterior, porque el defensor manifestó bajo protesta de decir verdad que ostenta ese carácter, y el Juez de Distrito lo reconoció como tal mediante proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno.

f) Es infundado el recurso de revisión adhesiva dado que se levantó el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito y no se actualizan las causas de improcedencia alegadas en sus informes justificados.

g) Reservó jurisdicción a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que subsiste el tema de constitucionalidad del artículo 3 de la Ley de Amnistía, planteado por el quejoso en su demanda de amparo.

15. Admisión y turno. Por acuerdo de treinta de junio de dos mil veintidós, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación asumió la competencia originaria, admitió el recurso, lo radicó con el expediente 317/2022 y lo turnó para su estudio a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, como integrante de la Primera Sala.

16. Avocamiento. El diecisiete de agosto de dos mil veintidós, la Ministra presidenta de la Primera Sala tuvo por recibido el expediente, se avocó al conocimiento del asunto y ordenó enviar los autos a su ponencia para la elaboración del proyecto de resolución.

I. COMPETENCIA

17. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), y 83 de la Ley de Amparo; 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme al Acuerdo General Plenario Número 5/2013, punto tercero en relación con el segundo, fracción III, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece.

18. En efecto, de conformidad con el artículo 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución, el recurso de revisión procede contra las sentencias que pronuncien los Juzgados de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito en un juicio de amparo. A la Suprema Corte de Justicia de la Nación le corresponde conocer de estos recursos cuando, habiéndose impugnado en la demanda de amparo normas generales por considerarlas directamente violatorias de la Constitución, subsiste en el recurso un problema de constitucionalidad.(9)

19. Por su parte, el artículo 83 de la Ley de Amparo reitera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del recurso de revisión contra sentencias dictadas en la audiencia constitucional, cuando se impugnen normas generales por considerarlas inconstitucionales, o cuando en la sentencia se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución y subsista en el recurso el problema de constitucionalidad; mientras que, en términos del numeral 84 de la misma ley, en los casos no previstos por la disposición previa, los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer del recurso de revisión.(10)

20. En el caso, estamos ante un recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en amparo indirecto en el que subsiste el análisis de constitucionalidad de los párrafos quinto y sexto (penúltimo y último) del artículo 3 de la Ley de Amnistía.

21. Al respecto, conviene recordar que el señor **********, por conducto de su defensor público federal **********, promovió un juicio de amparo en el que reclamó la improcedencia del beneficio a su favor (amnistía) solicitado a la Comisión de Amnistía y, en consecuencia, la negativa de someter la procedencia de dicho beneficio a la calificación de un Juez Federal, así como la inconstitucionalidad de los párrafos quinto y sexto del artículo 3 de la Ley de Amnistía al no precisar con claridad cuál es el recurso que procede ante dicha negativa. 22. En la sentencia de amparo, el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio al considerar que la falta de respuesta de la Comisión de Amnistía se trataba de una negativa ficta, propia del derecho administrativo, por lo que el quejoso debió acudir primero al juicio contencioso administrativo, sin que se actualizara la excepción al principio de definitividad, ya que el acto no era de naturaleza penal. Así, hizo extensivo el sobreseimiento respecto al reclamo de inconstitucionalidad del artículo 3 de la Ley de Amnistía, pues el quejoso impugnó la negativa como el primer acto de aplicación.

23. En desacuerdo, el solicitante del amparo interpuso recurso de revisión. El Tribunal Colegiado del conocimiento levantó el sobreseimiento decretado al considerar que la ausencia de respuesta de la Comisión de Amnistía no constituía una negativa ficta, sino la negación del otorgamiento del beneficio de amnistía, el cual es de naturaleza penal y no administrativa, al ser una forma de extinción de la acción penal. En virtud de lo anterior, reservó jurisdicción a este Alto Tribunal para que se pronunciara sobre la constitucionalidad de los párrafos quinto y sexto (penúltimo y último párrafos) del artículo 3 de la Ley de Amnistía, pues no existe precedente alguno en la materia.

24. Por lo anterior, esta Primera Sala reasume su competencia originaria para conocer del presente recurso de revisión, al subsistir un tema constitucional, respecto del cual no existe pronunciamiento por parte de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

II. OPORTUNIDAD, LEGITIMACIÓN Y PROCEDENCIA

25. En el caso es innecesario analizar si el recurso de revisión se interpuso de manera oportuna, por parte legitimada y si es o no procedente, pues el Tribunal Colegiado del conocimiento ya examinó dichos presupuestos procesales en la resolución de nueve de junio de dos mil veintidós –en la que se reservó jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación– y los consideró satisfechos, sin que esta Primera Sala advierta alguna razón para concluir que ese análisis sea incorrecto.

III. ESTUDIO DE FONDO

26. Esta Primera Sala considera que son fundados los argumentos del quejoso en los que se controvierte la regularidad constitucional del artículo 3, párrafos quinto en su porción normativa "los interesados podrán interponer los medios de defensa que resulten aplicables" y sexto (también identificados como penúltimo y último), de la Ley de Amnistía, publicada el veintidós de abril de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, pues dicho precepto vulnera los derechos de legalidad, seguridad jurídica y acceso a un recurso efectivo, respectivamente contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo anterior, en virtud de que no prevé de manera clara ni precisa los medios de defensa que resultan aplicables para que la persona interesada esté en aptitud de controvertir la negativa del beneficio de amnistía (negativa tácita) por parte de la Comisión de Amnistía.

27. El texto del artículo 3 de la Ley de Amnistía dice:

"Artículo 3. La persona interesada o su representante legal, podrá solicitar a la Comisión a que se refiere el párrafo tercero de este artículo la aplicación de esta ley. Dicha Comisión determinará la procedencia del beneficio y someterá su decisión a la calificación de un juez federal para que éste, en su caso, la confirme, para lo cual:

"I. Tratándose de personas sujetas a proceso, o indiciadas pero prófugas, el juez federal ordenará a la Fiscalía General de la República el desistimiento de la acción penal, y

"II. Tratándose de personas con sentencia firme, se realizarán las actuaciones conducentes para, en su caso, ordenar su liberación.

"Para efectos de las solicitudes que presenten las personas que hayan sido vinculadas a proceso o sentenciadas por las conductas señaladas en el artículo 1, fracción VI, de la presente Ley, la Comisión deberá solicitar opinión previa a la Secretaría de Gobernación.

"El Ejecutivo Federal integrará una Comisión que coordinará los actos para dar cumplimiento y vigilar la aplicación de la presente Ley, en los casos en que considere que un hecho encuadra dentro de algún supuesto de los previstos en el artículo 1 de esta Ley.

"Las solicitudes podrán ser presentadas por las personas que tengan relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con el interesado o por organismos públicos defensores de derechos humanos, cumpliendo los procedimientos que determine la Comisión.

"La solicitud de amnistía será resuelta por la Comisión en un plazo máximo de cuatro meses contados a partir de la presentación de la misma. Transcurrido dicho plazo sin que se notifique su determinación, se considerará resuelta en sentido negativo y los interesados podrán interponer los medios de defensa que resulten aplicables.

"Serán supletorias de esta Ley, en lo que corresponda, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Nacional de Procedimientos Penales."

28. A fin de explicar la conclusión alcanzada por esta Primera Sala, se considera necesario desarrollar los siguientes apartados: a) el contexto conceptual e histórico de la figura de amnistía; b) el origen legislativo de la Ley de Amnistía; c) la regulación del beneficio (amnistía) en la Ley de Amnistía; d) la naturaleza jurídica de la amnistía; e) el procedimiento de la solicitud de amnistía; y, f) el parámetro de regularidad de los derechos que se aducen vulnerados y el análisis de la norma impugnada.

29. El desarrollo de los temas anteriores es pertinente para que, a partir del entendimiento de la naturaleza jurídica de la amnistía, su objetivo y alcance, pueda identificarse qué tratamiento debe darse conforme al procedimiento previsto en la ley de la materia y, en todo caso, ante la falta de disposición expresa y definida de los medios de defensa para impugnar las determinaciones de la Comisión de Amnistía (conforme al artículo aquí cuestionado), identificar cuál sería el cauce legal, con carácter de un recurso efectivo, para que una determinación en sentido negativo de dicho organismo fuera revisable.

A. Contexto conceptual e histórico de la figura de amnistía

30. Este apartado tiene como propósito contextualizar la figura de amnistía, mediante su definición, su diferencia con el indulto, la identificación de las amnistías inadmisibles, así como el señalamiento de algunos de sus antecedentes históricos a nivel nacional, a fin de clarificar cuál es su naturaleza jurídica.

Definición y diferencia con el indulto

31. La palabra amnistía proviene del griego amnestia que significa "olvido". El Diccionario de la Real Academia define a la amnistía como el perdón de cierto tipo de delitos que extingue la responsabilidad de sus autores.(11)

32. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha definido a la amnistía como una medida jurídica que tiene como efecto la posibilidad de impedir el enjuiciamiento penal y, en algunos casos acciones civiles, contra ciertas personas o categorías de personas con respecto a una conducta cometida antes de la aprobación de la amnistía o la anulación retrospectiva de la responsabilidad jurídica penal anteriormente determinada.(12)

33. La amnistía es un medio por el cual se concluye la acción penal y se extingue la responsabilidad penal, la pena y los efectos, excepto la reparación del daño, por disposición de una ley.(13)

34. Dicha figura se distingue del indulto, pues éste es un acto oficial que realiza el Poder Ejecutivo mediante el cual exime a personas condenadas de la aplicación de la pena en todo o en parte, derivado de la comisión de un delito, sin borrar la condena.(14) Es decir, extingue únicamente la pena mas no la responsabilidad ni la obligación de reparar.

35. En México, la facultad de conceder amnistías a nivel federal es del Congreso de la Unión, de conformidad con la fracción XXII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(15) mientras que la de otorgar el indulto es del presidente de la República, en términos de la fracción XIV del artículo 89 del mismo ordenamiento.(16)

36. En este orden de ideas, la amnistía es una forma de extinción de la acción penal, por la que se "olvida" la responsabilidad, la pena y sus consecuencias, salvo la reparación integral del daño a las víctimas, lo cual pone en relieve que su naturaleza es eminentemente penal.

Amnistías inadmisibles

37. Importa mencionar que la amnistía, para ser admisible en observancia y respeto a los derechos humanos junto con el cumplimiento a los compromisos y obligaciones asumidas convencionalmente por los Estados,(17) no debe operar tratándose de la sanción al genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y las violaciones graves a derechos humanos, ni conducir a la violación de los derechos de las víctimas y el derecho a conocer la verdad.

38. Así pues, la amnistía debe cumplir con ciertos criterios para que sea lícita: i) sancionar a las personas responsables de crímenes internacionales y de violaciones graves a los derechos humanos; ii) garantizar que las víctimas tengan un recurso efectivo y que obtengan reparaciones; y, iii) garantizar el derecho a la verdad. Por lo tanto, una amnistía es inadmisible cuando se trate de eliminar la responsabilidad penal por estos crímenes.(18)

Leyes de Amnistía en México

39. En nuestro país se han emitido diversas leyes de amnistía, principalmente después de conflictos políticos relevantes como la Guerra de Reforma, la Revolución, el levantamiento por supue

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31551-13610c04/negativa-ficta-o-tacita-del-beneficio-de-amnistia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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