SOLICITUD DE AMNISTÍA EN EL ÁMBITO FEDERAL. VÍAS PARA IMPUGNAR LA NEGATIVA POR PARTE DE LA COMISIÓN DE AMNISTÍA.
AMPARO EN REVISIÓN 174/2022. 15 DE MARZO DE 2023. CINCO VOTOS DE LA MINISTRA Y LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: JAQUELINE SÁENZ ANDUJO.
ÍNDICE TEMÁTICO
********** fue declarado penalmente responsable por el delito de transporte de clorhidrato de metanfetamina. El defensor público del sentenciado presentó una solicitud ante la Comisión de Amnistía, al considerar que su representado se encontraba dentro de los supuestos para que se declarara la extinción de las sanciones impuestas.
Ante la falta de respuesta de la Comisión, el defensor del sentenciado solicitó a un juez de ejecución penal que otorgara la amnistía solicitada. El juez de ejecución desechó la solicitud de amnistía, al considerar que la negativa ficta de la Comisión debía ser impugnada a través de un juicio contencioso administrativo. Ese desechamiento fue confirmado en apelación.
El defensor del sentenciado promovió juicio de amparo indirecto y el tribunal de amparo reiteró que la negativa ficta a una solicitud de amnistía se debe impugnar por la vía administrativa. Inconforme con lo resuelto, el defensor del quejoso interpuso recurso de revisión.
El problema jurídico por resolver consiste en determinar si, como parte del trámite de una solicitud de amnistía en el ámbito federal, es necesario acudir ante la Comisión de Amnistía o si, por el contrario, es posible hacer la solicitud de dicho beneficio directamente ante un juez de ejecución penal. De concluirse que es necesario agotar el trámite ante la Comisión, se analizará si la legislación de la materia permite determinar el medio de defensa aplicable contra la negativa del beneficio emitida por la Comisión de Amnistía. De igual forma, se definirá cuál es la autoridad competente para analizar la negativa ficta que se cuestiona en el caso concreto
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al 15 de marzo de 2023, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo en revisión 174/2022 interpuesto por ********** contra la resolución de 29 de junio de 2021, dictada por el Tribunal Unitario del Trigésimo Circuito con sede en Aguascalientes, en el expediente de amparo indirecto 35/2021.
El problema jurídico por resolver consiste en determinar si, como parte del trámite de una solicitud de amnistía en el ámbito federal, es necesario acudir ante la Comisión de Amnistía o si, por el contrario, es posible hacer la solicitud de dicho beneficio directamente ante un juez de ejecución penal. De concluirse que es necesario agotar el trámite ante la Comisión, se analizará si la legislación de la materia permite determinar el medio de defensa aplicable contra la negativa del beneficio emitida por la Comisión de Amnistía. De igual forma, se definirá cuál es la autoridad competente para analizar la negativa ficta que se cuestiona en el caso concreto.
ANTECEDENTES DEL CASO
1. Causa penal. El 26 de agosto de 2016, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Aguascalientes consideró a ********** (en adelante, sentenciado, quejoso o recurrente) penalmente responsable por el delito de transporte de clorhidrato de metanfetamina. Con motivo de dicho delito, el juez impuso una pena de siete años y seis meses de prisión.(1)
2. Solicitud de amnistía ante la Comisión de Amnistía. El 8 de diciembre de 2020, el defensor público del sentenciado presentó una solicitud ante la Comisión de Amnistía, al considerar que su representado se encontraba dentro de los supuestos para que se declarara la extinción de las sanciones impuestas.
3. Solicitud de amnistía ante un juez de ejecución penal. El 27 de abril de 2021, el defensor público del sentenciado solicitó al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Ejecución, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Zacatecas, la aplicación judicial de la Ley de Amnistía.
4. El defensor público aclaró que habían transcurrido más de cuatro meses desde que presentó su solicitud ante la Comisión de Amnistía sin que se le diera respuesta. Asimismo, explicó que –conforme a la Ley de Amnistía– la falta de respuesta debía entenderse como una negación de la solicitud; por lo tanto, el defensor estimó que procedía una controversia de ejecución penal, conforme al artículo 116, fracción IV, de la Ley Nacional de Ejecución Penal.(2)
5. El 28 de abril de 2021, el juez de ejecución desechó por improcedente la solicitud de amnistía. De acuerdo con el juez, la falta de respuesta por parte de la Comisión de Amnistía configuró una negativa ficta que debía ser impugnada a través de un juicio contencioso administrativo.
6. Recurso de apelación. En desacuerdo con el desechamiento de su solicitud, el defensor del sentenciado interpuso recurso de apelación.
7. El 25 de mayo de 2021, en el toca de apelación **********, el Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito confirmó el auto de desechamiento al estimar que una negativa ficta (derivada del silencio de la autoridad después de transcurridos cuatro meses de la solicitud) debe impugnarse a través de un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y no a través de una controversia de ejecución penal.
TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO
8. Juicio de amparo indirecto. El defensor del sentenciado promovió juicio de amparo indirecto contra las autoridades y actos siguientes:
• Del magistrado del Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito, la resolución de 25 de mayo de 2021 dictada en el toca penal **********.
• Del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Zacatecas, la ejecución de la resolución emitida por el tribunal de alzada.
9. Correspondió conocer del asunto al Tribunal Unitario del Trigésimo Circuito, con sede en Aguascalientes, quien registro el asunto como juicio de amparo indirecto 35/2021. El 29 de junio de 2021, el tribunal negó el amparo solicitado.
10. Recurso de revisión. Inconforme con lo resuelto, el defensor del quejoso interpuso recurso de revisión. El asunto fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, quien registró el expediente con el número 150/2021 de su índice. En sesión de 2 de septiembre de 2021, el tribunal colegiado solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerciera su facultad de atracción para resolver el asunto.
11. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 483/2021. En sesión de 8 de diciembre de 2021, la Primer Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió ejercer su facultad de atracción para resolver el asunto.
12. La Sala destacó que, entre otros temas, el caso permitiría definir si los jueces de ejecución se encuentran facultados para pronunciarse respecto a una solicitud de amnistía, aun ante la ausencia de respuesta de la Comisión o si sólo pueden pronunciarse cuando la solicitud se estima procedente. Asimismo, la Sala resolvió que el asunto permitiría definir cuál es la vía para impugnar la falta de respuesta por parte de la Comisión de Amnistía que, conforme a la ley de la materia, se entiende como un rechazo a la solicitud presentada.
13. Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 26 de abril de 2022, el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el asunto como amparo en revisión 174/2022 y ordenó la radicación del asunto en la Primera Sala, así como su turno al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
14. El 24 de junio de 2022, la entonces presidenta de la Primera Sala se abocó al conocimiento del asunto y ordenó el envío de los autos a la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
I. COMPETENCIA
15. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente amparo en revisión, en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Ley de Amparo; 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y los puntos Segundo y Tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013. La Primera Sala es competente, pues el recurso de revisión se interpuso contra una sentencia dictada por un tribunal unitario en un juicio de amparo indirecto y no se considera necesaria la intervención del Pleno.
II. OPORTUNIDAD Y PROCEDENCIA
16. No es necesario analizar la procedencia del recurso ni su oportunidad, pues el tribunal colegiado de circuito que previno en el conocimiento determinó que el recurso de revisión es procedente y se interpuso dentro del plazo legal.
III. LEGITIMACIÓN
17. Tampoco es necesario analizar la legitimación del recurrente, porque el tribunal colegiado de circuito que previno en el conocimiento concluyó que el defensor del quejoso se encuentra legitimado para interponer el recurso bajo estudio.
IV. ELEMENTOS NECESARIOS PARA RESOLVER
18. Antes de estudiar el fondo del asunto, conviene reseñar los argumentos desarrollados a lo largo de la secuela procesal.
19. Demanda de amparo. En su demanda de amparo, el quejoso reclamó que se confirmara el desechamiento de su solicitud de amnistía, por las razones siguientes:
a) El tribunal unitario indebidamente negó el trámite judicial de la solicitud de amnistía. Las solicitudes de amnistía son asuntos de naturaleza penal, pues involucran la libertad personal y la aplicación de una ley penal. El asunto involucra la libertad personal, porque dicho derecho no solo se afectó con la sentencia condenatoria, sino que esa afectación continúa cuando se niega una solicitud de amnistía. Por lo tanto, no hay razón para litigar el caso ante instancias administrativas
b) Cuando se presenta una solicitud de amnistía, a la Comisión de Amnistía solo le corresponde dar una opinión. En cambio, la resolución del asunto le corresponde a la autoridad judicial en términos del artículo 21 constitucional.
Incluso, ni siquiera se debería exigir agotar una instancia administrativa antes de acudir a la autoridad judicial, pues los casos para la procedencia de la solicitud están bien definidos en la Ley de Amnistía. La intervención de la Comisión de Amnistía sólo obstaculiza el acceso a la justicia, al retrasar la resolución judicial.
c) La Ley de Amnistía es una ley penal, por lo que sólo deben conocer de ella los jueces penales. Además, no es el tipo de autoridad lo relevante para definir el enfoque del asunto, sino la materia que está en juego.
d) Es un contrasentido que, cuando la Comisión de Amnistía debe acudir ante un tribunal, lo haga ante un juez penal; en cambio, si la persona solicitante es quien acude a un tribunal, sea ante un juez administrativo. Bajo esa lógica, dependiendo de la persona accionante el asunto sería penal o administrativo, lo cual no es racional ni proporcional, sino discriminatorio.
e) Que el silencio de la Comisión de Amnistía pudiera configurar una "negativa ficta" no debe llevar a soslayar que la Ley de Amnistía es de naturaleza penal.
f) En el caso se dejó de cumplir lo previsto en el artículo 37 del Acuerdo General 21/2022 del Consejo de la Judicatura Federal. Dicho acuerdo no puede pretender que sólo la comisión acuda ante jueces especializados. De ser así, se discriminaría a las personas, pues solo la autoridad tendría un acceso pleno a la justicia.
g) La referencia a la Ley del Procedimiento Administrativo prevista en la Ley de Amnistía debe entenderse sólo en lo que pueda ser útil. No para regir el procedimiento en lo sustancial ni para determinar los recursos o las autoridades competentes. Además, la Ley de Amnistía también contempla como legislación supletoria al Código Nacional de Procedimientos Penales.
h) Desde un punto de vista histórico, se dio una discusión similar sobre la naturaleza de los actos emitidos por autoridades ejecutoras de sanciones. Al final, se concluyó que las investigaciones o averiguaciones seguidas ante el Ministerio Público son actos eminentemente penales, aunque formalmente pudieran considerarse administrativos.
i) La Ley Nacional de Ejecución Penal comprende todos los procedimientos relacionados con la extinción de penas. Sin excepción. Es un exceso pretender que dicha ley contenga una referencia exhaustiva de todos los casos. Particularmente, porque no es común que haya leyes de amnistía.
En el mismo orden de ideas, el artículo 8 de la Ley Nacional de Ejecución Penal considera subsidiarias a todas las leyes penales. La Ley de Amnistía es una Ley Penal. También lo es el Código Penal Federal que, en su artículo 92, regula la amnistía. En suma, se trata de un solo sistema y de una unidad de leyes.
La Ley de Amnistía no puede atribuirles competencia a autoridades distintas a las judiciales para resolver las solicitudes de amnistía, pues ello no tiene sustento constitucional ni sistemático.
j) La Ley de Amnistía no se encuentra en el mismo rango que la Ley Nacional de Ejecución Penal. Conforme al artículo 133 constitucional, las leyes generales están por encima de las leyes federales, pues trascienden al ámbito federal y local. Además, las leyes generales son un mandato inevitable para el legislador, mientras que las leyes federales les son opcionales.
k) En el caso, la Ley Nacional de Ejecución Penal es una ley general que regula el artículo 21 constitucional, mientras que la Ley de Amnistía es una Ley Federal opcional para el legislador secundario y se enfoca solo a lo federal.
20. Sentencia de amparo. El tribunal unitario negó el amparo por las razones siguientes:
a) La solicitud de amnistía es un acto reglado en la Ley de Amnistía. Pese a que se dirige a personas privadas de libertad, la ley contempla un trámite administrativo previo a la intervención del juez federal. Además, pese a que afecte la libertad del quejoso, esa circunstancia no es un referente para determinar la vía en que debe impugnarse la negativa ficta derivada de la falta de respuesta por parte de la Comisión de Amnistía.
b) A la Comisión de Amnistía sí le corresponde tramitar y resolver las solicitudes de amnistía. Conforme a la ley de la materia, la Comisión somete su decisión a calificación de un juez únicamente cuando la solicitud sea procedente. Cuando se niega la solicitud, la Comisión sólo debe notificar su determinación a las partes.
c) Que no se reconozcan a la Comisión de Amnistía facultades para intervenir en procesos penales o procedimientos de ejecución penal ilustra que el trámite que siguen las solicitudes de amnistía es una instancia esencialmente administrativa.
Si, por una parte, el trámite se sigue ante una instancia administrativa y si, por otra parte, los casos de aplicación de la Ley de Amnistía están bien definidos, entonces sí es exigible que se agote esa instancia administrativa.
d) El legislador tiene una amplia libertad de configuración para definir la vía para el acceso a la amnistía. Si en ejercicio de esa libertad decidió que debe llevarse a cabo un procedimiento administrativo; entonces, debe agotarse esa instancia administrativa. Los asuntos no pueden ser judicializados desde el principio.
e) La materia de la Ley de Amnistía no es relevante para determinar qué autoridad es competente para conocer de una solicitud de amnistía. Esto se encuentra definido claramente en la ley, donde se señala que la Comisión de Amnistía es quien resuelve la procedencia de las solicitudes presentadas.
f) La circunstancia de que, ante la negativa ficta, el interesado deba acudir ante la autoridad administrativa no implica que, en ciertos casos el asunto sea de naturaleza penal y, en otros casos, administrativa. No se trata de situaciones análogas. El interesado interpone un medio de defensa por la vía administrativa, mientras que la Comisión de Amnistía no interpone un medio de defensa, sino que somete a la calificación de un juez la procedencia de la amnistía.
Al no ser situaciones análogas, acudir ante autoridades distintas para obtener pronunciamientos distintos no es un contrasentido.
g) Aun cuando la Ley de Amnistía no señale expresamente el recurso o la autoridad ante la cual acudir cuando se configure una negativa ficta, la ley sí contempla como regulación supletoria la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
A partir de esa referencia, debe considerarse lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Con base en estas disposiciones es posible concluir que en contra de la negativa ficta prevista en la Ley de Amnistía procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
h) Como la propia Ley de Amnistía implícitamente resuelve qué recurso interponer al configurarse una negativa ficta, no existen las condiciones para aplicar el principio pro persona. No existen dos interpretaciones jurídicas posibles ni dos disposiciones legales aplicables de entre las cuales preferir la más favorable para el quejoso.
i) No se viola el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues este acuerdo no regula la procedencia de la solicitud de amnistía, ni fija la autoridad competente para conocer de ella. Ambas cuestiones se encuentran definidas en la Ley de Amnistía.
j) Además, el acuerdo citado facultó a los jueces de ejecución para la tramitación y resolución de las solicitudes de amnistía que presente la comisión, debido a que se trata una competencia expresa derivada del artículo 3, párrafo primero, de dicha Ley de Amnistía.
k) La Ley de Amnistía no condiciona la supletoriedad de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en función de su utilidad. Su aplicación depende de la fase en que se encuentre el asunto. La resolución de amnistía es un acto administrativo; por lo tanto, los recursos que procedan deben resolverse en la vía administrativa.
l) Aun cuando la Ley de Amnistía también contemple como regulación supletoria al Código Nacional de Procedimientos Penales, el recurso a interponer ante una negativa ficta se define conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues la negativa ficta se actualiza en la fase administrativa del procedimiento.
m) La Ley Nacional de Ejecución Penal no regula expresamente la solicitud de amnistía ni la impugnación de la negativa ficta descrita en el artículo 3 de la Ley de Amnistía, por lo tanto, no puede hacerse referencia a esta legislación para colmar algún vacío legal relacionado con la Ley de Amnistía.
Además, la Ley de Amnistía únicamente prevé la aplicación supletoria de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y del Código Nacional de Procedimientos Penales, no así de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por lo tanto, no es posible asumir que ésta última regule cuestiones relacionadas con la solicitud de amnistía o la impugnación de la negativa ficta prevista en la Ley de Amnistía.
n) Al margen que la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley de Amnistía pudieran o no relacionarse entre sí en términos jerárquicos, lo cierto es que, como se ha insistido, la solicitud de amnistía y la impugnación de la negativa ficta de mérito, se regulan en la Ley de Amnistía, no en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por tanto, no existe una antinomia o conflicto de leyes que tuviera que solucionarse mediante la aplicación del criterio de jerarquía
o) En suma, la Comisión de Amnistía es a quien corresponde tramitar y resolver sobre la procedencia de la amnistía, que por su naturaleza es un acto administrativo; por ende, la resolución que recaiga a la solicitud respectiva es de naturaleza administrativa y los recursos que proceden deben resolverse en vía administrativa. 21. Recurso de revisión. En su escrito de agravios, el recurrente señaló lo siguiente:
a) Es incorrecto que la resolución de amnistía es un acto meramente administrativo reglado por la Ley de Amnistía y que, por esa razón, los recursos correspondientes deban ser administrativos.
b) El tribunal colegiado pierde de vista que en el caso no se impugna una negativa ficta, lo que se solicitó es la aplicación inmediata de la Ley de Amnistía por parte de un juez. Lo que se reclamó en el juicio de amparo es la negativa del juzgador penal para conocer de esa aplicación. Ya sea que la solicitud se entienda como una acción o como un recurso.
c) Cuando la Comisión de Amnistía no resuelve la petición del solicitante, lo constitucionalmente procedente es acudir ante el juez penal respectivo, pues es quien tiene facultad para resolver sobre la extinción de penas.
d) La intervención de la Comisión de Amnistía podría interpretarse para que fuera más ágil el trámite, pero no para privar al juez de sus competencias constitucionales.
e) Los jueces penales no pueden renunciar a sus competencias constitucionales, pues son de orden público y condicionan la validez de un proceso.
f) La Ley de Amnistía debe ser interpretada conforme a la Constitución Federal para identificar la competencia autoriza a los jueces resolver solicitudes de amnistía. Además, la Ley de Amnistía no prohíbe el acceso inmediato a los jueces de distrito en materia penal. Sólo da la opción de acudir ante la Comisión de Amnistía, bajo la lógica de que ello es más efectivo y sencillo. Sin embargo, no se cumple ese propósito, porque se prevé un plazo muy largo (cuatro meses) para emitir una opinión.
g) La intervención de la Comisión de Amnistía no anula la competencia directa del juez penal. Ambas autoridades pueden tener una competencia simultánea, sin que se anulen entre sí. Acudir ante la comisión no anula la competencia del juez. Tampoco implica que se tenga que impugnar la decisión que tome la Comisión de Amnistía y menos que se impugne en una instancia administrativa.
h) La materia penal es exclusiva de las autoridades judiciales y la Ley de Amnistía no puede ser la excepción, pues es una ley que extingue sanciones y la acción penal.
i) Es una interpretación incorrecta estimar que la Comisión de Amnistía es quien decide sobre la procedencia de las solicitudes. La comisión solo da una opinión. Sin la decisión judicial, la postura de la comisión no puede ejecutarse. Bajo este panorama, la intervención de la autoridad administrativa debería facilitar el acceso a la justicia y no entorpecerlo.
Cuando la autoridad administrativa no resuelve la solicitud, la solicitante mantiene su acción constitucional y legal para acudir ante el juez natural. Entonces, cuando la Ley de Amnistía no señala los recursos que tienen los solicitantes de amnistías, debe interpretarse que deben ser aquellos que permitan el acceso a la justicia. Conforme a la Suprema Corte, esto se logra con la intervención de un juez penal y no con un recurso administrativo.
Además, en el caso no se reclama una negativa ficta de la autoridad administrativa, sino la "negativa expresa" de la autoridad judicial para aplicar la Ley de Amnistía.
j) La posibilidad de acudir ante un juez de ejecución no depende de lo hecho u omitido por la Comisión de Amnistía. Deriva del derecho constitucional de acceso pleno a la justicia, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, del Código Penal Federal y de la Ley de Amnistía interpretadas sistemáticamente.
k) Las personas involucradas en la extinción de penas tienen una acción o recurso constitucional para resolver cualquier situación atinente a esas cuestiones. Esta acción o recurso se desahoga ante un juez penal. La Comisión de Amnistía solo es una opción que debería facilitar la resolución, pero no es una instancia que sustituya al juez. La inconformidad es contra las autoridades judiciales que se niegan a conocer del asunto y no contra la comisión.
l) La Comisión de Amnistía no resuelve las solicitudes, pues su opinión no vincula al juez penal. Esa opinión tampoco debe implicar que la persona pierda la acción para acudir directamente ante su juez natural.
m) Posiblemente el legislador pensó que la amnistía podría resolverse como las peticiones sobre condiciones de internamiento previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal donde, primero se acude ante la autoridad administrativa y, en dado caso, ante el juez. Sin embargo, la extinción de penas solo le atañe al poder judicial. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte, la autoridad administrativa solo se encarga de la organización y funcionamiento de las prisiones, pero la extinción y modificación de las penas es competencia de los jueces penales.
n) La Ley de Amnistía no es la única que regula el procedimiento para su aplicación. El Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución penal establecen el procedimiento a seguir para cualquier situación que involucre la imposición, compurgación, modificación y extinción de penas. Además, el Código Penal Federal regula las causas de extinción de la acción penal y de las penas, cuya aplicación le corresponde a un juez penal.
o) Aunque el Código Penal Federal no contemple el procedimiento para las solicitudes de amnistía, el trámite es bastante sencillo. Basta que el particular acuda al juez penal y le acredite que se encuentra en un supuesto de la Ley de Amnistía. Esto se puede realizar en una audiencia pública, con intervención del Ministerio Público e, incluso, con la intervención de la Comisión de Amnistía.
p) Es incorrecto que, por intervenir la Comisión de Amnistía, todo el procedimiento y los recursos procedentes sean administrativos. No es la autoridad lo que hace administrativo un asunto, sino la materia de que se trata.
Esa posición se opone a la lógica del sistema penitenciario y a lo desarrollado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios.
q) La argumentación del tribunal unitario es circular pues da por hecho que las solicitudes de amnistía son de naturaleza administrativa para concluir que los recursos procedentes también son de esa naturaleza. La Ley de Amnistía debe interpretarse conforme a la Constitución Federal y conforme al sistema penitenciario para garantizar la posibilidad de acudir ante una instancia judicial para resolver la controversia planteada.
r) La Comisión de Amnistía debería ser una coadyuvante de la persona para procurar mejores resoluciones judiciales. Para asegurar la aplicación amplia, rápida y sencilla de la Ley de Amnistía. No debe ser un obstáculo ni una instancia previa para el solicitante. Particularmente cuando se establece un plazo largo para que emita su opinión.
s) Si se aceptara que es procedente acudir ante un tribunal de justicia administrativa para impugnar la negativa ficta, dicho tribunal tendría que decidir el fondo del asunto, es decir, si es procedente la aplicación de la amnistía. Posteriormente, la Comisión tendría que remitir esa resolución ante el juez penal para que emita la resolución definitiva. La intervención de dos jueces para la misma solicitud podría generar problemas ante su posible desacuerdo.
V. ESTUDIO DE FONDO
22. En el caso, el defensor de una persona privada de libertad presentó una solicitud de amnistía ante la Comisión encargada de tramitar esas peticiones. Transcurridos cuatro meses sin que la Comisión respondiera, el defensor solicitó ante un juez de ejecución penal que fuera esa autoridad quien directamente aplicara la Ley de Amnistía y concediera el perdón solicitado.
23. El juez desechó esa solicitud, pues consideró que la falta de respuesta por parte de la Comisión de Amnistía implicaba una negativa ficta que debía ser impugnada a través de un juicio contencioso administrativo. El defensor del solicitante apeló esta decisión y el tribunal de apelación coincidió en que era a través de un recurso administrativo como debía impugnarse la negativa ficta de la Comisión de Amnistía.
24. Ante lo resuelto por el tribunal de apelación, el defensor del solicitante promovió juicio de amparo. En su demanda, el defensor sostuvo que las solicitudes de amnistía se vinculan con la libertad personal. Por lo tanto, estimó que eran controversias de derecho penal y son los jueces de ejecución penal quienes deben resolver este tipo de asuntos. El tribunal unitario negó el amparo solicitado, al considerar que la vía que debía seguirse para su impugnación era la administrativa.
25. En su escrito de agravios, el defensor del quejoso aclara que él no pretende impugnar la respuesta ficta de la Comisión, sino la negativa de un juez penal para conocer del asunto y aplicar –de forma inmediata– la Ley de Amnistía por la vía judicial. Según el defensor, los jueces penales tienen facultades para resolver sobre la extinción de penas; por lo tanto, la intervención de la Comisión debe entenderse solo como una forma para agilizar el trámite, sin que implique que la persona pierda su acción o recurso para acudir ante un juez penal.
26. Al margen de lo anterior, el defensor insiste que la controversia en cuestión es de naturaleza penal, pues lo relevante para definir la materia del asunto no es la naturaleza de la Comisión de Amnistía, sino el hecho que las amnistías inciden en la libertad personal.
27. Conforme a la secuela narrada, corresponde definir si es necesario acudir ante la Comisión de Amnistía para el trámite de una solicitud de amnistía o si, por el contrario, es posible asistir directamente ante la autoridad judicial para que sea ésta quien apruebe o rechace el beneficio en cuestión. De concluirse que es necesario agotar la intervención de la Comisión, se evaluará si la Ley de Amnistía permite identificar la vía procedente para impugnar la negativa ficta de una solicitud de amnistía.
28. Para resolver ambas cuestiones, e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32664-8fe4648b/solicitud-de-amnistia-en-el-ambito-federal-vias · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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