RESOLUCIÓN NEGATIVA FICTA ATRIBUIDA A LA COMISIÓN DE AMNISTÍA. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA CARECE DE COMPETENCIA PARA CONOCER DE ELLA POR FALTA DE RESPUESTA A LA SOLICITUD DEL BENEFICIO DE EXTINCIÓN DE LA PENA FORMULADA POR PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN ALGÚN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL (CEFERESO).
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 9/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 24 DE OCTUBRE DE 2022. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS RENÉ OLVERA GAMBOA, ROBERTO CHARCAS LEÓN, OSCAR HERNÁNDEZ PERAZA Y MOISÉS MUÑOZ PADILLA. DISIDENTES: SILVIA ROCÍO PÉREZ ALVARADO, JACOB TRONCOSO ÁVILA, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR Y JESÚS DE ÁVILA HUERTA, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR AL CUAL SE ADHIRIÓ LA MAGISTRADA SILVIA ROCÍO PÉREZ ALVARADO. PONENTE: OSCAR HERNÁNDEZ PERAZA. SECRETARIOS: VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GARCÍA Y CARLOS ABRAHAM DOMÍNGUEZ MONTERO.
Zapopan, Jalisco. El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en sesión ordinaria (virtual) correspondiente al veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, emite la siguiente:
1. SENTENCIA, mediante la cual se resuelve la denuncia de contradicción de criterios 9/2022, entre los sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 363/2021, frente al diverso sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 250/2021; y,
RESULTANDO:
2. PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de criterios.
3. Mediante oficio **********, con fecha de presentación de diez de junio de dos mil veintidós,(1) firmado por los Magistrados y el secretario en funciones adscritos al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, denunciaron la posible contradicción de criterios, entre los sustentadas por dicho órgano jurisdiccional al resolver el amparo directo 363/2021, frente al diverso sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 250/2021.
4. SEGUNDO.—Admisión de la contradicción de tesis.
5. Por acuerdo de trece de junio de dos mil veintidós,(2) la presidencia de este Pleno de Circuito admitió a trámite el asunto, con el número de expediente de contradicción de criterios 9/2022 (anteriormente contradicción de tesis), de conformidad con los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, vigentes hasta el once de marzo y siete de junio de dos mil veintiuno, respectivamente, en congruencia con el numeral 9 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, luego de que en esa determinación de presidencia se analizaran de manera preliminar las posturas jurídicas formuladas en la denuncia correspondiente, se fijó como posible punto de contradicción, el siguiente:
"Establecer si de conformidad con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dicho tribunal tiene competencia o no para conocer de la resolución ‘negativa ficta’ dictada por la Comisión de Amnistía, configurada por el silencio que guardó respecto de la petición de amnistía."
6. En el propio auto admisorio, se recibió la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo número 363/2021 de la estadística del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y, en esa medida, por considerarlo necesario para la debida integración de este asunto, la presidencia de este Pleno solicitó a los Tribunales Colegiados contendientes, la siguiente información:
Ver información
7. De igual manera, con fundamento en el artículo (sic) 6, fracción VI, y 14, segundo párrafo, del Acuerdo General 17/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también se ordenó emitir el aviso correspondiente a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que informara a este Pleno de Circuito sobre la existencia de algún asunto radicado ante el Alto Tribunal del País que guardara relación con la temática planteada en la presente contradicción de criterios.
8. SEGUNDO.—Trámite y turno de la contradicción de criterios.
9. Por acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil veintidós,(3) se tuvieron por recibidas las comunicaciones oficiales de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, en donde se acompañó, por un lado, la demanda de amparo y la sentencia reclamada dentro de los autos del amparo directo 363/2021 del índice del órgano jurisdiccional denunciante y, por otra parte, la demanda de amparo, la sentencia reclamada y la ejecutoria que recayeron en el expediente de amparo directo 250/2021, de la estadística del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en donde además se informó que el criterio sostenido en este último asunto, seguía vigente.
10. Luego, mediante proveído de veintinueve de junio de dos mil veintidós,(4) se tuvo al director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando por oficio **********, que de la consulta realizada por la Secretaría General de Acuerdos, tanto en el sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver, como en los acuerdos de admisión dictados por el Ministro presidente durante los últimos seis meses, no se advirtió la existencia de algún asunto que guardara relación con la temática que aquí se plantea.
11. Finalmente, por auto de veintidós de agosto de dos mil veintidós,(5) se ordenó turnar los autos de la presente contradicción de criterios al Magistrado Oscar Hernández Peraza, adscrito al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para que procediera a la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. No obstante, el doce de septiembre del año en curso, el nombrado Magistrado de Circuito elaboró dictamen solicitando al Pleno que, con motivo encontrarse radicados en la estadística de la Suprema Corte de Justicia de la Nación diversos asuntos con el mismo tema y por su trascendencia, se aplazara el dictado de la resolución respectiva, hasta tanto la Superioridad se pronunciará sobre el particular; sin embargo, en sesión de veintiséis de septiembre siguiente, los titulares integrantes de este Pleno de Circuito rechazaron ese dictamen, considerando que, por seguridad jurídica para este Tercer Circuito, debía resolverse el mismo. Consecuentemente, el día veintisiete de septiembre siguiente, se ordenó retornar el asunto al Magistrado Oscar Hernández Peraza, para que procediera a la elaboración de la propuesta respectiva, en términos del artículo 28 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.
12. CUARTO.—Sesión virtual.
13. Este Pleno de Circuito en Materia Administrativa del Tercer Circuito, sesionará y resolverá el presente asunto de conformidad con los artículos 1, 2, 20 y 27 del Acuerdo General 21/2020 reformado por el diverso Acuerdo General 21/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.
14. La resolución de este asunto se llevará a cabo de manera remota, por videoconferencia, mediante el uso de medios electrónicos autorizados por el Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracciones I, III y V, del referido Acuerdo General 21/2020; y
CONSIDERANDO:
15. PRIMERO.—Competencia.
16. Este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en la fracción segunda del artículo primero transitorio(6) del decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, así como el diverso tercero transitorio(7) del decreto publicado en dicho medio oficial el once de marzo de dos mil veintiuno, por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativas al Poder Judicial de la Federación, toda vez que aún no se surte la competencia de los Plenos Regionales prevista en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que el trámite y resolución del presente asunto se rige por los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, vigentes hasta el once de marzo y siete de junio de dos mil veintiuno, respectivamente, en relación con el artículo 9 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios sostenidos por distintos Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
17. Asimismo, se surte la competencia de este Pleno para conocer de la presente contradicción de criterios conforme a lo dispuesto en el punto de Acuerdo 26/2021 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las "Consultas sobre el funcionamiento de los Plenos de Circuito en relación con la reforma constitucional en materia de justicia Federal, publicada el once de marzo de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación", cuya parte conducente establece lo siguiente:
"PRIMERA.—En acatamiento a los artículos 94 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y segundo, tercero y quinto transitorios del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2021 y al Acuerdo General 1/2021, de 8 de abril de 2021, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se determina el inicio de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, y se establecen sus bases, los Plenos de Circuito continuarán operando en los términos en que lo venían haciendo. Asimismo, los órganos del Consejo de la Judicatura Federal continuarán ejerciendo sus atribuciones relativas a su integración, funcionamiento y vigilancia, hasta tanto entran en funciones los Plenos Regionales, en los términos precisados en el AG 8/2015 y la demás normatividad aplicable."(8)
18. SEGUNDO. Legitimación.
19. La denuncia de la contradicción de que se trata proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(9) puesto que fue formulada por los Magistrados y el secretario de tribunal en funciones adscritos al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
20. TERCERO.—Criterios contendientes.
21. Por cuestión de metodología, en principio resulta oportuno dar a conocer los antecedentes y consideraciones sustanciales en que se apoyaron los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes para emitir sus respectivas resoluciones.
PRIMERA POSTURA: JUICIO DE AMPARO DIRECTO 250/2021 DEL ÍNDICE DEL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Demanda de nulidad y sentencia reclamada.
• Una persona por su propio derecho, demandó ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa la nulidad de la resolución negativa ficta atribuida a la Comisión Dictaminadora de Amnistía, respecto de la solicitud de amnistía presentada ante la (sic) dicha autoridad por medios electrónicos el trece de octubre de dos mil veinte.
• Por acuerdo dictado el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, dentro del expediente **********, la Magistrada instructora de la Tercera Ponencia de la Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa desechó la demanda por improcedente; y, en contra de ese acuerdo, el mismo promovente del juicio de nulidad interpuso recurso de reclamación.
• Una vez agotada la instrucción, el asunto se resolvió el nueve de julio de dos mil veintiuno, en los términos siguientes:
"I. Es procedente, pero infundado el recurso de reclamación de mérito, en consecuencia;
"II. Se confirma la legalidad del acuerdo de 29 de abril de 2021, por el cual se desechó la demanda por improcedente."
Juicio de amparo directo y consideraciones de la sentencia (materia de contradicción).
• No conforme con esa determinación, el mismo promovente del juicio de nulidad interpuso juicio de amparo en la vía directa, del cual correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el número de expediente 250/2021 y, seguidos los trámites correspondientes, el asunto se resolvió en sesión virtual ordinaria de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós,(10) en donde se decidió negar la protección constitucional solicitada, por considerar que la sentencia reclamada resultaba apegada a derecho.
• Para arribar a esa decisión, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito se apoyó en las siguientes consideraciones medulares:
• El Tribunal Colegiado de Circuito analizó los artículos 2, párrafo primero, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 3, fracciones XII y XV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para realizar las siguientes afirmaciones:
"Del texto de la fracción XII, se advierte que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene competencia para conocer de los actos administrativos dictados por autoridades administrativa que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente administrativo, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
"A su vez, la diversa fracción XV invocada consagra que dicho tribunal tendrá competencia para conocer de los actos administrativos que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en el propio precepto 3."
• Por otro lado, el tribunal contendiente hizo relación a los artículos 1o., 3o., 7o. y transitorio primero, segundo párrafo, de la Ley de Amnistía, así como de los diversos numerales 1 y 6 del Acuerdo por el que se crea la Comisión de Amnistía, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril y dieciocho de junio de dos mil veinte –aludidos en la sentencia reclamada–, para hacer la siguiente reflexión:
"Del análisis integral de dichas disposiciones se advierte que las personas en contra de las cuales se haya ejercido acción penal podrán tener derecho a la amnistía, siempre y cuando se actualicen los supuestos que ahí se indican, con la finalidad de establecer si procede o no su concesión.
"También se observa que el procedimiento para obtener el beneficio que otorga la Ley de Amnistía consta de dos momentos, el primero mediante una solicitud elevada a la Comisión de Amnistía que conocerá de la petición y determinará si procede y la segunda que en caso de conceder el beneficio de la ley, dicha comisión someterá su decisión a la calificación de un Juez Federal competente.
"Inclusive, como lo refiere la autoridad responsable, de esos numerales se desprende que la función de la Comisión consiste en coordinar los actos necesarios para dar cumplimiento y vigilar la aplicación de la Ley de Amnistía, tanto en el ámbito administrativo, como lo es, la recepción y tramitación de las solicitudes correspondientes, como en el orden penal, que implica la calificación y otorgamiento del indulto.
"Tal atribución de la Comisión de Amnistía, indefectiblemente conlleva el análisis del tipo de delito, la forma en que se cometió, las personas afectadas con la materialización del mismo, la pena que amerita, las condiciones del sujeto a quien se le imputó y la sentencia condenatoria; aspectos que netamente corresponden a la materia penal.
"No es óbice que la determinación de la Comisión de Amnistía corresponda ser confirmada por un Juez Federal, pues ello no desvirtúa que el análisis de cuestiones penales en primer orden debe ser emprendido por la citada comisión, que constituye la autoridad demandada en el juicio de nulidad."
• Del anterior análisis, el Cuarto Tribunal Colegiado estimó que la sentencia reclamada, no había vulnerado en perjuicio del quejoso ninguna de las normas generales invocadas con anterioridad "ni mucho menos demuestra inconsistencias y faltas de la autoridad, como se pretende hacer valer".
• Lo anterior, porque aunque es verdad –como lo aseveró el disconforme–, que la Comisión de Amnistía tiene carácter administrativo y la Ley de Amnistía prevé dos momentos según los cuales el gobernado podrá ser beneficiado: primeramente la Comisión de Amnistía resuelve si es procedente la petición y, posteriormente, un Juez Federal analiza tal determinación para confirmarla o no; también es verdad que el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es categórico al establecer que el tribunal solo conocerá de las negativas fictas que se actualicen en la materia de su competencia, la cual incluye actos de índole y (sic)administrativo, pero no penal.
• Que, a mayor abundamiento, la fracción XV del artículo 3 de la precitada norma general, condiciona la negativa ficta que será competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a que ésta corresponda a las materias ahí señaladas y, posteriormente, a que dicha negativa se surta por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses. así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija dichas materias.
• Por tal motivo, el Tribunal Colegiado de Circuito acotó lo siguiente:
"Pues bien, al margen de que se cumplan las exigencias ulteriores de esa porción normativa como lo son el transcurso de los plazos que el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias, y que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo resulte aplicable supletoriamente a la Ley de Amnistía; lo verdaderamente relevante es que no se actualiza la primera exigencia de ese numeral consistente en que la negativa ficta corresponda a la competencia del tribunal responsable, ya que ésta no incluye la materia penal, en torno a la cual versa la solicitud del quejoso."
• Lo anterior, porque del análisis de la demanda de amparo, el Tribunal Colegiado advirtió que la negativa ficta se le atribuyó a la Comisión de Amnistía y, si es una autoridad formalmente administrativa, ello implica una cuestión que no debe ser tratada de manera aislada, pues dicho acto tiene su origen en una causa penal del índice del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Sonora, Hermosillo, en donde el quejoso refirió haber sido sentenciado y por ello se le sigue un procedimiento ordinario de ejecución de sentencia condenatoria emitida en su contra, lo que motivó la solicitud de amnistía "a través del beneficio considerado como una extinción de pena mediante el perdón de penas".
• En ese contexto, el órgano de control constitucional declaró apegado a derecho el desechamiento de la demanda de nulidad de origen por improcedente, ya que, en su concepto, resultaba claro que no se actualizaba ninguno de los supuestos previstos en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque en dicho precepto legal se condiciona la procedencia del juicio contencioso administrativo en contra de la negativa ficta, "a que tal ficción se haya configurado respecto de alguna de las materias señaladas en ese precepto; lo que, como se vio, no acontece en el presente asunto". • Esas consideraciones tuvieron sustento en la jurisprudencia 1a./J. 133/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA OMISIÓN DEL CONSEJO DE ATENCIÓN Y APOYO A VÍCTIMAS DEL DELITO DEL DISTRITO FEDERAL DE EMITIR OPINIÓN RESPECTO DE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE UNA SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO COMPETENTE PARA CONOCER DE MATERIA PENAL."(11)
• Para corroborar lo anterior, el Cuarto Tribunal Colegiado acotó que los artículos 1 y 6 del Acuerdo por el que se crea la Comisión de Amnistía, únicamente se advierte el objetivo para el que fue creada dicha Comisión, pero de ninguna manera pone (sic) manifiesto la procedencia del juicio de nulidad; máxime que no hay duda en cuanto al carácter administrativo de dicha autoridad, sin embargo, lo significativo es que la procedencia del juicio natural en contra de la negativa ficta está condicionada a que dicha figura se actualice respecto de alguna de las materias señaladas en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo que no aconteció en el asunto materia de la divergencia de criterios. De ahí que aun y cuando en el caso la autoridad demandada sea de carácter administrativo, ello no es suficiente para estimar procedente el juicio de nulidad, pues lo fundamental es que la naturaleza del acto impugnado encuadre en la competencia de la Sala, lo que no se actualizó.
• Lo anterior, con apoyo en la tesis 2a. XCV/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX-H, CONSTITUCIONAL, NO IMPLICA QUE DEBAN CONOCER DE CUALQUIER ACTO EMITIDO POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS."(12)
• Con base en lo anterior, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, concluyó lo siguiente:
"En consecuencia, dado que al final de cuentas para analizar el acto impugnado tendría que abordarse el estudio de cuestiones de carácter penal, es inconcuso que no se actualiza el supuesto de procedencia previsto en las fracciones XII y XV del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, por tanto, los conceptos de violación que en ese sentido se hicieron valer son infundados.
"Máxime que la conclusión a la que se llega se robustece con el hecho de que la Ley de Amnistía establece que cuando la comisión considere procedente la amnistía, su decisión tendrá que confirmarse por el Juez Federal, en el caso, un Juez Penal, razón por la que no hay razón para que en caso de que se estime que no procede, en donde se analizan las mismas cuestiones, entonces lo tenga que resolver una autoridad administrativa, como lo es el Tribunal Federal, sobre todo porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha resuelto que un tribunal de competencia administrativa no puede resolver cuestiones de índole penal.
"La parte quejosa también alega que su intención no es que la Sala apruebe o no una evaluación sobre cuestiones de su libertad, sino únicamente en lo tocante a la negativa ficta; lo que, como se vio, deviene infundado de acuerdo al marco legal preexistente, que obliga a la Comisión de Amnistía a examinar aspectos en materia penal para resolver sobre la solicitud del quejoso.
"A su vez, con apego a lo estatuido en los artículos 17 y 22 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que obligan a la demandada a aportar vía contestación de demanda los fundamentos y motivos de la negativa ficta que se le imputa, la Sala tendría que pronunciarse sobre el fondo del asunto, esto es, sobre la legalidad de la respuesta de la Comisión de Amnistía a la petición del actor, lo que invariablemente conlleva examinar cuestiones penales.
"Así es, de acuerdo a esos numerales 17 y 22, la Sala no podría concretarse a tener por configurada la negativa ficta y ordenar que se resuelva la solicitud, sino que estaría obligada a exigir esa respuesta vía contestación de demanda y a la postre estudiar su legalidad."
SEGUNDA POSTURA: JUICIO DE AMPARO DIRECTO 363/2021 DEL ÍNDICE DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Demanda de nulidad y sentencia reclamada.
• Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de las Salas de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, una persona demandó la nulidad de la resolución de negativa ficta emitida por la Comisión de Amnistía, configurada por el silencio que guardó dicha autoridad, respecto de la petición de amnistía presentada por correo electrónico el veintiuno de diciembre de dos mil veinte.
• Por razón de turno, el conocimiento del asunto le correspondió a la Primera Sala de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, registrándose bajo el número de expediente **********, en donde por acuerdo de diez de junio de dos mil veintiuno, el Magistrado instructor de la Segunda Ponencia desechó por improcedente la demanda, por considerar que carecía de competencia por razón de materia, por tratarse de un asunto de materia penal; y, en contra de ese acuerdo de desechamiento, el promovente del juicio de nulidad interpuso recurso de reclamación.
• El recurso se admitió a trámite por acuerdo de siete de julio de dos mil veintiuno y, una vez agotada la instrucción, el asunto se resolvió el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, en donde se determinó confirmar el auto recurrido, por considerar que la materia del asunto es penal, dada la estrecha relación de la resolución de negativa ficta, con la causa penal de origen y la pretensión de liberación del promovente.
Juicio de amparo directo y consideraciones de la sentencia (materia de contradicción).
• No conforme con esa determinación, el mismo promovente del juicio de nulidad, interpuso juicio de amparo en la vía directa, del cual correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el número de expediente 363/2021 y, seguidos los trámites correspondientes, el asunto se resolvió en sesión ordinaria celebrada vía remota por medios electrónicos de quince de marzo de dos mil veintidós,(13) en donde se decidió conceder el amparo solicitado, por considerar incorrecta la sentencia reclamada.
• Para arribar a esa decisión, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, luego de confrontar las consideraciones de la resolución reclamada, frente a los conceptos de violación, calificó estos últimos de fundados, con base en los siguientes razonamientos jurídicos:
• En primer lugar, emprendió un análisis del artículo 3o. de la Ley de Amnistía (vigente a partir del 22 de abril de 2020), reflexionando lo siguiente:
"Del párrafo primero del precepto transcrito, se advierte que el procedimiento para obtener el beneficio que otorga la Ley de Amnistía consta de dos etapas, a saber:
"La primera, que inicia a partir de que se plantea la petición del beneficio ante la Comisión de Amnistía la cual, en su caso, habrá de calificar su procedencia. En el supuesto de que dicha comisión estime que es conducente conceder el beneficio que la ley concede, someterá su decisión a la calificación de un Juez Federal competente.
"Por tanto, la segunda etapa comprende el ejercicio jurisdiccional del Juez Federal competente para calificar y en su caso confirmar la determinación de la Comisión de Amnistía.
"En ese orden de ideas, el procedimiento previsto por la Ley de Amnistía para conseguir el beneficio que otorga, no concluye con la determinación que adopta la Comisión de Amnistía, pues ésta debe ser calificada y en su caso confirmada por un Juez Federal competente; así, el distinguir estas dos etapas es fundamental, pues permite advertir que la primera, la que substancia la comisión, es de carácter administrativo, mientras que la segunda claramente es jurisdiccional dado que la instruye Juez Federal."
• Para robustecer lo anterior, el órgano jurisdiccional federal hizo alusión al artículo primero transitorio de la Ley de Amnistía, destacando que de su segundo párrafo se advertía lo siguiente:
"Del segundo párrafo del transitorio en cita, queda claro que son dos las autoridades que participan del procedimiento para conceder el beneficio que otorga de la Ley de Amnistía, una administrativa y otra jurisdiccional. Tanto es así, que el párrafo en cuestión encomienda al Ejecutivo Federal la expedición del acuerdo que crea la Comisión de Amnistía y al Consejo de la Judicatura Federal la designación de los Jueces competentes para tal efecto."
• Luego, hizo referencia de nueva cuenta al artículo 3o. de la citada Ley de Amnistía, destacando que del contenido de los párrafos quinto y sexto, se obtenía lo siguiente:
"La anterior transcripción revela, en principio, que son supletorias de la Ley de Amnistía, en lo que corresponda, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual confirma la convergencia de dos materias, la administrativa y la penal, en la substanciación del procedimiento diseñando (sic) para obtener el beneficio que otorga la ley en estudio.
"Sumado a lo expuesto, del artículo transcrito se desprende que la solicitud de amnistía debe ser resuelta en el plazo máximo de cuatro meses a partir de que se presentó; en caso contrario, si en ese lapso no recae resolución que sea notificada al interesado, se entenderá que la petición se ha resuelto en sentido negativo (negativa ficta), es decir, que la Comisión de Amnistía consideró que no era procedente el beneficio, caso en el cual el interesado podrá promover los medios de defensa procedentes."
• Posteriormente, el órgano de control constitucional procedió al estudio del artículo 83, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para esta
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31141-0df3f208/resolucion-negativa-ficta-atribuida-a-la-comision-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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