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Modo: Corpus Pro

IMPEDIMENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. CUANDO EL TITULAR DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL MANIFIESTE QUE DERIVADO DE LA RELACIÓN LABORAL, TIENE AFECTO CON UN SERVIDOR PÚBLICO QUE A SU VEZ GUARDA PARENTESCO CON EL ASESOR JURÍDICO O PERSONA AUTORIZADA DE UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO DE AMPARO, ELLO CONSTITUYE UN ELEMENTO OBJETIVO QUE HACE POSIBLE INFERIR EL RIESGO DE PÉRDIDA DE IMPARCIALIDAD. COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DE UNA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO SEMIESPECIALIZADOS, CUANDO ÉSTA SE ACTUALIZA RESPECTO DE UNA MATERIA COMÚN Y ES ENVIADA PARA SU RESOLUCIÓN POR CUALQUIERA DE LOS TRIBUNALES CONTENDIENTES. SE SURTE EN FAVOR DEL PLENO REGIONAL ANTE EL QUE SE PRESENTE LA DENUNCIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 22/2023. · Registro digital (IUS): 31569
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2023-06-30
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL OCTAVO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Junio de 2023, Tomo VI, Pág.5212.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 22/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL OCTAVO CIRCUITO. 20 DE ABRIL DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA Y DE LOS MAGISTRADOS SAMUEL MERAZ LARES Y HÉCTOR LARA GONZÁLEZ. PONENTE: MAGISTRADO SAMUEL MERAZ LARES. SECRETARIA: ARELY PECHIR MAGAÑA.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión ordinaria de veinte de abril de dos mil veintitrés.

RESOLUCIÓN

1. Correspondiente a la contradicción de criterios 22/2023, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, al resolver el impedimento civil ********** y el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, al emitir la resolución correspondiente al impedimento penal **********.

2. La problemática jurídica que debe resolver este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, consiste en determinar si se actualiza la causal de impedimento prevista en el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, cuando el asesor jurídico o autorizado de la parte quejosa, guarda una relación por afinidad, –matrimonio– con una actuaria judicial adscrita al órgano jurisdiccional y el Juez sustente relación de afecto con ésta.

II. ANTECEDENTES

3. Con motivo de la presentación de dos escritos de demandas de amparo indirecto radicadas ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, mismas que fueron registradas con los números ********** y **********, de ese índice, el titular del Juzgado de Distrito en comento se declaró impedido para conocer de dichos asuntos.

4. Mediante proveídos de diecinueve de abril y treinta de junio, ambos de dos mil veintidós, se manifestó impedido al advertir la actualización de la causal prevista en la fracción VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo, porque de las demandas de amparo respectivas, aparecía que el asesor jurídico de la parte quejosa en cada uno de los asuntos, es la misma persona que guarda una relación de parentesco por afinidad –matrimonio–, con una actuaria judicial adscrita al Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, del cual es titular.

5. En virtud de lo anterior, el juzgado de distrito de referencia, remitió los juicios de amparo indirecto ********** y **********, de su índice, a los Tribunales Colegiados en turno correspondientes, a fin de que llevaran a cabo la calificación de los impedimentos suscitados.

6. De lo cual correspondió conocer, por un lado, al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, quien admitió y registró el asunto con el número de impedimento civil **********,(1) y por otro, al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, quien realizó lo propio, respecto del impedimento penal número **********.(2)

7. Mediante resolución de dos de junio de dos mil veintidós, el primero de los mencionados, resolvió en el sentido de que el mismo no era legal; mientras que el segundo de ellos, lo calificó de legal.

8. Así, por cuanto hace al impedimento penal **********, una vez que se determinó su procedencia, fue turnado al Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, para que conociera de la demanda de amparo presentada por el asesor jurídico mencionado en líneas precedentes, por lo que en proveído de siete de noviembre del dos mil veintidós, admitió a trámite la demanda referida y la registró con el número **********, de su índice.

9. Tal es el caso que, mediante escrito presentado ante este órgano colegiado, por el licenciado **********, –en su carácter de asesor jurídico del quejoso en el juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila–, se realizó la denuncia de contradicción de criterios correspondiente.

II. TRÁMITE

10. Mediante acuerdo de radicación de tres de febrero de dos mil veintitrés, este Pleno Regional registró la presente contradicción de criterios con el número 22/2023, y se precisó que el posible tema jurídico a analizar era el siguiente:

"Determinar si se actualiza la hipótesis contemplada en el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, cuando el autorizado de la parte quejosa, guarda una relación por afinidad con un actuario adscrito al órgano jurisdiccional excusado."

11. A su vez, por acuerdo de trece de febrero de la presente anualidad, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios, atinente a los siguientes órganos jurisdiccionales:

• Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito al resolver el impedimento civil **********.

• Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito respecto del impedimento penal **********.

12. Asimismo, este Pleno Regional solicitó a los presidentes de los Tribunales Colegiados contendientes, que informaran si los criterios sostenidos en las resoluciones de los impedimentos de origen, seguían vigentes o, en su caso, la causa para tenerlos superados o abandonados; de igual manera, se requirió a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informara si tenía radicada alguna contradicción de criterios sobre la materia que nos ocupa; y se turnó electrónicamente el asunto, a la ponencia del Magistrado Samuel Meraz Lares.

13. Por acuerdo de siete de febrero de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional proveyó lo conducente a los oficios remitidos por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, mediante los cuales informó sobre la denuncia de contradicción de criterios arriba enunciada, sin embargo, se destacó que ésta fue presentada de igual modo ante este Pleno Regional.

14. Mediante autos de veintidós y veinticuatro, ambos de febrero de dos mil veintitrés, se tuvieron por recibidos los informes enviados por los Tribunales Colegiados contendientes.

15. Por otra parte, en auto de dos de marzo de dos mil veintitrés, se acordó la recepción del informe signado por el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual, en esencia informó que no se encontraba radicada en ese Alto Tribunal, contradicción de criterios en la que el tema estuviese relacionado con el planteamiento del presente asunto, de modo que al encontrarse integrada la presente contradicción de criterios, se confirmó el turno electrónico al Magistrado antes mencionado, para la elaboración del proyecto correspondiente.

III. PRESENTACIÓN DE AMICUS CURIAE

16. Conforme a lo establecido en el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cualquier persona o institución podrá ofrecer voluntariamente su opinión respecto de alguna contradicción de criterios sujeta al conocimiento de algún Pleno Regional. Dicha opinión podrá presentarse hasta antes de la fecha para la sesión en que se programe la resolución del asunto.

17. En el caso, antes de la fecha en que fue publicada la lista de los asuntos para sesión ordinaria, ninguna persona o institución presentó opinión sobre el tema de esta contradicción de criterios. Tampoco se presentó alguna opinión entre la publicación de la lista y antes de la fecha para la sesión programada para resolverla.

IV. COMPETENCIA

18. Este Pleno Regional es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados pertenecientes a la Región Centro-Norte, de conformidad con los artículos 94, párrafo primero, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 12, 14, fracción I, 43 a 46 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.(3)

19. Asimismo, aplicado por analogía el artículo 12 del mencionado Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano colegiado asume competencia para conocer del presente asunto ya que la denuncia correspondiente, fue presentada ante este Pleno –principio de prevención–; respecto de criterios emitidos por Tribunales Colegiados semiespecializados, –uno en materias penal y administrativa–, pertenecientes a la región donde este órgano ejerce su jurisdicción.

20. Lo anterior, en plena observancia del derecho fundamental de acceso a la justicia, específicamente en cuanto a la prontitud y expeditez con que debe impartirse según lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los diversos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;(4) así como en lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión **********,(5) el amparo en revisión **********,(6) y la contradicción de tesis **********,(7) de los cuales se infiere en esencia, la obligación de que todos los tribunales judiciales estén expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, gratuita e imparcial.

21. De tal forma que, no obstante que los órganos contendientes en esta contradicción de criterios son semiespecializados –uno en materias penal y administrativa y otro en materias civil y de trabajo, ambos del Octavo Circuito–, atento al principio de prevención como mecanismo de protección del derecho constitucional de acceso a la impartición de justicia pronta y expedita, en concatenación con la legislación y normatividad antes señalada, se estima que este Pleno Regional es competente.

V. LEGITIMACIÓN

22. La presente denuncia de contradicción de criterios, proviene de parte legitimada en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(8) así como 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(9) al haber sido formulada por una de las partes en los asuntos que motivaron dicha controversia, así como los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, órgano que emitió la resolución correspondiente al impedimento penal **********, de su índice y cuyo criterio contiende en el presente asunto.

VI. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

23. A efecto de que este Pleno Regional se encuentre en posibilidades de verificar la existencia de la contradicción entre los criterios que sustentaron los aludidos órganos de control constitucional, es menester señalar que por contradicción de "criterios" debe entenderse cualquier discrepancia en el sentido adoptado por órganos jurisdiccionales terminales mediante argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis.

24. Sirve de apoyo para esta determinación, la tesis de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(10), y la jurisprudencia de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(11)

25. Así, de acuerdo con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una nueva forma de aproximarse a los problemas que se plantean en este tipo de asuntos es la necesidad de unificar criterios y no la de comprobar que se reúna una serie de características formales o fácticas.

26. Para resolver si existe o no la contradicción de criterios es necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –no tanto los resultados que arrojen– con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos–.

27. Entonces, si la finalidad de la contradicción de criterios es la unificación y dado que el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados adoptados por los tribunales contendientes–, es posible afirmar que para que una contradicción sea procedente, es indispensable que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que los Tribunales Colegiados contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque; es decir, que exista al menos un segmento de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general y en consecuencia, que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

c) Que lo anterior, dé lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.(12)

28. A partir de lo anterior, se busca detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto, por lo que para ello es necesario hacer una especificación sucinta sobre las cuestiones jurídicas relevantes que motivaron las respectivas posturas contendientes.

29. En ese sentido, es menester destacar de manera previa que en ambos casos, los impedimentos que dieron origen a la presente contradicción de criterios fueron instados por un mismo juzgador, quien de manera idéntica consideró que se actualizaba la causa de impedimento prevista en la fracción VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo.

30. Ello, debido a que al realizar un análisis de los escritos de demandas atinentes a los juicios de amparo indirecto sometidos a su conocimiento,(13) advirtió que una persona autorizada en esos asuntos, guardaba una relación de parentesco por afinidad –matrimonio– con una actuaria judicial adscrita al órgano jurisdiccional del cual es titular, funcionaria con quien entabla una relación laboral de subordinación y convivencia diaria.

31. Asimismo, no obsta señalar que en los escritos correspondientes de ambos impedimentos, el juzgador promovente en ambos casos, refirió que a lo largo de casi tres años que ha sido titular de ese órgano jurisdiccional, se originó una estrecha relación con sus colaboradores, entre ellos, la esposa del asesor jurídico o autorizado en términos amplios de los quejosos.

a) Impedimento civil **********.

32. Tal como se advierte del apartado de antecedentes de la presente ejecutoria, por razón de turno correspondió conocer del impedimento civil **********, al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, el cual fue planteado por el Juez Primero de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, en el que dicho juzgador se declaró impedido para conocer y resolver, lo relativo al juicio de amparo indirecto ********** de su índice.

33. Asunto en el cual, mediante determinación de dos de junio de dos mil veintidós, no se calificó de legal, puesto que no se advertía que el riesgo de pérdida de imparcialidad fuera objetivo, esto es, la simple circunstancia de que una actuaria judicial de su adscripción sea esposa del asesor jurídico o autorizado de la parte quejosa –de donde deriva una relación laboral de subordinación y convivencia diaria–, no tiene como consecuencia forzosa que exista una amistad estrecha con la servidora pública de mérito.

34. Incluso, dicho tribunal señaló que mediante auto de veinticinco de abril de dos mil veintidós, en el respectivo juicio de amparo, se acordó la revocación del nombramiento efectuado a las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, el acceso al usuario que había sido dado de alta, el expediente electrónico y los permisos otorgados para la consulta del expediente electrónico, entre los cuales se encontraba el esposo de la multicitada actuaria judicial.

35. Para sustentar su determinación, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito contempló a contrario sensu, el criterio de rubro: "IMPEDIMENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. ES FUNDADO CUANDO SE SUSTENTA EN EL AFECTO QUE TIENE EL JUEZ DE DISTRITO HACIA UN SERVIDOR PÚBLICO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEL QUE ES TITULAR, QUIEN ES FAMILIAR DIRECTO DEL QUEJOSO, AL CONSTITUIR UN ELEMENTO OBJETIVO QUE PODRÍA DERIVAR EN LA PÉRDIDA DE IMPARCIALIDAD."(14)

b) Impedimento penal **********.

36. Así, por cuanto hace al impedimento penal **********, el diverso Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, lo declaró fundado.

37. Dicho Tribunal Colegiado de Circuito, por consecuencia, ordenó remitir el expediente relativo al juicio de amparo indirecto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, para que se enviara al juzgado que por razón de turno correspondiera, con excepción, por supuesto, del Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila.

38. De ese modo, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, arribó a dicha conclusión ya que, consideró que la fracción VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo, establece una hipótesis genérica de impedimento que opera cuando el juzgador de amparo se encuentra en alguna situación objetiva diversa a las contenidas en las otras fracciones de ese artículo, sin que se requiera demostrar que el juzgador tiene una inclinación subjetiva favorable o adversa hacia alguna de las partes.

39. Es decir, basta con la existencia del riesgo de pérdida de imparcialidad que afecte a la neutralidad del juzgador, puesto que dicho quebranto varía de persona en persona y su determinación atenderá a aspectos personalísimos de cada titular jurisdiccional, constituyendo razón suficiente para estimar que pueda verse comprometida la imparcialidad, pues así lo manifiesta expresamente dicho Juez.

40. En ese tenor, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, estimó que las razones que expresa el Juez de Distrito constituyen un elemento objetivo del cual pudiera derivarse un riesgo en la pérdida de su imparcialidad.

41. En sustento a su determinación, el tribunal referido se apoyó en las tesis de rubros: "IMPEDIMENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EL FUNCIONARIO JUDICIAL EXPRESA LOS ELEMENTOS OBJETIVOS DE LOS QUE SE INFIERE EL RIESGO DE PÉRDIDA DE IMPARCIALIDAD (ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY RELATIVA)."(15) e "IMPEDIMENTO FUNDADO EN EL RIESGO DE PÉRDIDA DE LA IMPARCIALIDAD. SE ACTUALIZA LA HIPÓTESIS CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL JUZGADOR HACE ALUSIÓN A ASPECTOS PERSONALES."(16)

42. Ahora bien, a partir de lo señalado con anterioridad, se busca detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto.

43. En el caso, este órgano colegiado considera que sí existe una contradicción de criterios, ya que se ven satisfechos los requisitos para su existencia: 44. Respecto al primer requisito, se advierte que los órganos contendientes se pronunciaron sobre cuestiones litigiosas que fueron sometidas a su consideración, recurriendo a su arbitrio judicial, circunstancia en la que, a través de un ejercicio interpretativo, se buscó llegar a una solución determinada.

45. Así, la presente contradicción de criterios tiene su origen en los escritos de demandas de amparo de las cuales el juzgado que inicialmente le correspondió radicarlas se declaró impedido para conocer de las mismas, con motivo de que, en ambas demandas, el asesor jurídico de las partes quejosas, respectivamente, guardaba una relación de parentesco por afinidad –matrimonio– con una actuaria judicial, adscrita al juzgado antes referido.

46. Igualmente, el juzgador, en ambos casos, advirtió la actualización de la causal de impedimento prevista en la fracción VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo; por tanto, determinó remitir ambos asuntos a los Tribunales Colegiados en turno correspondientes.

47. De los impedimentos suscitados, correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito –impedimento civil **********–, y el diverso Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito –impedimento penal **********–, órganos anteriores que arribaron a las conclusiones subsecuentes:

a) El Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito al conocer del impedimento civil **********, resolvió en el sentido de no calificar de legal el impedimento formulado, toda vez que no se advertía el riesgo de pérdida de imparcialidad con el solo dicho del titular; órgano que contempló la tesis aislada de rubro: "IMPEDIMENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. ES FUNDADO CUANDO SE SUSTENTA EN EL AFECTO QUE TIENE EL JUEZ DE DISTRITO HACIA UN SERVIDOR PÚBLICO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEL QUE ES TITULAR, QUIEN ES FAMILIAR DIRECTO DEL QUEJOSO, AL CONSTITUIR UN ELEMENTO OBJETIVO QUE PODRÍA DERIVAR EN LA PÉRDIDA DE IMPARCIALIDAD."(17)

b) El Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito al conocer del impedimento penal **********, resolvió calificar de legal el referido impedimento, basado en lo dicho por el titular y remitió el juicio de amparo indirecto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, para que se enviara al juzgado que por razón de turno correspondiera, ya que, consideró que la fracción VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo, establece una hipótesis genérica de impedimento que opera cuando el juzgador de amparo se encuentra en alguna situación objetiva, diversa a las contenidas en las otras fracciones de ese numeral, sin que se requiera demostrar que el titular judicial multicitado, tiene una inclinación subjetiva favorable o adversa hacia alguna de las partes.

48. De lo anteriormente expuesto se advierte que, ambos Tribunales Colegiados, al desarrollar su arbitrio judicial, examinaron un mismo problema jurídico, no obstante, arribaron a conclusiones contrarias, por lo que sí se encuentran satisfechos los requisitos para que exista la contradicción entre los criterios denunciados.

49. Esto es, los órganos colegiados contendientes ejercieron su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo centrado en determinar si cuando un asesor jurídico o autorizado de la parte quejosa mantiene una relación por afinidad –matrimonio– con una actuaria judicial adscrita al juzgado en el que se radicó la demanda de amparo presentada, es un factor que actualiza la hipótesis contemplada en el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo. De ahí que se estime cumplimentado el primer requisito señalado.

50. Por cuanto hace al segundo requisito, atinente a la existencia de un razonamiento en el que se adopte un criterio diferenciado sobre un mismo tema jurídico, es decir, un punto de toque, también se surte dicho supuesto.

51. Lo anterior se afirma ya que, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito estableció que ante esa circunstancia, no se advertía la existencia de un elemento actual y objetivo que pueda traer como consecuencia, la pérdida de imparcialidad, basado en lo manifestado por el juzgador, en el sentido de tener una relación laboral con la actuaria judicial adscrita a su juzgado, quien era esposa de un asesor jurídico o autorizado en términos amplios de la parte quejosa.

52. Contrariamente, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito consideró que en condiciones similares, sí existían elementos objetivos de los cuales pudiera derivarse el riesgo de la pérdida de imparcialidad.

53. Tal como ha quedado expuesto, los tribunales contendientes resolvieron asuntos que se originaron en torno al mismo problema jurídico, ya que ambos órganos examinaron si se actualizaba o no la causal de improcedencia prevista en el artículo 51 de la Ley de Amparo, fracción VIII, del modo en que fue destacado.

54. De ahí que, respecto a los ejercicios interpretativos realizados por los tribunales contendientes, se advierta la existencia de un punto de toque.

55. En relatadas circunstancias, se advierte el cumplimento del tercer requisito, consistente en el surgimiento de un cuestionamiento o interrogante acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

56. Por ende, este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México deberá resolver el siguiente planteamiento:

¿Se actualiza la causa de impedimento contemplada en el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, cuando un asesor jurídico o autorizado de la parte quejosa, guarda una relación por afinidad con una persona actuaria judicial adscrita al órgano jurisdiccional con la que el titular refiere tener afecto?

VII. DECISIÓN

57. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en atención a las siguientes consideraciones.

58. A fin de resolver la materia de la presente contradicción de criterios, debe analizarse el marco constitucional que subyace como razón esencial a los supuestos establecidos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, en específico, su fracción VIII.

59. En ese sentido, el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(18) dispone el derecho que tiene toda persona a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes.

60. Además, el precepto constitucional mencionado establece el principio de acceso a la justicia, el cual es elemento rector del sistema jurídico de nuestro país, mismo que abarca la potestad del gobernado de exigir que se le administre en forma pronta, completa, imparcial, y sobre todo, que las sentencias dictadas por los Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo a los que acuda, sean cumplidas, pues entender dicha garantía sin esta última nota distintiva, sería tanto como sólo salvaguardar un aspecto formal de tal principio, dejando indefensos a los gobernados ante los actos arbitrarios de las autoridades cometidos en la ejecución de las sentencias, ya sea por acción u omisión.

61. Sobre este tema, en la exposición de motivos que dio origen a la reforma del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete, se señaló lo siguiente:

"... La impartición de justicia que merece el pueblo de México debe ser pronta, porque procesos lentos y resoluciones tardías no realizan el valor de la justicia; debe ser gratuita, para asegurar a todos el libre acceso a ella; debe ser imparcial, para lograr que se objetive en sentencias estrictamente apegadas a las normas y debe ser honesta, pues al juzgador se confía el destino de la libertad y patrimonio ajenos. Una condición esencial de la legitimidad y la eficacia de la justicia moderna reside en la independencia e imparcialidad de los órganos de justicia, de sus integrantes y, en consecuencia, de las resoluciones que dicten ..."

El resaltado es propio.

62. De ahí que resulte incontrovertible que la práctica jurisdiccional, no sólo implica la aplicación de reglas procesales, sino también de principios, entre los que se encuentra el mencionado principio de imparcialidad, respecto del cual, en lo que interesa, deberá destacarse su significación y relevancia como norma, principio y virtud judicial,(19) como se verá en párrafos subsecuentes.

63. Claramente tanto la literatura como la doctrina jurisprudencial sobre la imparcialidad de los juzgadores es abundante, sin embargo, no se encuentra del todo homologada.

64. Ello debido a que, en primer término se puede apreciar a la imparcialidad como un valor, principio jurídico, condición institucional, deber genuino, o bien, puede referirse a la propia naturaleza personal de los titulares jurisdiccionales, sus estados de ánimo –creencias, deseos, actitudes, entre otros–, o una de muchas otras posibilidades.

65. No obstante lo antes señalado, con dificultad puede discutirse que la idea de ser juzgado por un juzgador imparcial, es un aspecto fundamental del modelo del Estado Constitucional de Derecho, sin embargo, ya que el concepto de "imparcialidad" tiene una noción multifacética, cabe hacer la precisión de que en el presente estudio se abordará dicho aspecto, atendiendo a la función jurisdiccional, que como expone Manuel Atienza, es un aspecto que tiene su génesis en la perspectiva individual del titular de que se trate, al ser comprendido como un rasgo esencial del buen juzgador.(20)

66. El Diccionario de la Real Academia Española, define a la imparcialidad como la "falta de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31569-39383656/impedimento-previsto-en-el-articulo-51-fraccion-viii · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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