LA COMUNICACIÓN QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA POR MEDIO DE LA CUAL SOLICITA A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS DE PERSONAS PRESUNTAMENTE INVOLUCRADAS EN LA REALIZACIÓN DE CONDUCTAS CRIMINALES RELACIONADAS CON EL LAVADO DE ACTIVOS, CONSTITUYE UNA SOLICITUD EXPRESA SUFICIENTE PARA REALIZAR EL BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN DE LAS MISMAS EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 3/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES PRIMERO Y SEGUNDO COLEGIADOS DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO, AMBOS CON SEDE EN REYNOSA, TAMAULIPAS. 13 DE DICIEMBRE DE 2022. APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS OLGA ILIANA SALDAÑA DURÁN (MAGISTRADA DECANA), GERARDO OCTAVIO GARCÍA RAMOS, MAURICIO FERNÁNDEZ DE LA MORA, CARLOS MARTÍN HERNÁNDEZ CARLOS, JAVIER LOYOLA ZOSA (PONENTE), CON EL VOTO EN CONTRA DEL MAGISTRADO OSBALDO LÓPEZ GARCÍA (PRESIDENTE) QUIEN FORMULA VOTO PARTICULAR, INTEGRANTES DEL PLENO DEL DECIMONOVENO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS. PONENTE: JAVIER LOYOLA ZOSA. SECRETARIO: FERNANDO LÓPEZ CABRERA.
Ciudad Victoria, Tamaulipas. Acuerdo del Pleno del Decimonoveno Circuito, correspondiente a la sesión de trece de diciembre de dos mil veintidós.
VISTO, para resolver la denuncia de contradicción de criterios del Pleno del Décimo Noveno Circuito 3/2022, sustentada entre el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, al resolver el incidente en revisión 225/2021, frente al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del mismo Circuito y ciudad, al resolver el incidente en revisión 2/2022; y,
RESULTANDO
PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de criterios. Mediante oficio 18398/2022, de trece de julio de dos mil veintidós, el Juez Octavo de Distrito en el Estado, con sede en Reynosa, Tamaulipas, denunció la posible contradicción de criterios entre los Tribunales Primero y Segundo Colegiados del Décimo Noveno Circuito, ambos con sede en Reynosa, Tamaulipas.
SEGUNDO.—Admisión de la contradicción de criterios. Por acuerdo de quince de julio de dos mil veintidós, la presidencia del Pleno del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, admitió a trámite el asunto, con el número de expediente de contradicción de criterios 3/2022, de conformidad con los artículos 94 y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, vigentes hasta el once de marzo y siete de junio de dos mil veintiuno, respectivamente, en congruencia con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (fojas 67 a 69).
TERCERO.—Trámite y turno de la contradicción de criterios. En el propio auto admisorio, con fundamento en el artículo 6, fracción VI, del Acuerdo General 17/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también se ordenó dar aviso a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que informara a este Pleno de Circuito sobre la existencia de algún asunto radicado ante el Alto Tribunal del País que guardara relación con la temática planteada en la presente contradicción de criterios.
Por acuerdo de veinticinco de julio de dos mil veintidós, la presidencia del Pleno del Décimo Noveno Circuito tuvo por recibida la sentencia recaída en el incidente en revisión 2/2022, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, quien además informó que el criterio sostenido en dicho asunto, seguía vigente (foja 80).
En auto de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, se tuvo al director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando por oficio DGCCST/291/08/2022, que durante los últimos seis meses, no se encuentra radicada contradicción de criterios alguna con el tema a dilucidar en el asunto en que se actúa (foja 84).
Por proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, se recibió la sentencia recaída en el incidente en revisión 225/2021, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, quien además informó que el criterio sostenido en dicho asunto seguía vigente (foja 86).
Por acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se ordenó turnar los autos de la presente contradicción de criterios al Magistrado Javier Loyola Zosa, adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, para que en términos del artículo 28 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, elaborara el proyecto de resolución correspondiente; y
CONSIDERANDO
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Decimonoveno Circuito es competente para conocer de la contradicción de criterios denunciada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el artículo tercero transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno; el precepto 226, fracción III, de la Ley de Amparo; así como el artículo 41 Ter, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada, pero que mantiene su vigencia en tanto los Plenos de Circuito no sean sustituidos por los Plenos Regionales, en términos del artículo primero transitorio, fracción II y quinto transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno; en virtud de que se trata de la denuncia de contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados pertenecientes a este Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. Dado que quien formula la denuncia de contradicción de criterios es el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con domicilio en Reynosa, queda clara su legitimación para plantear la presente denuncia, en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO.—Objeto concreto de la denuncia. La cuestión consiste en determinar si la comunicación oficial realizada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por la que solicita asistencia jurídica para investigar irregularidades bancarias relacionadas con lavado de activos, en la que deja a la autoridad nacional la posibilidad de realizar el bloqueo de cuentas bancarias, constituye o no una solicitud expresa en términos de la jurisprudencia 2a./J. 46/2018 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y de ser así, la Unidad de Inteligencia Financiera pueda justificar la inmovilización bancaria en términos del numeral 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en correlación con las disposiciones de carácter general 70, 71, 72 y 73 a que se refiere dicho artículo, derivado del cumplimiento de una obligación de carácter bilateral o multilateral asumida por México, tendente al combate del delito de lavado de activos.
CUARTO.—En la denuncia realizada por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, adujo que el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver el incidente en revisión 2/2022, derivado del juicio de amparo 677/2021, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en la misma ciudad, determinó que el proceder de la Unidad de Inteligencia Financiera, en la emisión del Acuerdo 119/2021 que le fue atribuido, no se encuentra en los supuestos de excepción a que se refiere la jurisprudencia 2a./J. 46/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS, OPERACIONES O SERVICIOS BANCARIOS. SU BLOQUEO ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE REALIZA PARA CUMPLIR COMPROMISOS INTERNACIONALES (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO)."
Lo anterior, por considerar que el documento suscrito por el agregado jurídico del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América no contiene una "solicitud expresa" de bloqueo o inmovilización bancaria, aunado a que no alude a un tratado u obligación internacional o multilateral que deba cumplimentarse.
En contraposición a ello, el Juez de Distrito refirió que el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, en Reynosa, Tamaulipas, al resolver el incidente en revisión 225/2021, derivado del juicio de amparo 746/2021 del Juzgado Octavo de Distrito en Tamaulipas, con residencia en Reynosa, promovido contra la interlocutoria de dos de julio de dos mil veintiuno, determinó que el documento suscrito por el agregado jurídico del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, cumple con el criterio sostenido por la mencionada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 46/2018 (10a.), por lo cual, la suspensión contra el bloqueo de cuentas bancarias, debía negarse porque la aplicación del numeral 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, derivaba del cumplimiento a una obligación de carácter bilateral o multilateral asumida por México, en la que se establece, de manera expresa, la obligación compartida de implementar ese tipo de medidas ante solicitudes de autoridades extranjeras.
QUINTO.—Antecedentes de los criterios denunciados. A fin de determinar si existe la contradicción de criterios, es pertinente tener en cuenta los antecedentes y los aspectos más relevantes de las ejecutorias denunciadas como contradictorias, mismos que se obtienen de las ejecutorias materia de contradicción que, en síntesis, son los siguientes:
• Incidente en revisión 225/2021
El once de junio de dos mil veintiuno, el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, tuvo a la quejosa promoviendo juicio de amparo contra actos del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otras autoridades.
De la demanda de amparo, según advirtió el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, en Reynosa, se reclamó a dicha autoridad el congelamiento o inmovilización de sus cuentas bancarias con motivo de la emisión del Acuerdo 119/2021 y habérsele incluido en la "Lista de personas bloqueadas", actos que se fundan en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
El dos de julio de dos mil veintiuno, se celebró audiencia incidental y se emitió la interlocutoria en la que se negó la suspensión definitiva.
Inconforme con la interlocutoria, la quejosa interpuso recurso de revisión, el cual fue turnado al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, quien por acuerdo de presidencia de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, lo admitió a trámite, registrándolo con el número 225/2021.
En sesión ordinaria por videoconferencia de dieciséis de junio de dos mil veintidós, el Tribunal Colegiado en mención resolvió el incidente respectivo, en el que determinó modificar la interlocutoria referida, pero reiteró la negativa de la suspensión definitiva a la parte quejosa, respecto del Acuerdo 119/2021, atribuido al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La razón fundamental en que apoyó su determinación fue que en el caso concreto debía negarse la suspensión, dado que la emisión de dicho acuerdo derivaba del cumplimiento de una obligación de carácter bilateral o multilateral asumida por México, en la cual se establecía de manera expresa la obligación compartida de implementar este tipo de medidas ante solicitudes de autoridades extranjeras.
Lo que a su consideración aconteció, dado que la responsable acompañó a su informe previo el oficio de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, emitido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, en el que se solicitó al jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, valorar la posibilidad de bloquear las cuentas de la empresa quejosa, en virtud de que el agregado jurídico del Buró Federal de Investigación (FBI), informó la existencia de una investigación sobre lavado internacional de activos, en el que se encuentra involucrada la quejosa, con lo que se perseguía desmantelar la organización y prevenir futuras actividades ilegales tanto en México como en Estados Unidos.
De ahí que consideró actualizada la aplicación del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en términos del supuesto de excepción a que se refiere la jurisprudencia 2a./J. 46/2018 (10a.), sobre el cumplimiento de la obligación de carácter bilateral o multilateral asumida por México para la inmovilización de cuentas bancarias derivado del combate y prevención del delito de lavado de activos, solicitado por una autoridad extranjera.
• Incidente en revisión 2/2022
En este asunto, el quejoso promovió juicio de amparo en contra de diversos actos y autoridades responsables, entre ellos al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a quien atribuyó la emisión del Acuerdo 119/2021 a través del cual se le incluyó en la "Lista de personas bloqueadas", así como la orden de bloqueo o suspensión de los actos, operaciones o servicios de diversas cuentas bancarias pertenecientes al quejoso.
De igual forma, le atribuyó la aplicación del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, específicamente de las reglas 70, 71, 72 y 73.
Del asunto tocó conocer al Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, bajo el expediente 677/2021, quien por auto de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, señaló fecha para le celebración de la audiencia incidental.
El Tribunal Colegiado refirió que el Juez de Distrito negó la suspensión definitiva por considerar que el bloqueo de las cuentas bancarias encuentra su razón de ser en las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera, aunado a que su otorgamiento atentaría contra el interés de la colectividad y se contravendrían disposiciones de orden público, pues se afectaría gravemente la finalidad del bloqueo de cuentas bancarias, trascendiendo al interés social del orden jurídico y económico nacional, en mayor magnitud que los perjuicios que se le pudieran causar al quejoso.
En contra de esa determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión, del cual tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, quien, por sesión de siete de abril de dos mil veintidós, determinó revocar la interlocutoria y conceder la suspensión definitiva.
Las razones en que sustentó su determinación fueron que el Acuerdo 119/2021 reclamado, no estaba fundamentado en el supuesto válido que fue reconocido jurisprudencialmente por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para negar la suspensión, dado que la comunicación de fecha cuatro de mayo de dos mil veintiuno, suscrita por el agregado jurídico del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América no resultaba suficiente para estimar que se encuentra en el supuesto de excepción establecido por dicha Sala.
Ello por considerar que no contiene una "solicitud expresa" de bloqueo o inmovilización bancaria, aunado a que no aludía a un tratado u obligación internacional o multilateral que debiera cumplimentarse, siendo que, a su juicio, la jurisprudencia 2a./J. 46/2018 (10a.), sostuvo que debía existir una "petición expresa" de bloquear cuentas bancarias y al tratarse de una "petición expresa", es inconcuso que por su propia naturaleza debía ser clara, contundente e indubitable y no una mera "posibilidad" de realizar tal bloqueo, lo que no sucedía en el caso concreto, puesto que el propio agregado jurídico del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, dejó a discreción de la autoridad nacional hacer la inmovilización aludida.
De ahí que estimó que la medida adoptada por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera se sustentaba única y exclusivamente en el derecho interno.
En ese sentido, revocó la interlocutoria dictada por el Juez de Distrito y concedió la suspensión definitiva para el efecto de que se ordenara el desbloqueo de las cuentas bancarias del quejoso, a fin de que pudiera realizar operaciones financieras y disponer de sus recursos, ya que hasta ese momento, concluyó, no obraba en autos documentación que soportara la existencia de una petición expresa de realizar el bloqueo de cuentas, emitida por autoridades extranjeras u organismos internacionales.
SEXTO.—Existencia de la contradicción de criterios. Una contradicción se produce cuando a la vez se afirma y se niega igual cualidad respecto de la misma cosa.
En el caso, se estima que sí existe contradicción de criterios entre los Tribunales Colegiados identificados, ya que se advierten dos proposiciones en la que una afirma, lo que la otra niega, respecto de la cualidad sustancial de un mismo punto, consistente en determinar si la solicitud de asistencia jurídica realizada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, derivada de una investigación relacionada con lavado de activos, por medio de la cual se deja a la autoridad nacional la posibilidad de realizar el bloqueo de cuentas bancarias de las personas investigadas, constituye o no, una solicitud expresa de inmovilización bancaria en términos de la jurisprudencia 2a./J. 46/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y de ser así, la Unidad de Inteligencia Financiera pueda justificar la inmovilización bancaria en términos del numeral 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en correlación con las disposiciones de carácter general 70, 71, 72 y 73 a que se refiere dicho artículo, derivado del cumplimiento de una obligación de carácter bilateral o multilateral asumida por México tendente al combate del delito de lavado de dinero.
Sobre el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que existe contradicción de criterios cuando en los asuntos de su competencia, los tribunales jurisdiccionales:
i) Han examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,
ii) Han arribado a conclusiones disímbolas respecto a la resolución de la controversia planteada.
Derivado de los aspectos relevantes que se desprenden de las ejecutorias que dieron origen a la presente contradicción, este Pleno de Circuito considera discrepancia que revela la contradicción de criterios entre los Tribunales Primero y Segundo Colegiados del Décimo Noveno Circuito, ambos con residencia en Reynosa, Tamaulipas, debido a que examinaron una misma cuestión jurídica, pero arribaron a conclusiones diferenciadas.
Ello es así, en virtud de que a partir del estudio de las ejecutorias citadas, se tiene que al analizar el Acuerdo 119/2021, signado por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se emitió la "Lista de personas bloqueadas", el Primer Tribunal Colegiado estimó que se colmaba el presupuesto a que hace referencia la jurisprudencia 2a./J. 46/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, por considerar que se justificaba el compromiso internacional que tiene México con Estados Unidos de prevenir la comisión y/o continuación del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dado que su emisión se justificaba con el oficio de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, emitido por el agregado jurídico del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, ya que con ésta se justificaba la solicitud de cooperación internacional.
Mientras que la postura del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito revocó la interlocutoria recurrida y concedió la suspensión definitiva en contra del acuerdo de bloqueo de cuentas bancarias 119/2021, signado por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por considerar que la comunicación de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, no resultaba suficiente para estimar que se encontraba en el supuesto de excepción establecido en la jurisprudencia 2a./J. 46/2018 (10a.), puesto que no contenía una "solicitud expresa" de bloqueo o inmovilización bancaria, aunado a que no hacía referencia a un tratado u obligación internacional o multilateral que debiera cumplimentarse. En ese sentido, atendiendo a la manera en que los Tribunales Colegiados realizaron el análisis correspondiente, se determina que el punto jurídico a dilucidar debe centrarse en resolver la siguiente interrogante:
¿Si el oficio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, por el que solicita asistencia jurídica para investigar irregularidades bancarias relacionadas con lavado de activos, en la que deja a la autoridad nacional la posibilidad de realizar el bloqueo de cuentas bancarias, debe considerarse como una solicitud expresa en términos de la jurisprudencia 2a./J. 46/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la que la autoridad hacendaria pueda justificar el bloqueo de cuentas bancarias en términos del numeral 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en correlación con las disposiciones de carácter general 70, 71, 72 y 73 a que se refiere dicho artículo, derivado del cumplimiento de una obligación de carácter bilateral o multilateral asumida por México tendente al combate del delito de lavado de dinero?
SÉPTIMO.—Estudio de fondo. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio que sostiene este Pleno del Décimo Noveno Circuito conforme a las consideraciones que a continuación se exponen.
Sobre el tema en cuestión, es oportuno traer a la presente contradicción el análisis que realizó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto del bloqueo de cuentas bancarias a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, al resolver el amparo en revisión 806/2017, que resultó con la emisión del criterio jurisprudencial 2a./J. 46/2018 (10a.).
Al respecto, en la ejecutoria referida se analizó la constitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como de las "Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito"; en específico, las disposiciones 70, 71, 72 y 73.
Refirió que la porción reclamada por el quejoso en relación con el bloqueo de cuentas, no consistía en una sanción, sino que únicamente se trataba de una medida cautelar de índole administrativa, emitida por una autoridad en ejercicio de sus funciones, para la protección del sistema financiero.
Adujo que del artículo 15, fracción I, inciso a), del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se tiene que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene competencia para establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento o de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ante lo cual, de conformidad con la fracción X del citado artículo, podría recibir y recopilar pruebas, constancias, reportes, avisos, documentación, datos, imágenes e informes sobre tales conductas, integrando los expedientes respectivos.
En tal sentido, adujo que la diversa fracción XIII del artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indica que la Unidad de Inteligencia Financiera podrá denunciar ante el Ministerio Público de la Federación, las conductas precisadas en el párrafo anterior, aunado a que la fracción XXXII del mismo numeral, señala que dicha unidad podrá integrar la lista de personas bloqueadas prevista en las leyes financieras, incluida la introducción y eliminación de personas de la misma.
En consecuencia, determinó que el ejercicio de la facultad consistente en el bloqueo de cuentas bancarias, tenía como origen la actualización de las atribuciones propias de dicha autoridad administrativa, situación que puede realizar, si se dan los supuestos jurídicos necesarios, dar inicio a la actividad del Ministerio Público que retomará la información originalmente obtenida, y ser utilizada en el propio ejercicio de sus funciones, de carácter penal solamente hasta ese momento.
Mencionó que aun y cuando dicho artículo no contiene un listado de supuestos en los cuales se procederá al bloqueo de cuentas; la propia disposición contiene una remisión a otra porción del propio artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en tanto señala que el objeto del bloqueo es prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que se ubiquen en los supuestos que a su vez prevén los artículos a que refiere la fracción I.(1)
Refirió que las "Disposiciones de carácter general a que se alude el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito", en específico, en la regla 71, el secretario de Hacienda y Crédito Público estableció los supuestos en los que procedería el bloqueo de cuentas:
"71. La Secretaría podrá introducir en la lista de personas bloqueadas a las personas, bajo los siguientes parámetros:
"I. Aquellas que se encuentren dentro de las listas derivadas de las resoluciones 1267 (1999) y sucesivas, y 1373 (2001) y las demás que sean emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o las organizaciones internacionales;
"II. Aquellas que den a conocer autoridades extranjeras, organismos internacionales o agrupaciones intergubernamentales y que sean determinadas por la secretaría en términos de los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano con dichas autoridades, organismos o agrupaciones, o en términos de los convenios celebrados por la propia secretaría;
"III. Aquellas que den a conocer las autoridades nacionales competentes por tener indicios suficientes de que se encuentran relacionadas con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los relacionados con los delitos señalados, previstos en el Código Penal Federal;
"IV. Aquellas que se encuentren en proceso o estén compurgando sentencia por los delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita, previstos en el Código Penal Federal;
"V. Aquellas que las autoridades nacionales competentes determinen que hayan realizado, realicen o pretendan realizar actividades que formen parte, auxilien, o estén relacionadas con los delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita, previstos en el Código Penal Federal, y
"VI. Aquellas que omitan proporcionar información o datos, la encubran o impidan conocer el origen, localización, destino o propiedad de recursos, derechos o bienes que provengan de delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita, previstos en el Código Penal Federal o los relacionados con éstos."
Adujo que la porción normativa sí representa una problemática de validez constitucional, en tanto que si bien contiene una medida de naturaleza cautelar, lo cierto es que no precisa a qué procedimiento responde el bloqueo en cuestión.
Por lo anterior, estimó oportuno realizar una distinción a partir del motivo que genera el bloqueo de cuentas, esto es, el ejercicio de la facultad contenida en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en favor de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Mencionó que existen algunos tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte, que establecen la obligación de asegurar determinados bienes, entre los que se encuentran las cuentas bancarias.
Como ejemplo, citó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que establece en su artículo 12, numeral 2, que los Estados Parte:
"Adoptarán las medidas que sean necesarias para permitir la identificación, la localización, el embargo preventivo o la incautación de cualquier bien a que se refiera el párrafo 1 del presente artículo con miras a su eventual decomiso."
Precisó que entre las conductas a que se refiere la anterior obligación, se encuentra el "blanqueo de dinero", tal y como se desprende de los artículos 6 y 7 de la propia Convención, aunado a que, en términos del numeral 13 de la misma, existe una obligación de cooperación internacional para fines de decomiso cuando exista una solicitud proveniente de otro Estado Parte.
De igual forma, citó el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación al Terrorismo, que establece en su artículo 8, numeral 1, que dice:
"Cada Estado Parte adoptará las medidas que resulten necesarias, de conformidad con sus principios jurídicos internos, para la identificación, la detección y el aseguramiento o la incautación de todos los fondos utilizados o asignados para cometer los delitos indicados en el artículo 2, así como el producto obtenido de esos delitos, a los efectos de su posible decomiso."
Mencionó que de conformidad con el propio Convenio, se realiza en un contexto de cooperación recíproca entre los Estados Parte.
Asimismo, señaló que México es parte del "Grupo de Acción Financiera Internacional" (GAFI por sus siglas), el cual es un ente intergubernamental que fue creado en mil novecientos ochenta y nueve, por el "Grupo de los Siete" (G-7), y su mandato consiste en fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.
Refirió que el mandato (2012-2020) del Grupo de Acción Financiera Internacional, emitido el veinte de abril de dos mil doce en Washington, D.C., señala:
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31571-704963b1/la-comunicacion-que-realiza-el-departamento-de-justicia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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