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Modo: Corpus Pro

BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS. PARA CUMPLIR CON LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 46/2018 (10a.) ES NECESARIA UNA PETICIÓN EXPRESA DE LA AUTORIDAD EXTRANJERA A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 223/2023. · Registro digital (IUS): 32810
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-11-15
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓ
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Noviembre de 2024, Tomo III, Volumen 1, Pág.259.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 223/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR (ACTUALMENTE SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEXTO CIRCUITO), EN APOYO DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 23 DE MAYO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y DEL MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. PONENTE: MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. SECRETARIA: TANIA ALVAREZ ESCORZA.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión correspondiente al veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

Ver cuadro

I. Competencia

1. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(3) así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(4) y en los artículos 6, fracción I, 7, 9, 10, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(5) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(6) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero y el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés; por derivar de criterios sostenidos por un tribunal colegiado del Décimo Séptimo Circuito y un tribunal auxiliar del Centro Auxiliar de la Quinta Región que por haber actuado en apoyo de aquel, debe considerarse perteneciente al mismo circuito,(7) comprendido en la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este pleno regional al tratarse de materia administrativa.

II. Legitimación

2. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente en el momento de la denuncia, pues la formularon las personas titulares integrantes del Segundo Tribunal Colegiado Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito.

III. Criterios denunciados

3. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito al resolver el amparo en revisión 249/2022, en sesión de veinte de julio de dos mil veintitrés.

4. Criterio del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región (actualmente Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito) al fallar, en el cuaderno auxiliar 339/2022, el amparo en revisión 681/2021 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, en sesión de veintitrés de junio de dos mil veintidós.

IV. Existencia de la contradicción de criterios

5. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(8)

a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales colegiados adopten criterios jurídicos discrepantes.

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

6. En el caso, existe una contradicción de criterios entre el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito al fallar el amparo en revisión 249/2022 y el sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región (actualmente Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito) al resolver, en el cuaderno auxiliar 339/2022, el amparo en revisión 681/2021 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito.

7. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, en una parte de su ejecutoria, analizó un asunto con las siguientes características:

Ver análisis

8. El Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región (actualmente Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito) analizó un asunto con las siguientes características:

Ver asunto

9. De esta relatoría se desprende, esencialmente, lo siguiente:

Ver consideraciones

10. En estas condiciones, sí existe la contradicción de criterios como se explica a continuación:

11. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Se satisface este requisito porque ambos tribunales colegiados decidieron, a partir de una exposición argumentativa, sobre los agravios enderezados en contra de la decisión de un juzgado de distrito de conceder el amparo en asuntos en los cuales se reclamaron del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la orden de bloqueo de cuentas bancarias y su ejecución.

12. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se advierte un punto de toque entre los criterios de los tribunales contendientes porque ambos interpretaron la tesis de jurisprudencia 2a./J. 46/2018 (10a.)(9) de rubro siguiente: "ACTOS, OPERACIONES O SERVICIOS BANCARIOS. SU BLOQUEO ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE REALIZA PARA CUMPLIR COMPROMISOS INTERNACIONALES (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO)".

13. Sin embargo, se produjo entre ellos un diferendo pues uno estimó que, de acuerdo con esa tesis de jurisprudencia, bastaba la petición de apoyo de la autoridad extranjera para que se procediera al aseguramiento de recursos financieros, mientras que el otro sostuvo que era necesaria una petición expresa para cumplir con los requisitos de la tesis.

14. Tercer requisito: que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito se cumple también, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe la pregunta siguiente: Para efectos de tener por satisfecho el requisito a que se refiere la tesis de jurisprudencia 2a./J. 46/2018 (10a.) ¿es necesaria una petición expresa de una autoridad extranjera a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que realice el bloqueo de las cuentas bancarias de las personas sobre quienes investiga irregularidades bancarias y actividades relacionadas con lavado de dinero?(10)

15. En esta línea argumentativa, es existente la contradicción de criterios entre el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito al fallar el amparo en revisión 249/2022 y el sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región (actualmente Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito) al resolver, en el cuaderno auxiliar 339/2022, el amparo en revisión 681/2021 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito.

16. Desde luego, no pasa inadvertido que si bien ambos asuntos derivaron de bloqueos de cuentas bancarias fundados en el acuerdo 124/2020 de nueve de septiembre de dos veinte, dictado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con motivo de la comunicación oficial de siete de septiembre del mismo año proveniente del Agregado Jurídico para México del Buró Federal de Investigaciones (Federal Boreau of Investigation, FBI, por sus siglas en inglés), lo cierto es que solo uno de los tribunales contendientes examinó frontalmente el contenido de dichos documentos y a partir de su valoración concluyó lo que estimó pertinente en cuanto al origen, internacional o nacional, del bloqueo de la cuenta bancaria y su constitucionalidad.

17. Sin embargo, considerando que ambos tribunales interpretaron el alcance de la tesis jurisprudencial 2a./J. 46/2018 ya citada, se estima demostrada la existencia de la contradicción en los términos antes precisados.

18. Sirven de apoyo a esta conclusión, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 53/2010(11) y la tesis aislada 2a. CLXXXIV/2007(12) de rubros y textos siguientes:

CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. PUEDE SUSCITARSE EN TORNO A LA APLICABILIDAD DE UNA JURISPRUDENCIA. La contradicción de tesis puede suscitarse entre Tribunales Colegiados de Circuito, cuando uno de ellos estima que respecto de un problema es aplicable una jurisprudencia y el otro considera que no lo es.

CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE DERIVAR DEL SENTIDO Y ALCANCE QUE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO LE DEN A UNA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 197-A de la Ley de Amparo no exigen para la configuración de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, que los criterios jurídicos opuestos provengan del análisis de la ley, sino que se trate de opiniones jurídicas contrapuestas, lo que válidamente puede derivar del sentido y alcance antagónico que los órganos colegiados le den a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

19. No sobra decir que en relación con el tema de la suplencia de la queja y otros respecto de los cuales se declararon inoperantes, o bien, infundados los agravios planteados –declaración de invalidez de la solicitud de cooperación por parte del juzgado de distrito; contravención al interés social, a las disposiciones de orden público y al cumplimiento de obligaciones internacionales en caso de conceder el amparo; fundamentación del acto reclamado en convenciones y tratados internacionales para sostener que fue emitido en cumplimiento a obligaciones de ese carácter; afectación a la seguridad pública y al correcto funcionamiento del sistema financiero e impedimento para que la Unidad de Inteligencia Financiera realice sus facultades y atribuciones en materia de prevención y combate al lavado de dinero–, no existe contradicción porque únicamente fueron examinados por uno de los tribunales contendientes.

20. Tampoco es óbice para la existencia de la contradicción que uno de los criterios contendientes haya sido emitido por un tribunal colegiado del Centro Auxiliar de la Quinta Región actuando en apoyo del propio tribunal colegiado de circuito que sostuvo el otro criterio que aquí participa pues, si bien es exacto que el órgano auxiliar sustituye al auxiliado en el ejercicio de su competencia, también lo es que técnicamente se trata de un órgano formalmente distinto, cuyo criterio, además, puede incidir no solo en los asuntos del tribunal auxiliado en cierto expediente, sino en otros, tantos como expedientes similares conozca en auxilio de los demás tribunales, de ahí la importancia de resolver contradicciones como la presente, por razones de seguridad jurídica.

21. Es aplicable, en lo conducente, la tesis 1a. CLXXXVII/2013 (10a.),(13) de rubro y texto siguientes:

CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE SUSCITARSE ENTRE LAS SUSTENTADAS POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DE UN CENTRO AUXILIAR. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el órgano auxiliar facultado mediante acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal puede hacer todo lo que el tribunal de origen haría si estuviera resolviendo. De ahí que si un Tribunal Colegiado de Circuito de un Centro Auxiliar tiene jurisdicción para apoyar en el dictado de sentencias, ello significa que tiene las atribuciones necesarias para decidir la litis planteada, en la fase resolutiva de un juicio, lo que implica que puede generar un criterio vinculante susceptible de generar precedente y, por ello, entrar en colisión con el de otro tribunal que también ejerza su jurisdicción sobre el mismo tema, máxime si este último es de circuito. Por tanto, puede suscitarse una contradicción de tesis entre las sustentadas por un Tribunal Colegiado de Circuito de un Centro Auxiliar y un Tribunal Colegiado de Circuito, lo que da lugar a la intervención de este alto tribunal para decidir el criterio prevaleciente.

22. Previamente al estudio de fondo, importa señalar que no pasa inadvertido que la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que sobre el tema de esta contradicción existe una radicada en ese Alto Tribunal con el número 227/2023 de su índice, ni que de la consulta realizada por este pleno regional en el Sistema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se invoca como hecho notorio,(14) se observa que la propia Segunda Sala tiene radicadas las diversas 268/2023 y 49/2024 también relacionadas con este tema pues, como se indicó en otra parte de este fallo, el primero de los asuntos mencionados ya fue resuelto como improcedente en sesión de diez de enero de dos mil veinticuatro y los otros se encuentran pendientes de resolución.

V. Estudio

23. Para resolver la interrogante surgida se debe partir de lo establecido en la tesis jurisprudencial 2a./J. 46/2018 (10a.) –cuyos datos de localización, rubro y texto quedaron transcritos en otra parte de este fallo– que ambos tribunales interpretaron en las ejecutorias de las cuales derivaron los criterios en contradicción. El rubro y texto de la tesis dicen así:

ACTOS, OPERACIONES O SERVICIOS BANCARIOS. SU BLOQUEO ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE REALIZA PARA CUMPLIR COMPROMISOS INTERNACIONALES (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO). El precepto referido al prever que las instituciones de crédito deberán suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe mediante una lista de personas bloqueadas, contiene una medida cautelar de índole administrativa, la cual, para ser válida en relación con el principio constitucional de seguridad jurídica, de su regulación habrá de advertirse respecto de qué tipo de procedimiento jurisdiccional o administrativo se implementa. En consecuencia, debe realizarse una interpretación conforme del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito a efecto de que sea acorde con el principio constitucional mencionado, de la siguiente manera: a) La atribución únicamente puede emplearse como medida cautelar relacionada con los procedimientos relativos al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por nuestro país, lo cual se actualiza ante dos escenarios: i) Por el cumplimiento de una obligación de carácter bilateral o multilateral asumida por México, en la cual se establezca de manera expresa la obligación compartida de implementar este tipo de medidas ante solicitudes de autoridades extranjeras; o ii) Por el cumplimiento de una resolución o determinación adoptada por un organismo internacional o por una agrupación intergubernamental, que sea reconocida con esas atribuciones por nuestro país a la luz de algún tratado internacional. b) Sin embargo, la atribución citada no puede emplearse válidamente cuando el motivo que genere el bloqueo de las cuentas tenga un origen estrictamente nacional, pues al no encontrarse relacionada con algún procedimiento administrativo o jurisdiccional específico, resultaría contraria al principio de seguridad jurídica.

24. De la ejecutoria dictada al resolver el amparo en revisión 806/2017, que constituye uno de los precedentes por virtud de los cuales se integró esta tesis jurisprudencial, se desprende que los antecedentes del caso ahí examinado fueron los siguientes:

• La persona quejosa presentó demanda de amparo indirecto en la que reclamó, entre otros actos, el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, su primer acto de aplicación –consistente en el oficio mediante el cual se le incluyó en la lista de personas bloqueadas y en el diverso con el que se notificó ese hecho a la institución bancaria donde tiene una cuenta bancaria con el objeto de impedir la disposición de los recursos y la realización de cualquier trámite relacionado con tal cuenta–, y las disposiciones de carácter general emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a las que remite ese precepto.

• El juzgado de distrito sobreseyó en el juicio en una parte y negó el amparo en otra.

• Inconforme con esa determinación, la persona quejosa interpuso recurso de revisión que fue resuelto por el tribunal colegiado de circuito en el sentido de declarar firme el sobreseimiento, ineficaces algunos de los agravios enderezados para combatir las restantes consideraciones y abstenerse de analizar aquellos que se vinculan al tema de constitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en relación con las Disposiciones de Carácter General 71a., 72a., 73a. y 74a., cuyo estudio consideró competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a quien le remitió el asunto.

• La Segunda Sala del Máximo Tribunal se avocó al conocimiento del amparo en revisión y, en sesión de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, resolvió modificar la sentencia recurrida en la materia de la revisión de su competencia, negar el amparo en contra del artículo 115 de la ley mencionada y concederlo en contra de los actos de aplicación reclamados.

25. Asimismo, se observa que el Alto Tribunal acotó la materia de análisis a las porciones que del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito fueron reclamadas, en relación con las disposiciones de carácter general a las que tal precepto remite, en específico la 71a., 72a., 73a. y 74a., como se constata con la transcripción del considerando cuarto del fallo:

CUARTO. Aspectos a resolver por esta Segunda Sala. Previo al estudio de fondo, es necesario precisar que si bien el quejoso señaló que combatía la validez del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, lo cierto es que de la lectura integral de las constancias que obran en el expediente, se advierte que las porciones normativas concretas de dicho artículo que fueron cuestionadas y, que por tanto, serán materia de análisis por parte de esta Segunda Sala, son las siguientes: Artículo 115. (...)

Las instituciones de crédito deberán suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe mediante una lista de personas bloqueadas que tendrá el carácter de confidencial. La lista de personas bloqueadas tendrá la finalidad de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos previstos en los artículos referidos en la fracción I de este artículo.

La obligación de suspensión a que se refiere el párrafo anterior dejará de surtir sus efectos cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público elimine de la lista de personas bloqueadas al cliente o usuario en cuestión.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá, en las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo, los parámetros para la determinación de la introducción o eliminación de personas en la lista de personas bloqueadas.

De igual manera, cabe precisar que el quejoso combatió la constitucionalidad de dichas porciones normativas en relación con lo previsto en las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; en específico, las disposiciones 70a., 71a., 72a. y 73a., que establecen a la letra lo siguiente: (se transcriben).

26. Con esa precisión sentó su criterio apoyándose en las consideraciones que enseguida se reseñan:

• La inclusión en la lista de personas bloqueadas que alude el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, no consiste en una sanción sino en una medida cautelar de carácter administrativo pues el ejercicio de esa atribución no deriva de una resolución ministerial o judicial en materia penal, más bien se origina con motivo de una orden emitida por una autoridad administrativa con miras a proteger el sistema financiero.

• Del numeral 15, fracción I, inciso a), en relación con las diversas fracciones XIII y XXXII, del propio precepto, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se desprende que la Unidad de Inteligencia Financiera es la autoridad competente para establecer medidas y procedimientos orientados a prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier tipo para la comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento o de operaciones con recursos de procedencia ilícita; que puede denunciar ante el Ministerio Público de la Federación tales conductas, así como integrar la lista de personas bloqueadas previstas en las leyes financieras.

• Así, el ejercicio de la facultad para bloquear las cuentas bancarias tiene como origen la actualización de las atribuciones otorgadas a la citada unidad administrativa y los supuestos en los cuales procede se encuentran descritos en la fracción I del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que a su vez remite a las disposiciones de carácter general emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en cuyo numeral 71 también se establecieron hipótesis específicas en las que procede el bloqueo de cuentas.

• No obstante, el referido artículo 115 no precisa a qué procedimiento responde el bloqueo de cuentas, lo cual es necesario para la validez constitucional de la medida cautelar –desde la óptica de la seguridad jurídica– pues, por la naturaleza provisional y accesoria de esta y su objeto consistente en suplir interinamente la ausencia de una resolución definitiva en el procedimiento, debe encontrarse referida o vinculada a determinados procedimientos jurisdiccionales o administrativos.

• Por esa razón es necesario establecer una distinción a partir del motivo que genera el bloqueo de cuentas para lo cual es de utilidad tener en cuenta la existencia de algunos tratados internacionales de los cuales es parte el Estado mexicano y que establecen la obligación de asegurar determinados bienes, entre ellos, las cuentas bancarias.

• Ejemplo de esos instrumentos internacionales son la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada (artículos 6, 7, 12, numeral 2 y 13); el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (artículos 8, numeral 1 y 12, numeral 1); los Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, así como la nota interpretativa de la Recomendación 6, Sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo y al financiamiento al terrorismo, ambos emitidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); y las resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

• Al tenor de estos instrumentos, el país ha asumido el compromiso internacional de adoptar medidas de acción rápidas y eficientes, ante solicitudes extranjeras, para identificar y congelar bienes relativos al lavado de activos, al financiamiento del terrorismo y al financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva.

• Sobre esta premisa, si el bloqueo de cuentas realizado al amparo del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito se origina con motivo del cumplimiento de una resolución o pronunciamiento de un organismo internacional, o bien, del cumplimiento de una obligación bilateral o multilateral asumida por México, no se transgrede el principio de seguridad jurídica pues en ese contexto el bloqueo opera como una medida cautelar en tanto que responde a un procedimiento específico que es precisamente el cumplimiento de compromisos internacionales adquiridos.

• Esta situación es armónica con el contenido del artículo 133 constitucional en el sentido de que los tratados internacionales celebrados por México y que estén de acuerdo con la Constitución Federal, serán la Ley Suprema de la Unión, ante lo cual, la citada atribución de bloqueo de cuentas precisamente se enmarca como una medida implementada por nuestro país para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos.

• En cambio, en el supuesto de que el bloqueo se realice por motivos estrictamente nacionales y no al amparo del cumplimiento de un compromiso internacional, la medida no se encontrará relacionada con un procedimiento jurisdiccional o administrativo y, por tanto, se actualizara una violación al citado principio, sin que lo anterior implique que el numeral 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en las porciones reclamadas, sea inconstitucional atento a que es posible realizar una interpretación conforme de este.

• El precepto en cita, a fin de ser acorde con el principio de seguridad jurídica, debe interpretarse como sigue:

a) La atribución de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consistente en el bloqueo de cuentas a los clientes y usuarios de servicios financieros, únicamente puede emplearse como medida cautelar relacionada con los procedimientos relativos al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos en nuestro país, lo cual se actualiza ante dos escenarios: el primero, por el cumplimiento de una obligación de carácter bilateral o multilateral asumida por México, en la cual se establezca de manera expresa la obligación compartida de implementar este tipo de medidas ante solicitudes de autoridades extranjeras y, el segundo, por el cumplimiento de una resolución o determinación adoptada por un organismo internacional o por una agrupación intergubernamental, que sea reconocida con tales atribuciones por nuestro país a la luz de algún tratado internacional.

b) Sin embargo, la atribución de que se trata no puede emplearse cuando el motivo que genere el bloqueo de las cuentas tenga un origen estrictamente nacional, esto es, que no se realice para el cumplimiento de un compromiso internacional, pues en tales supuestos aquel, al no encontrarse relacionado con algún procedimiento administrativo o jurisdiccional específico, sí resultaría contrario al principio de seguridad jurídica.

27. Y decidió que al no advertirse en el expediente constancia de la cual se desprendiera que el ejercicio de la facultad conferida en dicho precepto se hubiera realizado con motivo del cumplimiento de un compromiso internacional adoptado por México, debía entenderse que el acto reclamado tenía como antecedente una cuestión exclusivamente nacional y que, por ende, lo procedente era conocer del amparo atendiendo a la interpretación conforme del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

28. La parte conducente de la ejecutoria examinada dice así:

QUINTO.—Estudio de fondo. (...)

Ahora bien, la porción reclamada por el quejoso en relación con el bloqueo de cuentas, establece lo siguiente:

Las instituciones de crédito deberán suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe mediante una lista de personas bloqueadas que tendrá el carácter de confidencial. La lista de personas bloqueadas tendrá la finalidad de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos previstos en los artículos referidos en la fracción I de este artículo.

Así las cosas, en primer término es necesario precisar que la citada facultad de inclusión en la lista de personas bloqueadas, no consiste en una sanción, sino que únicamente se trata de una medida cautelar.

Sobre la naturaleza de las medidas cautelares, el Tribunal Pleno ha establecido que constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias (en tanto la restricción no constituye un fin en sí misma) y sumarias (su tramitación se realiza en plazos breves), y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia.

Tales medidas se encuentran dirigidas a garantizar la existencia de un derecho que se estima

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32810-f4ce6a24/bloqueo-de-cuentas-bancarias-para-cumplir-con-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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